• El Diputado Murguía Lardizábal (MORENA) impulsa modificar la Ley de Seguridad Nacional
El Diputado Daniel Murguía Lardizábal (MORENA) propuso
adicionar la fracción XII Bis al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional,
para incluir en la lista de amenazas a la Seguridad Nacional “los actos
tendientes a vulnerar la seguridad tecnológica de la información de la nación”.
La iniciativa presentada explica que es necesario
establecer los mecanismos oportunos para atender un problema que representa un
riesgo para las y los mexicanos, toda vez que los ataques a las tecnologías de
la información representan un gran desafío que requiere ser atendido con
firmeza.
Puntualiza que las vulneraciones a los sistemas tecnológicos
afectan por igual a los bienes públicos, a gobiernos, a organizaciones y a las
personas, causando daños importantes.
Menciona que el año pasado México sufrió 120 mil millones de
amenazas electrónicas, de acuerdo con datos de la firma mexicana de
ciberseguridad Silikn, mientras que la plataforma de inteligencia de amenazas
FortiGuard Labs de Fortinet reportó 187 mil millones de intentos de
ciberataques, 20 por ciento más que en 2021.
A su vez, en el Reporte Global de Ciberataques, realizado
por la división de inteligencia de amenazas de Check Point, detalló que,
durante el primer trimestre de 2023, en nuestro país se registraron mil 607
ataques semanales.
En cuanto a las pérdidas económicas por los ciberataques, la
iniciativa argumenta que se estiman entre 3 mil y 5 mil millones de dólares
anuales.
Destaca que el mayor ataque ha sido a través del ransomware
(código malicioso que impide la utilización de los equipos o sistemas que
infecta), donde “el costo promedio para una empresa pequeña o mediana es de 2
millones de pesos, además del daño en la reputación y pérdida de clientes.
El sector público, añade la iniciativa, ha sido igualmente
afectado por ataques a sus sistemas informáticos. Entre las dependencias,
destacan “Petróleos Mexicanos, Banco de México y el Servicio de Administración
Tributaria, así como las secretarías de Economía, del Trabajo, de la Defensa
Nacional, y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
También el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
y la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros.
Menciona que en el ataque cibernético a PEMEX en 2019 se vieron comprometidos documentos e información como planos de infraestructura y trabajos corporativos, proveedores, clientes y datos personales de empleados, los cuales fueron expuestos y difundidos por los ciberdelincuentes en la “deep web” que, para su liberación, solicitaban 4.9 millones de dólares.
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