Varios Estados boicotean la reforma educativa de Peña Nieto en México

La ley, presentada en diciembre de 2012 y aprobada ya por el Congreso federal, no puede aplicarse en entidades que han invadido competencias del Gobierno o no han adaptado sus normas PAULA CHOUZA México.

Los maestros durante las protestas en la capital del país en 2013. / SAUL RUÍZ La resistencia a la reforma educativa promovida por el presidente Enrique Peña Nieto al comienzo de su mandato continúa. Tras el rechazo de especialistas y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante todo 2013, son ahora los Estados de la República los que boicotean la adaptación de la letra pequeña de la ley a sus normativas locales. Entre el 14 y el 30 de abril, el presidente Peña Nieto interpuso un total de seis controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia. Mediante esta figura el mandatario promueve un juicio contra los gobernadores y congresos locales de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Sonora, Zacatecas y Baja California por omisiones o normas aprobadas que impiden la armonización de las leyes de cada entidad con los mandatos de la reforma y las leyes secundarias de Educación y del Servicio Profesional Docente –la más polémica porque modifica las condiciones laborales del maestro y propone una evaluación continua de estos-. En todos los casos el Gobierno encontró varios artículos que violan la autoridad normativa del Gobierno federal y en particular, en el de Oaxaca, se demanda que concluido el plazo, el Estado no haya iniciado tan siquiera el proceso para modificar su ley local. “Hay un problema en la estructura del federalismo mexicano. Durante el siglo XX dominó el centralismo bajo un mando autoritario. Con el marco de la democratización ha habido intentos por establecer nuevas relaciones entre gobierno federal y estatales, pero no acaba de asentarse el nuevo ordenamiento”, reflexiona Gilberto Guevara Niebla, consejero del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). “Es esta una reforma muy sofisticada con muchos cambios que tocan de forma central las condiciones laborales de los trabajadores”. Para Guevara los más importantes tienen que ver con que la promoción, entrada y salida de los docentes esté sujeta a la evaluación del magisterio. “Esto genera desconfianza en el gremio al ver amenazada su permanencia”. “Aunque la precondición del lanzamiento de la reforma fue el encarcelamiento en febrero de 2013 de Elba Esther Gordillo, líder del sindicato, algo que, se suponía, serviría para facilitar el avance de la reforma, tenemos consolidada en el sistema educativo una cultura basada en el clientelismo, sobre todo en la asignación de plazas”, valora el consejero del INEE. Así, en otra jugada de resistencia de los políticos locales, estos últimos meses, entre la promulgación y la entrada en vigor de la ley, para evadir el concurso de plazas magisteriales que propone la reforma, gobernadores y líderes sindicales nombraron contra reloj a miles de profesores. Según publicaba el domingo la prensa mexicana, desde septiembre –cuando fue aprobada la ley general del Servicio Profesional Docente-, en 12 Estados se otorgaron, bajo procedimientos antiguos, 34.312 plazas para maestros que no tenían base, lo que significa que diariamente fueron asignados, sin concurso, 143 profesores. La entidad que más plazas otorgó, 6.000, fue Oaxaca, el cuarto Estado más pobre del país, situado al sur de México. “En Oaxaca la resistencia a la reforma está orientada por formulaciones políticas doctrinarias radicales. En cambio, en el norte el magisterio se encuentra menos politizado, es más dócil y está también mejor pagado”, dice Guevara. “En general el gran conflicto que enfrenta esta reforma son los bajos salarios”. A comienzos de semana el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Secretaría de Educación Pública alcanzaron un acuerdo para subir los sueldos de los docentes con un incremento del 6,24 %. “El acuerdo desbloquea parte del conflicto, con un aumento mayor que en otros trabajos de retribución similar. Viene a confirmar que aunque hubo la intentona de torcer el proceso, este es un Gobierno que puede ser muy riguroso en lo jurídico pero también muy generoso en lo salarial”, valora David Calderón, director general de la organización Mexicanos Primero. Por otro lado, este martes, el Ministerio de Educación (SEP) y los Estados firmaron un convenio que establece una sola negociación salarial entre el SNTE y los gobiernos locales. El acuerdo busca evitar que además del pacto nacional con la SEP, los líderes regionales del sindicato presionen a los gobernadores para obtener aumentos adicionales, bonos, compensaciones, estímulos o gratificaciones, como han venido haciendo en las últimas décadas. La trayectoria del proyecto de reforma educativa ha sido todo menos dulce. Pese a que la primera iniciativa nació al calor del consenso de los tres principales partidos políticos (PRI, PRD y PAN) dentro del Pacto por México, su popularidad fue decayendo. En el primer trimestre de 2013 las protestas en Estados del sur de México, como Guerrero, se tornaron violentas. Ataques a las sedes de los partidos políticos, incendios y destrozos tuvieron en vilo durante alguna jornada a la capital de la entidad, la ciudad de Chilpancingo. El conflicto llegó al Distrito Federal en el mes de junio, con el desembarco de miles de maestros, la mayor parte de Oaxaca. Durante julio y agosto, el proceso de aprobación de la ley secundaria quedó congelado. Día tras día los docentes en paro –porque el curso escolar formalmente ya había comenzado - bloqueaban las principales arterias de la Ciudad de México, convirtiéndose en una pesadilla para los casi 20 millones de habitantes que viven en la gran urbe y su área metropolitana. La ley del Servicio Profesional Docente fue aprobada durante la madrugada del 2 de septiembre y el día 13 la policía entró en el Zócalo capitalino–donde acampaban los profesores- para desalojarlo. Debido a las movilizaciones, en Oaxaca 1.300.000 alumnos volvieron a las aulas durante la segunda semana de octubre, casi con dos meses de retraso. La Suprema Corte tiene ahora un plazo máximo de seis meses para resolver sobre las controversias, pero hay citas muy próximas que podrían acelerar la decisión, explica Calderón. “En julio se hace la evaluación de aspirantes de nuevo ingreso al servicio profesional docente y aunque no se llegue a tiempo en la adaptación de las leyes locales, no es lo mismo afrontar el proceso con o sin una sentencia del máximo tribunal”.