Llama Congreso a detener entrega de apoyos sociales por elección

Avalan exceptuar de esta solicitud los casos de extrema urgencia.

Analizarán punto de acuerdo para sancionar delitos electorales.

Por unanimidad, el Congreso local solicitó a los 125 ayuntamientos mexiquenses que se abstengan de establecer y operar programas de apoyo social o comunitario que impliquen la entrega a la población de materiales y alimentos de cualquier elemento que formen parte de sus programas asistenciales o de promoción a la asistencia social.

En sesión deliberante se señaló que de manera ordinaria los ayuntamientos autorizan apoyos que se transforman en programas de asistencia social enfocados a satisfacer necesidades y rezagos en un marco de justificación en atención a familias o grupos sociales en desventaja o vulnerabilidad.

No obstante, el Código Electoral estatal refiere que durante los 38 días anteriores al de la jornada electoral, las autoridades estatales y municipales, así como legisladoras y legisladores locales, se abstendrán de establecer y operar programas de apoyo social o comunitario que implique la entrega a la población de materiales, alimentos o cualquier elemento que forme parte de sus programas de promoción y desarrollo social, salvo en caso de extrema urgencia.

Durante la sesión también se remitió a las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y Electoral y de Desarrollo Democrático el punto de acuerdo por el que se solicita a quienes integran la administración pública estatal, pública central y paraestatal instrumenten políticas públicas para evitar, y en su caso sancionar, la probable comisión de delitos electorales y la desviación de recursos públicos con motivo de la elección para titular del ejecutivo estatal.

Propone Grupo Parlamentario del PT atender violencia de género contra varones

                               

Las políticas contra la violencia de género deben aplicar para ambos, indicó.

Por cada 8 casos de violencia contra mujeres, hay 4 contra hombres: Sergio García Sosa.

Al exponer que el tema de los hombres maltratados aún no se ha socializado, pues son pocos los que reconocen esta situación, el diputado Sergio García Sosa, coordinador parlamentario del PT en el Congreso local propuso como objetivo de la política estatal en materia de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, que las medidas para la prevención y erradicación de toda clase de violencia aplique tanto para mujeres como para hombres.

De acuerdo con la iniciativa de reforma a la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la entidad, que cita el reporte del Observatorio Mexicano de Igualdad y Políticas de Género de 2020, después de salir del confinamiento por la pandemia de covid-19, por cada ocho casos de violencia contra una mujer había cuatro contra un hombre; cifras que van al alza pues en 2018, de siete casos de violencia contra mujeres se registraba uno de hombres.

Estos datos, indicó el legislador, son únicamente los casos reportados y documentados, pues la falta de cultura de denuncia por maltrato masculino arrojó que sólo 2 por ciento de las víctimas recurren a las autoridades, principalmente por vergüenza y evitar ser considerados machos asustados o poco hombre. Remitida a las comisiones para la Igualdad de Género y de Procuración y Administración de Justicia, expone que los municipios con más denuncias sobre estas conductas son Naucalpan, Toluca, Nezahualcóyotl, La Paz, Tlalnepantla, Zinacantepec y Cuautitlán Izcalli. Para el legislador, la violencia es violencia, sin importar quien la ejerza y se podría pasar de una sociedad machista a una radicalmente feminista en donde impere la violencia, sin alcanzar la equidad.

Retirarían concesiones si no capacitan a choferes en violencia de género

Las y los choferes de transporte público deberán recibir capacitación en materia de violencia de género y desaparición de personas.

Continúa el análisis de las iniciativas impulsadas por las 37 diputadas locales y ONU Mujeres.

A las y los concesionarios del servicio de transporte público que no acrediten la capacitación de las y los choferes en temas relacionados con la prevención de violencia de género contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como en materia de desaparición de personas, no se les otorgaría o se les retiraría su concesión para prestar un servicio público de transporte.

Así lo acordó la mesa técnica de las comisiones para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, Procuración y Administración de Justicia y para la Igualdad de Género del Congreso local, durante el análisis de las iniciativas impulsadas por las 37 diputadas locales con ONU Mujeres, en el marco de la iniciativa Spotlight para combatir la violencia feminicida y las desapariciones.

Esta propuesta forma parte del tercer paquete de iniciativas analizadas por la mesa técnica, dentro del cual se aprobaron modificaciones a cuatro artículos de la Ley de Movilidad y de la Ley de Seguridad, ambas estatales, que posteriormente serán discutidas al interior de las comisiones referidas para presentarlas al Pleno.

Durante la reunión, en la que participaron representantes de más de 13 secretarías y dependencias estatales, equipo técnico de la Iniciativa Spotlight y del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social, también se avaló incorporar al Comité Estatal de Movilidad a la Secretaría de las Mujeres.

Además, que, dentro de las atribuciones del Comité, se implementen políticas públicas y programas que incentiven el uso de herramientas tecnológicas para la prevención y atención de la violencia de género y desapariciones en el transporte público con base en el Sistema de Georreferenciación de la Secretaría de Seguridad.

De igual manera se aprobó que, dentro de los deberes de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, se incluya el salvaguardar los derechos de las víctimas directas e indirectas de violencia de género o desaparición de personas, así como ejecutar con la debida diligencia las órdenes de protección para las niñas las adolescentes y las mujeres víctimas de violencia en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

En la reunión, la tercera de seis previstas para el análisis de las propuestas, se informó que las propuestas relacionadas con la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México se analizarán una vez que se conozca la iniciativa presentada este lunes a la Diputación Permanente, la cual también plantea modificaciones a este marco jurídico; además, se indicó que habrá una séptima mesa de trabajo para incluir las propuestas que deriven de las seis reuniones programadas.

Buscan en el Congreso mexiquense frenar a los “montachoques”

* El diputado Sergio García propuso sancionar este delito hasta con 24 años de prisión.
* Edomex ocupa el 2º lugar nacional en este ilícito con 95 casos.

Al exponer que el Estado de México ocupa el segundo lugar en la práctica de accidentes de tránsito provocados por “montachoques”, el diputado Sergio García Sosa propuso equiparar este delito con el de extorsión y sancionarlo con penas de ocho a doce años de prisión, que aumentarán al doble, esto es hasta 24 años, cuando la comisión del acto sea en contra de personas adultas mayores, con discapacidad y mujeres.

La iniciativa de reforma al Código Penal de la entidad expone que los “montachoques” son grupos delictivos que provocan una colisión, impacto o cualquier percance vehicular con la finalidad de que, bajo persuasión, amenazas o agresión física, se convenza a la víctima de responsabilizarse del percance y entregar cierta cantidad de dinero para evitar ser agredidos.

El documento señala que, en 2021 y lo que va de 2022, esta práctica se ha extendido de la Ciudad de México al resto del país y que, lejos de disminuir, ha aumentado y han perfeccionado su operación, pues la delincuencia identifica a sus víctimas al consultar las placas en el Registro Público Vehicular (REPUVE), con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), pues quienes no cuentan con seguro son más propensos a este fraude.

Una vez que cuentan con esta información siguen a las y los automovilistas para provocar un percance mediante maniobras ilegales y exigir dinero para la reparación de los daños, con sumas que van desde los 10 hasta los 35 mil pesos.

De acuerdo con la iniciativa remitida a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, la Ciudad de México, así como los estados de México, con 95 casos en lo que va del año, Jalisco, Aguascalientes y Michoacán registran los primeros lugares de este delito.