Plantean incorporar en la Constitución Política el reconocimiento a la comunidad mexicana migrante

• La Diputada Roselia Suárez (MORENA) impulsa reforma al artículo 2º de la Carta Magna 

La Diputada Roselia Suárez Montes de Oca (MORENA) presentó una iniciativa para incorporar en la Constitución Política el reconocimiento a la comunidad mexicana migrante, que preserva, difunde, enriquece y fortalece la identidad nacional y el vínculo histórico con la nación mexicana. 

La reforma al artículo 2º de la Carta Magna señala que la nación mexicana es única e indivisible, basada en la grandeza de sus pueblos y culturas, “residentes tanto en México como en el exterior”.

Agrega que se reconoce la aportación de la comunidad mexicana migrante al desarrollo económico del país, así como su contribución al bienestar en sus regiones de origen y al fortalecimiento del tejido social dentro y fuera del país.

Asimismo, que se reconocen y garantizan a la comunidad mexicana migrante en el exterior todos los derechos consagrados en esta Constitución Política, y la obligación del Estado de proteger plenamente sus derechos humanos en los países extranjeros donde residan, independientemente de la situación migratoria que tengan.

El Estado, añade, establecerá en la ley mecanismos de participación democrática directa para la comunidad mexicana migrante, con el objeto de que participe efectivamente en los procesos de las decisiones públicas susceptibles de afectarle directamente, así como los procesos y mecanismos necesarios para que dicha comunidad cuente con representación propia, paritaria y proporcional al número de sus integrantes, en el Congreso de la Unión y en los congresos de las entidades federativas y de la Ciudad de México.

En la exposición de motivos, la iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, menciona que la comunidad mexicana que radica en el extranjero constituye una parte fundamental de la nación, son la expresión más profunda del pueblo de México en su determinación de buscar oportunidades, con la voluntad inquebrantable de preservar la identidad, la cultura y la pertenencia a la nación.

Refiere que las mexicanas y mexicanos que residen y trabajan en Estados Unidos, sea de forma regular o irregular, mantienen fuertes vínculos económicos y sociales con sus familias y comunidades de origen, a través de las remesas.

Suárez Montes de Oca detalla que las remesas que son enviadas por los connacionales desde Estados Unidos y Canadá, principalmente, juegan un papel determinante en el combate a la pobreza, la promoción del bienestar y la reactivación de los circuitos económicos en las regiones receptoras.

Expone que las razones y méritos para reconocer y reivindicar a la comunidad mexicana migrante en el exterior son abundantes, ya que coadyuvan a reconstruir el tejido social y a mantener la estabilidad política y social en las regiones azotadas por la pobreza y la inseguridad.

 

“La cuestión que aborda la presente iniciativa es que la comunidad mexicana migrante tiene una relevancia sustancial en la conformación de la demografía, la economía, el desarrollo social y la fortaleza de identidad nacional, de tal forma que el Estado mexicano está obligado a realizar un fuerte reconocimiento a esas aportaciones fundamentales que nuestros paisanos radicados en el extranjero hacen al país”, sostiene la legisladora.

Ante ello, considera que de aprobarse esta reforma se lograría elevar a rango constitucional un reconocimiento a la existencia y los derechos de nuestros paisanos residentes en el exterior.

Sancionan a 39 personas servidoras públicas por cometer faltas graves y no graves

Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) imponer las sanciones por faltas graves y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, las faltas no graves.

 

En ese sentido, derivado de las acciones de investigación realizadas por la Unidad de Responsabilidades en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los Órganos Internos de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el Banco del BIENESTAR S.N.C., I.B.D. (BABIEN), en la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V. (ASIPONA Manzanillo) y en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en las que se obtuvieron las pruebas que demostraron infracciones graves, el TFJA impuso las siguientes sanciones:

 

CFE: Inhabilitación por 20 años a Roberto V., en CFE Distribución; a Alberto M., en el Laboratorio de Equipos y Materiales; y a José Q., en CFE Suministrador de Servicios Básicos; e inhabilitación por 10 años a Francisco D., en la Dirección Corporativa de Operaciones, y a todos ellos, sanción económica de manera solidaria por mil 192 millones 500 mil pesos, por contratar la adquisición e instalación de 82 mil optimizadores de tensión que no eran necesarios para la prestación del suministro eléctrico, en 2017.

IMSS: Inhabilitación por 10 años a José R., en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Puebla, por obtener un beneficio económico por 152 mil pesos por la venta de 182 guías del servicio de mensajería, en 2020.

Inhabilitación por 1 año a Guadalupe H., en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Celaya, Guanajuato, por exigir y obtener de forma ilícita y por motivo de sus funciones, un beneficio económico por 15 mil pesos, no comprendido en su remuneración, en 2020.

SEP: Inhabilitación por 10 años y sanción económica de 82 mil pesos a Francisco O., en el Tecnológico Nacional de México en Culiacán, Sinaloa, por recibir un doble pago, por plaza de estructura y por honorarios por la cantidad de 130 mil y 286 mil pesos, respectivamente, en 2021.

SHCP-INDAABIN: Inhabilitación por 8 años y sanción económica por 4.9 millones de pesos a Carlos M., en la Administración Región Golfo Centro, por realizar depósitos a su cuenta personal, por el mismo monto y no devolver un vehículo, en 2019.

BaBien: Inhabilitación por 10 años y sanción económica de 62 mil pesos a Esmeralda O., de la sucursal en Villahermosa, Tabasco, por realizar una conciliación en sucursal con información no verídica, en 2023.

Inhabilitación por 7 años y sanción económica por 50 mil pesos a Verónica G., de la sucursal en Ayoquezco de Aldama, Oaxaca, por realizar retiros, por el mismo importe, sin consentimiento de los titulares de las cuentas bancarias de 2020 a 2022.

Inhabilitación por 10 años y sanción económica por 22 mil pesos a Ana J., de la sucursal en Ayoquezco de Aldama, Oaxaca, por realizar retiros por un monto de 21 mil pesos, sin consentimiento de los titulares de las cuentas bancarias, de igual forma, la misma persona servidora pública fue inhabilitada por 8 meses y sanción económica por 15 mil pesos, por realizar retiros por el mismo monto de 2019 a 2022.

Asipona Manzanillo: Inhabilitación por 1 año a Saira H., en la Gerencia de Ingeniería; suspensión por 6 meses a Álvaro M., en la Gerencia General y a Noel M., en la Gerencia de Ingeniería; derivado de la autorización para el pago de una estimación por un importe de 10 millones de pesos, aún y cuando no se recibieron en tiempo dos insumos, en 2019.

SAT: Suspensión de 90 días a Rubén D., en la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo “2”, por emitir la determinación de un crédito fiscal por 205 millones de pesos por concepto de ISR, IVA, recargos y multas fuera de plazo, en 2018.

Suspensión de 30 días y sanción económica de 25 mil pesos a Carlos G., en la Administración de Recursos y Servicios en Celaya, Guanajuato, por celebrar un contrato por 200 mil pesos, sin contar con la autorización presupuestal, en 2019.

Suspensión por 30 días a Patricia C., en la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente en Campeche, por realizar la actualización de contraseña de los contribuyentes sin contar con el soporte documental requerido para el trámite, en 2020.

A través de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos (PEMEX) y los Órganos Internos de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la Secretaría de Cultura (Cultura), en la Procuraduría Agraria (PA), en la Guardia Nacional (GN), en el Tren Maya S.A. de C.V. (Tren Maya), en la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en la Financiera para el Bienestar (FINABIEN), en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), y en el Instituto para Devolver al Pueblo lo robado (INDEP), impuso por faltas no graves las siguientes sanciones:

 

IMSS: Inhabilitación de 1 año a Vianet A., en la Unidad de Medicina Familiar de Tepic, Nayarit, por brindar un tratamiento inadecuado al diagnóstico de un menor, influyendo en su fallecimiento, en 2021.

Suspensión de 10 días a José B., en la Unidad de Medicina Familiar “33” en Culiacán, Sinaloa, por brindar un tratamiento inadecuado al diagnóstico de un paciente terminal en 2022.

Amonestación pública a Blas C., en el Hospital General Regional “58” en León, Guanajuato, por expedir incapacidad sin efectuar los registros correspondientes en 2023.

Amonestación pública a Rodolfo B., en Servicios Administrativos en Campeche, por no realizar dentro del plazo establecido el acta entrega al concluir su cargo en 2024.

