El alcalde de Leganés, Jesús Gómez. (EFE)
Ana I. Gracia.
Enrique Riobóo, director del diario local Dleganés, abonó mil euros a las cuentas del Partido Popular de Madrid a cambio de recibir información sobre un caso que denunciaba la utilización de dinero público en la campaña electoral para la alcaldía de Leganés del socialista Rafael Gómez Montoya. El PP municipal se personó como acusación particular en el caso y el periodista se puso en contacto con el entonces jefe de la oposición, hoy alcalde de Leganés, para pedirle información en exclusiva. Según ha confesado el periodista a El Confidencial, Jesús Gómez “nos exigió pagar mil euros a cambio de recibir información en primicia”.
Tal y como pidió el político, el empresario ingresó mil euros en la cuenta que le facilitó, la del Partido Popular de Madrid que preside Esperanza Aguirre, el 16 de diciembre de 2009. El concepto de la transferencia es evidente: “Caso facturas Leganés”. El pago lo abona la empresa Plató 2.000 S. L., empresa editora del periódico local interesado en la información sobre el caso, cuyo único administrador es el empresario Riobóo.
Factura de la transferencia que Dleganés hizo al PP de Madrid. (El Confidencial)Factura de la transferencia que Dleganés hizo al PP de Madrid. (El Confidencial)
El pacto lo rompió el PP, según la versión del empresario, ya que la información que iba surgiendo del caso de corrupción socialista nunca llegó a la redacción de Dleganés, como era el trato económico. “La Justicia admitió la denuncia y procedió a investigarla, pero nosotros nunca tuvimos ningún tipo de información. Le preguntamos al señor Gómez por qué no nos informaba para publicar cómo iba la investigación y los trámites judiciales. Cuál fue mi sorpresa cuando me exigió otros mil euros más”.
El empresario se negó a pagar un euro más y nunca recibió ningún tipo de contraprestación por aquel primer pago. La versión del PP de Leganés es que el juez del caso Facturas solicitó 3.000 euros como un seguro de garantía para abrir diligencias. La caución se pagó a partes iguales entre las tres partes interesadas en destapar este presunto caso de corrupción socialista, según argumentan los populares: el PP local puso mil euros; Carlos Delgado, el portavoz de la formación local ULEG, otros mil, y la misma cantidad el citado empresario dueño del periódico local. “Dado que PP y ULEG se habían presentado de forma conjunta, y Dleganés estaba interesado en acceder en exclusiva al sumario, las tres partes decidieron participar, proporcional y voluntariamente, en el pago de la misma”, aseguran. “De este modo, Jesús Gómez, presidente del PP de Leganés y, por entonces, líder de la oposición; Carlos Delgado, presidente de ULEG; y Enrique Riobóo, propietario de Dleganés, ingresaron 1.000 euros cada uno a la cuenta del PP de Madrid”.
La versión oficial del PP choca frontalmente con la ofrecida por los otros dos implicados. Delgado niega haber ingresado “ni un céntimo” para este caso y reta al PP a “presentar la factura que acredite que mi partido y yo realizamos ese ingreso”. Además, amenaza con querellarse contra un partido “que miente continuamente”. En la misma línea se muestra el empresario, que insiste en que Gómez le pidió personalmente ese dinero a cambio de nutrir a su periódico de información recién salida de los tribunales.
Harto de que el caso se filtrase a otros medios de comunicación de tirada nacional, Riobóo exige a Esperanza Aguirre que se le devuelvan sus mil euros. En un burofax enviado el martes a la calle Génova, Riobóo le afea a Aguirre que “nos sentimos engañados y timados por el señor Gómez”. De momento, no ha obtenido respuesta.
Caso Facturas
El caso Facturas ha seguido un peculiar recorrido judicial, ya que fue cerrado tiempo atrás pero la misma juez ha tenido que reabrirlo tras un duro auto emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La jueza instructora del caso imputó a la mujer del ex alcalde socialista, Carmen Blázquez, que fue directora de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Leganés.
Las irregularidades del caso son varias: en primer lugar la construcción de un punto limpio a la empresa Urbaser no aparece prevista en los pliegos de adjudicación de los servicios de limpieza, y la obra supuso un coste total de más de un millón de euros, más de 350.000 euros por encima de lo presupuestado en un principio, además de ser realizada en una parcela reservada en el Plan General Urbanístico para uso dotacional, deportivo y educativo.
También existen indicios y sospechas de que el caso respondería a una financiación ilegal del PSOE en la campaña electoral, adjudicando obras a cambio de publicidad del partido que pagarían las empresas adjudicatarias. Algunos testigos han asegurado al juez que instruye la causa que el concejal Francisco Arroyo y Carmen Blázquez Roblas eran los responsables de ordenar la publicidad y de seleccionar a las empresas que debían pagarla con dinero del Ayuntamiento.
Los populares de Leganés son el único partido que sigue personado en la causa después de que la formación local ULEG haya decidido abandonarla en lo que el actual alcalde ha calificado como “una extraña maniobra de acercamiento al Partido Socialista”, con el que el partido supuestamente independiente mantiene “una alianza ciega”.
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