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Los casos de tortura presentados ocurridos entre 2002 y 2012, aún no cuentan con un solo culpable jurídico, mientras que la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR), indicó que únicamente se han iniciado 39 averiguaciones previas donde no se emitió ninguna acción penal y orden de aprehensión.
Desde el año 2002, hasta que en 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) limitó el fuero militar, la Procuraduría General de Justicia Militar, comenzó 142 averiguaciones previas por violaciones cometidas contras personas con uso de tortura, y otros 821 más por el crimen de “violencia contra las personas causando lesiones”, donde también se habría aplicado tortura, sin embargo de todas las investigaciones sólo seis llegaron a los juzgados sin sanciones finales.
De acuerdo a una solicitud de información realizada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ni un solo servidor público de dicha dependencia ha sido sancionado penalmente en el lapso de tiempo ya mencionado.
Contrario a ello, en octubre de 2013 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aseveró que entre 2006 y 2012 existieron aproximadamente 7 mil 253 casos de tortura, y precisamente fueron la Sedena y la PGR quienes acumularon más quejas en su contra.
De manera específica, la CNDH señaló que el Ejército fue acusado de 75 casos de tortura y 3 mil 580 de trato cruel, al tiempo que a la PGR se le achacan 34 y 2 mil 026 respectivamente, en el periodo del año 2000 al 2012.
Al respecto, el Centro de “Tlachinollan”, luego de reunirse con el relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan E. Méndez que se encuentra de visita en México, indicó que en el país no existen protocolos adecuados para actuar y prevenir la tortura.
Otra solicitud de información realizada por el mismo Centro, reveló que para la Sedena son inexistentes los datos sobre los protocolos de actuación en las detenciones o aseguramientos, y los mecanismos para proteger a las personas relacionadas.
Por su parte, la PGR afirmó que para iniciar las investigaciones en casos de tortura ejecuta el Dictamen Médico-Psicológico especializado, que en realidad en una versión adaptada de la prueba internacional que determina si alguien fue víctima de tortura y trato cruel, conocido como Protocolo Estambul.
Cabe recordar que aunado a que se prohíbe en los artículos 19, 20 y 22 constitucionales, México es incluido en múltiples esfuerzos a nivel mundial para combatir y terminar con la tortura como la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
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