Cultura: Inhabilitación por 6 meses a Alejandro R., en la Subsecretaría de Desarrollo Cultural, por no resguardar documentación de obra pública en 2023 y 2024.

PA: Inhabilitación por 3 meses a Armando J., en la Residencia de la Procuraduría Agraria en Tamazunchale, por agredir a un ciudadano en un núcleo agrario en 2023.

PEMEX: Suspensión de 30 días a Nishma R., en la Subgerencia de Confiabilidad de Equipos y Procesos, por no cumplir reiteradamente con el horario de su jornada laboral en 2025.

GN: Suspensión por 30 días a Enrique C., Jorge V., César T., Sujey G., Jovany H., José M. y Carlos G. todos ellos de la Jefatura General de Coordinación Policial; por proporcionar constancias de estudios carentes de validez en las evaluaciones de Permanencia y/o Transición de Licencia Oficial Colectiva para portación de armas de fuego en 2024.

Tren Maya: Suspensión por 15 días a Edilberto O., en la Coordinación General de Gestión de Infraestructura Ferroviaria, por incurrir en faltas de respeto hacia una compañera en 2024.

PROFECO: Suspensión por 15 días a Octavio S., en la Oficina de Defensa del Consumidor, por realizar una visita de verificación a una persona moral sin entregar la orden correspondiente en 2024.

CNBV: Suspensión por 15 días a Ernesto A., en la Vicepresidencia de Administración y Planeación Estratégica, por omisión en la formalización del acta entrega recepción del encargo en 2024.

FINABIEN: Suspensión por 15 días a Elsa R., en la Gerencia Estatal en Guerrero, por un faltante en caja detectado en un arqueo en 2024.

SAT: Suspensión de 15 días a Mónica P., en la Administración General de Servicios al Contribuyente, por no custodiar su usuario y contraseña de sistemas institucionales, lo que generó un uso indebido de los mismos en la generación de constancias de situación fiscal en 2022 y 2023.

ASA: Suspensión por 6 días a Sergio M., en la Estación de Combustibles México, por provocar un derrame de combustible de 2 mil 679 litros en 2025.

INDEP: Amonestación Pública a Araceli V., en Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación, por no realizar acta entrega al concluir su cargo en 2024.

Amonestación Pública a Julio T., en la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales por omisión en la formalización del acta entrega recepción del encargo en 2024.

Las sanciones se impusieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta.

 

Las personas sancionadas tienen derecho a impugnar, si lo hacen, esta Secretaría defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron dictadas: apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas.

 

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, reafirma su compromiso para erradicar la corrupción en la vida pública y promover la ética, la honestidad, la integridad y el buen gobierno para fortalecer la confianza en las instituciones de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

(video) Realiza Mario Miguel Carrillo Parlamento Abierto sobre Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias

• El Diputado de MORENA indica que busca reformar los artículos 17, 116 y 122 de la Constitución Política, para que dichos procesos sean considerados un requisito previo obligatorio, antes de acudir a una primera instancia jurisdiccional

Palacio Legislativo de San Lázaro,11-2025.- El Diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas (MORENA) informó que llevó a cabo un foro de Parlamento Abierto sobre Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, con el propósito de reformar los artículos 17, 116 y 122 de la Constitución Política, a fin de que dichos procesos sean considerados un requisito previo obligatorio, antes de acudir a una primera instancia jurisdiccional.

En conferencia de prensa, señaló que con dicha propuesta se busca despresurizar el sistema de justicia del país, así como brindar a las y los ciudadanos herramientas que les permitan acceder a una justicia pronta, expedita, imparcial y, sobre todo, gratuita, antes de que un conflicto o controversia llegue a instancias jurisdiccionales.

Carrillo Cubillas aseguró que esta iniciativa tendrá un profundo respeto a los derechos humanos, pues “no vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia, que si se afectan derechos humanos sean considerados estos mecanismos y tampoco, si es que la vida e integridad de las personas está en riesgo”.

Explicó que existen diversas áreas del derecho: la civil, mercantil y laboral, que cuentan con mecanismos alternativos, pero no toda la población conoce que puede acceder a estas herramientas. 

“No toda la ciudadanía sabe que existen mediadores y facilitadores certificados y preparados en esta materia; ese es, precisamente, el espíritu de esta iniciativa”, enfatizó.

Comentó que del foro se obtuvieron conclusiones específicas que permitirán enriquecer la propuesta, y destacó el interés del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el Diputado Leonel Godoy, así como de la Diputada María del Rosario Orozco Caballero (MORENA) y su grupo parlamentario, que han manifestado su respaldo a esta reforma. 

Mencionó que en el encuentro participaron el coordinador de su bancada, el Diputado Ricardo Monreal Ávila, así como la titular del Centro de Mecanismos de la Procuraduría General de la República, y doctor en derecho de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y pionero en el ámbito de la mediación, Othón Pérez Fernández del Castillo.

Dijo que se presentaron 10 ponencias en el foro, en las cuales se les cedió el uso de la palabra a los asistentes; además, “hubo un total de cinco participaciones que no estuvieron programadas dentro de las ponencias del foro, pero que sirvieron para enriquecer profundamente, este proyecto”. 

El Diputado comentó que en próximos días dará a conocer el documento final de las memorias de este foro e informar cuando la iniciativa esté lista sea ingresada a la Mesa Directiva y sea turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

En su oportunidad, la Diputada María del Rosario Orozco Caballero (MORENA) destacó que el encuentro fue de alto nivel, con la participación de especialistas, litigantes y mediadores, cuyas aportaciones resultaron muy enriquecedoras y consideró que es necesario popularizar y hacer más accesible el uso de estos mecanismos de resolución de conflictos. 

“Sé que después de esta reunión y estar en contacto directo con las y los especialistas, la propuesta de nuestro compañero Mario Miguel será una gran iniciativa y una reforma constitucional relevante, que permitirá que las mediaciones sean aplicadas en la mayoría de los casos, con grandes ventajas para lograr justicia y resultados favorables para las personas que buscan que sus derechos sean respetados”, expresó.

En su oportunidad, los especialistas participantes coincidieron en que este foro representa un día importante en la historia de la justicia en el país, dentro de la reingeniería legal que se está impulsando.

Agradecieron la apertura de la Cámara de Diputados para escuchar a las voces de académicos, representantes de barras de abogados, y mediadores públicos y privados, con el fin de construir un modelo de mediación más accesible y digno, como las personas lo necesitan y merecen. 

Recalcaron que lo expresado en el parlamento que debe permear en la sociedad en general, no sea sólo en la aplicación de justicia, sino también en la vida cotidiana. “Lo hemos trabajado los abogados, pero también los ingenieros y diversas profesiones, con el propósito de construir un mejor futuro y aplicar estos principios en la vida diaria”, concluyeron.

Realizan en la Cámara de Diputados el Parlamento “Jóvenes Legisladores: Bicentenario Teoloyucan”

• Las y los participantes conformaron grupos parlamentarios y comisiones de trabajo, con el fin de comprender el proceso y el trabajo legislativo

En la Cámara de Diputados se llevó a cabo el Parlamento:“Jóvenes Legisladores: Bicentenario Teoloyucan”, organizado por el Diputado Pedro Mario Zenteno Santaella (MORENA), Presidente de la Comisión de Salud. 

Durante la inauguración, en representación del Diputado Zenteno Santaella, Rubén Islas, Secretario Técnico de la citada instancia legislativa, subrayó el valor de que las y los jóvenes se interesen en el trabajo legislativo y participen en debates sobre temas de interés nacional, representando diferentes estados de la República Mexicana.

“Qué importante es que las y los jóvenes se interesen por el Poder Legislativo, tengan interés en el Congreso. Dado que es, desde mi punto de vista, la expresión más fuerte, más auténtica de la democracia y de la representación política en nuestro país”, comentó. 

Explicó a las y los jóvenes que la Constitución Política establece, de manera muy precisa, que formamos parte de una República Federal, representativa, compuesta de Estados libres y soberanos: “El concepto de la representación política, en su nivel más profundo, más amplio, está en el Poder Legislativo. No tanto así en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial”.

Detalló que las Cámaras del Congreso, desde su origen, han sido siempre órganos colegiados donde se expresa la pluralidad de la sociedad en su conjunto y da lugar a la democracia deliberativa.

