Congresistas de MORENA, PVEM y PAN respaldaron la propuesta de la Diputada Alexia Dávila y del Diputado Pablo de Fernández de Cevallos para fortalecer la participación de las juventudes en las decisiones sobre políticas públicas, pues consideraron que su representación debe ser mayor
La Diputada Alexia Dávila, el Diputado Israel Espíndola (MORENA) y la legisladora Alejandra Figueroa (PVEM) destacaron la importancia del proyecto para el desarrollo integral de las juventudes, que representan a uno de cada tres habitantes del Estado de México
Dado que uno de cada tres habitantes del Estado de México, cuya población ronda los 17 millones, pertenece al sector juvenil, congresistas de MORENA, PVEM y PAN respaldaron la propuesta de la Diputada Rocío Alexia Dávila Sánchez y del Diputado Pablo de Fernández de Cevallos González, integrante y Coordinador del grupo parlamentario del PAN, respectivamente, para fortalecer la participación de las juventudes en las decisiones de política pública, al considerar necesario ampliar su representación.
En reunión de la Comisión de la Juventud y el Deporte de la LXII Legislatura mexiquense, la Diputada Alexia Dávila, el Diputado Israel Espíndola López (MORENA) y la Legisladora Alejandra Figueroa Adame (PVEM) coincidieron en la relevancia del proyecto legislativo para reformar la Ley de la Juventud, porque promueve el desarrollo integral de las juventudes a través de su participación en la toma de decisiones sobre políticas públicas que atiendan sus necesidades, desde los ámbitos político, social, económico y cultural.
Alexia Dávila señaló que la iniciativa también busca promover la inclusión laboral, especialmente en zonas rurales y entre los sectores vulnerables, garantizar una representación digna de las juventudes, incorporar su perspectiva de manera transversal y establecer que los gobiernos estatal y municipales destinen recursos para su beneficio.
Al coincidir con los objetivos del proyecto legislativo, Israel Espíndola resaltó la propuesta de reconocer a las juventudes como sujetos de derechos y protagonistas de las decisiones públicas. De igual manera, reconoció los avances de los gobiernos federal y estatal en beneficio de las juventudes.
Al presidir la reunión, Alejandra Figueroa destacó la relevancia del sector juvenil por su peso en la población del Estado de México, así como por su representación en la lista nominal y su participación en los procesos electorales. Asimismo, solicitó a la Junta de Coordinación Política incorporar al análisis una propuesta del PVEM con objetivos similares.
Cabe señalar que la iniciativa de la bancada del PAN detalla las bases para la participación de las y los jóvenes en los sectores público, privado y social, con acciones destinadas a garantizar la protección y el ejercicio de sus derechos, así como prevenir su vulneración.
Igualmente, establece que este sector tendrá derecho y acceso a una representación digna en igualdad de condiciones, y recibir oportunidades laborales en la administración pública estatal y municipal, así como en la toma de decisiones, y señala que las autoridades responsables deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos de las juventudes.
La Diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) plantea reformar la Ley General de Salud
La Diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) busca reformar diversas disposiciones de la Ley General de Salud para establecer la gratuidad de los certificados de nacimiento, defunción y muerte fetal, así como su digitalización.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Salud, precisa que los certificados de nacimiento, defunción y de muerte fetal en todo caso serán gratuitos y cuando sean expedidos por particulares autorizados, el Sistema Nacional de Salud deberá cubrir los costos, de conformidad a los lineamientos que para el efecto emita.
La legislación vigente señala que el certificado de nacimiento será expedido por profesionales de la medicina, parteras tradicionales y personas autorizadas para ello la autoridad sanitaria competente. Con la adición planteada al artículo 389 Bis de la Ley General de Salud “estarán obligados a digitalizarlo en el sistema electrónico que disponga la Secretaría de Salud”.
El actual artículo 389 Bis indica que el certificado de nacimiento será requerido por las autoridades del Registro Civil a quienes pretendan declarar el nacimiento de una persona, con las excepciones que establezcan las disposiciones generales aplicables. La modificación propuesta subraya que dicho documento “estará en formato digital para la consulta y cotejo de la información”.
En la exposición de motivos, la legisladora puntualiza que en la Ley General de Salud que regula los certificados prenupciales, de nacimiento, discapacidad, defunción, muerte fetal y de exportación, “no se encuentra de manera expresa la gratuidad, por lo que se considera pertinente incorporarlo”.
Hace notar que si bien las instituciones de salud pública debieran tener médicos que pudieran expedir esta documentación, ante su omisión se puede conceder a particulares la facultad de hacerlo, como pueden ser médicos de instituciones privadas e incluso personas que de alguna manera se dediquen a actividades propias de servicios funerarios.
Considera que establecer su gratuidad en la Ley General de Salud es un acto de reforzamiento y en el caso de los certificados de defunción es iniciar con un proceso inexistente que, al obligar a las instituciones públicas a su expedición gratuita, se tendrán que hacer las adecuaciones reglamentarias y administrativas correspondientes.
Adicionalmente y a efecto de dotar de certeza jurídica a las niñas y niños respecto del registro de su nacimiento, partiendo de la base de la digitalización de su certificado de nacimiento, el cotejo del mismo y la correspondiente emisión del acta de nacimiento, “consideramos necesario que las autoridades responsables velen por el uso de la tecnología para tal efecto”, expone la diputada.
La legisladora señala que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), todas las personas tienen derecho a la inscripción de su nacimiento, debido a que este derecho se encuentra estrechamente vinculado con otros, como el acceso a la salud y la educación, además de contribuir a la protección de niñas y niños.
Refiere que el derecho a la identidad está reconocido en diversos instrumentos internacionales y que, en México, la Constitución establece que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrada de manera inmediata a su nacimiento, además de garantizar la gratuidad de la primera copia certificada del acta de nacimiento.
Añade que la legislación en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes reconoce el derecho de la niñez a ser inscrita en el Registro Civil de manera inmediata y gratuita, mientras que las legislaciones locales contemplan, en general, la gratuidad del registro de nacimiento.
Expone que la Ley General de Salud regula diversos certificados, entre ellos los de nacimiento, defunción y muerte fetal, sin establecer de manera expresa su gratuidad. Por ello, considera necesario incorporar esta disposición para garantizar que su expedición no represente un costo para las personas.
La legisladora considera que, así como es relevante garantizar la identidad de una persona al nacer, también debe asegurarse la certificación de su fallecimiento. En este sentido, señala que los certificados de defunción y de muerte fetal son documentos necesarios para acreditar legalmente el deceso y continuar con diversos trámites ante el Registro Civil.
Diputada Rubio Fernández (PAN) busca reformar los artículos 41 y 116 de la Constitución Política
La Diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) presentó una iniciativa que reforma los artículos 41 y 116 de la Constitución Política, para que las candidatas y los candidatos a un cargo de elección popular tengan la obligación de registrar sus compromisos electorales, que se darán a conocer en un padrón público nacional.
El documento que reforma los artículos 41 y 116, turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, detalla que el registro será operado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y deberá publicar los compromisos de las personas candidatas a cargos de elección popular.
Asimismo, las y los candidatos que resulten electos tendrán que rendir informes anuales al INE, con relación al cumplimiento de sus compromisos de campaña, acompañarán los documentos y medios idóneos para demostrar el grado de cumplimiento de estos y, en su caso, las causales por las que alguno de los compromisos no haya podido concretarse.
Agrega que las personas postulantes tendrán que presentar ante la autoridad electoral un registro de los compromisos que asuman, en los términos de la fracción IV del artículo 41. Deberá dar seguimiento a los compromisos adquiridos por las y los candidatos electos, y dará cuenta a la ciudadanía, a la autoridad de responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas competentes y a la potestad correspondiente del Congreso local, del informe final de compromiso de campaña de las y los servidores públicos.
En la exposición de motivos, la Diputada Paulina Rubio apunta que actualmente en la legislación no existe un seguimiento a las propuestas, promesas o compromisos que las personas candidatas hacen durante su campaña.
