El subsecretario de Derechos Humanos Roberto Campa Cifrián, en una entrevista afirmó, que los hechos de Nochixtlán, Oaxaca, en junio de 2016, han sido de los eventos más delicados que enfrentó el gobierno federal y ello obligó a una intervención de la Secretaría de Gobernación, para atender a las víctimas.
Al responder a los señalamientos de corrupción e injerencia de Campa, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), lanzados por la ex comisionada Susana Pedroza, el funcionario afirmó que "SEGOB tiene obligaciones para coordinar la atención a víctimas; no hubo injerencismo, porque la Secretaría no sólo tiene facultad, sino la obligación de atender a las víctimas".
Roberto Campa recordó que el secretario Osorio recibió una comisión de Nochixtlán "y anunció que yo acudiría a la zona; entonces vino conmigo Jaime Rochin, presidente de la CEAV, y uno de los compromisos fue atender la condición psicológica de las víctimas".
En respuesta a otra de las acusaciones de Pedroza, que dijo que se pagó cada sesión en 5,000 pesos, Campa señaló que, primero, "las víctimas tienen derecho a apoyo psicológico independiente, porque para ellas el estado es perpetrador" de lo que los agravia, por lo que acudieron a una asociación que se llama Tech Palewi, "ellos apoyaron a las personas afectadas en las explosiones de PEMEX, dieron apoyo a víctimas del incendio de la guardería ABC y a las del New's Divine".
Detalló que se dieron 312 atenciones a 161 personas, a 719.25 pesos más IVA, lo que dio por resultado una factura por 231,600 pesos más IVA, "que no se ha pagado, ignoro por qué".
Campa afirmó que las acusaciones de que ha influido en el consejo de la CEAV son un agravio, considerando que la CEAV está integrada por "7 miembros que tuvieron una relación desastrosa desde el principio". Recordó que Susana Pedroza incluso "pidió la presencia de policías en algunas sesiones, porque decía que temía que la atacaran".
Afirmó que se trata de un esquema conflictivo, que no permite la adecuada atención a las víctimas, porque es un "esquema es ejecutivo, mientras en el INE, por ejemplo, es un esquema deliberativo; en la CEAV hay que resolver todos los días".
Dijo que las acusaciones tienen relación con el hecho de que "quienes ocupan una posición en la CEAV, dejarán de tenerla, porque en la reforma a la Ley de Atención a Víctimas se planteó un esquema unipersonal".
Sobre la disposición de más de 4 millones de pesos, afirmó que fue por concepto de "reposición de los gastos de las víctimas de Nochixtlán"; en donde un millón 217,130 pesos fueron para gastos funerarios; 2 millones 585,783.59 pesos se ocuparon para hospitalización; en alimentación se erogaron 480,025 pesos y 46,100 fueron para hospedaje, lo que da un total de 4 millones 329,038.59 pesos.
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