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martes, 13 de octubre de 2026

Proponen que Secretaría de Salud evalúe riesgos sanitarios por sustancias empleadas en productos cosméticos

  • Diputado Cuanalo Araujo (PVEM) propone reformar la Ley General de Salud

El Diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo (PVEM) planteó reformas legales para que la Secretaría de Salud dé a conocer la actualización periódica de las sustancias restringidas o prohibidas para la elaboración de productos cosméticos, con base en la evidencia científica y toxicológica disponible y en las clasificaciones de riesgo reconocidas por organismos nacionales e internacionales competentes. 

También deberá evaluar los riesgos sanitarios asociados con las sustancias empleadas en productos cosméticos y considerará, entre otros elementos, las clasificaciones toxicológicas nacionales e internacionales, la evidencia científica disponible y las determinaciones regulatorias adoptadas por autoridades sanitarias.

Los cambios al artículo 269 y la adición del 270 Bis de la Ley General de Salud señalan que cuando una sustancia empleada en productos cosméticos sea clasificada como carcinógena, mutágena o tóxica para la reproducción, la Secretaría deberá considerar dicha clasificación en la actualización de los acuerdos o listados de todas aquellas sustancias restringidas o prohibidas para la elaboración de productos cosméticos.

Estipula que la Secretaría podrá establecer restricciones, límites máximos de concentración, condiciones de uso, medidas de etiquetado, vigilancia sanitaria y, en su caso, prohibiciones respecto de dichas sustancias, de conformidad con la evidencia científica y el principio de protección de la salud.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Salud, argumenta que los productos cosméticos destinados al cuidado y embellecimiento de las uñas han experimentado una importante expansión en México, entre ellos se encuentran los esmaltes semipermanentes, los geles para uñas y otros productos que adquieren consistencia mediante procesos de fotopolimerización activados por radiación ultravioleta o luz visible emitida por dispositivos UV o LED.

Precisa que la eficacia de estos productos depende, en diversos casos, de la incorporación de sustancias denominadas fotoiniciadores, cuya función consiste en iniciar la reacción química que permite la polimerización y endurecimiento del producto. 

Entre los fotoiniciadores utilizados internacionalmente se encuentra el óxido de difenil fosfina, conocido como TPO, el cual fue clasificado en la Unión Europea como sustancia CMR de categoría 1B por toxicidad para la reproducción, circunstancia que desencadenó en prohibir dicho ingrediente en productos cosméticos europeos. 

Por ello, indica, la utilización del TPO debe analizarse no solamente desde la perspectiva de su eficacia tecnológica, sino también a partir de su perfil toxicológico. La regulación sanitaria tiene precisamente la función de garantizar que las características tecnológicas de un ingrediente no prevalezcan sobre la protección de la salud humana cuando exista evidencia suficiente que justifique una medida preventiva.

La iniciativa busca establecer una medida concreta de protección a la salud frente a esta sustancia, a partir de la evidencia toxicológica y de la evolución de los estándares regulatorios internacionales. Aclara que el propósito no es prohibir los esmaltes semipermanentes, los geles UV o LED, ni impedir el desarrollo de la industria cosmética, sino el uso de una sustancia específica cuyo perfil toxicológico ha generado una respuesta regulatoria internacional de especial relevancia.

martes, 6 de octubre de 2026

Proponen gratuidad y digitalización de certificados de nacimiento, defunción y muerte fetal

  • La Diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) plantea reformar la Ley General de Salud

La Diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) busca reformar diversas disposiciones de la Ley General de Salud para establecer la gratuidad de los certificados de nacimiento, defunción y muerte fetal, así como su digitalización.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Salud, precisa que los certificados de nacimiento, defunción y de muerte fetal en todo caso serán gratuitos y cuando sean expedidos por particulares autorizados, el Sistema Nacional de Salud deberá cubrir los costos, de conformidad a los lineamientos que para el efecto emita.

La legislación vigente señala que el certificado de nacimiento será expedido por profesionales de la medicina, parteras tradicionales y personas autorizadas para ello la autoridad sanitaria competente. Con la adición planteada al artículo 389 Bis de la Ley General de Salud “estarán obligados a digitalizarlo en el sistema electrónico que disponga la Secretaría de Salud”.

