Ante posible estallido social en Guerrero, emiten recomendaciones al Estado

Aiden M . Aiden M. / @aidenzito

(2 de abril, 2014).- En Conferencia de prensa, diversas organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles, presentaron el Informe de la Misión de Observación a los Derechos Humanos en el estado de Guerrero realizada los días 9 y 10 de febrero del 2014, donde emitieron al Estado Mexicano diversas recomendaciones, entre las que se encuentran, el cese de la criminalización a las policías comunitarias de dicha entidad, y el fin de las políticas de seguridad, basadas en la militarización de los espacios públicos y comunitarios. Magdalena López Paulino, de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C afirmó que esta misión tendrá continuidad, pues ayer mismo tuvieron la primera mesa de trabajo, donde uno de los temas centrales fue la liberación de los seis presos de Casa del Paraíso. En el evento realizado en Chilpancingo capital de Guerrero, estuvieron presentes Ma. Magdalena López Paulino de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. (RSDCIAC); Amalia Rivera de la Cabada, Secretaria General de Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada (SITRAJOR); Erika Zamora Pardo, y José Rosario Marroquín, director del Centro Prodh, e integrantes de la Unidad Popular (UP), los cuales exigieron el esclarecimiento del Caso de Arturo Hernández Cardona, activista social ejecutado junto con dos de sus compañeros. A su vez, la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) llamó la atención sobre el manejo errático y discrecional de las acciones realizadas por las autoridades, tras las tormentas que afectaron a la entidad en septiembre de 2013 y exigieron que la atención gubernamental alcance efectivamente a las comunidades afectadas. Indicaron que durante su visita a Ayutla de los Libres, fueron recibidos por policías comunitarios, quienes manifestaron que el 21 de agosto de 2013, integrantes de la Marina y del Ejército Mexicano ingresaron a la Casa de Justicia de El Paraíso y se llevaron a las personas que tras haber sido detenidas por la policía comunitaria se encontraban en proceso de reeducación, También denunciaron la detención de los policías comunitarios que se encontraban en ese lugar, Bernardino García Francisco, Coordinador regional de las autoridades comunitarias; Abad Francisco Ambrosio y Eleuterio García Carmen, consejeros regionales, además de Ángel García García, Benito Morales Bustos, Florentino García Castro, policías comunitarios, quienes actualmente se encuentran en el Reclusorio de Acapulco, acusados del delito de secuestro. “Nos recibieron también los Sobrevivientes de la Masacre de El Charco y Viudas de la Masacre de El Charco; quienes a 16 años de los hechos, que aún permanecen en total estado de impunidad, siguen en espera de justicia”, detalló la representante de APPG. “Quienes estuvimos ahí pudimos constatar violaciones de derechos humanos que han sido ya documentadas y cuya resolución está en proceso o por lo menos la exigencia de justicia” explicó, José Marroquín del Centro Prodh, quien busca que las autoridades den una pronta resolución a dichos eventos. Marroquín ahondó en que existe una falta de atención del gobierno mexicano ante los pueblos indígenas, así como de reconocimiento hacia sus usos y costumbres, sin dejar de lado el escaso acceso a la justicia. Y aseguró que “no hay instancias en el país que hayan respondido adecuadamente frente a estos reclamos”. Dentro de las recomendaciones emitidas el Gobierno Federal, La Misión hizo énfasis en las comunidades indígenas a las que piden les sean reconocidos sus derechos sin menoscabo alguno y que sean consideradas como un sujeto de derecho internacional en materia de derechos humanos. De igual forma, solicitaron el fin de la criminalización a las y los activistas sociales, así como a quienes defienden sus derechos humanos; mejorar las políticas públicas sobre derechos humanos, cumplir puntualmente con sus compromisos internacionales en la materia y que las ejecuciones de activistas y defensores de derechos humanos sean investigadas para que los responsables sean sancionados de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales en la materia. Por último, recomendaron al Estado Mexicano que las demandas sociales sean resueltas mediante disposiciones que tomen en cuenta la voz de todas las personas involucradas, a fin de garantizar un irrestricto respeto a sus derechos individuales y colectivos. La Misión de Observación a los Derechos Humanos al estado de Guerrero, estuvo conformada por el Obispo José Raúl Vera López, Presidente de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad; representantes de la ONG Francia América Latina; el Sindicato Independiente de la Jornada (Sitrajor); el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; la Central Cardenista Democrática, además de los defensores de los derechos humanos, Sor Teresa López Olvera y Braulio Hidalgo y Costilla. Foto: La Jornada