“El Poder Legislativo, no solamente hace leyes. Tiene funciones mucho más trascendentes que el solo hecho de hacer leyes. Tiene una función fundamental de control constitucional: determina el presupuesto federal y la manera en que se va a ejercer el gasto público durante un año en nuestro país"

“También tiene una función intrínseca que es la del debate político, la de la agenda política, la de ir conociendo la evolución política de las instituciones y de las relaciones de poder”, expuso ante las y los participantes de este ejercicio.

En su oportunidad, José Daniel García, Presidente de “Juventud Teoloyucan Bicentenario”, y presidente de dicho parlamento juvenil, agradeció el apoyo de los organizadores y confió en que las y los participantes puedan realizar sus propias iniciativas en el futuro, fomentando así una mayor participación cívica. 

“Todos y cada uno de los jóvenes que, como ustedes, el día de hoy hemos sido parlamentarios en diferentes ejercicios y que esperamos que no solamente compartan con nosotros la alegría de estar en este evento, sino que también el día de mañana puedan estar haciendo sus propios eventos y sus propias iniciativas con toda la capacitación que podamos ir obteniendo”, agregó.

En el evento las y los jóvenes conformaron grupos parlamentarios y comisiones de trabajo, con el fin de comprender el proceso y trabajo legislativo. Discutieron temas de salud, seguridad, economía, derechos humanos, participación ciudadana, democracia, gobernanza, juventud, así como sobre la Agenda 2030 de la ONU.

Diputadas y diputados presentan 28 iniciativas para reformar la Constitución Política y diversos ordenamientos

• Fueron enviadas a comisiones para su estudio y dictamen

Diputadas y diputados de MORENA, PAN, PVEM, PT y PRI presentaron 28 iniciativas para reformar, adicionar o derogar la Carta Magna y diversos ordenamientos, en temas de medio ambiente, seguros médicos, extensionismo, personas cuidadoras, seguros en caminos y puentes, exenciones fiscales, industria automotriz, apoyo a Mipymes, seguro de desempleo, movilidad de menores y Fondo de Contingencia Inflacionaria.

También, sobre prevención de incendios, protección de menores en redes sociales, pueblos mágicos, suplantación de identidad digital, derechos de los grupos parlamentarios, médicos extranjeros, salud digital, personas cuidadoras de menores con discapacidad, centros de internamiento de menores, ofertas laborales, seguridad y protección en carretas, movilidad de personas con discapacidad, concepto de agua regenerada, corrupción inmobiliaria, revisiones migratorias y apología de delito.

Reducir encendedores desechables

La Diputada Rosa Irene Urbina Castañeda (MORENA) presentó iniciativa para que las entidades federativas y los municipios promuevan acciones encaminadas a la disminución gradual de residuos derivados de dispositivos plásticos productores de flama, desechables o no recargables, que emplean un derivado petroquímico como combustible, para proteger la salud, prevenir y controlar la contaminación ambiental producida por su manejo.

La adición al Artículo 96 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, se envió a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Exentar seguros médicos de personas adultas mayores de 60 años

Jericó Abramo Masso, Diputado del PRI, planteó adicionar el artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con la intención de exentar del pago de ese impuesto el costo de la prima de los seguros de gastos médicos mayores que cubran a personas mayores de 60 años de edad. Será analizada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

Garantizar extensionismo

Por el PT, el Diputado Jesús Fernando García Hernández impulsa reforma al Artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a efecto de definir el término extensionismo como práctica institucional permanente de apoyo a la capacitación de los productores agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros. Fue enviada a la Comisión de Gobernación y Población. 

Licencias laborales para cuidadores de personas con discapacidad

La Diputada María Leonor Noyola Cervantes (PVEM) leyó una iniciativa que adiciona un artículo a la Tercera Ley Federal del Trabajo, para que las personas trabajadoras que sean cuidadoras primarias de personas con discapacidad permanente o en situación de dependencia funcional severa tengan derecho a solicitar licencias laborales especiales con goce de sueldo parcial o total, en los términos y condiciones establecidos por la Ley del Seguro Social y la normatividad aplicable. Se canalizó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

Seguros por robo en carreteras

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes fue remitida la iniciativa del Diputado Francisco Javier Borrego Adame (MORENA), que reforma el Artículo 62 y adiciona un segundo párrafo al Artículo 66 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a fin de que los seguros que contraten los concesionarios cubran los daños y, en su caso, el robo de vehículos y mercancías que ocurran en las carreteras que tenga concesionadas, y precisar que los usuarios de los servicios son responsables de contratar los seguros de sus mercancías.

Exentar pago del ISAN por aranceles

La Diputada María Angélica Granados Trespalacios (PAN) presentó siete iniciativas. Una, adiciona los Artículos 8° de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y 2º de la Ley de Coordinación Fiscal, para señalar que no pagará este impuesto cuando otros países apliquen aranceles superiores al 10 por ciento al fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos ubicados en el territorio nacional, y la exención sólo aplicará durante el tiempo en que los aranceles impuestos cumplan con la condición prevista. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Ley sobre industria automotriz y cadena de valor

En la segunda, Granados Trespalacios busca expedir la Ley General de Fomento, Protección y Desarrollo de la Industria Automotriz y su Cadena de Valor, cuyo objetivo sería fomentar, proteger y desarrollar esa industria, garantizando su competitividad, sostenibilidad, sustentabilidad y su integración en la economía nacional e internacional. Fue remitida a las comisiones unidas de Economía, Comercio y Competitividad y de Hacienda y Crédito Público para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.

Apoyar a las MIPyMEs

Además, la Diputada María Angélica Granados planteó adicionar diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a efecto de crear el Instituto Nacional Para el Fomento del Emprendimiento, el Fondo Nacional de Emprendimiento y Sostenibilidad y el Padrón Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Será analizada por las comisiones unidas de Economía, Comercio y Competitividad, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Seguro de desempleo

Fue turnada a comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público, la iniciativa de la diputada Granados Trespalacios, que reforma disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para crear el seguro de desempleo, el cual se entregaría a cada trabajador económicamente activo mayor de 18 años que haya laborado en el mercado formal y compruebe haberlo hecho al menos un año previo al apoyo económico del seguro. 

El apoyo sería igual a dos veces al valor vigente de la Línea de Bienestar vigente establecida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y los recursos serán suministrados de forma mensual hasta por un periodo máximo de seis meses.

Derecho a movilidad de menores

La quinta iniciativa de la diputada del PAN busca reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualada. Se canalizó a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Fondo de Contingencia Inflacionaria

Con la iniciativa que modifica disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de la Industria Eléctrica y de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la diputada Granados Trespalacios pide crear el Fondo de Contingencia Inflacionaria, a efecto de apoyar a los trabajadores formales con ingresos iguales o menores hasta 3 salarios mínimos cuando el promedio de los últimos cuatro años del Índice Nacional de Precios al Consumidor sea igual o superior a 5 por ciento, valor que será determinado a partir de la información oficial que publique el Banco de México. 

Se envió a las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Energía para dictamen, y a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para opinión.

Que el Estado garantice recursos para el Fondo de Contingencia Inflacionaria

La séptima iniciativa de la diputada del PAN sugiere adicionar el artículo 4° de la Constitución Política, a fin de precisar que ante la presencia de periodos prolongados de alta inflación dentro de la economía interna, el Estado protegerá los ingresos reales de las y los mexicanos, garantizando recursos presupuestarios para la instrumentación de un Fondo de Contingencia Inflacionaria que se constituirá como un subsidio temporal y será entregado a cada trabajador económicamente activo mayor de 18 años que labore en el sector formal en los términos que establezca la ley y la información oficial disponible. Será analizada por la Comisión de Puntos Constitucionales.

“Día Nacional de la Prevención de Incendios"

A la Comisión de Gobernación y Población le fue turnada iniciativa del Diputado César Agustín Hernández Pérez (MORENA), que busca declarar el 5 de junio como "Día Nacional de la Prevención de Incendios", para sensibilizar, concientizar y fomentar una verdadera cultura de prevención y autocuidado, e impulsar la generación de una sociedad más resiliente, reducir la pérdida de vidas, el impacto social y económico que provocan los incendios, y en memoria de los 49 menores que fallecieron en la guardería ABC.

Proteger a menores en redes sociales

Julio Javier Scherer Pareyón, Diputado del PVEM, leyó reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para precisar que sólo las personas mayores de 16 años podrán darse de alta y crear un perfil de usuario en las plataformas que administren redes sociales digitales. 

Asimismo, tipificar como delito la creación, difusión o posesión de imágenes, videos o audios de tipo pornográfico generados por Inteligencia Artificial, y el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes. Se canalizó a las comisiones unidas de Derechos de la Niñez y Adolescencia y de Justicia para dictamen, y a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para opinión.

