De acuerdo con Juan López Villanueva, hasta el momento se han encontrado seis fosas con restos humanos, pero no aclaró si pudieran o no ser de los estudiantes.
Al menos seis fosas con “restos óseos” han sido halladas hoy en el cementerio clandestino descubierto por autoridades locales en la localidad de Pueblo Viejo, municipio de Iguala, una zona donde hace ocho días se registraron actos de violencia que cobraron la vida de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes.
Iñaky Blanco, fiscal del estado de Guerrero, confirmó el hallazgo en las afueras de la localidad de Iguala, pero no concretó la cantidad de cuerpos ni si podría tratarse de los estudiantes desaparecidos y se limitó a decir que son "restos óseos".
Juan López Villanueva, visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y quien llegó al lugar acompañado de un equipo de seis personas entre médicos, criminalistas y psicólogos, dijo que se trataba de seis fosas en las que hay restos humanos pero no aclaró si pudieran o no ser de los estudiantes.
Sin embargo, Villanueva detalló que la Comisión enviará un equipo para que colabore en la identificación de los restos y subrayó la importancia de que el Estado garantice el acceso a la información a los familiares de las víctimas.
Se espera en que los próximos momentos el gobernador de Guerrero, Angel Aguirre, ofrezca una conferencia de prensa.
Las fosas se localizaron en las faldas de un cerro en las afueras de una colonia marginal de Iguala. El lugar, llamado Pueblo Viejo, es un territorio muy abrupto, de difícil acceso y desde primera hora de la tarde del sábado se encuentra fuertemente custodiado por policías federales, estatales y miembros del Ejército y de la Marina.
Periodistas de la AP calcularon que más de un centenar de efectivos de seguridad mantenían custodiada la zona y no permitían el acceso de la prensa a la fosa.
Un habitante de la colonia La Parota, la parte urbanizada más cercana al cerro, que habló con la AP a condición de mantener el anonimato por miedo a represalias, dijo que durante la mañana del sábado se escucharon disparos en el área y que vieron pasar "carros extraños" y después "gente de la Marina".
El 26 de septiembre, un grupo de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa —una escuela de formación de docentes conocida en México por su activismo social y por organizar acciones radicales— trató de apoderarse de autobuses en Iguala para utilizarlos en sus protestas, pero fueron atacados en varias ocasiones por policías locales y desconocidos armados.
La fiscalía del estado confirmó entonces que en los incidentes seis personas murieron —entre ellos tres estudiantes y un futbolista de 15 años del equipo "Avispones de Chilpancingo"— y 57 alumnos resultaron desaparecidos. Se indicó además que 17 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad.
Días después, las autoridades redujeron el número de desaparecidos a 43 e indicaron que los 14 restantes habían sido localizados, aunque la organización Tlachinollan —encargada del apoyo legal a las familias de los estudiantes— señaló que se el ajuste de debió a la corrección de errores en la lista inicial.
El fiscal de Guerrero dijo que había vídeos que demostraban que tras el primer ataque de la policía local contra los estudiantes, varios agentes habían detenido a un número indeterminado de alumnos, por lo que existían elementos para acusar a los policías de desaparición forzada.
La noche siguiente a los sucesos, las autoridades de Guerrero detuvieron a 22 policías presuntamente involucrados en los homicidios y las desapariciones e investigaban sus vínculos con grupos del crimen organizado que, según el gobernador guerrerense Angel Aguirre, se habían infiltrado en esa corporación municipal.
Efectivos de todos los niveles de gobierno, incluido el Ejército y la Marina colaboraron durante toda la semana en los trabajos de búsqueda.
El suceso provocó que Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenaran los hechos y exigieran al gobierno mexicano acciones rápidas y contundentes para localizar con vida a los estudiantes e investigar los crímenes.
Esta es la segunda vez en pocos días que la ONU condena abusos ocurridos en México a manos de fuerzas de seguridad oficiales. El otro caso fue la presunta ejecución extrajudicial de 22 supuestos criminales por militares en la localidad de Tlatlaya, no muy lejos de Iguala.
Una representación de familiares de los desaparecidos en Iguala se trasladó el viernes a la Ciudad de México para pedir al gobierno federal que asumiera las labores de búsqueda, pero la Secretaría de Gobernación les respondió que se limitaría a coadyuvar en esos trabajos con el estado de Guerrero, informó Vidulfo Rosales, asesor legal del colectivo Tlachinollan.
Rosales indicó también que "la sospecha, la hipótesis fundada es que estén en manos de grupos de la delincuencia organizada que operaban en connivencia con la policía".
Previo al hallazgo de la fosa, estudiantes, padres y miembros de sindicatos y colectivos de la educación decidieron en una asamblea celebrada en la Normal de Ayotzinapa hacer un paro general el próximo miércoles para exigir que los desaparecidos aparezcan con vida, informaron en conferencia de prensa.
La escuela, situada junto a la capital de Guerrero, es una especie de internado autosustentable que cuenta con granja y huerta, donde estudian magisterio alumnos de comunidades rurales generalmente muy pobres y que conforman uno de los movimientos estudiantiles de más fuerza reivindicativa de la izquierda mexicana.
Según constataron periodistas de la AP, familiares de los desaparecidos se habían trasladado a la escuela y estaban alojados allí mientras estaban a la espera de noticias.
En diciembre de 2011, dos estudiantes de la misma escuela murieron en un violento enfrentamiento con la policía en la autopista que conecta la capital del país con el turístico puerto de Acapulco. El choque ocurrió después de que los alumnos protagonizaron un bloqueo de la vía para exigir al gobierno más financiación de sus escuelas y que la garantía de empleos una vez que concluyeran sus estudios.
La violencia es una constante en Guerrero, estado en una región muy pobre, de gran activismo social y que es disputada por varios cárteles de la droga.
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