Jalcomulco, la comunidad ecoturística amenazada por megaproyecto hidroeléctrico

Carlos Bauer. Jalcomulco es un municipio a 30 kilómetros al sur de Xalapa, la capital de Veracruz. Tiene menos de 5 mil habitantes, pero cuenta con una importante actividad empresarial: el ecoturismo permite a los pobladores obtener ingresos a partir de la explotación responsable de su mayor bien, el río Los Pescados.

Este río forma parte de la cuenca del río La Antigua y desde 1934 tiene una veda que impide a los campesinos tomar agua del afluente sin tener un título de concesión. Violar esta veda significa una multa de 80 mil pesos. Sin embargo, los gobiernos de Veracruz y de Xalapa promueven con recursos públicos la construcción sobre este río de una planta hidroeléctrica privada que proveería de energía a un parque industrial en Xalapa, otro proyecto privado. La construcción de la hidroeléctrica se anunció en 2011 y se encuentra concesionada a la trasnacional brasileña Odebrecht, que en noviembre pasado informó sobre el inicio de las obras para el primer semestre de este año, con una inversión de 6 mil millones de pesos. Desde que se anunció el proyecto, los pobladores se organizaron para oponerse a esta obra que detendría el cauce del río, acabando con la actividad económica de la región y causando daños ambientales catastróficos para más de ocho municipios. Ante el envío de maquinaria por parte de Odebrecht y la constructora Geogrupo, el Consejo de Empresas de Turismo Alternativo de Jalcomulco desmintió la versión del gobierno estatal en el sentido de que su organización estaba de acuerdo con la construcción de la presa. El alcalde Gilberto Ruiz Chivis incluso pidió “que se clausure y se sancione a quienes se tenga que sancionar”, ya que el proyecto no ha demostrado que no existan daños ambientales. Aunque en su momento fue acusado de comprar terrenos para revenderlos a la trasnacional brasileña, el alcalde Ruiz Chivis ha acompañado a su pueblo en la resistencia contra la hidroeléctrica, motivo por el cual incluso ha recibido amenazas de desafuero de parte de legisladores locales del Partido Acción Nacional. El edil sostiene que no apoyará la construcción de la presa a menos que sea la voluntad de la ciudadanía. A mediados de febrero, el presidente municipal denunció que, en represalia por no permitir las obras de Odebrecht, el gobierno estatal bloqueó los apoyos que el municipio recibía de instancias como Sedarpa (Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca), Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social) y Espacios Educativos. El 26 de ese mes, el gerente de Relaciones Corporativas de Odebrecht, Gonzalo Bussalleu, aseguró que en las reuniones sostenidas por la empresa con los ejidatarios de los municipios afectados el 98 por ciento de las personas con las que habló le manifestaron su adhesión al proyecto. No obstante, diez días después tanto Odebrecht como Geogrupo anunciaron que retirarían su maquinaria de Jalcomulco y negociaron con los ejidatarios los plazos para salir de la zona. Para el 26 de marzo comenzó el retiro de la maquinaria, que debía concluir el 3 de abril. Aunque los defensores del río Los Pescados percibieron esto como un triunfo, sabían que no estaba lejos de ser definitivo: “Todavía no estamos confiados porque no sabemos a dónde se la van a llevar […] ¿y si se la llevan a otra parte afectando a nuestro río? Su desconfianza pronto se vería confirmada al comenzar la persecución jurídica contra los opositores de la presa. Antes de que concluyera el mes, Odebrecht inició una ofensiva jurídica contra La Asamblea Veracruzana de Iniciativas de Defensa Ambiental (LAVIDA) y la organización Pueblos Unidos de la Cuenca de la Antigua, demandándolas por amenazas, allanamiento, daños en propiedad privada, obstrucción de vías de comunicación y cierre de calles. Un par de días después, el empresario Francisco Torres acusó por presuntas amenazas y daño a terceros a más de 50 miembros del Movimiento Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por un Río Libre. Alejandro Gallardo, integrante del movimiento, señaló de inmediato que la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tenía un trasfondo político y que detrás del empresario se encontraban Odebrecht y el gobierno de Veracruz. Gallardo señaló que Francisco Torres es dueño de la empresa Río Aventura, la cual debe a la Junta del Comisariado Ejidal de Jalcomulco 14 años de derechos ejidales, motivo por el los ejidatarios han bloqueado el acceso a su negocio en exigencia del cumplimiento de los acuerdos por los cuales se le permitía hacer uso de los terrenos ejidales. Por tanto, la denuncia de Torres se daría en este momento con la intención de debilitar y distraer al movimiento de oposición a la presa. En conferencia de prensa, el