Desarrollo integral de los pueblos mágicos

Por el PT, el diputado Wblester Santiago Pineda promueve iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, con la intención de que la Secretaría de Turismo, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, establezcan estrategias para fortalecer el desarrollo integral de los Pueblos Mágicos, asegurando que cuenten con infraestructura adecuada, servicios básicos, conectividad y promoción turística. Se remitió a la Comisión de Turismo.

Sancionar suplantación de identidad digital

A la Comisión de Justicia se turnó iniciativa de la Diputada María Soledad Luévano Cantú (MORENA), que reforma el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, para sancionar la suplantación de identidad digital.

Establece que cometerá el delito de fraude quien mediante acceso ilícito a cuentas, perfiles o datos personales en plataformas digitales suplante la identidad de una persona física o moral con el fin de obtener, para sí o para un tercero, beneficio económico, recursos materiales, datos sensibles o cualquier lucro indebido, valiéndose de engaños que aprovechen la confianza, vulnerabilidad o desconocimiento tecnológico de la víctima.

Derechos de los grupos parlamentarios

El Diputado Federico Döring Casar (PAN) dio cuenta de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General, que plantea que los grupos parlamentarios puedan presentar iniciativas con el carácter de preferente, o señalar con tal carácter las que hubieren presentado sus integrantes en periodos anteriores y estén pendientes de dictamen.

Además, solicitar, hasta por una ocasión por cada periodo ordinario de sesiones, la comparecencia ante el pleno de alguno de los servidores públicos. Fue enviada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Regulación de médicos extranjeros

A su vez, el diputado Emilio Suárez Licona (PRI) presentó tres iniciativas. Una, adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, con la intención de que los médicos extranjeros que ejerzan actividades profesionales en el campo de la medicina, requerirán una revalidación de sus estudios ante las autoridades educativas competentes, y deberán contar con la certificación y recertificación en las diferentes especialidades de la medicina previamente a su desempeño en instituciones de salud oficialmente reconocidas. Se mandó a la Comisión de Salud.

Contemplar a la salud digital

La segunda iniciativa de Suárez Licona plantea cambios al artículo 32 de la Ley General de Salud, para establecer que los prestadores de servicios de salud puedan apoyarse en las Guías de Práctica Clínica, los medios electrónicos, como la salud digital, y sus componentes como la telesalud y la telemedicina, de acuerdo con las NOM´s que al efecto emita la Secretaría de Salud. Será analizada por la Comisión de Salud.

Licencias para personas cuidadoras de menores con discapacidad

Además, en la iniciativa que reforma las leyes federales del Trabajo y de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, así como la del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Diputado Emilio Suárez busca que los padres, madres o personas que ejerzan la patria potestad, guardia y custodia de niñas, niños y adolescentes diagnosticados con cualquier tipo de discapacidad moderada o severa, puedan gozar de una licencia por cuidados para ausentarse de sus labores. 

Fue turnada a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Arte y cultura en centros de internamiento de menores

Jesús Martín Cuanalo Araujo, Diputado del PVEM, planteó reformar y adicionar el artículo 18 de la Constitución Política, para que los centros de internamiento garanticen un modelo de atención alineado con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, asegurando el respeto al interés superior del adolescente y su derecho a la reinserción social efectiva.

Plantea que dichos centros cuenten con programas de instrucción en disciplinas deportivas, formación en oficios, atención integral a las adicciones y la salud mental, actividades artísticas o culturales, y programas educativos que abarquen desde la alfabetización hasta la educación media superior. Será dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales. 

Veracidad en ofertas laborales

Por MORENA, el Diputado Luis Fernando Torres Jiménez dio cuenta de una iniciativa a efecto de señalar de manera veraz, transparente y precisa las condiciones laborales en las ofertas de trabajo emitidas por las empresas, empleadores o sus representantes, y prohibirles mentir en dichas ofertas sobre salarios, prestaciones, horarios o cualquier otra especificación relativa a la plaza ofertada. 

La propuesta adiciona la fracción XVI al Artículo 5°, así como la fracción II, recorriéndose los subsecuentes, al artículo 132. También, la fracción XVIII, recorriéndose el subsecuente, al artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo. Fue remitida a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Seguridad y protección en carretas

La Comisión de Movilidad analizará iniciativa del Diputado Asael Hernández Cerón (PAN), que reforma la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, con el objetivo de reducir hechos de tránsito terrestre y/o hechos delictivos que deriven en muertes y lesiones graves para los usuarios, así como pérdidas materiales a los autotransportes públicos y de carga.

Además, establecer mecanismos y acciones por los efectos del quehacer delincuencial en carreteras, caminos y puentes en los tres órdenes de gobierno, así como salvaguardar la vida e integridad física de las personas usuarias del sistema de movilidad, y el patrimonio, mercancías y bienes transportados en estas vías. 

Movilidad de personas con discapacidad

En tanto, la Diputada Cintia Cuevas Sánchez (MORENA) leyó iniciativa para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establezca convenios con aerolíneas y empresas de transporte terrestre y marítimo, nacional e internacional, a fin de que otorguen tarifas preferenciales a las personas con discapacidad, y garantizarles el derecho permanente y en todo tiempo, a obtener descuentos o exenciones de pago al hacer uso del servicio de transporte público.

La propuesta que reforma los Artículos 19 párrafo primero fracción V y adiciona una fracción VI a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, así como la fracción II del Artículo 58 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, se turnó a las comisiones unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Comunicaciones y Transportes.

Considerar concepto de agua regenerada

Se canalizó a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, iniciativa del Diputado José Armando Fernández Samaniego (MORENA), que adiciona una fracción VI Bis al Artículo 3° de la Ley de Aguas Nacionales, para incluir el concepto de agua regenerada y considerarla como aquella agua residual sometida a procesos de tratamiento terciario que concluya en alcanzar la calidad adecuada para la reutilización en sectores específicos.

Sancionar la corrupción inmobiliaria

El Diputado Luis Humberto Fernández Fuentes (MORENA) planteó adicionar diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de delitos contra las personas en su patrimonio y por hechos de corrupción, así como de faltas u omisiones consideradas como graves, en materia de responsabilidad administrativa de personas servidoras públicas.

Se remitió a las comisiones unidas de Justicia y de Transparencia y Anticorrupción.

Revisiones migratorias con respeto a los derechos humanos

De MORENA, la Diputada Sonia Rincón Chanona impulsa reforma a fin de que la Secretaría de Gobernación expida protocolos para la implementación de la revisión migratoria, observando parámetros objetivos y los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, no discriminación, interés superior de la niñez y perspectiva de género, poniendo especial atención en personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad o posibles víctimas del delito. 

La propuesta que reforma los artículos 81, 97 y 98 y adiciona un párrafo tercero al artículo 97 de la Ley de Migración, será estudiada por la Comisión de Asuntos Migratorios.

Apología del delito

El Diputado Arturo Federico Ávila Anaya (MORENA) leyó iniciativa que reforma el Artículo 208 del Código Penal Federal, a efecto de señalar que quien en obras culturales, tales como películas, series de televisión, música, literatura, obras de teatro, videojuegos, o cualquier otra forma de expresión artística o mediática, realice apología de delitos, es decir promueva, glorifique o justifique la comisión de conductas ilícitas de manera que favorezca su imitación o incite a la audiencia a llevar a cabo tales actos, será sancionado, sin perjuicio de la responsabilidad civil derivada de los daños ocasionados por la difusión de tales contenidos. Se turnó a la Comisión de Justicia. 

Declara la Cámara de Diputados aprobado el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030

• Se remitió al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación
• Fue aprobado por 343 votos a favor, 122 en contra y cero abstenciones

La Cámara de Diputados declaró aprobado, por 343 votos a favor, 122 en contra y cero abstenciones, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030, enviado por la titular del Ejecutivo Federal el día 28 de febrero de 2025, por incluir y cumplir a cabalidad los fines del proyecto nacional establecidos en la Constitución Política.

Así lo anunció el Presidente de la Mesa Directiva, diputado Sergio Gutiérrez Luna, con fundamento en el artículo 74 fracción VII de la Carta Magna.

Pidió remitir al Ejecutivo Federal el acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su implementación integral. Solicitó darle formato de decreto.