Menciona que los compromisos de campaña son una carta de presentación de las y los candidatos con el electorado, y una de las razones por las que la ciudadanía debería definir sus preferencias electorales.
Añade que, de contar con información sobre las propuestas de las personas candidatas y un seguimiento a su cumplimiento, también se fortalece la educación cívica, rendición de cuentas, transparencia y el acceso a la información.
Señala que establecer desde la Constitución la creación de un registro público nacional de compromisos electorales, es para que posteriormente exista un mecanismo mediante el cual se les pueda dar seguimiento por parte de la ciudadanía.
Ante diversas versiones difundidas en medios de comunicación y redes sociales, el Instituto Nacional Electoral (INE) precisa las actuaciones realizadas con motivo de la queja presentada por MORENA contra Miguel Alfredo Hernández Peñaflor y el Partido Acción Nacional (PAN), relacionada con diversas publicaciones en plataformas digitales.
El 23 de julio de 2026, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) recibió la queja por la presunta difusión reiterada y sistemática de propaganda político-electoral calumniosa en las redes sociales X, Facebook e Instagram.
La denuncia fue registrada con la clave de expediente UT/SCG/PE/MORENA/CG/39/2026. El 30 de julio siguiente, la UTCE reservó el pronunciamiento sobre su admisión o desechamiento, así como sobre las medidas cautelares solicitadas, hasta contar con los elementos derivados de la investigación preliminar.
Como parte de esas diligencias, la autoridad electoral ordenó certificar las publicaciones denunciadas y solicitó información a distintas áreas del Instituto, al PAN y a Miguel Alfredo Hernández Peñaflor, como Consejero del Órgano Directivo del PAN en la Ciudad de México, con el propósito de conocer la titularidad de las cuentas, la autoría y difusión de los contenidos, así como la posible participación de otras personas.
El requerimiento de información formulado a Miguel Alfredo Hernández Peñaflor no constituye un emplazamiento, una determinación de responsabilidad ni una orden para retirar publicaciones. Tampoco significa que el INE comparta los señalamientos contenidos en la denuncia.
Se trata de una diligencia preliminar mediante la cual la autoridad reúne los elementos necesarios para determinar si la queja debe admitirse o desecharse. Este procedimiento garantiza que las personas involucradas conozcan los hechos denunciados y puedan proporcionar la información que consideren pertinente.
El 23 de agosto, Miguel Alfredo Hernández Peñaflor respondió el requerimiento formulado por la UTCE. A partir de la información recibida, la autoridad continuará con las diligencias correspondientes y, posteriormente, emitirá el pronunciamiento que conforme a Derecho proceda respecto de la admisión o el desechamiento de la denuncia.
Hasta este momento, no existe una determinación sobre la responsabilidad de las partes señaladas como denunciadas, no se ha impuesto sanción alguna ni se ha ordenado retirar las publicaciones materia de la queja.
El INE tiene la obligación legal de recibir y tramitar las quejas presentadas por los sujetos legitimados, investigar los hechos denunciados y garantizar los derechos de todas las partes, sin prejuzgar sobre el fondo de los asuntos.
El Instituto reitera su compromiso con la libertad de expresión, el debate público abierto, el debido proceso y la aplicación imparcial de la legislación electoral.
Requerir información para analizar una denuncia no constituye censura ni sanción; es una diligencia preliminar necesaria para determinar lo que conforme a Derecho corresponda.
El Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN), coordinado por el Diputado Pablo Fernández de Cevallos, propuso otorgar un subsidio del 100%, por 36 meses, al Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal para quienes generen empleos nuevos para personas con discapacidad.
El documento, expuesto por el Legislador Anuar Azar, refiere que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2022), el 41.2% de las personas con discapacidad en México se encontraban en situación de pobreza; de entre quienes, el 33.1% se hallaba en pobreza moderada y el 8.1% en pobreza extrema.
A fin de promover la inclusión laboral de personas con discapacidad, los diputados Anuar Roberto Azar Figueroa y Pablo Fernández de Cevallos González, integrante y coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, respectivamente, propusieron otorgar subsidios al impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal para quienes generen plazas laborales para este sector.
Para ello, en el Congreso mexiquense plantearon reformar la Ley de Ingresos estatal de 2026, a fin de que se otorgue una bonificación del 100 por ciento, por 36 meses, a quienes generen empleos nuevos para personas trabajadoras con alguna discapacidad durante el ejercicio fiscal de este año.
Durante su exposición, el Legislador Anuar Azar indicó que el objetivo es que las empresas abran sus puertas a las personas con discapacidad y que el gobierno abra la cartera mediante incentivos para exigir, no sólo en el discurso, sino en los hechos, acciones concretas en favor de este sector.
De aprobarse por el Pleno legislativo, este beneficio fiscal se sumaría a los vigentes, en los mismos términos, por la contratación de personas trabajadoras de 60 años o más, así como de profesionistas que hayan concluido una carrera terminal, técnica, tecnológica o profesional entre 2024 y 2026.
La iniciativa señala que el mencionado ordenamiento contempla actualmente subsidios para quienes contraten por primera vez a personas que ingresan al mercado laboral; pertenecientes a comunidades indígenas; liberadas con base en la Ley de Amnistía, preliberadas y aquellas que hayan cumplido su sentencia; trabajadoras del hogar o repatriadas de 2024 a 2026, así como a mujeres jefas de familia titulares de unidades económicas con hasta tres personas empleadas.
También se propone reformar el Código Financiero del Estado de México y Municipios para establecer que las personas físicas o jurídico-colectivas que empleen a personas con discapacidad podrán deducir de los ingresos acumulables del contribuyente, para los efectos del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal por el ejercicio fiscal correspondiente, un monto equivalente al 25 por ciento del salario efectivamente pagado a las personas antes señaladas.
Lo anterior, siempre y cuando las o los contribuyentes obtengan el certificado de discapacidad expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social respecto de las personas trabajadoras. De avalarse, las personas físicas o jurídico-colectivas que apliquen los beneficios previstos deberán cumplir con las obligaciones contenidas en el artículo 15 de la Ley del Seguro Social, la cual establece las obligaciones fundamentales de los patrones.
El documento, leído por el Legislador Anuar Roberto Azar, subraya que la contratación de personas con discapacidad aporta ventajas como diversidad y resiliencia organizacional, al conformar equipos heterogéneos que tienden a ser más creativos y adaptables; mayor fidelidad y menor rotación, porque las y los empleados con discapacidad suelen tener tasas de permanencia más altas, así como una mejor imagen y reputación empresarial, toda vez que se demuestra compromiso con la responsabilidad social y el cumplimiento normativo.
También menciona, entre las ventajas, la ampliación del mercado, pues los productos y servicios diseñados con accesibilidad atraen a más personas consumidoras y, finalmente, ahorros a largo plazo para el sistema público, porque el empleo y la integración reducen costos en prestaciones y aumentan la recaudación fiscal.
El documento señala que, de acuerdo con el Informe de la pobreza multidimensional en México (2022), elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el 41.2 por ciento de la población con discapacidad se encontraba en situación de pobreza; de entre quienes, el 33.1 por ciento se hallaba en pobreza moderada y el 8.1 por ciento en pobreza extrema.
Precisa que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 16.4 por ciento de la población mexiquense tiene alguna limitación, discapacidad o algún problema o condición mental que le limita para realizar sus actividades cotidianas.
El Diputado José Francisco Vázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política, informó que las propuestas corresponden a los grupos parlamentarios
El Segundo Periodo Ordinario del Segundo año de Ejercicio Constitucional inicio desde el 31 de enero y no podrá prolongarse más allá del 15 de mayo.
Se abordarán temas en materia electoral, de transparencia, seguridad social e interrupción del embarazo.
La LXII Legislatura mexiquense arranco el Segundo Periodo Ordinario de su Segundo Año de Ejercicio Constitucional, con una agenda en la que se prevé retomar 140 iniciativas presentadas por los siete grupos parlamentarios (MORENA, PVEM, PT, PRI, PAN, MC y PRD), así como 11 propuestas de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, informó el Diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (MORENA), presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local.
