martes, 8 de abril de 2014
Los sefardíes panameños, a la expectativa por obtener la ciudadanía española
El gesto de España es agradecido en Panamá, aunque se considera tardío para reparar el daño provocado con la expulsión de los sefardíes en 1492
La oferta de nacionalidad satura los consulados en Israel
El Gobierno vende en EE UU su gesto hacia los sefardíes
La condición de sefardí dará derecho automático a la nacionalidad española
JOSÉ MELÉNDEZ San José (Costa Rica)
Enfrentado a días de turbulencia institucional y militar, Max Delvalle Levy-Maduro compareció el 8 de abril de 1967 ante el parlamento panameño para asumir la presidencia de Panamá y lanzó una frase que evidenció la profunda influencia política y económica de la comunidad judía de su país. “Hoy hay dos presidentes judíos en el mundo, que son el presidente del Estado de Israel y yo mismo”, proclamó Delvalle, quien murió en 1979 y fue uno de los numerosos efímeros gobernantes de Panamá en el siglo XX, ya que su confusa gestión concluyó el 15 de abril de 1967.
Pero un sobrino de Delvalle—el también judío Éric Arturo Delvalle Cohen-Henríquez—fue presidente de Panamá a partir del 28 de septiembre de 1985 y hasta que el 25 de febrero de 1988 cayó depuesto en otra época de convulsión militar y política. Panamá es el único país, con excepción de Israel, que tuvo dos presidentes judíos en el siglo XX y alberga una de las comunidades hebreas con mayor influencia política y económica de América Latina y el Caribe.
Por estos y otros factores, la iniciativa del Gobierno de España de impulsar una ley que otorgue la ciudadanía española a los sefardíes generó variadas reacciones en Panamá.
“Me parece muy importante el gesto, algo tarde. Tuvieron que pasar 522 años para que los españoles se dieran cuenta del gran error que fue la expulsión de los judíos de España. La expulsión y la Inquisición están dentro de las grandes tragedias humanas de la historia”, dijo el judío panameño David Djemal, presidente del Comité de Relaciones Humanas de B´nai B´rith Panamá, una de las agrupaciones que aglutina a la comunidad judía en esa nación.
Consultado por EL PAÍS, Djemal explicó que “se ha comentado mucho el tema (de la oferta de nacionalidad española) y el interés es poco. Me parece que el gesto es más simbólico que práctico”.
La comunidad judía panameña oscila entre 15.000 y 17.000 integrantes, de los que de 9.000 a 12.000 son descendientes de los sefardíes, según diversos cálculos de las organizaciones hebreas de Panamá. Tras su expulsión de España por la prolongada persecución católica en su contra por múltiples razones, los sefardíes emigraron a muchas partes del mundo, incluidas a las nacientes colonias españolas de lo que hoy es América.
La tradición o costumbre sefardí es seguida por los judíos con orígenes en España y Portugal tras la expulsión, pero también por los judíos meso-orientales, que provienen del Medio Oriente y el norte de África y que son considerados sefarditas aunque se establecieron antes de 1492, explicó el judío panameño David Mizrachi, mentor del Consejo Central Comunitario Hebreo de Panamá, otra de las organizaciones.
Dentro de la denominación sefardita, y además de los que provienen de la península Ibérica, están los judíos levantinos, ya que las comunidades levantinas recibieron a muchos de los expulsados. “En Panamá, la mayoría de los judíos tienen raíces levantinas, aunque también hay una gran cantidad con raíces hispano-portuguesas o con raíces sefarditas de ambos orígenes”, relató Mizrachi, entrevistado por este diario.
"El gesto del reino de España ha sido muy bien recibido”, afirmó. “Panamá es un país abierto y tolerante donde hemos convivido varias generaciones de judíos con una mayoría cristiana en un ambiente de respeto mutuo, devoción al trabajo y a la Patria. Las raíces españolas de nuestro país y el uso del idioma castellano son factores importantes que influyen en nuestra cultura y afinidad con España”, agregó.
La percepción general, detalló, es que “la mayoría de los judíos de Panamá son denominados sefarditas”, aunque tampoco es una definición definitiva. “En términos generales a nivel global, hay dos tradiciones culturales o costumbres mayoritarias entre los judíos. La tradición ashkenazí que prevalece entre los judíos con orígenes en Europa Oriental, Francia, Alemania, Austria y la ex Unión Soviética; y la tradición sefardí que incluye a casi todos los demás judíos del mundo”, precisó.
Numerosas consultas
El anuncio español fue recibido “con mucha expectación”, dijo el embajador de España en Panamá, Jesús Silva Fernández. En una entrevista con este periódico, el diplomático narró que “son muy numerosas las consultas que se reciben en la embajada” de miembros de la comunidad judía, llamada hebrea en Panamá.
“La comunidad judía en Panamá es muy numerosa e influyente, sobre todo económicamente. Además, es una comunidad muy cohesionada y unida, muchos en torno a sinagogas y centro comunitarios judíos con mayoría de origen sefardí. Una parte de la comunidad judía de Panamá es especialmente apegada a las tradiciones culturales y judías más tradicionales”, añadió.
“Algunos están muy orgullosos de sus orígenes sefardíes y son estudiosos de la antigua Sefarad y del legado judío en España”, subrayó.
Panameños cristianos de origen español “remoto” y que “creen tener apellidos de origen sefardí también se interesan por la posibilidad de obtener la nacionalidad española”, informó. “Parece que ha influido en esa expectación una lista oficiosa de apellidos, supuestamente de origen sefardí, que al parecer está circulando por las redes, pero que es apócrifa y no tiene ningún valor legal, lo que estamos explicando a los interesados que nos consultan, que son muchos”, aclaró.
El proceso de recepción de documentos todavía no empieza, ya que la ley española que facilitará la obtención de la nacionalidad española a los judíos descendientes de los antiguos sefardíes expulsados de España sigue sin ser aprobada, recordó Silva, al destacar que “no es previsible que entre en vigor antes de principios de 2015 como pronto”.
Hasta ahora solo se ha presentado un anteproyecto de la ley al Consejo de Ministros del Gobierno de España por parte de los ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores, que debe ser tramitado, debatido y aprobado por el Parlamento español.
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