El plazo del Gobierno mexicano para el fin de las autodefensas genera dudas

El comisionado de seguridad y los grupos civiles armados cruzan desmentidos sobre los acuerdos que asumieron LUIS PABLO BEAUREGARD.

El Gobierno mexicano ha comenzado una prueba contrarreloj en el estado de Michoacán (al suroeste del país), que por años atravesó una severa crisis de seguridad por la amenaza del cártel de Los Caballeros Templarios. El próximo 10 de mayo los cerca de 1.200 autodefensas, grupos de civiles que se levantaron en armas en febrero de 2013 para luchar contra el narco tendrán que deponer sus rifles e inscribirse en una Policía Rural Estatal que comenzará a operar en municipios del Estado al día siguiente, el 11 de mayo. “Las autodefensas legítimas desaparecen y los que quieran decir somos autodefensas serán detenidos”, dijo Alfredo Castillo, comisionado para la seguridad de Michoacán, en una entrevista. “Hay algo de simulación en este plazo”, advierte Alejandro Hope, especialista en temas de seguridad en el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO). “Nadie sabe qué va a pasar con estos cuerpos de policía. Es la primera vez que oímos hablar de ellos. Nadie ha explicado qué son ni cómo van a operar”, agrega. Este lunes Alfredo Castillo, el comisionado para la seguridad de ese Estado, presumió en su cuenta de Twitter el acuerdo al que llegó con representantes de grupos de autodefensas de 20 municipios. Esa noche, los vigilantes aceptaron “en votación democrática y unánime” su legalización. Pero la cuerda se ha tensado en poco más de 48 horas. Las autoridades y los portavoces de los grupos armados se han desmentido mutuamente sobre el alcance de los acuerdos a los que llegaron y que marcan la ruta crítica para la deposición de las armas. El primer entredicho se dio pocas horas después de que fue anunciado el acuerdo. Los representantes del Gobierno hablaron de un desarme a lo que rápidamente respondieron sus contrapartes en los medios. "No sé de donde han sacado eso. Jamás se habló de desarme", dijo Estanislao Beltrán, portavoz del movimiento la noche del lunes. José Manuel Mireles, otro de los líderes de los grupos armados, matizó explicando que no se trataba de un "desarme" sino de "guardar las armas". "Se nos van a dar garantías para tener siempre con nosotros un arma", señaló. El acuerdo entre ambas partes exige que los autodefensas registren sus armas ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Muchos de los elementos de estos grupos portan rifles automáticos de alto poder para hacer frente a los poderosos calibres del narco mexicano. En México, la ley no permite que civiles tengan, y mucho menos porten, tal armamento. El Gobierno ya ha comenzado a cumplir algunos de los compromisos que adoptó. Este martes 20 integrantes de los grupos armados que habían sido detenidos por posesión de armas fueron trasladados desde tres prisiones en diferentes partes del país a la cárcel de Apatzingán, un municipio en la Tierra Caliente michoacana, corazón del conflicto entre las autodefensas y los narcotraficantes del cártel de Los Caballeros Templarios. Esta era una demanda de las autodefensas, pues era prácticamente imposible para las familias visitar a los presos. Pero es un prisionero el que está generando ruido entre el gobierno y las autodefensas. Hipólito Mora, uno de los fundadores de los autodefensas en el municipio de La Ruana (Felipe Carrillo Puerto), se encuentra en prisión desde el 11 de marzo pasado. Lo acusan de haber participado en el homicidio de dos personas que pertenecían a un grupo armado que rivalizaba con su facción. José Manuel Mireles, otro de los líderes del movimiento, señaló la mañana siguiente al acuerdo con el comisionado que el caso de Mora fue tratado con el Gobierno. “Lo dijo el señor Castillo. Lo comentamos de forma privada. También él va a salir libre”, dijo en una entrevista radiofónica. Estanislao Beltrán, el portavoz de las autodefensas, señaló que uno de los acuerdos es “que todos los compañeros quedaran en libertad”. Estas afirmaciones han sido desmentidas esta mañana por la secretaría de Gobernación, que señala que Hipólito Mora y Enrique Hernández Salcedo, líder de las autodefensas de Yurécuaro y acusado del asesinato de Gustavo Garibay, alcalde de Tanhuato, “seguirán su proceso conforme a derecho”. “Es falso que exista algún acuerdo en beneficios de personas, miembros o líderes de autodefensas que enfrentan procesos por delitos graves”, señala el comunicado dado a conocer este miércoles. Faltan 24 días para que el plazo se cumpla y Servando Gómez, conocido como ‘La Tuta’, líder de Los Caballeros Templarios está prófugo. “Antes del plazo va a estar capturado”, dice Estanislao Beltrán, que afirma que el cerco al criminal que están llevando a cabo las autodefensas y las fuerzas federales dará frutos antes del 10 de mayo. “Aún nos faltan los operativos, los que asesinan y cobran el derecho de piso”, agrega el portavoz de las autodefensas. En marzo dos líderes del cártel que dominó el estado de Michoacán, Nazario Moreno, conocido como El Chayo y Enrique Kike Plancarte cayeron muertos en enfrentamientos con las autoridades. Otros cabecillas del grupo criminal han sido igualmente detenidos. Pero falta por caer La Tuta, el capo más mediático que gustaba de dar entrevistas y enviar comunicados. “Si a La Tuta no se le detiene antes del 10 de mayo se colapsa todo el convenio”, piensa Hope. Por todo lo anterior, resulta arriesgado anticipar el balance del operativo lanzado por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en enero para contener a las autodefensas, cuyo avance a principios de año en diversos municipios provocó denuncias en la prensa de que el Estado toleraba a grupos paramilitares. El desembarco de la administración Peña Nieto, con Castillo a la cabeza y recurrentes giras del presidente y su gabinete a territorio michoacano, ha dado como resultado que el cártel de Los Templarios esté prácticamente liquidado, pero hay dudas sobre si ese vacío será llenado por otro grupo criminal, dado que Michoacán llegó a la crisis que provocó el surgimiento de las autodefensas luego de que por años policías, fiscales, juzgados y gobernantes locales no brindaron ni protección ni justicia a los michoacanos. Reconstruir eso llevará mucho más tiempo que las semanas que faltan para el 10 de mayo. El reloj está corriendo.