Tras señalar que durante este periodo —el cual concluirá a más tardar el 15 de mayo— prevalecerán el respeto, el diálogo y la comunicación institucional con el Ejecutivo estatal, así como el consenso con todas las bancadas en beneficio de la población, el legislador indicó que se impulsará el análisis de diversas reformas, entre ellas las relacionadas con materia electoral, transparencia, seguridad social y la interrupción del embarazo.
En este sentido, detalló que se analizará el contenido de la legislación secundaria una vez que se extinga el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM), conforme al plazo de 90 días establecido en la reforma constitucional, cuyo decreto de aprobación de la minuta correspondiente fue publicado en la Gaceta del Gobierno el pasado 4 de noviembre.
Por otro lado, explicó que se revisarán las propuestas orientadas a garantizar la aplicación efectiva, segura y oportuna de la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, mediante la adecuada operatividad y suficiencia presupuestal del sistema de salud. En cuanto al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYN), señaló que ya se encuentran en análisis diversos aspectos técnicos.
El también coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA informó que su bancada se concentrará en la presentación de alrededor de 80 nuevas iniciativas en materia de salud, protección al medio ambiente y a los seres sintientes, así como de seguridad.
Finalmente, el parlamentario destacó que al interior del Congreso prevalece un clima de cordialidad y respeto, lo que ha permitido alcanzar consensos en reformas de gran relevancia, todas ellas orientadas al beneficio directo de la población; prueba de ello es que hasta el 93 por ciento de las iniciativas han sido aprobadas por unanimidad.
Participaron representantes de MORENA, PAN, PT, PRI y MC
Diputadas, diputados, senadoras y senadores integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, expresaron sus puntos de vista sobre la “Situación Política Internacional”.
La intervención extranjera nunca ha traído democracia ni estabilidad
El promovente del tema, Diputado Jesús Irugami Perea Cruz (MORENA), a nombre de su grupo parlamentario, respaldó el posicionamiento de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, con relación a los hechos ocurridos en Venezuela. “Desde la Cuarta Transformación rechazamos categóricamente cualquier forma de intervención en los asuntos internos de las naciones libres”.
Subrayó que la soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos no son principios retóricos, son pilares del derecho internacional y de la Constitución. “La experiencia histórica de América Latina demuestra que la intervención extranjera nunca ha traído democracia ni estabilidad ni bienestar a las naciones; por el contrario, ha dejado conflictos, violencia y heridas sociales. Ninguna nación tiene el derecho de imponer por la fuerza el destino de otra”.
Autodeterminación de los pueblos y soberanía nacional
Por MC, el Senador Luis Donaldo Colosio Riojas afirmó que dos cosas deben quedar claras y que pueden ser ciertas: el régimen de Nicolás Maduro es condenable y también lo es cualquier forma de intervención de Estados Unidos que vulnere el derecho internacional o sustituya la voluntad de los pueblos. “Reconocer ambas realidades no es una contradicción sino una responsabilidad ética y política”.
Ante ello --dijo-- “rechazamos los atajos discursivos que quieren simplificar una crisis compleja y solamente alimentan la polarización”. Desde MC se tiene claro que el régimen dictatorial de Venezuela ha cometido graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y se han documentado crímenes de lesa humanidad, pero eso no justifica la intervención ilegal de los Estados Unidos. “La autodeterminación de los pueblos, la soberanía nacional son líneas muy delicadas como para romperlas, México jamás aceptaría algo así en su propio territorio”.
Necesario, que Venezuela tenga democracia y libertad
Del PRI, el Senador Manuel Añorve Baños mencionó que la soberanía es que la gente pueda votar sin miedo, cambiar de gobierno sin represalias y alzar la voz sin terminar en la cárcel. Recordó que durante años hubo testimonios, informes y denuncias de violaciones a derechos humanos, presos políticos y elecciones manipuladas e inclusive se rompieron los equilibrios democráticos.
“Por supuesto que queremos democracia y libertad en Venezuela, pero dictadores nunca más. Estamos del lado de la gente que hoy por fin empieza a respirar con un poco de libertad. Abogamos por una Venezuela libre y demócrata. Las y los mexicanos tenemos derecho a decir de qué lado estamos, del lado de la gente, no del lado del tirano”, puntualizó.
Este asunto debe ser abordado y evaluar los hechos acontecidos
La Senadora Ana Karen Hernández Aceves (PT) comentó que es imprescindible que desde la más alta tribuna del país donde se representan los intereses de la República este asunto sea adecuadamente abordado, y desde la perspectiva mexicana se debe concentrar en las implicaciones y riesgos que representa para México una acción militar de esta naturaleza, evaluar los hechos y dichos recientes.
Agregó que no se le tiene que faltar el respeto al pueblo venezolano porque es este quien debe opinar sobre el gobierno que tuvo y tiene, sobre su presente y futuro. “No son los líderes del mundo, no somos las y los representantes populares de México quienes tengamos esa autoridad o conocimiento para dictar conclusiones certeras sobre la realidad de Venezuela”.
La intervención a Venezuela quebranta la soberanía de un país
Por su parte, el Diputado de MORENA, Emilio Ramón Ramírez Guzmán, aseguró que la intervención de Estados Unidos en Venezuela viola los principios fundamentales del derecho internacional, quebranta la soberanía de un país hermano de América Latina y pone en riesgo la estabilidad de esa nación.
Destacó que México se solidariza con el pueblo venezolano, con su derecho irrenunciable a decidir su destino sin amenazas ni imposiciones extranjeras, pues ninguna intervención del extranjero ha traído libertad a ningún pueblo de América Latina; al contrario, han traído despojos, violencia, dependencia y fractura social.
Respetar voluntad soberana del pueblo de Venezuela
A su vez, el senador Ricardo Anaya Cortés (PAN) señaló que claro que en el Partido Acción Nacional siempre han defendido y defenderán la soberanía de México, “que de eso no haya duda alguna. Lo que no vamos a defender, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, es al impresentable dictador espurio Nicolás Maduro”.
Dijo que lo realmente preocupante es el devenir del pueblo de Venezuela. “Lo que nosotros queremos y a lo que nosotros aspiramos, es a que se respete la voluntad soberana del pueblo de Venezuela. Lo que nosotros queremos es que a la brevedad haya elecciones libres y democráticas para que sea realmente la voluntad del pueblo venezolano la que se haga valer. Y que quien gane esas elecciones libres y democráticas en Venezuela gobierne Venezuela”.
Por la defensa de la democracia, los derechos humanos y la libertad
El Diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez (MC) afirmó que el debate sobre los hechos ocurridos en Venezuela ha estado marcado por la polarización y la ausencia de reflexión de los partidos tradicionales “que han optado por el reflector mediático en lugar de una discusión seria, sensata y con matices”.
Sostuvo que la clase política debe pensar con valores, congruencia y convicciones claras, más allá de las coyunturas. Reafirmó una postura “coherente y responsable” frente a esa crisis venezolana: ni con la dictadura de Maduro ni con la intervención de Trump, sino con la defensa de la democracia, los derechos humanos, la soberanía, la dignidad y la libertad.
La soberanía se consolida desde el interior
En tanto, el Diputado Víctor Samuel Palma César (PRI) sostuvo que la soberanía se construye y consolida desde el interior de cada país, a partir de la vigencia del Estado de derecho, respeto a las libertades y fortalecimiento de las instituciones. Se preguntó ¿dónde se origina la vulnerabilidad y la fractura de la soberanía venezolana? “Habrá de mencionarse que su deterioro se fraguó a partir del extravío de su régimen político y de su clara propensión a instaurar una dictadura”.
Advirtió que en México se invoca la defensa de la soberanía nacional sin atender debilidades internas que la socavan, como la falta de respuestas contundentes ante señalamientos de vínculos del poder con el crimen organizado, desprestigio de la clase política, erosión de la división de Poderes y reformas que ponen en riesgo la pluralidad, la representación y la equidad electoral, sin fortalecer la democracia ni la soberanía.
