Se manifiestan trabajadores de centros nocturnos y antros

Bailarinas, meseros, y dueños de 524 table dance están frente a Palacio de Gobierno y acusan a las autoridades de negligentes. CLAUDIA GONZÁLEZ.

Toluca. Aproximadamente 500 trabajadores, entre bailarinas, meseros, garroteros, además de personal de seguridad de bares y antros catalogados como table dance se manifestaron frente a las puertas del palacio de gobierno estatal, criticando el cierre de dichas fuentes de trabajo, que también son visitadas por funcionarios públicos, dijo Miguel Ángel José, representante de 25 bares de Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Toluca. El también vocero de la Unión de Bares del Estado de México añadió que los empresarios del sector son víctimas de la delincuencia, no generadores de ella, al grado de que en las localidades mencionadas hay una serie de exigencias para los dueños, y pidió al gobernador que admita la existencia de los cárteles de La Familia Michoacana y Los Zetas, responsables también de la serie de homicidios perpetrados en los últimos días en dichos sitios. “A nosotros llegan, nos queman y nos rafaguean, pero en lugar de que las autoridades investiguen, lo que hacen es cerrar y con eso creen que se acaba la delincuencia, cuando son hechos ligados con el narcotráfico, no con los empresarios”. Explicó que en lo que va del año y durante 2013 en la entidad cerraron hasta 524 sitios catalogados como “giros rojos”, dejando sin empleo a jefes de familia o el único sostén de sus hogares, quienes “van a tener que unirse a la delincuencia” si no encuentran otras vías para llevar dinero a sus casas. Apostadas en la calle de Lerdo, algunas de las mujeres presentes aseguraron ser bailarinas, negaron estar obligadas a trabajar en los antros y ser víctimas de la trata de blancas. “Todas ellas trabajan voluntariamente con nosotros y cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado de México dice que rescató o liberó a 50 víctimas de ese delito, la realidad es que dejaron sin trabajo a esa cantidad de gente”. El representante afirmó que en los cerca de 2 mil centros nocturnos distribuidos en el territorio estatal entran policías, servidores públicos y otro tipo de funcionarios de todos los niveles de gobierno, en donde las trabajadoras tienen libre acceso y salida de los lugares; de modo que pidieron al gobierno estatal que detenga la iniciativa de ley que los va a catalogar como criminales para impedirles trabajar. “Son mujeres que bailan o de compañía, que conviven con los clientes. No necesariamente prostitutas, porque esa es la que se vende. Estamos abiertos a los operativos, solo que no nos traten como delincuentes”. Incluso pidió que en los registros realizados por autoridades estatales y federales, también participe un integrante de la Comisión de Derechos Humanos mexiquense, pues advirtió que este tipo de estrategias sirven a los empresarios para ahuyentar a quienes los extorsionan. “Somos víctimas de la extorsión, es frecuente, pero no buscamos a la autoridad porque es peor, ellos no buscan a los responsables del delito, sino nos amedrentan y creen que con eso se acabó la delincuencia. A nosotros nos piden entre 5 y 6 mil pesos por semana”.