El documento fue devuelto a las comisiones correspondientes.
Luego de que no alcanzó la mayoría calificada que se
requiere para su aprobación, la Mesa Directiva regresó a comisiones el dictamen
con proyecto de decreto para reformar el artículo 123 de la Constitución
Política, en materia de derechos laborales del personal de seguridad pública.
El documento plantea la obligación de la autoridad de pagar
indemnización y demás prestaciones o la reincorporación al servicio, a agentes
del Ministerio Público, peritos y policías de los tres órdenes de gobierno, si
se determina que su remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación
del servicio, era injustificada.
El asunto fue presentado ante el Pleno en la sesión del
martes 13 de febrero, pero al obtener 48 votos a favor, cero en contra y cero
abstenciones, la Mesa Directiva del Senado determinó que no existía el quórum
constitucional establecido para continuar con su proceso legislativo.
En consecuencia, la discusión de esta reforma a la Carta
Magna fue enlistada en la sesión de hoy, miércoles 14, en que recibió una
votación de 43 votos a favor, 38 en contra y una abstención, por lo que no
alcanzó la mayoría calificada y el documento fue devuelto a comisiones.
En la sesión del martes, 13 de febrero, el Senador Rafael
Espino de la Peña, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda,
detalló que, con ella, se busca respetar y garantizar los derechos de los
trabajadores de los sistemas de procuración de justicia y darles estabilidad
durante el tiempo de desempeño de sus distintos encargos, para que actúen con
más eficiencia.
Además, sostuvo, contribuiría a dotar a las autoridades
responsables una herramienta jurídica que asegure su adecuado funcionamiento,
además de mejorar los sistemas de seguridad y de protección de justicia, y al
sistema judicial en su conjunto.
A favor de la reforma, se posicionaron los Senadores de
Acción Nacional, Damián Zepeda Vidales, Indira de Jesús Rosales San Román y
Gina Andrea Cruz Blackledge, además de la Senadora de Morena, Nancy Guadalupe
Sánchez Arredondo.
La Senadora Cruz Blackledge, quien propuso la iniciativa en
2020, consideró de “mayor trascendencia” a la enmienda constitucional, pues,
defendió, “salda una deuda histórica con nuestros policías, ministerios
públicos, peritos y custodios al ampliar sus derechos y darles certidumbre de
cara al futuro”.
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