Es necesario generar unidad en torno a la nación
Para el Diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) la intervención del gobierno de Estados Unidos en Venezuela es un acto injustificable de violación al derecho internacional y de nulidad por parte de los órganos internacionales. “Es un secuestro y una acción que, por primera vez, el imperialismo es honesto al decir que va por el petróleo de Venezuela con toda claridad”.
Aseguró que, en estos momentos, es necesario generar unidad en torno a la nación, porque ya se generó inestabilidad, no sólo regional sino a nivel mundial. Mencionó que la intervención imperialista que realizó Estados Unidos deja en claro que no respeta el derecho internacional, lo que provoca una situación de regresar a “la ley del más fuerte”.
Acto unilateral; clara violación a la soberanía e integridad territorial
La Senadora Beatriz Mojica Morga (MORENA) aseguró que la intervención militar, que derivó en la extracción del presidente de Venezuela constituye un hecho condenable y alejado de los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. “Este acto unilateral, constituye una clara violación a la soberanía, integridad territorial y transgrede los principios establecidos en la Carta Magna”.
Agregó que más allá de las distintas opiniones respecto al régimen del gobierno de Venezuela, no se puede consentir el uso de la fuerza militar estadounidense para pretender cumplir una orden judicial en dicho territorio. Recordó que la historia moderna del continente americano muestra que la intervención a distintos países de la región no abona al desarrollo de la democracia ni a la estabilidad política y económica de los países intervenido
Condenamos el autoritarismo y la represión
El Diputado Fidel Daniel Chimal García (PAN) consideró preocupante la situación política que vive Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro; sin embargo, “es una llamada de advertencia de aquellos criminales que se esconden detrás del gobierno en un cargo público para cometer actos criminales de la mano del crimen organizado”.
Agregó que Acción Nacional ha sido claro en su postura: condenamos el autoritarismo, la represión sistemática y la cancelación de las libertades que un régimen como el de Maduro impuso por la fuerza de las armas durante años a la sociedad venezolana. “Defender la democracia y la libertad en América Latina es esencial pero no puede ni debe sustituir nuestro deber de atender con rigor y prioridad los problemas más graves que viven todos los mexicanos”.
Esa intromisión lesiona la soberanía
Por su parte, el Senador de MORENA, Juan Carlos Loera De La Rosa, argumentó que esta intromisión en los asuntos de una nación soberana por parte del gobierno de Estados Unidos representa una ocupación territorial y un control efectivo de espacios estratégicos que definen la soberanía de Venezuela. Pidió sumarse al exhorto de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que condena la intromisión, rechaza el uso de la fuerza y defiende una relación hemisférica.
Resaltóque esa intromisión tiene un uso de fuerza inaceptable que lesiona la soberanía y la integridad territorial de un Estado independiente y el reconocimiento público de que esta acción tiene una motivación económica que se mantendrá mientras el gobierno de Venezuela no satisfaga las expectativas de Estados Unidos.
Para referirse a hechos participaron la Diputada Olegaria Carrazco Macías (MORENA) y los Diputados Juan Ignacio Zavala Gutiérrez (MC) y Miguel Ángel Salim Alle (PAN), así como la Senadora Ana Karen Hernández Aceves (PT) y el Senador Ángel García Yáñez (PRI).
Las reformas planteadas por la presidenta a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE) buscan generar un entorno económico equilibrado, competitivo y favorable para el desarrollo nacional
La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, presidida por el Diputado Miguel Ángel Salim Alle (PAN), aprobó, por 10 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, enviada por la presidenta de la República.
Al explicar el dictamen, Salim Alle resaltó que la iniciativa tiene por objetivo garantizar un entorno económico equilibrado, competitivo y favorable al desarrollo nacional, a través de la implementación de aranceles a la importación de diversas mercancías de las industrias automotriz, textil, vestido, plástico, siderúrgico, electrodomésticos, aluminio, juguetes, muebles, calzado, marroquinería, papel y cartón, motocicletas, remolques, vidrio, entre otras.
Ello, con el fin de brindar certidumbre y condiciones de mercado justas a los sectores de la industria nacional que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, derivado de las prácticas que alteran y afectan el comercio internacional y, así, fomentar el desarrollo de la industria nacional y apoyar el mercado interno.
El legislador dio a conocer que la propuesta presidencial plantea modificar mil 463 fracciones arancelarias de la ley, de las 706 corresponden a textiles, 249 productos de hierro y acero, 94 automóviles y partes y 81 a plásticos.
Detalló que 316 de estas fracciones no están sujetas actualmente al pago de aranceles, mientras que el resto sí cuenta con alguna tarifa vigente. En tanto, apuntó que 341 fracciones tienen un arancel del 35 por ciento y 302 aplican una tasa del 10 por ciento.
Mencionó que la Comisión trabajó en coordinación con la Secretaría de Economía, a fin de fortalecer la propuesta original. Subrayó que, de las mil 463 modificaciones, 391 se mantienen en el mismo arancel.
De las mil 072 fracciones restantes, 596 de ellas se tienen importaciones menores a 1.5 millones de dólares al año. De las 476 fracciones arancelarias que quedan, 321 cuentan con proveeduría de al menos el 50 por ciento de países con un Tratado de Libre Comercio firmado con México, por lo que éstas no deben representar problema alguno.
Señaló que, considerando las modificaciones, el dictamen mantiene un total de 1,463 fracciones arancelarias, logrando un equilibrio luego de atender las peticiones de sectores estratégicos y cámaras empresariales.
En este sentido, abundó, se eliminaron 115 fracciones y se incorporaron otras 115 nuevas; además, en 104 fracciones se redujo el arancel al 5 por ciento para alinearlo con los principales socios comerciales y responder a demandas de la industria nacional. En tanto, las 270 fracciones relacionadas con los sectores automotriz, aluminio, autos, no sufrirán modificaciones.
El Diputado Salim Alle comentó que, no obstante, hubo ajustes específicos en ciertos subsectores, ya que se eliminaron más de 40 fracciones arancelarias vinculadas a autopartes y cerca de 30 relacionadas con solicitudes de distribuidoras de automóviles.
Asimismo, dijo que en dos terceras partes del paquete, 974 fracciones, se aplicó una reducción generalizada del 28 por ciento respecto al arancel propuesto inicialmente por la presidenta de la República, salvo en los casos donde esa disminución habría resultado en un arancel inferior al vigente.
Al respecto, la Diputada de MC, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, expresó que se deben medir los impactos por grabar insumos de las cadenas de producción, no incrementar costos que afecten la competitividad de las exportaciones mexicanas y tener claro si al ajustar un arancel mejorará la capacidad o se trasladará el costo al último consumidor.
La Diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra (MORENA) subrayó que el objetivo de estas adecuaciones es defender a la industria mexicana, y que se esperaría que un arancel positivo procurara el establecimiento de industrias mexicanas que sustituyan esas importaciones.
Por su parte, Claudia Selene Ávila Flores, Diputada de MORENA, afirmó que es imperativo proteger el mercado interno y la industria mexicana, cuidando también a las extranjeras con esta reforma, que es integral y equilibrada. Destacó la importancia de acelerar el mecanismo de sustitución de importaciones. Llamó a cerrar filas por el bien del país y del mercado interno, sin que eso conlleve riesgos.
Del PAN, la Diputada María Angélica Granados Trespalacios estimó que con el dictamen México se defiende de prácticas desleales de comercio, protege su planta productiva y se posiciona en el nuevo mapa económico mundial. Indicó que las fracciones de la ley representan alrededor de 50 mil millones de dólares de importaciones, 8.6 por ciento del total. No se toca el comercio exterior de México, sólo el segmento donde la competencia desleal ha golpeado con más fuerza a la industria nacional.
El Diputado Ernesto Sánchez Rodríguez (PAN) apuntó que el dictamen permite avanzar a una política industrial nacional más sólida, pero también presenta áreas críticas que requieren mayor calibración pues la reforma arancelaria tiene un alcance amplio y complejo que exige mayor certidumbre regulatoria. Mil 463 fracciones arancelarias distribuidas en 16 sectores, subrayó, es un rediseño profundo para frenar la entrada de importaciones baratas de países sin tratado comercial.
