AFP / Spencer Platt/Getty Images/AFP
Los contribuyentes de la zona de Phoenix (Arizona, EE.UU.) tendrán que pagar unos 21 millones de dólares para financiar los cambios ordenados tras el fallo de una corte contra la oficina del alguacil Joe Arpaio por discriminación.
Los pagos se harán efectivos durante el próximo año y medio. Pero las sanciones van más allá, ya que, según el fallo, a partir de 2015 el condado de Maricopa tendrá que pagar unos 10 millones de dólares adicionales a fin de mantener los cambios hasta que la oficina de Arpaio esté bajo la orden del juez.
Las sanciones, que fueron ordenadas tras comprobarse que el alguacil discriminaba a los latinos durante patrullajes regulares de tránsito y contra inmigración ilegal, incluyen la instalación de cámaras de video en cientos de coches patrulla, así como la oferta de cursos de capacitación para policías a fin prevenir este tipo de abusos.
"Ese es el precio que se paga por salir y realizar trabajo federal de inmigración", dijo Mary Rose Wilcox, supervisora del condado, advirtiendo que resultaría más prudente dejar la aplicación de la ley de inmigración a agentes federales especializados.
Según dictaminó a finales del pasado mes de mayo un juez federal, Joe Arpaio violó los derechos de los inmigrantes hispanos, que fueron detenidos y encarcelados en el marco de una ofensiva contra inmigrantes indocumentados. "Las pruebas presentadas en el juicio establecen que en el pasado la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa (MCSO, por sus siglas en inglés) ha protegido de forma agresiva su derecho a participar en las operaciones relacionadas con la inmigración, incluso cuando no tenía ninguna base jurídica para hacerlo", dijo.
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