gobernador Javier Duarte de Ochoa declaró que él apoyaba la construcción de la presa, pero que “al final sería la ciudadanía la que decidiera sobre el proyecto”. El 3 de abril, el diputado local del Partido del Trabajo (PT), Fidel Robles Guadarrama, anunció que le tomaría la palabra, instándolo a celebrar un plebiscito en el que los ciudadanos decidan si se construye o no la hidroeléctrica, acotando que el ejercicio debe llevarse a cabo “de manera democrática, no como las porquerías que realiza el Instituto Electoral Veracruzano”. *** Hipólito Reyes Larios, actual Arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, se ha manifestado en contra de la presa en el río Los Pescados, calificando de pecado el “abuso ecológico” que supondría la construcción de la hidroeléctrica. Para el sacerdote católico, ese proyecto es ejemplo de los actos “que hace el hombre en contra del ecosistema y que dañan a la comunidad”. Otro Hipólito, pero éste de apellidos Rodríguez Herrero e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Unidad Golfo (CIESAS-Golfo), rechazó el argumento de que la construcción de la presa hidroeléctrica llevaría a la región una nueva fuente de empleos, como argumentan Odebrecht y el gobierno de Veracruz. El investigador aseguró que este tipo de proyectos únicamente genera empleo en su fase de construcción, e incluso entonces son empleos de pésima calidad. “La mayoría de los proyectos genera empleo con muy bajas remuneraciones en la etapa de su construcción; una vez que operan ya no generan empleos, por el contrario lo que hacen es destruirlos pues le quitan a la gente la oportunidad de seguir empleando el paisaje”, lo cual tiene especial importancia para los pobladores de las márgenes del Los Pescados que viven del turismo generado por el cauce del río. Rodríguez Herrero afirma que los proyectos de este tipo, de los cuales hay muchos en marcha en Veracruz, “implican un desarrollo económico que genera ganancia pero no para la región, sino para los empresarios que están detrás de esos mega proyectos que vienen a alterar severamente las condiciones de vida y empleo de mucha gente”. Como ejemplo de los riesgos que implican estos proyectos, menciona que “hace apenas dos años una minería a cielo abierto se ha pretendido instalar en las inmediaciones de Alto Lucero, a menos de 4 kilómetros de la planta nuclear de Laguna Verde”. *** Constructora Norberto Odebrecht S.A. es una trasnacional brasileña con presencia en 18 países que apenas en octubre de 2013 anunció al gobierno mexicano una inversión de 8 mil 100 millones de dólares a lo largo de cinco años, “en sectores como la petroquímica, saneamiento y energía hidráulica renovable, producción de etanol, azúcar y energía renovable de biomasa, así como en concesiones carreteras”. En noviembre del año pasado, Odebrecht se vio envuelta en el escándalo por la destrucción parcial del estadio Arena Sao Paulo, en el cual se llevará a cabo la inauguración del Mundial 2014. A sólo ocho meses del inicio de la competencia deportiva y con un severo retraso en las obras, una grúa cayó sobre la estructura, causando daños severos y la muerte de tres trabajadores. El pasado 29 de marzo falleció otro obrero al caer de una altura de 15 metros. Odebrecht tuvo un fuerte conflicto en el estado venezolano de Zulia en 2009, cuando presuntamente dejó paralizadas las obras de construcción de viviendas y el Sistema de Riego en La Planicie de Maracaibo, despidiendo a toda la plantilla de obreros. Ahí, la brasileña enfrentó acusaciones de corrupción a gran escala. En Lima, Perú, se le acusó en marzo de 2013 de cobrar peaje por transitar en una vía inconclusa. El diario mexicano El Economista elaboró una numeralia de la firma brasileña: • Firma de ingeniería y construcción de origen brasileño con operaciones en México desde 1991. • Cuenta con más de 50 contratos en la región latinoamericana, principalmente en Argentina, Colombia, Ecuador, Cuba, Panamá, Perú y República Dominicana. • Tiene operaciones en 18 países, en América del Norte, África, Europa y Medio Oriente, y registra ventas por alrededor de 33,000 millones de dólares anuales. • Ha participado en la construcción de 38 aeropuertos, 46 puertos, por lo menos 11 mil 500 kilómetros de carreteras en el mundo y la instalación de 60 mil Mega watts en distintas obras, principalmente nucleares e hidroeléctricas. • Por medio de Braskem, empresa en la que tiene participación accionaria, se asoció con la mexicana Idesa para construir el complejo petroquímico Etileno XXI en Coatzacoalcos, Veracruz, con una inversión de 4 mil 500 millones de dólares. • En México, destaca su participación en la construcción de la represa Los Huites, en Sinaloa, y la renovación de la red de líneas de transmisión en Torreón, Coahuila. Foto: Omar Guerra