El Diputado de MORENA, Sebastián Ebrard Lestrade, puntualizó que el impacto inflacionario será acotado porque los ajustes arancelarios concentran fracciones de baja ponderación en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con una amplia sustitución, disponible desde la producción nacional o desde los socios contratados preferenciales. Además, se evitan incrementos relevantes en precios finales porque el mercado puede abstenerse de alternativas no gravadas.
Bruno Blancas Mercado, diputado de MORENA, expuso que la ley representa el instrumento más importante en materia de comercio exterior en México, y establece aranceles que permiten planificar una política económica y comercial para lograr el bienestar social. “El empleo de las y los mexicanos fue prioridad porque garantizando su bienestar nuestro país competirá en mejores términos en el contexto internacional”.
El Diputado del PVEM, José Antonio Gali López, destacó que la iniciativa del Ejecutivo sufrió más del 60 por ciento de modificaciones que buscan proteger la economía del país. Agradeció al presidente de la Comisión por las reuniones y diálogos que se tuvieron con los diferentes sectores que hoy en día están siendo impactados de manera directa o indirecta en términos arancelarios.
Del PT, el Diputado Santiago González Soto manifestó que el propósito de la ley es apoyar, proteger, dar estímulos y evitar la inflación, lo cual es uno de los riesgos que se debe considerar. “Espero que el día de mañana que se apruebe este dictamen en el Pleno, tanto en lo particular y su discusión se puedan contemplar otras propuestas”.
El Diputado de MORENA, Jesús Valdés Peña, hizo notar que el dictamen contiene un marco normativo sólido, no atenta ni va contra ningún esquema internacional; respeta todos los acuerdos y socios comerciales. Asimismo, forma parte integral de lo que es la política económica y da certeza para seguir fortaleciendo el sector productivo, estar en condiciones competitivas e impulsar la industria nacional.
La Comisión de Derechos de la Niñez, que preside la Diputada Elizabeth Martínez Álvarez (PAN), realizó el Foro Interinstitucional sobre Seguridad Digital, Salud Mental y Prevención de la Violencia Digital en Niñas, Niños y Adolescentes, para reflexionar sobre avances, vacíos y desafíos del marco legal mexicano en materia de protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales.
Martínez Álvarez, resaltó la necesidad de que el Estado y el Congreso actúen con urgencia para proteger a niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos del entorno digital, reconociendo que las nuevas generaciones dominan la tecnología más rápido que los adultos.
Informó que desde la Comisión se impulsa una agenda de ciberseguridad para fortalecer el marco legal, la coordinación con escuelas y familias, y exigir responsabilidad a las empresas tecnológicas, reafirmando el compromiso de avanzar hacia un entorno digital libre de violencia para la niñez.
A su vez, la Diputada Gabriela Jiménez Godoy (MORENA) señaló que antes el peligro estaba fuera de casa y hoy se encuentra dentro de los dispositivos, donde menores pasan hasta cinco horas conectados y pueden ser vulnerados. Por ello, existe la necesidad de trabajar para actualizar las leyes, cerrar brechas digitales y garantizar una navegación segura.
Del mismo grupo parlamentario, la Diputada Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna expresó que la era digital ya es una realidad que no debe rebasar al Estado, por lo que desde la Cámara de Diputados existe un compromiso firme para establecer candados y marcos de control que garanticen un uso seguro de la tecnología.
También de Morena, la Diputada Maricela Zúñiga Cerón subrayó la necesidad de coordinarse con especialistas en salud mental, realizar campañas de sensibilización para madres, padres y tutores. Planteó la creación de un grupo plural de trabajo para impulsar una agenda legislativa en materia de derechos digitales de la niñez con enfoque de derechos humanos.
A su vez, la Diputada María Magdalena Rosales Cruz, de MORENA, sostuvo que muchas familias carecen de herramientas para acompañar a menores en el entorno digital, razón por la cual es indispensable reforzar la vigilancia, la legislación y las políticas públicas preventivas porque la tecnología amplifica riesgos ya existentes, como la violencia y el abuso sexual.
La titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Lorena Villavicencio Ayala, anunció que esa dependencia incorporará la seguridad digital como eje transversal en 2026, al impulsar reformas para sancionar la violencia contra menores con un modelo nacional de prevención, fortalecer la ciudadanía digital y la salud mental. También establecerá mesas permanentes con plataformas tecnológicas.
Adriana Castillo, Presidenta del Consejo de Administración de ChildFund México, destacó la urgencia de proteger a niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos del entorno digital, como el ciberacoso, la explotación y la vulneración de la privacidad. Llamó a construir marcos legislativos que pongan a la niñez al centro y obliguen a las plataformas a asumir su responsabilidad.
Participación de ponentes
Al desarrollar el tema “Niñas, niños y adolescentes en la era digital: avances, riesgos y responsabilidades del Estado”, el especialista en seguridad internacional, Adolfo Arreola García, agradeció el esfuerzo del Estado mexicano, pero, consideró, se requiere mucho más porque cuidar a las niñas, niños y adolescentes en el ciberespacio es una tarea de todos que requiere el esfuerzo coordinado entre todos los actores.
Alejandro Olvera Fuentes, Director de Ejes de Niñas, Niños y Adolescentes en la Coordinación Fiscal de la Fiscalía General de Formación y Políticas Públicas, expresó que niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a beneficiarse de internet, pero además es menester dotarlos de información suficiente y pertinente para protegerse de la explotación y el cuidado de su imagen.
La Directora de Atención a Grupos en Riesgo de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Marisol Ramírez Reyes, recordó que en la Ciudad de México se creó la Agencia de Transformación Digital que guarda toda la información y tiene un Plan Nacional de Ciberseguridad en materia de detección, protección, capacitación y cooperación.
En tanto, el Director general de Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la Policía Cibernética de la Ciudad de México, Jesús Alfredo Hernández Olvera, sostuvo que se tiene que trabajar desde la seguridad enfocándose en la prevención, supervisión parental, alfabetización, digital y sensibilización en riesgos trabajando en conjunto para cuidar a las infancias.
Del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma de México, Alejandra Muran Espinoza señaló que, en 2024, 253 delitos se relacionaron con el uso de tecnología que existen en 33 legislaciones nacionales y entre los principales se encontraron robo de identidad, sexting y supresión de dispositivos o de señales de seguridad.
Al dictar la conferencia “Explorando lo que las y los adolescentes pueden ver en las redes sociales en México”, la investigadora del Instituto Nacional de Seguridad Pública, Leonora Rivera Rivera, puntualizó que los menores mienten sobre su edad para tener acceso a contenidos dañinos en redes sociales, aunado a que las plataformas están hechas para generar curiosidad y adicción.
En el panel “Salud mental de niñas, niños y adolescentes en la era digital”, Diana Rico Norman, maestra en educación familiar; Juan Carlos Lujan Guerra, experto en ciencias de la salud, y Umi Choda Morales, Directora del Centro de Salud Mental Integral, comentaron que se debe evitar el consumo de contenido multimedia por parte de menores de 18 años e incentivar actividades culturales y deportivas.
Apuntaron que el uso repetitivo de pantallas puede dañar el cerebro, provoca ansiedad, estrés, además de impacto en el rendimiento escolar, productividad futura, gasto sanitario y problemas de lenguaje en menores de dos años. Cuestionaron el actual marco legal que rige sobre las redes sociales pues actúa con tardanza sobre los contenidos.
Las y los adolescentes galardonados con el Premio Internacional de Ciberseguridad presentaron proyectos sobre Participación de Adolescentes, además de compartir su experiencia de cómo se interesaron en los temas de ciberseguridad y la problemática que enfrentaron.
Comisiones unidas del Congreso mexiquense avalaron que las autoridades estatales y municipales promuevan mecanismos y políticas de conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.