El acuerdo menciona que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 enviado por la titular del Ejecutivo Federal el día 28 de febrero de 2025 por incluir y cumplir a cabalidad los fines del proyecto nacional establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Solicita enviar al Ejecutivo Federal las opiniones de las comisiones ordinarias y las observaciones individuales que las diputadas y diputados entregaron para los efectos a que haya lugar, así como publicar en la Gaceta Parlamentaria el contenido integral de las opiniones emitidas.

Indica que el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 satisface plenamente el mandato establecido en el Artículo 26, apartado A de la Constitución Política y en el artículo 21 de la Ley de Planeación, al incluir de forma explícita los fines del proyecto nacional establecidos en la Constitución, desarrollar un enfoque integral del desarrollo, proyectar acciones de largo alcance, incorporar criterios de participación democrática, y establecer mecanismos de ejecución y evaluación.

Desde una perspectiva constitucional y técnica, “El Plan debe considerarse jurídicamente válido y procedente, debiendo ser aprobado en los términos en que fue presentado por el Ejecutivo Federal”, señala.

Menciona que el análisis y las opiniones de las comisiones coincidieron, en términos generales, en que el Plan está alineado con los principios constitucionales de justicia social, equidad, bienestar, democracia, soberanía y sostenibilidad.

Realizado un examen exhaustivo del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, remitido por la presidenta de la República y publicado en la Gaceta Parlamentaria del 28 de febrero de 2025, “Se concluye que el documento cumple cabalmente con las exigencias establecidas en el artículo 21 de la Ley de Planeación”, por las razones que a continuación se exponen:

El Plan se articula alrededor de un modelo de planeación orientado al bienestar, al desarrollo integral y a la equidad social, en plena consonancia con el proyecto nacional consagrado en los artículos 25 y 26 de la Constitución. Dicho modelo se expresa en los cuatro ejes generales y tres ejes transversales que estructuran la política pública nacional.

Los generales son: Gobernanza con justicia y participación ciudadana, desarrollo con bienestar y humanismo, economía moral y trabajo, y desarrollo sustentable. Los transversales: Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres, innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional, y derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas.

Subraya que estos ejes articulan, con claridad y coherencia, los principios constitucionales de soberanía, democracia, justicia social, protección al medio ambiente, equidad de género, multiculturalismo y participación ciudadana.

Además, incorpora un enfoque multidimensional del desarrollo, tal como lo exige el propio Artículo 21 de la Ley de Planeación. No se limita a parámetros económicos, sino que abarca temáticas sociales, ambientales, culturales, regionales y tecnológicas. La promoción de una economía moral con derechos laborales, seguridad social, salarios dignos y vivienda, justa con políticas de salud universal, educación gratuita y justicia climática.

También establece como prioritario el Sistema Nacional de Cuidados, la transición energética justa, el fortalecimiento del IMSS-Bienestar, la reforma del Poder Judicial, el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y el respeto a los derechos humanos.

Expone que en cumplimiento del párrafo sexto del Artículo 21 de la Ley de Planeación, el documento no se limita al sexenio presidencial 2024-2030, sino que incorpora una visión de largo plazo, especialmente en el apartado denominado "Plan México", con estrategias nacionales proyectadas a veinte años para el fortalecimiento de la soberanía energética, la industrialización, la transición tecnológica y la infraestructura ferroviaria y logística.

Se da cumplimiento al principio de planeación democrática, al integrar los resultados de 57 foros estatales y un foro indígena nacional con la participación de más de 50 mil personas, incluidos representantes de los 68 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano. Esa metodología participativa asegura que las decisiones públicas reflejen el interés general y confiere legitimidad democrática al documento.

Precisa que el Plan señala los instrumentos presupuestarios, administrativos y jurídicos mediante los cuales se prevé su ejecución, establece responsables institucionales, mecanismos de monitoreo e indicadores de seguimiento. Incluye previsiones sobre el uso racional de los recursos y políticas de gasto público basadas en la austeridad republicana, la disciplina fiscal y el principio de que "No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, en plena congruencia con el Artículo 134 constitucional.

Nota informativa

Con respecto a información que se ha difundido en algunos medios de comunicación, relativa a contratos celebrados por esta dependencia, se hace del conocimiento de la opinión pública, lo siguiente:

La Secretaría de la Defensa Nacional formalizó 32 contratos para adquirir equipamiento para Defensa y la Guardia Nacional con las empresas “Avacor, S.A. de C.V.” y “Grupo Servicorvel, S.A. de C.V.”, como sigue:

A. 21 contratos por licitación pública, que permitieron la libre participación de diversas empresas y se otorgaron a las que cumplieron técnica y económicamente con los requisitos exigidos; así como, presentaron las mejores condiciones para esta Secretaría.

B. 5 por invitación a cuando menos tres personas, que permitió la participación de por lo menos tres empresas y ofertaron el precio más bajo.

C. 6 para bienes que no se compraron en la primera vuelta de una licitación pública, o por montos menores a 10 MDP, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Los 32 contratos se formalizaron durante el periodo del 2021 al 2024, en los que se privilegió la licitación pública, sin que existieran inconformidades de las empresas que participaron en los procedimientos de adquisición. Los bienes corresponden a las descripciones que se asentaron en los anexos técnicos y sus precios a los prevalecientes en el mercado.

La Secretaría de la Defensa Nacional realiza sus contrataciones con apego a la normatividad vigente en materia de adquisiciones y a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los recursos económicos de la Federación deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, trasparencia y honradez.

Plantea iniciativa que el delito de robo en transporte público amerite prisión preventiva oficiosa

• El Diputado Manzanilla Téllez (PT) pide reformar el artículo 19 de la Constitución Política

A fin de que el delito de robo en el transporte público se incluya en el catálogo de ilícitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, el Diputado Emilio Manzanilla Téllez (PT) impulsa una iniciativa que reforma el artículo 19 de la Constitución Política.

En el documento, enviado a la Comisión de Puntos Constitucionales, expone que la seguridad en el transporte público es un derecho fundamental para las y los ciudadanos, quienes deben desplazarse con la confianza de que no serán víctimas de delitos que atenten contra su integridad física y patrimonial.

Hace mención que el robo en el transporte público se ha convertido en una problemática que afecta gravemente a la población, particularmente en zonas urbanas y conurbadas del país, como es el caso del Estado de México. “A pesar de los esfuerzos por reducir la incidencia delictiva, el robo en el transporte público sigue siendo un fenómeno que pone en peligro no solo el bienestar de los usuarios, sino la estabilidad social”.

Por ello, considera que la incorporación de este ilícito en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa es una medida para enfrentar dicha problemática de manera efectiva y contundente, pues la impunidad en estos casos es factor que contribuye a la percepción de inseguridad y frustración de la ciudadanía.

Manzanilla Téllez reiteró que el robo en este tipo de transporte es uno de los delitos que más afecta a la población mexicana y mencionó que datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que el robo con violencia es una constante en muchas entidades federativas.

Tan solo en el Estado de México, esta problemática alcanza niveles alarmantes, ya que, de acuerdo con el SESNSP, entre enero y agosto de 2023 se registraron 6 mil 312 robos con violencia en transporte público, de los cuales 5 mil 432 ocurrieron en esa entidad federativa, lo que representa más de 86 por ciento de los casos a nivel nacional.

Además, dicho delito no solo afecta el patrimonio de las víctimas, sino en muchos casos pone en riesgo su integridad física y su vida. Los delincuentes suelen actuar en grupos organizados, con armas de fuego o armas blancas, lo que aumenta la peligrosidad de estos eventos.

El robo en el transporte público es un delito que impacta de manera directa en la percepción de inseguridad de los ciudadanos. La reincidencia es común entre los delincuentes que cometen estos actos, ya que, al no considerarse éste dentro del catálogo de aquellos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los responsables pueden enfrentar su proceso en libertad, lo que facilita que vuelvan a delinquir.

Explica que el artículo 19 constitucional amplía el catálogo de delitos que requieren prisión preventiva oficiosa y se justifica por la necesidad de proteger a la sociedad ante la alta reincidencia y peligrosidad de ciertos delitos; pero el robo en el transporte público, a pesar de su alta incidencia y gravedad, no ha sido incluido, dejando un vacío en la protección de los usuarios de este servicio.

La prisión preventiva oficiosa permitirá que los delincuentes que cometen este tipo de robos enfrenten su proceso legal desde el interior de un centro penitenciario, reduciendo el riesgo de que continúen delinquiendo mientras se lleva a cabo su juicio, y es una respuesta a la exigencia de la sociedad para tener un sistema de justicia más efectivo y protector de los derechos de las víctimas, subraya.

