Jornaleros esclavizados, en el olvido de las autoridades

Redacción Revolución - @revolucion3_0

Jornaleros como esclavos en BCS Cada año, a la región conocida como Mulegé, entre las comunidades de Todos Santos y El Pescadero, en Baja California, arriban cerca de 22 mil jornaleros agrícolas, quienes enganchados con promesas de buenos sueldos y una mejor oportunidad de vida, son sometidos a jornadas esclavistas en la pizca, dentro de zonas de trabajo dignas de un campo de concentración nazi. La situación de los trabajadores en el estado, reportada anteriormente por Revolución TresPuntoCero, fue reconocida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a través de su delegado Ernesto Álvarez Gámez, quien aceptó que éstos –en su mayoría oriundos del sur del país- son reclutados por enganchadores únicamente con la promesa de empleo seguro, hogar y alimentos. En muchas ocasiones, los reclutadores llevan a más personas de las permitidas a fin de recibir mejores comisiones, pero una vez en Baja California Sur, los ranchos los dejan a su suerte. Quienes sí son requeridos para el trabajo, no ganan los 200 o 300 pesos diarios que les fueron prometidos, sino 130 con la agravante de que tienen que pagar comida y gas. Por ellos muchos terminan deambulando en las orillas de la ciudad, en calidad de indigentes. Autoridades omisas Hace poco, un operativo conjunto entre la STPS, la Procuraduría General de la República (PGR), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), INFONAVIT, Secretaría de Salud, y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), logró ingresar a ocho ranchos de trabajo en Mulegé (Productora Agrícola Industrial del Noroeste, S.A. de C.V.; WPH internacional; Agrícola Baja; Negocio Agrícola San Enrique; Rancho El Piloto; Agrícola El Consuelo; Rancho La Misión y Rancho Don Juanito), donde emitieron 925 medidas a corregir debido a las deplorables condiciones humanitarias y sanitarias. Sin embargo, estos no serían los únicos hallazgos de las autoridades, pues la PGR admitió que tienen evidencias documentadas de con “situaciones muy lamentables”, entre las que se encuentran una menor de 11 años embarazada por violación, aunado a una averiguación previa en el Rancho “El Piloto” por el delito de trata de personas. Como si estos descubrimientos no fueran suficientes, se pudo constatar que los dormitorios de los jornaleros, son “habitaciones” de aproximadamente tres por cuatro metros hecha de lámina galvanizada, donde duermen entre ocho y nueve personas bajo las altas temperaturas provocadas por el material. Todavía más lamentable, fueron los quince menores de edad que encontraron, todos con menos de 10 años y enfermos de varicela, entre ellos dos recién nacidos, sin cuidados médicos o el de su madre. A raíz de la crisis laboral y humanitaria que se vive, funcionarios de la STPS, Derechos Humanos, seguridad social y otras dependencias de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), acordaron la creación de una comisión encargada de apoyar a los afectados a regresar a su lugar de origen. No obstante cuando un jornalero acudió a solicitar la ayuda, ésta le fue negada por falta de fondos, acto seguido recurrió a la CEDH, STPS, SEDESOL, gobierno estatal e incluso al Congreso local y la respuesta fue la misma, bajo el argumento de que ninguna autoridad es competente para llevar los casos.