Rosina defiende su derecho a disentir

Cimac Noticias . Por Anayeli García Martínez. “Romper un reflector puede llevar a una persona a pasar de cuatro a 10 años en prisión, mientras que por un derrame de petróleo que destruye ecosistemas, flora y fauna, no hay culpables. Es desproporcionado”, afirma Rosina González, joven acusada de daños y allanamiento de morada por Petróleos Mexicanos (Pemex).

En entrevista con Cimacnoticias, la joven activista de 26 años explica que en 2011 y luego en 2013 un derrame de crudo en la refinería de Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz, afectó el medio ambiente y ante la emergencia los pescadores se encargaron de la limpieza del lugar, pero al final no hubo sanciones para los responsables de ese ecocidio. Rosina, quien desde hace seis años es activista ambiental y forma parte de la organización internacional Greenpeace, señala que las autoridades no están preparadas para atender contingencias como las ocurridas en Veracruz, donde además no hubo responsables, por ello es que condena la política energética del gobierno federal. A fin de difundir este mensaje y promover las energías renovables o limpias que no ocasionan estos percances ni contribuyen al calentamiento global, Rosina junto con cinco activistas más de Greenpeace, subieron a un edificio de la paraestatal en el puerto de Veracruz para desplegar una manta contra la política petrolera del Estado mexicano. El pasado 1 de marzo, un par de días antes de que se promulgara la reforma energética que favorece la explotación de los hidrocarburos por parte de empresas extranjeras, las manifestantes desplegaron la manta que replicaba la portada de la revista estadounidense Time con la foto de Enrique Peña Nieto cubierto de crudo y la pregunta “Saving Mexico? (¿Salvando a México?)”. Rosina González fue una de las dos personas que a rapel desplegó la enorme pancarta. La idea era exhortar al Ejecutivo federal a promover una legislación secundaria en la materia que cumpliera con la meta de 35 por ciento de participación de energía proveniente de fuentes renovables para 2024, como lo establece la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y para la Transición Energética. Los seis activistas fueron acusados de allanamiento de morada, pero sólo a Rosina se le agregó el delito de daños por romper una lámpara o reflector valuado en poco más de 78 mil pesos. No fue la primera vez que ella participaba en actos de protesta. En 2013 protagonizó una manifestación en el Senado a fin de apoyar el maíz criollo y protestar por la introducción de maíz transgénico en el país; asimismo en 2012 defendió la reserva de coral de Cabo Pulmo, en Baja California Sur, contra la construcción de un proyecto turístico. Su activa defensa del ambiente lo describe así: “Estamos en un país donde existe la libertad de expresión; se supone que cada persona que vive en México tiene ese derecho, entonces todos somos libres de manifestarnos pacíficamente. No sé por qué criminalizan este hecho”, observa. Su idea de manifestarse es hacer conciencia de que ahora se puede tener un presente sustentable y un lugar digno donde vivir. No obstante y pese a que Greenpeace se ha caracterizado por protestas simbólicas, esta vez fue diferente porque en esta ocasión las y los activistas fueron detenidos y demandados penalmente. Criminalización Aquel día cuando Rosina y su compañero que pendían del edifico se dispusieron a doblar la manta y guardarla en una mochila, la pequeña cámara que llevaba en el casco cayó al suelo. Esa es la prueba de Pemex para asegurar que la cámara rompió una lámpara, lo que le valió ser acusada de daños y allanamiento de morada. Sin embargo, Rosina dice que los delitos son inexistentes porque entraron a un edificio público y además obtuvieron facilidades para ingresar, por tanto asegura que no pueden ser acusados de allanamiento de morada. Por otra parte, explica que no fue detenida al momento de causar un daño ni tampoco tras una investigación pericial que demostrara el delito. Ella y sus cinco compañeros fueron detenidos por la policía naval y fotografiados. Se les tomaron huellas dactilares y por si fuera poco mientras eran trasladados en una camioneta a oficinas de la Procuraduría General de la República, los dejaron por tres horas en el estacionamiento antes de pasarlos al edificio para informarles los cargos. Las seis personas estuvieron retenidas 28 horas y debieron pagar en conjunto una fianza de 100 mil pesos para ser liberadas. Si bien la acusación de allanamiento no es grave, ellos continúan su proceso en libertad. De acuerdo con los abogados de la joven, Pemex la acusa de daños en propiedad ajena con base en el artículo 399 del Código Penal Federal (CPF), que dice que cuando “por cualquier medio se causen daño, destrucción o deterioro de cosa ajena, o de cosa propia en perjuicio de tercero, se aplicarán las sanciones del robo simple que varían dependiendo del monto de lo robado”. Debido a que Pemex asegura que se rompió una lámpara de más de 78 mil pesos, la posible sanción es de cuatro a 10 años de prisión y multa de 180 y hasta 500 veces el salario mínimo, como lo establece el artículo 970 del CPF. Rosina insiste en que manifestarse pacíficamente no es un delito, por lo que considera que se trata de una intimidación a una organización internacional con 20 años de trabajo en México, y que hoy cuestiona la publicitada reforma energética del gobierno federal. “Si esto puede hacer con Greenpeace, qué podrá hacer con otras organizaciones o activistas”, pregunta la joven.