Aprueban en Comisión de Movilidad, exhortar a once Congresos Locales para que armonicen sus legislaciones con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial

La Comisión de Movilidad, que preside la Diputada Patricia Mercado Castro (MC), aprobó su programa anual de trabajo, así como un punto de acuerdo por el que se exhorta a once congresos locales a armonizar sus legislaciones locales con Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, a fin de cumplir lo establecido en el artículo segundo transitorio.

​Mercado Castro señaló, sobre este punto, que el proyecto de dictamen que se presenta coincide plenamente con el planteamiento realizado por el Diputado Pedro Vázquez González (PT) con la salvedad de realizar modificaciones al resolutivo original, a fin de exhortar únicamente a las legislaturas locales que no han dado cumplimiento a lo ordenado por dicho transitorio de la ley en mención, o que lo han hecho de forma parcial.

​Con base en ello, se propone exhortar a once poderes legislativos locales conforme al siguiente punto de acuerdo. “Único: La Honorable Cámara de Diputados exhorta a los Congresos Locales de las entidades federativas de Baja California, Zacatecas, Veracruz, Querétaro, Oaxaca, Chiapas, Coahuila de Zaragoza, Hidalgo, Ciudad de México, San Luis Potosí y Morelos a dar cumplimiento al segundo artículo transitorio de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial”.

Agregó que la Comisión está de acuerdo en la necesidad de sumar y coordinar los esfuerzos de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar el derecho humano a la movilidad, tal como lo reconoce el artículo 4º, párrafo XVII de la Constitución Política.

​Al respecto, el diputado Vázquez González indicó que su propuesta parte de que no es suficiente con haber aprobado la reforma en esta materia, sino tiene que llegar a los estados con el objetivo de que cumplan lo establecido en el artículo segundo, en torno a la armonización de las legislaciones locales con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.​

​Aclaró que el derecho humano a la movilidad tiene que ser en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, porque sigue siendo lamentable que en el país los peatones sean quienes concentren un mayor porcentaje de fallecimientos en accidentes de tránsito.

Plan Anual de Trabajo

En otro asunto, la presidenta de la Comisión dio a conocer algunos lineamientos del plan anual de trabajo, entre ellos dictaminar la totalidad de las iniciativas, minutas y proposiciones turnadas, siempre y cuando lo permitan los plazos establecidos en las disposiciones reglamentarias, así como el calendario de reuniones.

Concluir el proceso de armonización federal en coordinación con las autoridades competentes y la Colegisladora, a fin de acordar la ruta más efectiva para la aprobación de las reformas y coadyuvar a la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial con los marcos legales en las entidades federativas que están pendientes.

Realizará foros, seminarios y eventos con diversas instancias de la sociedad civil, la academia y la ciudadanía en general que fortalezcan el conocimiento y el intercambio de propuestas e ideas. Impulsar que las diferentes partidas presupuestarias se realicen bajo los criterios de movilidad y seguridad vial establecidos en la ley.

Asimismo, tener acercamientos con las instancias que forman parte del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial para conocer el estado actual de la política en la materia y los objetivos que se plantean y estudiar y proponer mecanismos que permitan homologar el acceso a permiso federales, estatales y municipales para circular por carreteras y vías de comunicación, entre otras acciones.

En este orden, informó que se integraron a este plan de trabajo las propuestas de la Diputada Hilda Araceli Brown Figueredo (MORENA) en torno a considerar espacios de diálogo con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, asociaciones civiles y transportistas, por ser los afectados por las decisiones sobre seguridad vial y la reglamentación de movilidad.

Asimismo, estudiar la forma de homologar el acceso a permisos federales, estatales y municipales para circular por carreteras y vías de comunicación de los tres órdenes de gobierno e involucrar a la Guardia Nacional en el cuidado de todas las vías, en beneficio de la seguridad y de menores costos para transportistas, pasajeros y consumidores finales de mercancías.

También se integró la propuesta del Diputado Iván Peña Vidal (MORENA) para impulsar las reformas necesarias con el fin de establecer medidas mínimas de tránsito para personas usuarias de motocicletas, y establecer en los reglamentos de tránsito estatal, municipal y federal, el número máximo de personas que pueden transportarse y la edad de las mismas.

Además, a propuesta del Diputado César Agustín Hernández Pérez (MORENA), se modificó el párrafo segundo del apartado “Presentación” para precisar el periodo de vigencia del programa anual de trabajo a partir de la fecha de instalación, es decir del 13 de noviembre de 2024 al 31 de agosto de 2025.

Más adelante, la Diputada Mercado Castro hizo del conocimiento de las y los integrantes el acuerdo del Congreso de Chihuahua, a través del cual se exhorta a la Cámara de Diputados, así como a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para que continúen con el proyecto de reforma que regularía el transporte a través de plataformas digitales de movilidad en los aeropuertos.

​Y en otro orden se discutió sobre la elaboración de una propuesta integral para impulsar la inclusión del derecho a la movilidad y la seguridad vial como parte de la propuesta al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026.

En este sentido, el Diputado Hugo Manuel Luna Vázquez (MC) propuso desarrollar una metodología bajo principios de transversalidad que facilite la identificación y la promoción dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, de criterios, proyectos y acciones orientadas al cumplimiento del derecho de las personas a la movilidad. Este derecho, consagrado en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, debe garantizar condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, la cual fue aprobada.

Indicó que el objetivo es trazar la ruta usando el Presupuesto 2025 como un mecanismo previo a los presupuestos subsecuentes y se vuelva práctica de trabajo.

El Diputado Pedro Garza Treviño (PAN) propuso agregarle el término “transversalidad”, pues consideró factible buscar en otros organismos públicos o privados el apoyo y la continuidad de las construcciones, como en el caso de obras, porque hay municipios, estados y organismos que cuentan con el Instituto Mexicano de Transporte.

Intervención de diputados y diputadas

​El Diputado Luis Fernando Vilchis Contreras (PT) propuso integrar al programa de trabajo su propuesta en materia de casetas de peaje sin saldo mínimo para todos aquellos que utilizan TAG, y les piden un mínimo de crédito.

​De igual forma, sugirió que dentro de los trabajos que realice la Comisión en este primer se incluyan acercamientos con la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de que se atiendan los delitos que se comenten en el transporte público.

​El Diputado Garza Treviño pidió que se haga una reunión con autoridades de CAPUFE para abordar este tema y tratar de homologar las tarjetas de cobro de peaje, toda vez que no en todas las carreteras aceptan el mismo TAG.

​El Diputado Peña Vidal solicitó llevar a cabo reuniones con autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para tratar este tema, porque existen otras comisiones involucradas que pueden aportar ideas. Dijo que se tiene que buscar una cita con autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública para abordar la inseguridad en carreteras.

​Del PRI, la Diputada Abigail Arredondo Ramos se unió a la propuesta de dar seguridad en el transporte público, porque se encuentran identificados claramente los puntos de asalto, pero no se ha hecho mucho al respecto, lo cual tiene que ver con la movilidad en un transporte seguro.

Asuntos generales

​La Diputada Patricia Mercado informó que partir de la fecha de instalación de la Comisión se han recibido diversos oficios de la Mesa Directiva, entre ellos la iniciativa que adiciona la fracción IV del apartado A del artículo VII de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, suscrita por el diputado Carlos Fernando García Astorga (PAN), en materia de movilidad con perspectiva de género.

​La iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Promoción y Fomento a la Movilidad Eléctrica o Electromovilidad, presentada por la diputada, Alma Monserrat Córdoba Navarrete (MORENA).

​La iniciativa que reforma los artículos 14 y 43 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, presentada por la diputada Mónica Becerra Moreno, y suscrita por diputadas y diputados del PAN, en materia de transporte público gratuito para personas en situaciones de vulnerabilidad y estudiantes de nivel básico, medio superior, superior y postgrado.

​Asimismo, la iniciativa que modifica los artículos 44 y 49 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, suscrita por el diputado Francisco Javier Borrego Adamen (MORENA) sobre medidas mínimas de tránsito para el transporte de carga.

La iniciativa que reforma el artículo 68 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, presentada por el diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso y suscrita por diputadas y diputados del PAN, relacionada con la disposición de lugares de estacionamiento cercanos a las entradas principales de espacios públicos para personas con movilidad reducida.

Cámara de Diputados turna a Comisión de Puntos Constitucionales, minuta que reforma la Constitución Política en materia de lenguaje inclusivo

* La Mesa Directiva da trámite a comunicaciones de legisladora y dependencias federales

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales una minuta del Senado que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de lenguaje inclusivo.