La iniciativa de la Diputada Joanna Felipe y el Diputado Pablo Fernández de Cevallos, integrante y coordinador de la bancada del PAN, respectivamente, se aplicaría mediante programas y acciones permanentes de capacitación y difusión.
La proponente refirió que el estrés laboral afecta al 75 por ciento de la población económicamente activa.
Las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y Para la Igualdad de Género de la LXII Legislatura mexiquense aprobaron que las autoridades estatales y municipales promuevan mecanismos y políticas de conciliación entre la vida laboral, familiar y personal, a iniciativa de la Diputada Joanna Alejandra Felipe Torres y el Diputado Pablo Fernández de Cevallos González, integrante y coordinador de la bancada del PAN, respectivamente.
De acuerdo con el dictamen sobre la iniciativa que reformaría la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres, y la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambas estatales, lo anterior será mediante programas y acciones permanentes de capacitación y difusión que, de manera enunciativa mas no limitativa, consideren los principios de flexibilidad laboral, permisos, apoyos, cultura de desconexión, bienestar, inclusión y participación.
Además, define que la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal será la implementación de medidas que permitan a personas trabajadoras y patronas, compatibilizar el espacio personal, familiar y laboral, a fin de equilibrar el uso de los tiempos de la vida de cada persona trabajadora en función de sus obligaciones, necesidades y prioridades, permitiéndole mantener una carrera laboral plena y ejercer el derecho al cuidado de su familia, al desarrollo de su personalidad, de su formación y al disfrute del ocio y tiempo libre.
Durante la reunión de trabajo, presidida por el Diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (MORENA), la proponente resaltó que se busca que las y los mexiquenses tengan mayor calidad de vida con tiempo para la familia, pero también con tiempo para sí mismos, dado que el estrés laboral afecta al 75 por ciento de la población económicamente activa.
Por MORENA, la Diputada Brenda Colette Miranda Vargas reconoció que con la propuesta legislativa se incorporen medidas para la flexibilidad laboral, permisos corresponsables, bienestar emocional y capacitación permanente, pues se convierte en una herramienta esencial para reconocer, redistribuir y reducir la carga del trabajo de cuidados, sobre todo para las mujeres.
Su compañera, la Diputada Paola Jiménez Hernández, respaldó la propuesta, pero sugirió establecer posteriormente mecanismos de verificación para garantizar el cumplimiento de la reforma en beneficio de la población.
Finalmente, el Parlamentario Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI) puntualizó que la falta de conciliación entre la vida laboral y la vida familiar, así como la presión derivada de las jornadas extensas y cargas excesivas de trabajo, impiden alcanzar condiciones de bienestar y generan un impacto directo en la salud de la población económicamente activa.
En las comisiones del Congreso mexiquense se inició el análisis de la iniciativa presentada por la bancada del PAN, la cual busca implementar mecanismos que faciliten la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal de las personas.
La propuesta, impulsada por la Diputada Joanna Felipe y el Diputado Pablo Fernández, podría incluir la participación del sector público, así como incentivos fiscales para promover su adopción, tal como lo sugirió la Legisladora Paola Jiménez.
La iniciativa de la bancada del PAN de la LXII Legislatura mexiquense, que propone mecanismos para conciliar la vida laboral, familiar y personal de las personas, podría enriquecerse incluyendo al sector público estatal y promoviendo incentivos fiscales para las empresas, señalaron congresistas durante la reunión de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género de la LXII Legislatura mexiquense.
En el inicio del análisis de la propuesta presentada por la Congresista Joanna Alejandra Felipe Torres y el Legislador Pablo Fernández de Cevallos González, integrante y Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, la Legisladora Paola Jiménez Hernández (MORENA) destacó la importancia de incorporar mecanismos de verificación e indicadores de cumplimiento para asegurar la efectividad de la iniciativa.
Asimismo, cuestionó si la iniciativa para reformar la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambas estatales, garantizará la asignación de un presupuesto específico para su implementación. A estas observaciones se sumó el Parlamentario Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (MORENA), quien presidió la reunión.
De acuerdo con la iniciativa, cuya lectura estuvo a cargo del Diputado Héctor Karim Carvallo Delfín (MORENA), se busca conciliar la vida laboral, familiar y personal de los mexiquenses. La propuesta aborda un tema relacionado con la dignidad y los derechos de las personas trabajadoras, incluyendo la vida familiar, la salud y el desarrollo individual. De igual manera, representa un asunto de justicia social y salud pública, al tiempo que promueve factores que favorecen la competitividad y el desarrollo económico.
El documento propone incorporar en la ley un concepto más amplio de conciliación entre la vida laboral, familiar y personal, definido como la implementación, por parte de las empresas, de medidas que permitan compatibilizar los espacios personal, familiar y laboral.
Su objetivo es equilibrar el uso del tiempo de cada persona trabajadora según sus obligaciones, necesidades y prioridades, garantizando así el desarrollo de una carrera profesional plena, el ejercicio del derecho al cuidado de la familia, el crecimiento personal y formativo, así como el disfrute del ocio y del tiempo libre.
Además, la iniciativa establece que las autoridades estatales y municipales fomenten la entrega anual de estímulos a las empresas que implementen políticas innovadoras para garantizar la igualdad de trato y oportunidades en sus organizaciones, así como para facilitar la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal de su personal.
La iniciativa, presentada por el Diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de MORENA, modifica la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
Fue enviada al Senado para sus efectos constitucionales
La Cámara de Diputados aprobó, con la unanimidad de 467 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en materia de cancelación y emisión de tarjetas de crédito y débito emitidas por entidades financieras y comerciales, cuya iniciativa fue presentada por el Diputado Ricardo Monreal Ávila (MORENA).
Al presentar su propuesta, a la que se le dispensaron los trámites, se consideró de urgente resolución y se sometió a discusión y votación de inmediato, Ricardo Monreal señaló que es una modificación a varias disposiciones normativas contenidas en esta ley, pues la cantidad de personas que tienen una tarjeta de crédito o de débito, son cerca de los 40 millones.
El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de MORENA, mencionó que muchas instituciones financieras de crédito, a través de campañas o de mecanismos propios de la institución, envían tarjetas a los domicilios de las personas sin que las hayan solicitado.
Subrayó que “en el trayecto del año les cobran anualidades e incluso intereses moratorios por no pagar esa anualidad y, al final, muchos de estos usuarios terminan en el buró de crédito negativo para poder adquirir un crédito o algún derecho de inclusión financiera”.
De eso –abundó Monreal Ávila--se trata esta iniciativa; por ello, se adiciona una fracción cuarta del artículo 4 Bis de la citada ley, para estipular que las entidades financieras y las entidades comerciales no pueden cobrar comisiones por el otorgamiento de servicios financieros, seguros, membresías o beneficios adicionales no autorizados previamente en el contrato de adhesión o sin consentimiento expreso del usuario.
Además, se reforma la fracción primera del artículo 18 Bis para establecer que, en los formularios utilizados para la contratación, además de constar que fue hecho del conocimiento del cliente el contenido del respectivo clausulado, mientras no se acredite el consentimiento expreso, no podrán generarse ningún cargo o comisión.
Se adiciona el artículo 18 Bis 9, para indicar que las entidades emisoras de medios de disposición consistentes en tarjetas de crédito o débito deberán garantizar con toda información relativa a costos, cargos y comisiones asociados al producto y que este sea claro, veraz y suficiente, de conformidad con los principios de transparencia, buena fe y protección al usuario.
Además, un artículo 18 bis 10, con el objetivo de que las entidades emisoras de medios de disposición consistentes en tarjetas de crédito o débito garanticen al usuario el derecho de cancelarlas, para lo cual se deben ofrecer mecanismos presenciales, telefónicos y digitales. En el caso de esos últimos, deberán ser incluidos en las aplicaciones móviles, banca en línea y portales web oficiales mediante un botón visible y de acceso directo disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.
