Desalojan 300 casas en Lerma sin orden judicial

Supuestamente las viviendas fueron edificadas sobre terrenos federales en Santiago Analco y Santa María Atarasquillo. CLAUDIA GONZÁLEZ.

En los poblados de Santiago Analco y Santa María Atarasquillo, del municipio de Lerma, la Secretaría del Agua y Obra Pública del Estado de México comenzó la demolición de 300 casas construidas sobre terrenos federales, aunque los habitantes alegan que desde hace “más de medio siglo” habitan ese sitio en viviendas de baja calidad y admiten que los predios no son suyos. Ventura García Hernández, asesor jurídico de los vecinos de la zona, aseguró que lo ocurrido contraviene la ley, pues aunque quienes ahí habitan no son dueños del terreno, el procedimiento para su desalojo “no respetó los cauces legales”, toda vez que los ejecutores no se acreditaron como servidores públicos ni presentaron una orden judicial para hacer el retiro. Explicó que la mitad del predio tiene casas habitación desde hace muchos años, y a pesar de que reconoció que estas personas no son dueñas del terreno donde viven, alegó que no los pueden quitar del lugar de esa forma. Dijo que son casi 600 hectáreas de terreno las que se encuentran ocupadas por los invasores, quienes trataron de impedir el paso de la maquinaria pesada que cruzó por encima de las viviendas. Parados frente los transportes, argumentaron que son propiedades en las que han habitado desde hace años, incluso algunas heredadas, y cuestionaron a las autoridades por no tener a dónde ir a vivir, en tanto, el abogado añadió que desde la noche del martes, cuando comenzaron a llegar los trabajadores, pidió que le mostraran la orden de desalojo emitida por el juez para poderla ejecutar, “pero nadie me pudo mostrar nada, porque no existe el documento, y aunque lo hubiera, tenían que haber notificado primero, y posteriormente desahogar la garantía de audiencia a la que tienen derecho las personas a las que se les intenta despojar”. Apeló a que la ocupación ilegal de esos terrenos, que en realidad sí pertenecen al gobierno federal, data desde hace más de un siglo y los actuales poseedores en su mayoría son personas que desde hace dos generaciones ocupan ese sitio. “Las tierras pasaron de los abuelos a los hijos, y de ellos a sus hijos. Hay familias que tienen viviendo aquí más de 100 años. Es resultado de la necesidad de la gente de un espacio para vivir. Ustedes saben que en la actualidad todo el mundo va al día y todos necesitamos un lugar donde habitar”. Los desalojados no violentaron a los trabajadores gubernamentales, sin embargo, García Hernández alegó que nadie puede ser despojado de su posesión sin mandamiento judicial de por medio, y aunque exista, deben cumplir con otros procesos legales antes de sacarlos de sus casas.