El propósito es integrar los términos Presidenta de la República, gobernadoras, jefa de gobierno, presidenta municipal y persona titular del Ejecutivo Federal, en los artículos 26, 35, 41, 55, 66, 69, 71, 73, 74, 76, 78, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 108, 111, 115, 116, 118, 127 y 133.

En la sesión matutina de este miércoles fue canalizada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público iniciativa de la Senadora Nora Ruvalcaba Gámez (MORENA), que reforma el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Busca establecer que el porcentaje que se destine para la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los tipos de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria, se hará tomando en cuenta el número de planteles y estudiantes de educación de cada tipo, priorizando una asignación proporcional.

Precisa que la asignación al tipo educativo de educación media superior no podrá ser inferior al tipo de educación superior en su modalidad universitaria.

En otro tema, el Servicio de Administración Tributaria informó que las asignaciones o donaciones de mercancías de comercio exterior que han pasado a propiedad del Fisco Federal o se pueden disponer legalmente de ellas, que no resultan transferibles al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, durante el mes de noviembre de 2024, asignó un total de 527 bienes aptos para su uso, los cuales consistieron en bienes numismáticos. Se envió a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.

Enseguida, el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Sergio Gutiérrez Luna, dio a conocer que en términos de los artículos 100, 102 y 299 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán remitidas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

Posteriormente, levantó la sesión y solicitó a las y los diputados permanecer en sus lugares para dar inicio a la sesión vespertina, en modalidad semipresencial.

Senadoras trabajan en la construcción de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano

* Sesiona comité técnico encargado de elaborar la legislación secundaria de la reforma constitucional.

Las Senadoras Beatriz Mojica Morga, Susana Harp Iturribarría, Reyna Celeste Ascencio Ortega y María Martina Kantún Can participaron en la primera sesión del Comité Técnico Encargado de Elaborar la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Previo al encuentro, que se llevó a cabo en el Complejo Cultural Los Pinos, Reyna Celeste Ascencio Ortega, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, destacó que se diseña una legislación secundaria acorde con la reforma al artículo 2o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que garantiza, de manera integral, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, aprobada en el Senado de la República el pasado 24 de septiembre.

En entrevista, refirió que dentro de los tópicos que prevé la legislación está el autogobierno, presupuesto directo, la participación política de las mujeres, particularmente en los consejos comunales, educación, entre otras áreas.

Agregó que “entre los grandes temas que considero importante es evidentemente la participación política de la mujer, ahora lo ha manifestado la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es tiempo de mujeres, y todas creemos que sí, en efecto, ya se nos tiene que considerar para esta toma de decisiones".

Celeste Ascencio también destacó la importancia de identificar y separar los términos de autogobierno con presupuesto directo.

"Hay algunas personas que piensan que con el autogobierno solamente pueden acceder al presupuesto directo, pero no, se puede acceder al presupuesto directo sin que necesariamente seas autogobierno”, explicó.

También consideró indispensable definir qué pasa cuando un pueblo o comunidad originaria es de autogobierno, pero alguno de sus integrantes quiere participar como regidor, como diputado o en cualquier cargo de elección popular.

La Presidenta de la Comisión de Cultura, Beatriz Mojica Morga, destacó la importancia de incluir los principios de “no discriminación y no racismo”, así como el interés superior de la niñez en la legislación secundaria, porque ningún uso o costumbre puede estar por encima de esto

Piden elevar a rango constitucional el derecho de embarazadas en vulnerabilidad a recibir un subsidio

* El Diputado Fidel Daniel Chimal García (PAN) presentó una iniciativa con ese propósito

Con el objetivo de que las mujeres embarazadas en vulnerabilidad tengan derecho a recibir un subsidio de natalidad sin menoscabo del derecho a recibir otros apoyos que les correspondan, el Diputado Fidel Daniel Chimal García (PAN) propuso reformar el artículo 4º la Constitución Política.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y que adiciona un último párrafo a dicho artículo de la Carta Magna, argumenta que una mujer embarazada puede encontrarse en un estado de alta vulnerabilidad o situaciones que afecten drásticamente su estado socioeconómico y salud, lo que puede poner en riesgo tanto su vida como la de su hijo o hija que está por nacer.

Explica que el embarazo en condiciones de vulnerabilidad implica que tanto la madre como el bebé están expuestos a diversos riesgos antes y después del parto, los cuales pueden surgir en ámbitos sociales, familiares, económicos, educativos y emocionales, afectando negativamente la salud física y psicológica de ambos. Por ello, es fundamental proporcionar apoyos económicos que fomenten el cuidado de su salud y bienestar.

El documento precisa que actualmente no hay un apoyo suficiente del Estado para proteger este derecho fundamental. Menciona que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece incentivos de natalidad a sus derechohabientes, pero muchas mujeres en situación de vulnerabilidad y sin seguro social no tienen acceso a estos beneficios; además, solo aplica para aquellas que coticen ante dicha institución.

También, agrega, la Secretaría de Bienestar otorga un apoyo económico a mujeres en estado de vulnerabilidad de 2 mil 600 pesos bimestrales, en especial para aquellas que son jefas de familias, pero este programa no está implementado en todos los Estados.

Resalta que en nuestro país todavía no se valora lo suficiente la importancia de las mujeres embarazadas, por lo que su cuidado es escaso; por ello, la protección de la maternidad deber ser una prioridad.

Ante la situación que viven muchas mujeres embarazadas que no tienen acceso a estos incentivos, sostiene, se debe establecer un apoyo económico destinado a garantizar el bienestar de la madre y el recién nacido, promoviendo así la igualdad de oportunidades que contribuirá al desarrollo integral de las familias mexicanas.

Dicho apoyo, añade, se debe extender a todas las embarazadas de escasos recursos, independientemente de su afiliación al IMSS, para promover la equidad y el desarrollo social.

La propuesta de reforma plantea establecer en sus artículos transitorios que la Secretaría de Bienestar emitirá las reglas de operación necesarias para la implementación del programa en un plazo no mayor a 90 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remite a Comisión minuta en materia de seguridad pública

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la recepción de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución Política, en materia de seguridad pública, y la remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se determina que la investigación de los delitos corresponderá además del Ministerio Público, a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su competencia.

Puntualiza que los fondos de ayuda federal para la seguridad pública serán auditados y su debido ejercicio vigilado por el Sistema a través de su Secretariado Ejecutivo.

Además, el Sistema contará con un Secretariado Ejecutivo, el cual podrá ampliar las bases, emitir acuerdos y lineamientos, realizar acciones necesarias para lograr la homologación de estándares y criterios, así como una coordinación eficiente, transparente y responsable, en el ejercicio de las atribuciones concurrentes de los tres órdenes; en todo momento en atención a los fines del Sistema y los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Establece que la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, auxiliará a la persona presidenta de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional; le corresponderá la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública, en los términos que señale la ley.

Podrá coordinar acciones de colaboración de los tres órdenes de gobierno, a través de las instituciones de seguridad pública, los cuales deberán proporcionar la información de que dispongan o recaben en la materia conforme a la ley. Podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos.

Combate a la delincuencia es prioridad: Cantón Zetina

* Destaca reforma constitucional ara hacer efectiva la coordinación entre los tres niveles de gobierno en esta materia

El Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, aseguró que el combate a la delincuencia es una prioridad, por lo que se busca fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad con la reforma al artículo 21 de la Constitución Política, cuyo análisis inició este lunes en comisiones del Senado de la República.

Durante una entrevista, el legislador adelantó que para mañana se podría llevar a cabo una reunión con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a fin de revisar los alcances de la iniciativa que presentó la titular del Ejecutivo Federal, pero dicho encuentro aún está por confirmarse.

Se trata, dijo, de que esta dependencia federal coordine la Estrategia Nacional de Seguridad y de hacer efectiva la coordinación entre los tres niveles de gobierno para enfrentar los problemas de inseguridad.

“Lo estamos haciendo así para que haya una coordinación también con los poderes locales, los municipios, los estados y todas las entidades del Poder Ejecutivo Federal. Y estamos, además, remarcando algo que es fundamental, que el mando es civil en todo momento, por eso la Secretaría de Seguridad es la que coordinará estos trabajos, donde estarán las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina Armada y la Guardia Nacional”, explicó el legislador.

