Según la Secretaría de Movilidad de la entidad, el tiempo para resolver los casos en que se inicia un juicio para reparar el daño a las víctimas depende directamente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), por ello, la espera para obtener apoyo económico en gastos médicos y en su caso, el resarcimiento que obliga la ley, no tiene un tiempo definido.
Ejemplo de ello es que de 2014 a 2017, se cuantificaron 410 muertes causadas por el transporte público, es decir un promedio de 100 víctimas mortales cada año.
En la Norma Técnica de la SEMOV para operatividad de las unidades concesionadas, se requiere de un seguro de vida vigente, que se debe renovar, pero el seguro tiene montos de entre 500 mil a 1 millón de pesos.
En el Valle de Toluca, más del 50% de taxis, opera sin seguro
Por su parte, Vicente Álvarez, presidente de la Confederación de Organizaciones Campesinas, Económicas, Empresariales y Productivas del Estado de México (COCCEP), dijo que de los 25 mil taxis que prestan el servicio en los municipios del Valle de Toluca, un 50% lo hace sin pólizas de seguro y están de forma irregular.
Lo anterior, sin importar que es un requisito obligado por la Secretaría de Movilidad, pero los operadores la pueden saltar al dar de alta su licencia como operador particular y no como chófer de transporte público.
Al finalizar, el presidente aseguró que de las agrupaciones detectadas sin este requisito, la mayoría pagan seguros que van de los 600 pesos y que al momento de su uso, no se pueden validar.
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