También incorpora un artículo 18 bis 11 a la misma ley, estableciendo que la cancelación de tarjetas de crédito o débito deberán llevarse a cabo en un plazo máximo de cinco días a partir de la solicitud del usuario sin costo alguno para el usuario, prohibiéndose cualquier cargo, comisión o penalización asociada a la cancelación, lo cual quedará debidamente formalizado mediante prueba digital o física que certifique la terminación del contrato en un plazo no mayor de cinco días hábiles.
Ricardo Monreal agregó que se contempla un artículo 18 bis 12, en el que se establece como nula de pleno derecho la emisión de un medio de disposición consistente en tarjeta de crédito o débito sin el consentimiento expreso de la persona usuaria, por lo que no será necesaria su cancelación por parte de la persona usuaria.
Por ello –añadió-- las entidades financieras quedarán obligadas a no emitir estos medios de disposición sin perjuicio de las sanciones que corresponden conforme a la presente ley y demás disposiciones aplicables, precisando que la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros tienen que actuar en el ámbito de sus competencias y velar la observancia de estas disposiciones, formulando las recomendaciones pertinentes al Ejecutivo para su debido cumplimiento.
Además, dicho artículo dispone que no podrán generarse cargos por anualidad, comisiones u otro concepto asociado a estas tarjetas de crédito o débito, además de que el historial crediticio o comportamiento de pago o su falta de uso no podrán tener efectos ni ser reportados a sociedades de información crediticia, concretamente al seguro de crédito, por lo cual las entidades financieras están obligadas a reembolsar los cargos indebidos derivados de dichas tarjetas de crédito o débito en un plazo de cinco días, enfatizó.
El diputado resaltó que son siete las disposiciones a modificar. “Es de avanzada. Estas nuevas normas son indispensables para proteger a las personas usuarias, ya que es muy común que se reciban tarjetas sin solicitarlas y que se reciba publicidad sin solicitarla, y de esto se trata esta reforma”.
Sostuvo que se trata de proteger a los usuarios extendiendo sus derechos. Esta legislación se aplica en muchas partes del mundo. En Estados Unidos basta una llamada telefónica para que se considere cancelada una tarjeta de crédito; “en el caso de México, primero tienes que hacerlo presencialmente en la mayoría de los casos y te aplican tardanzas a propósito para que te canses y ya no insistas en la cancelación”.
Abundó que busca que, por la vía digital, el uso del internet, “puedas avisar a la sucursal que te envió o a la institución que te envió la tarjeta, decir: no la solicité, no la acepto y, por tanto, no se pueden aplicar ni anualidades, ni penalidades, ni comisiones que el usuario pague indebidamente y menos que te ubiquen en el buró de crédito”
Aseguró que es muy importante esta ley que refuerza el derecho de los usuarios de crédito y de instituciones de crédito y bancarias. Se sumaron a su iniciativa los grupos parlamentario del PVEM, PT y MC.
Intervenciones de representantes de MORENA, PAN, MC , PT y MC
Tarjetas de crédito podrán cancelarse por plataformas digitales
El Diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas (MORENA) refirió que entre 2021 y 2024, la banca en línea creció de un 52 a un 59 por ciento y, con ello, se puede notar que la asistencia presencial a las sucursales bancarias ha disminuido y ha sido desplazada por estos mecanismos digitales.
Por ello, externó, la reforma plantea que se pueda considerar que las tarjetas de crédito puedan cancelarse a través de plataformas digitales y no como actualmente sucede que es de manera presencial.
También, aborda el tema de las tarjetas no solicitadas y las comisiones que las entidades bancarias tienen relacionadas con las tarjetas de crédito. En ocasiones –dijo-- las y los mexicanos reciben tarjetas no solicitadas y hay quienes nunca llegan a activarlas, pero las instituciones bancarias cobran comisiones como la anualidad; con este cambio a la norma legal este tipo de esquemas ya no formará parte de las estrategias en el sector financiero.
La propuesta es benéfica para la población
Del PAN, el Diputado Miguel Ángel Salim Alle consideró que la propuesta es benéfica para la población y su grupo parlamentario se suma. “En el PAN coincidimos, pero estamos convencidos que se requiere fortalecer para beneficio de los mexicanos. Es necesario reformar las leyes en materia financiera para proteger a los consumidores y frenar algunos abusos de los integrantes del sistema financiero”.
Hoy –precisó-- México requiere de transparencia en las instituciones financieras, “nosotros les decimos a los tarjetahabientes que Acción Nacional va a empujar para que los intereses no sean absurdos, ni se abuse de ellos”. Hizo mención que su grupo parlamentario presentó dos iniciativas relacionadas con este tema y pidió el apoyo para aprobarlas.
Proteger a consumidores financieros de cualquier tipo de abuso
Del PVEM, el Diputado Ricardo Astudillo Suárez aseguró que la finalidad de la reforma es poder proteger a los usuarios y los consumidores financieros de cualquier tipo de abuso que se presente durante este tipo de acciones, ya que más de 27 millones de personas en México, desde los 18 hasta los 70 años tienen un crédito con consentimiento o sin él.
Mencionó que cuando llega una tarjeta que no se ha solicitado y se hace un uso no responsable por no conocer los términos, es ahí donde se empiezan a originar el verdadero problema para los consumidores, porque al no tener la capacidad para solventar, no solamente el gasto del consumo, también las comisiones, esto genera una situación de adversidad para cualquier familia o consumidor.
Proteger los derechos de los usuarios frente a prácticas abusivas
Por el PT, el Diputado Reginaldo Sandoval Flores hizo notar que el propósito es establecer reglas claras, justas y transparentes en los procedimientos de cancelación y emisión de tarjetas de crédito y débito, emitidas por entidades financieras y comerciales, buscando proteger los derechos de los usuarios frente a prácticas abusivas del sistema financiero y dificultades excesivas para cancelar tarjetas y proceso poco regulados en la emisión de nuevos plásticos.
Explicó que se busca proteger al consumidor financiero, fortalecer la confianza del sistema bancario y armonizar la legislación en las políticas de inclusión y responsabilidad financiera impulsada por el Estado mexicano; incorpora un procedimiento simplificado y digital para la cancelación inmediata de las tarjetas sin necesidad de acudir inmediatamente, prohíbe la emisión no solicitada de tarjetas, obliga a las entidades emisoras a informar por escrito y de forma clara sobre las condiciones, comisiones y consecuencias de cancelación y se establecen sanciones.
Esta iniciativa tiene importantes virtudes
Gibrán Ramírez Reyes, Diputado de MC, felicitó al Presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila por legislar, y a la Cámara de Diputados en general, “hoy discutimos este tema tan importante que tiene varias virtudes; la primera de ellas es que habla de los problemas que afectan a la gente”.
Al hacer uso de la palabra para hechos, el Diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja se sumó a la iniciativa del diputado Monreal Ávila, “que ya firmaron los diputados del PT, encabezados por su coordinador, diputado Reginaldo Sandoval Flores”.
El Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN), coordinado por el Diputado Pablo Fernández de Cevallos, pide reconocer en la legislación que no haya restricción en la renta o venta de inmuebles cuando se cohabita con niñas, niños o animales de compañía.
La propuesta expuesta por la Diputada Krishna Karina Romero busca que no se discrimine a una persona para renta una vivienda.
Al señalar que la renta o venta de inmuebles con frecuencia condiciona a las personas interesadas a no tener niñas, niños o animales de compañía, vulnerando su derecho a una vivienda digna y el principio de igualdad y no discriminación, la Diputada Krishna Karina Romero Velázquez (PAN) propuso reconocer la cohabitación con infancias y seres sintientes en el derecho a la vivienda.
De acuerdo con su iniciativa de reforma a la Ley de Vivienda del Estado de México, presentada junto con el Diputado Pablo Fernández de Cevallos González, coordinador de la bancada panista, cada día es más común encontrar en portales inmobiliarios y redes sociales anuncios con frases como: “no se aceptan niños”, “no se permiten mascotas” o “solo adultos”, que excluyen a sectores de la población como familias con niñas o niños, personas mayores o quienes conviven con animales de compañía.