Cantón Zetina rechazó que la delincuencia en el país esté “desbordada” y aseguró que los casos de violencia que se han registrado son una reacción de los grupos criminales ante los programas que se han implementado para combatir a la delincuencia organizada.

Dijo que los delincuentes tratan de presionar y “crear un ambiente psicológico en todo el país” de que se está generalizando la violencia y de que el problema “está fuera de control”.

El senador recordó que, aunado a lo anterior, se ha registrado en México una “gran escalada” de tráfico de armas “que no se ha podido controlar”, además de que ha ido en aumento el consumo de drogas en los Estados Unidos, problemáticas que, subrayó, repercuten en la estabilidad del país.

En ese sentido, opinó que todos los gobiernos, independientemente de su filiación partidista, deben asumir su responsabilidad en el combate y prevención de la delincuencia.

“Todos somos responsables, aquí nadie puede hacerse para atrás y nadie puede seguirle echando la culpa al pasado; es una acción que tenemos que enfrentar, el día de hoy y con vistas al futuro”, enfatizó.

El próximo lunes se dictaminará en comisiones la iniciativa que reforma el artículo 21 de la Constitución

* Busca fortalecer el combate a la delincuencia y reducir los índices de criminalidad

La iniciativa que reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución Política, en materia de seguridad pública, será dictaminada el próximo lunes 11 de noviembre, a las 12:00 horas, determinaron las juntas directivas de las comisiones de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos Primera.

Dicha iniciativa, enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca consolidar la Estrategia de Seguridad Pública, combatir la delincuencia y reducir la criminalidad, a través de la ampliación de las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC).

La Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Lucía Trasviña Waldenrath, indicó que la decisión para realizar la discusión responde a que la iniciativa es prioridad en la agenda legislativa. “Además, por tratarse de una reforma relevante para la vida nacional y por ser una reforma constitucional, la reunión del próximo lunes se realizará de manera presencial”, subrayó.

Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, solicitó que en dicha sesión se otorgue el tiempo suficiente a los grupos parlamentarios para que emitan comentarios.

En el mismo sentido, Ricardo Anaya Cortés, del PAN, planteó que en la discusión se dé oportunidad de participar en el debate a los integrantes de las tres comisiones dictaminadoras.

Posteriormente, por mayoría de votos, las juntas directivas de las comisiones aprobaron que en el análisis de la iniciativa se den cinco minutos por integrante de cada grupo parlamentario y por comisión.

Emite el Senado de la República declaratoria de aprobación de la reforma constitucional en materia de bienestar

* Se recibieron votos aprobatorios de 22 congresos estatales

El Senado de la República emitió la declaratoria de aprobación de la reforma a los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar, toda vez que se recibieron los votos aprobatorios de 22 congresos estatales.

La reforma eleva a rango constitucional los apoyos sociales, con el fin de garantizar un estándar mínimo de bienestar y desarrollo para las personas con discapacidad, adultas mayores, campesinos y pescadores del país.

Se trata de asegurar un esquema de bienestar para las personas que viven en condición de vulnerabilidad.

La Secretaría de la Mesa Directiva computó las siguientes legislaturas locales que, hasta el momento, votaron en favor del decreto: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Ciudad de México y Nayarit.

Después de realizar la declaratoria, que da cumplimiento al artículo 135 constitucional, el Presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, instruyó para que la declaratoria se envíe a la Cámara de Diputados y se realice la declaratoria correspondiente.

Además, dijo que la Presidencia de la Mesa Directiva permanecerá atenta a las comunicaciones de otras legislaturas que remitan sus votos en relación con la reforma constitucional, a efecto de incorporarlas al expediente correspondiente.

Diputadas y diputados conocen para trámite de publicidad dictamen que plantea la extinción de siete organismos autónomos

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de publicidad del proyecto de decreto de reformas constitucionales que plantean la extinción de siete órganos autónomos.

El documento reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de los artículos 3°, 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116, 123 y 134 de la Constitución Política.

Los organismos que se propone extinguir son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH).

El dictamen destaca en su régimen transitorio que las economías y ahorros que se generen con la extinción de estos entes públicos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Aclara que los derechos laborales de las personas servidoras públicas serán respetados en su totalidad, en términos de la legislación aplicable.

Las reformas también extinguen los organismos autónomos estatales garantes del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

Asimismo, otorgan al INE la competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales a cargo de los partidos políticos.

INAI

En la fracción VIII del apartado A del artículo 6 se derogan los párrafos relativos al funcionamiento y atribuciones del INAI, y el párrafo donde se reconoce la autonomía de este organismo se reforma para indicar que los sujetos obligados deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales.

Las leyes en la materia determinarán los principios generales, así como la competencia de las autoridades de control interno y vigilancia u homólogos en el ámbito federal y local para conocer de los procedimientos de revisión contra los actos que emitan los sujetos obligados.

Agrega que los sujetos obligados se regirán por la ley general en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales, en los términos que esta se emita por el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.

Las adecuaciones al artículo 41 constitucional plantean que el Instituto Nacional Electoral tendrá competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales a cargo de los partidos políticos; también conocerá de los recursos de revisión que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los partidos políticos en los términos que establezca la ley.

En el apartado B del artículo 123 se establece que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tendrá la competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública de los sindicatos y conocerá de los recursos de revisión que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los mismos.

CONEVAL

En el artículo 26 se deroga el apartado C relativo a la estructura y funciones del CONEVAL, y se reforma el apartado B para estipular que el INEGI “también estará a cargo de la medición de la pobreza y la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las formas de coordinación con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de estas funciones”.

Cofece e IFT

El artículo 28 se reforma para suprimir las referencias a la COFECE y transferir sus facultades al Ejecutivo Federal para que cumpla con el objetivo del Estado de garantizar la libre competencia y concurrencia, “a través de la dependencia encargada de formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país”.

También se suprime la mención al IFT y se establece que su objeto y facultades las tendrá el Ejecutivo Federal, a través de la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión.

De esta manera, el Ejecutivo Federal será la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, y le corresponderá el otorgamiento, revocación y autorización de cesiones o cambios de control accionarios, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones.

También fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones. Para garantizar la transparencia de las concesiones habrá un Sistema Nacional de Información de Infraestructura a cargo de la dependencia responsable de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del Gobierno Federal.

Menciona que las normas generales, actos u omisiones de las dependencias que tendrán las facultades de la Cofece e IFT “podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión”.

Solamente en los casos en que se impongan multas, desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva.

Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de la Constitución, y en ningún caso se admitirán recursos ordinarios contra actos intraprocesales.

MEJOREDU

Se deroga la fracción IX del artículo 3°, relativa a la estructura, funciones y facultades de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación encargada de coordinar el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.

CRE y CNH

En el artículo 28 se modifica el párrafo que actualmente indica que el Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, para quedar de la siguiente manera: “El Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la dependencia encargada de conducir la política energética del país, contará con atribuciones para llevar a cabo la regulación técnica y económica, así como la facultad sancionadora en materia energética y de hidrocarburos, en los términos que determine la ley”.

Organismos autónomos estatales garantes del derecho de acceso a la información

Se reforma el artículo 116, con lo cual se elimina la figura de los organismos autónomos estatales garantes del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

La redacción propuesta dice que las constituciones de los estados, en términos de la ley general, definirán la competencia de los órganos encargados de la contraloría u homólogos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y demás sujetos obligados responsables de garantizar el derecho de acceso a la información pública y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

Austeridad republicana

En el artículo 134 se establece que los entes públicos ajustarán sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana, eliminando todo tipo de duplicidades funcionales u organizacionales, atendiendo a las necesidades de mejora y modernización de la gestión pública.

En el apartado de los artículos transitorios se destaca que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes que correspondan.

Respecto a lo dispuesto en el artículo 134, las adecuaciones legislativas que se realicen deberán considerar la eliminación de los organismos, unidades administrativas o estructuras que representen duplicidad de funciones, así como la integración de los órganos desconcentrados y descentralizados o unidades administrativas en las dependencias de la administración pública centralizada que puedan asumir su competencia.

Las legislaturas de las entidades federativas tendrán el plazo máximo de 90 días naturales contados a partir de la expedición de la legislación para armonizar su marco jurídico en materia de acceso a la información.

Además, en el artículo 123 se define que los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores, así como los que se susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados, serán resueltos por el “Tribunal de Disciplina Judicial”.

En la fracción I del artículo 113, referente a la integración del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, se cambia la referencia del “Consejo de la Judicatura Federal”, por la de “Tribunal de Disciplina Judicial”.