• En 2011 se reformó la Constitución para reconocer el derecho
a la alimentación y desde entonces está pendiente su ley secundaria.
• El 19 de septiembre pasado, el Senado aprobó la Ley General
de Alimentación Adecuada y Sostenible y la turnó a la Cámara de Diputados para
su revisión.
La legislación específica sobre el derecho a la alimentación
en México es una tarea pendiente del Congreso desde el 2011, año en el que se
reformó la Constitución para reconocer el derecho de toda persona la
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, según un documento realizado
por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario
Domínguez (IBD).
El análisis sobre la Ley General de alimentación Adecuada y
Sostenible, elaborado por la investigadora Concepción Torres Ramírez, señala
que esta ley reconoce el derecho de las personas a una alimentación adecuada en
todo momento, a disponer de alimentos para consumo diario y a tener acceso a
alimentos inocuos y de calidad que satisfagan las necesidades fisiológicas en
cada ciclo vital.
Además, ordena que las dependencias de gobierno realicen al
menos el 15% de sus compras de alimento e insumos primarios a productores de
pequeña y mediana escala.
Por otro lado, se prohíbe que los establecimientos
comerciales desechen los alimentos que estén en condiciones de ser consumidos
por los seres humanos.
De acuerdo con el estudio del IBD, la Ley General de
alimentación Adecuada y Sostenible implica una reorganización institucional sin
erogaciones adicionales de presupuesto y destaca que considera la participación
de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad en las definiciones referentes
al derecho a la alimentación, por lo que parece viable su aprobación.
El documento del IBD se puede consultar en la siguiente
dirección:
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/6085
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