En la práctica, afirmó la legisladora, esto significa que una madre sola con hijas o hijos pequeños, una pareja joven con un perro o un gato, o un adulto mayor con su animal de compañía pueden ser descartados de un contrato de arrendamiento o compraventa, no por su capacidad económica, sino por su forma de vida o composición familiar.
Para dimensionar el problema, explicó que, en el Estado de México, con 16.9 millones de habitantes, existen 4.5 millones de viviendas particulares habitadas, de las cuales más de 2.6 millones presentan carencias estructurales o de servicios básicos, lo que vulnera directamente el derecho a un hábitat adecuado. Además, el 18.5 por ciento de las viviendas propias carece de título de propiedad.
La propuesta plantea que las disposiciones de la ley mencionada deberán aplicarse bajo principios de equidad e inclusión social, de modo que toda persona que resida en el Estado de México, sin importar su origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social o económica, estado de salud, religión, opiniones, preferencias o estado civil, así como la cohabitación con infancias y seres sintientes, pueda ejercer plenamente su derecho constitucional a una vivienda digna y decorosa.
Cita para la próxima sesión el martes 11 de noviembre, a las 11:00 horas, en modalidad presencial
La Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, que inició el 4 de noviembre, participaron más de 281 oradores durante 26 horas legislativas.
Posteriormente, notificó que en términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán remitidas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
Se informó que se recibió documento del Diputado Omar Antonio Borboa Becerra (PAN) por el que da a conocer su reincorporación a las actividades legislativas, a partir del 8 de noviembre del año en curso.
Enseguida, la Diputada Kenia López Rabadán levantó la sesión y citó para la próxima que tendrá lugar el martes 11 de noviembre, a las 11:00 horas, en modalidad presencial.
También avaló su programa anual e informe semestral de actividades
La Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el Diputado Leonel Godoy Rangel (MORENA), aprobó por unanimidad realizar un foro para analizar la iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política, en materia de cultura de paz y legalidad.
El Diputado Godoy Rangel informó que dicha propuesta es impulsada por la Diputada Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila (MORENA), quien hizo llegar a la Comisión un documento para llevar a cabo el foro denominado “Cultura de Paz y Legalidad”.
Comentó que este documento es preliminar, con la finalidad de perfeccionarlo y enriquecer la propuesta de programa; por ello, pidió a las y los integrantes analizarlo y hacer llegar sus sugerencias.
La Diputada Sánchez Cordero dijo que es necesario dotar de facultades al Congreso e ir perfilando el debate público sobre lo que podría ser una Ley General de Cultura de Paz y Legalidad que establezca parámetros mínimos para avanzar en este rubro y propicie la legislación local homologada a esta ley.
Explicó que su planteamiento consiste en un foro integrado por una conferencia magistral y tres mesas donde participe alguna legisladora o legislador integrantes de la Comisión, así como moderadoras y moderadores.
Comentó que se tiene previsto que cada mesa tenga al menos cuatro ponentes. “Yo propuse algunos ponentes que son muy conocidos en el ámbito de la cultura de paz con el tema de la mediación”.
A su vez, la Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (PAN) se pronunció a favor de que se realice este foro y más cuando se trata de una reforma que permitirá legislar en torno a una cultura de paz. “En mi bancada coincidimos con lo expuesto por la diputada Olga Sánchez, ya que el país está en una crisis de inseguridad”.
De MC, la Diputada Laura Hernández García expresó que se suma a la propuesta para la construcción de paz y en cuanto a retroalimentación sugirió que también estén las voces para una cuestión comparativa con los estándares internacionales y se podría invitar al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como a organizaciones civiles.
Por su parte, La Diputada Xochitl Nashielly Zagal Ramírez, de MORENA, propuso que con el propósito de que el foro sea de distintas visiones, se convoque a ponentes de varias partes de la República y tomar las experiencias internacionales con los actos y pactos de paz de otras naciones.
Programa anual de trabajo
La Comisión aprobó su programa anual de trabajo, respecto del cual la Diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas (MC) solicitó adicionar que dentro de los 30 días siguientes se crearán grupos de trabajo y subcomisiones temáticas permanentes que busquen el desahogo eficiente de los asuntos turnados a la Comisión.
Asimismo, establecer metas cuantitativas de dictaminación por semestre, privilegiando el análisis de las iniciativas que cuenten con el consenso de todas las fuerzas políticas. También se avaló el segundo informe semestral de actividades.
Asuntos generales
Mario Miguel Carrillo Cubilla, Diputado de MORENA, invitó a un foro el lunes 10 de noviembre, en el Auditorio Heberto Castillo de la Cámara de Diputados, con el objetivo de llegar a una propuesta que le sirva a las y los mexicanos a redimir las controversias que están consideradas en la ley y que son opcionales.
Diputadas y diputados de la Comisión de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero de la LXII Legislatura mexiquense respaldaron dos iniciativas que buscan prevenir la explotación sexual de menores en servicios turísticos y de hospedaje en la entidad.
Las propuestas establecen nuevas obligaciones para el sector turístico, como la instalación de cámaras, registro de menores y protocolos de denuncia.
Integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero de la LXII Legislatura mexiquense coincidieron en la importancia de garantizar espacios seguros para las infancias en los destinos turísticos de la entidad, ya que México es considerado segundo lugar internacional como destino de explotación sexual infantil y primero en consumo de pornografía infantil, mientras que el Estado de México es de los cinco con más casos registrados en el país.
Estas reflexiones surgieron durante el análisis de las iniciativas de las Diputadas Susana Estrada Rojas (MORENA) y Krishna Karina Romero Velázquez (PAN), las cuales establecen que las personas propietarias de unidades de hospedaje deberán instalar cámaras de vigilancia en exteriores y áreas comunes, y que los prestadores de servicios turísticos soliciten a quienes viajen con menores de edad la documentación que acredite el parentesco, la patria potestad, tutela, guarda o custodia.
Al presidir la reunión, el Diputado Alejandro Castro Hernández (PRI) resaltó que estas medidas busquen elevar el estándar de responsabilidad social de este sector, colocándolo como primer filtro de protección a la niñez en contextos donde prevalece la impunidad. Asimismo, se pronunció por complementarlas con mecanismo claros y vinculantes, así como capacitación institucional, garantizando que tales empresas operen bajo una perspectiva de protección a menores.
La Parlamentaria Susana Estrada explicó que su iniciativa de reforma a la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México contempla que, además de las cámaras de vigilancia, las personas operadoras turísticas implementen políticas de prevención y protocolos de denuncia ante posibles casos de abuso sexual infantil en sus establecimientos.
También mandata que en estos establecimientos se registre formalmente a todas las personas menores de edad que ingresen como huéspedes, y que se exhiban, de forma visible, materiales informativos sobre la prevención del abuso sexual infantil; capacitar al personal para identificar signos de violencia hacia niñas, niños y adolescentes y responder adecuadamente ante situaciones de riesgo; y proporcionar a las y los huéspedes información clara sobre los mecanismos de denuncia, promoviendo activamente su uso.
En su turno, la Congresista Krishna Romero detalló que su iniciativa de reforma a la Ley de Turismo Sostenible y Desarrollo Artesanal estatal plantea que, si las personas turistas no acreditan el vínculo legal con la o el menor, se les negará el servicio y los prestadores deberán avisar a las autoridades investigadoras correspondientes sobre la posible comisión de un delito.
Agregó que, según el Informe sobre Trata y Desaparición de Niñas, Niños y Adolescentes en Contextos de Movilidad en México 2024, elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), entre 2019 y junio de 2024 se documentaron mil 854 denuncias por trata de personas con víctimas menores de edad, siendo el Estado de México una de las cinco entidades con mayor incidencia.
Por la bancada de MORENA, la legisladora María del Carmen de la Rosa Mendoza resaltó el carácter preventivo de las propuestas y llamó a definir claramente los mecanismos de coordinación entre autoridades competentes. De igual manera, propuso analizar la posibilidad de destinar un porcentaje de los impuestos recaudados a prestadores de servicios turísticos para financiar la implementación de las reformas, en caso de ser aprobadas.
