· No se puede obligar a
un individuo para que permanezca en un cargo público, en contra de su voluntad,
se destaca en el dictamen.
La Comisión de Justicia avaló, con 12 votos a favor y siete
en contra, el dictamen con el que se aprueba la renuncia de Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), quién presentó su dimisión y fue aceptada por el titular del Ejecutivo
federal el pasado 7 de noviembre del año en curso.
En el documento, las y los senadores subrayaron que la
renuncia de un ministro de la Suprema Corte de Justicia es un suceso de gran
trascendencia y un hecho extraordinario “preocupante para la estabilidad de las
instituciones”.
No obstante, precisaron que Arturo Zaldívar Lelo de Larrea
toma una decisión que, en estricto sentido, se debe respetar, pues está
protegida por el artículo 98 de la Constitución Política.
La Carta Magna, explicaron los legisladores en el dictamen,
establece que las renuncias de los ministros de la Corte sólo procederán por
causas graves; sin embargo, no se señala cuáles son esas causas graves y tampoco
señala quién las determina, sólo dice que el Presidente tendrá que aceptar la
renuncia y el Senado tendrá que aprobarla.
“Sin esa aceptación y sin esa aprobación, no culminaría el
procedimiento de la renuncia, en ese sentido, el renunciante, en todo caso, es
el que conoce las causas graves por las que toma esa decisión, de otra manera,
no adoptaría un acto de tal naturaleza”, subrayaron.
Por lo que, la Comisión concluyó en que el derecho a
renunciar lo tiene cualquier persona, por lo que no se puede sujetar a un
ministro a seguir desempeñando el cargo en contra de su voluntad, mientras que
el Senado de la República “no debe ser un obstáculo en la determinación
adoptada por el ministro, el cual debe asumir las consecuencias de su acto”.
La Senadora Olga Sánchez Cordero expuso que no se puede
obligar a un individuo para que permanezca en un cargo público aún en contra de
su voluntad, pues al hacerlo se propiciaría y generaría un ambiente en el que
se afectarían seriamente los principios que rigen al servicio público,
especialmente en su ámbito jurisdiccional.
Por otra parte, explicó que el derecho humano al trabajo,
establecido en organismos internacionales, dispone que toda persona tiene
derecho a laborar, a elegir libremente su trabajo, a condiciones equitativas y
satisfactorias en éste, y a la protección contra el desempleo.
Además, instrumentos como el Pacto de San José, determina
que nadie debe ser “constreñido a ejecutar un trabajo forzoso y obligatorio”,
concluyó la senadora presidenta de la Comisión de Justicia.
El Senador de MORENA, Rafael Espino de la Peña, dijo que la
renuncia de Arturo Saldívar establece un mal precedente, trivializa la causa de
separación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional;
además, contraviene la intención y espíritu de la Constitución.
Señaló que, el haber anunciado su adhesión a un proyecto
político, evidencia la utilización del cargo como escalón y contribuye a una
indebida politización del Poder Judicial y pone en entredicho la tan necesaria
autonomía, que es el cimiento de la división de poderes.
También de MORENA, la Senadora Imelda Castro Castro sostuvo
que, en su momento, no se le pidió al exministro Eduardo Medina Mora que
expusiera sus razones para dimitir y se aprobó el asunto sin problema, pero
ahora se cuestiona a Arturo Saldívar sólo porque existe una coyuntura electoral
y no se toman en cuenta sus derechos.
En contra del dictamen, la Senadora Indira de Jesús Rosales
San Román, del PAN, acusó que la renuncia del ministro de la SCJN se da por un
interés particular, no por uno colectivo, y consideró como una falta de respeto
que los senadores se enteren de los motivos de esa decisión sólo por las
entrevistas que el funcionario ha dado en medios de comunicación.
Claudia Edith Anaya Mota, Senadora del PRI, enfatizó que la
reunión de Arturo Zaldívar con Claudia Sheinbaum “no es un pecado, sino una
desvergüenza”, y advirtió que la su salida pone en riesgo independencia de
poderes, pues al actual presidente de la República le tocaría nombrar a su
quinto ministro, cuando sólo le correspondían tres.
En contra del dictamen, el Senador de Movimiento Ciudadano,
Noé Castañón, consideró que al no explicar claramente sus motivos para
renunciar, el ministro Arturo Zaldívar vuelve cuestionables sus decisiones y
argumentaciones como miembro de la SCJN, y surge la duda de cuándo fue que
perdió la confianza y el decoro en sus determinaciones jurídicas.
Germán Martínez Cázares, Senador del Grupo Plural, dijo que
“no hay causa grave en esta renuncia de Saldívar: votaré en contra porque él
mismo es una gravedad para el Poder Judicial, un juez protagónico, obsequioso
con los de arriba, arrogante con los de abajo y petulante con sus pares”.
También en contra, la Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas
calificó como “falsa” y “arriesgada” la mezcla entre derechos fundamentales de
las personas y las responsabilidades constitucionales de los servidores
públicos, que se ha dado en el caso del ministro, pues puede representar un
grave precedente en el país.
Los Senadores Germán Martínez Cázares, Indira de Jesús
Rosales San Román y Claudia Edith Anaya Mota, presentaron una propuesta para
que se cite a comparecer al aún ministro de la SCJN, para la que explique las
razones de su dimisión, que rechazó por mayoría la Comisión de Justicia.
