Votaciones de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) en la plaza de toros Tarraco Arena sobre sus movilizaciones (Efe).
A. Fernández.
La constitución del nuevo Estado catalán trae de cabeza a los independentistas catalanes. La Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) está dispuesta a llevar el proceso catalán hasta sus últimas consecuencias. Incluso tiene previsto formar un Gobierno provisional en el caso de que la Generalitat sea intervenida por el Ejecutivo central en aplicación del artículo 155 de la Constitución española.
La plataforma independentista asegura en su hoja de ruta definitiva que en todos los escenarios previstos, sean con mayor o menor tensión, el resultado final del proceso es uno solo: “La Declaración de Independencia. Será el día que ha de ser recordado como del Día de la Independencia”, subraya épicamente. Y no se corta al señalar que, en el caso de que el se intervenga la Generalitat, y debido a la ausencia del Gobierno autonómico, se materializará “la Asamblea de Cargos Electos que, como representantes del pueblo catalán, habrán de nombrar un Gobierno provisional que ejecute esta decisión (la declaración de independencia)”.
La Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) tiene previsto formar un Gobierno provisional en el caso de que la Generalitat sea intervenida por el Ejecutivo central en aplicación del artículo 155 de la Constitución española
Una de las bases de la constitución de cualquier estado, ya lo decía Karl Marx, es la economía. Y los soberanistas lo tienen claro cuando hablan del nuevo Estado catalán. Por ello, los estrategas de la secesión han prestado especial importancia a esta cuestión y, en consecuencia, en la hoja de ruta se reserva para la ANC el papel de guardiana de todo el proceso, por encima de partidos políticos y del propio Gobierno de la Generalitat. En el documento aprobado por la Asamblea se prevé que el día después, es decir, el 10 de noviembre, una vez superada la fecha del referéndum, hay que “trabajar conjuntamente con el resto de actores del proceso para asegurar el ejercicio de las competencias propias del nuevo Estado catalán, especialmente con la culminación de campañas como la de Declárate a Cataluña”.
Esa campaña no es otra cosa que el intento de que los ciudadanos y las empresas de Cataluña no paguen sus impuestos a la Hacienda española, sino a la Agencia Tributaria Catalana. La materialización de esta obligación se realizaría “a partir del mismo día de la Declaración de la Independencia”.
El pivote de un ‘pacto de Estado’
La hoja de ruta dedica un capítulo a la posibilidad de que el presidente catalán, Artur Mas, tenga que convocar elecciones anticipadas. En la ANC aseguran que estas elecciones serán “de carácter plebiscitario”. Y el papel de esta organización ha de ser “el de facilitar la constitución de una candidatura unitaria de los partidos y fuerzas sociales que propongan la declaración de independencia como primer acto del nuevo Parlamento”. La candidatura ha de especificar en su programa que, “en caso de mayoría de escaños en el Parlamento, proclamarán la independencia”.
Para reforzar la convocatoria de estas “elecciones plebiscitarias”, propone constituir una “Mesa de fuerzas políticas y sociales por el Estado propio” que conduzca este proceso “hasta la constitución de la candidatura única y, si es preciso, para cerrar acuerdos y compromisos con otras candidaturas que sólo compartan el objetivo principal”. Además, esta plataforma sería el órgano que conduciría el proceso hasta la constitución de una supuesta Asamblea de Cargos Electos que tomaría las riendas de la situación tras el 9 de noviembre.
La ANC, en su hoja de ruta, detalla incluso quién estaría al frente de la estrategia: “La Asociación de Municipios por la Independencia, con la colaboración de la ANC y de los partidos políticos independentistas podría ser quien prepare la propuesta que permita constituir esta Asamblea de Cargos Electos”. Y subraya que el ente que quiere impulsar ha de comenzar a formarse “a partir del 11 de septiembre de 2014 [Diada Nacional de Cataluña], fecha a partir de la cual se pueden precipitar los acontecimientos, para tenerla a punto el 10 de noviembre [es decir, el día después del referéndum]”.
En el documento de la plataforma se afirma que la Asamblea “ha de contribuir a convertir este proceso posterior al 9 de noviembre en un proceso neto y entendible para la ciudadanía” y que ha de “explicar que es un proceso democrático y, hacer posible que la Declaración de Independencia sea una fiesta popular de dimensiones nacionales y de amplio eco mundial”.
Con esta estrategia, esperan poder llegar al día de Sant Jordi del 2015, es decir, al 23 de abril del año próximo, fecha que consideran “un horizonte plausible e incluso deseable para hacer esta Declaración. Trabajar con estos plazos puede permitir hacer el proceso de forma ordenada o, al menos, con el apoyo internacional suficiente”.
Acto de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) en Tarragona (Efe).Acto de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) en Tarragona (Efe).El control de sectores clave
Esa declaración, subrayan, “ha de ir acompañada de actos de ejercicio de soberanía que, en la práctica, hagan visible un funcionamiento ordinario plenamente independiente, soberano. Estos actos y el control efectivo del país por parte de las autoridades nos facilitarán el reconocimiento internacional”. En este sentido, enfatizan que “la visualización pública de que el país funciona con normalidad ha de ser claramente percibida por la ciudadanía y ha de concretarse en elementos como el control por parte de las autoridades, de las grandes infraestructuras y fronteras –puertos, aeropuertos…-, la seguridad pública, las comunicaciones, etcétera”. Esta frase contenida ya en el borrador de la hoja de ruta, fue la que provocó alarma en algunos sectores antiindependentistas, que ven en ella un llamamiento al control por la fuerza de sectores clave. El sindicato Manos Limpias incluso llegó a interponer una querella contra la ANC a finales de marzo pasado por proposición a la sedición y malversación de caudales públicos.
El proceso independentista de la ANC finalizaría el 11 de septiembre del 2015, cuando ya debería estar redactada la Constitución del nuevo Estado catalán para votarse en fecha tan señalada (la Diada de Cataluña). Las bases de esa constitución ya se están elaborando por parte de un puñado de jueces y políticos vinculados a partidos soberanistas, encabezados por el magistrado de la Audiencia de Barcelona Santiago Vidal.
La ANC señala, por último, que el proyecto acabará “cuando la gestión del reconocimiento internacional del Estado catalán sea asumido por el nuevo Gobierno surgido de la proclamación de la independencia”. Después, tiene previsto “la reunificación de la nación catalana, si ésta es la voluntad mayoritaria de la población de cada uno de sus territorios”. O sea, de Valencia, Baleares, la Franja de Aragón lindante con Cataluña y varios departamentos del sur de Francia.
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