Protesta pacífica, el “delito” de Rosina González y los activistas de Greenpeace

Redacción Revolución . Una pena de hasta 10 años de cárcel enfrenta la activista Rosina González, perteneciente a la organización ambiental Greenpeace. El delito del que se le acusa es allanamiento y daños en propiedad por el supuesto daño a una lámpara con un costo de casi 80 mil pesos. La paraestatal Pemex es la agraviada, luego de que el 1ero de marzo de 2014 colocaran una manta con la imagen de Enrique Peña Nieto manchado de petróleo, en la Torre de Petróleos Mexicanos ubicada en el puerto de Veracruz.

Aunque Pemex no ha retirado los cargos en contra de Rosina y otros cinco jóvenes que participaron de la protesta pacífica, el Ministerio Público de Veracruz determinó que el daño supuestamente ocasionado por la activista a la lámpara parecía “no intencional”. El destino de Rosina está en las manos de un juez federal, quien será el encargado de dictar sentencia. No obstante, lo determinado por el MP disminuye drásticamente las posibilidades de que la activista llegue a prisión. En un comunicado que apareció el 14 de abril de 2014 en el sitio web www.greenpeace.org, la organización ambiental asegura: “A más de un mes de la protesta de Greenpeace, Pemex no ha presentado evidencias de que el supuesto daño a un foco haya sido causado por Rosina o atribuible a la protesta pacífica, sin embargo, la paraestatal se ha negado a retirar los cargos”. Greenpeace pagó 100 mil pesos con los que pretendía resarcir los daños a la lámpara mencionada, así como el pago de las multas por protestar en el edificio de Pemex. Héctor Magallón, vocero de la campaña Energía y Cambio Climático de Greenpeace México, dijo que “Pemex es una de las empresas más poderosas, claramente este juicio tiene la intención de acallar la protesta social”. Y en ello se ha basado la campaña de los activistas del medio ambiente en favor de Rosina. Con los hashtags #SaveRosina y #PemexNoNosCalla han despertado el descontento a nivel mundial por lo que parece una maniobra de la paraestatal por impedir la protesta contra la falta de compromiso ambiental de la Reforma Energética. A la fecha han recabado más de 80 mil firmas de personas que abogan por que Pemex retire los cargos en contra de Rosina y compañía. Pero México no es el primer país donde se detienen a personas que protestan en contra de empresas petroleras. El año pasado, 30 activistas de Greenpeace fueron detenidos en Rusia por manifestarse en una plataforma petrolera. El cargo: vandalismo. El castigo: dos meses en prisión. Preocupa la postura de Pemex, sobre todo porque México es un país peligroso para los activistas del medio ambiente. Según datos recabados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), a partir de 2005 se dispararon los asesinatos a defensores del medio ambiente. En 8 años se registraron 44 homicidios. A los asesinatos se suman 64 detenciones ilegales, 53 amenazas, 14 casos de uso indebido de la fuerza pública y 16 de criminalización. Todo esto se relaciona con protestas en contra de megaproyectos en los que los defensores interfieren con intereses empresariales. Tan solo el día de la manifestación, los activistas fueron detenidos por 28 horas en la delegación de la Porcuraduría General de la República (PGR)en Veracruz, posterior a su detención y confinamiento en la Unidad Naval de Playa Linda. “Llegamos y nos pusieron en los pasillos porque no había dónde encerrarnos. Nos tomaron nuestras huellas, fotos y datos de dónde vivíamos. Nos quitaron nuestras cosas y también nos dieron de comer. Ya después nos dijeron que nos iban a trasladar a otro lugar”, dijo Rosina en su momento. Por lo ocurrido, Greenpeace interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violación y penalización del derecho a la libertad de expresión, la detención por 28 horas, ataques a la libertad personal de los activistas fuera del procedimiento judicial y el pago de una fianza para alcanzar la libertad. No es la primera vez que en México se crimimaliza la protesta. Es más, parece que es la bandera del gobierno federal, luego de las manifestaciones bajo las que tomó protesta Enrique Peña Nieto, el 1ero de diciembre de 2012, y distintos actos en repudio al actuar del Estado que se han presentado hasta la fecha y que han recibido desde la satanización mediática hasta el uso indiscriminado de la fuerza pública en contra de la sociedad civil.