El actual artículo 389 Bis indica que el certificado de nacimiento será requerido por las autoridades del Registro Civil a quienes pretendan declarar el nacimiento de una persona, con las excepciones que establezcan las disposiciones generales aplicables. La modificación propuesta subraya que dicho documento “estará en formato digital para la consulta y cotejo de la información”.

En la exposición de motivos, la legisladora puntualiza que en la Ley General de Salud que regula los certificados prenupciales, de nacimiento, discapacidad, defunción, muerte fetal y de exportación, “no se encuentra de manera expresa la gratuidad, por lo que se considera pertinente incorporarlo”.

Hace notar que si bien las instituciones de salud pública debieran tener médicos que pudieran expedir esta documentación, ante su omisión se puede conceder a particulares la facultad de hacerlo, como pueden ser médicos de instituciones privadas e incluso personas que de alguna manera se dediquen a actividades propias de servicios funerarios.

Considera que establecer su gratuidad en la Ley General de Salud es un acto de reforzamiento y en el caso de los certificados de defunción es iniciar con un proceso inexistente que, al obligar a las instituciones públicas a su expedición gratuita, se tendrán que hacer las adecuaciones reglamentarias y administrativas correspondientes.

Adicionalmente y a efecto de dotar de certeza jurídica a las niñas y niños respecto del registro de su nacimiento, partiendo de la base de la digitalización de su certificado de nacimiento, el cotejo del mismo y la correspondiente emisión del acta de nacimiento, “consideramos necesario que las autoridades responsables velen por el uso de la tecnología para tal efecto”, expone la diputada.

La legisladora señala que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), todas las personas tienen derecho a la inscripción de su nacimiento, debido a que este derecho se encuentra estrechamente vinculado con otros, como el acceso a la salud y la educación, además de contribuir a la protección de niñas y niños.

Refiere que el derecho a la identidad está reconocido en diversos instrumentos internacionales y que, en México, la Constitución establece que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrada de manera inmediata a su nacimiento, además de garantizar la gratuidad de la primera copia certificada del acta de nacimiento.

Añade que la legislación en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes reconoce el derecho de la niñez a ser inscrita en el Registro Civil de manera inmediata y gratuita, mientras que las legislaciones locales contemplan, en general, la gratuidad del registro de nacimiento.

Expone que la Ley General de Salud regula diversos certificados, entre ellos los de nacimiento, defunción y muerte fetal, sin establecer de manera expresa su gratuidad. Por ello, considera necesario incorporar esta disposición para garantizar que su expedición no represente un costo para las personas.

La legisladora considera que, así como es relevante garantizar la identidad de una persona al nacer, también debe asegurarse la certificación de su fallecimiento. En este sentido, señala que los certificados de defunción y de muerte fetal son documentos necesarios para acreditar legalmente el deceso y continuar con diversos trámites ante el Registro Civil.

martes, 17 de marzo de 2026

Plantean que toda mujer embarazada pueda estar acompañada durante el trabajo de parto, puerperio y procedimiento de cesárea

  • La Diputada Verónica Martínez García (PRI) presentó una reforma a la Ley General de Salud 

La Diputada Verónica Martínez García (PRI) impulsa una iniciativa a fin de que, siempre que las condiciones del caso concreto lo permitan, toda mujer embarazada pueda estar acompañada en todo momento por una persona de su confianza durante el trabajo de parto y puerperio, incluyendo el procedimiento de cesárea. 

La propuesta, turnada a la Comisión de Salud, propone adicionar el artículo 61 de la Ley General de Salud.

En la exposición de motivos, la legisladora explica que la violencia obstétrica tiene su origen en los servicios de salud que, consciente o inconscientemente, pueden generar una acción o una omisión, al causar un daño físico o psicológico en la paciente, cuyos alcances violan los derechos humanos y reproductivos de las mujeres.

Dicha violencia puede ser física, psicológica, o ambas y entre las acciones u omisiones que causan perjuicio físico están los procedimientos invasivos, tales como las cesáreas que se practican de manera injustificada, suministro injustificado de medicamentos, y el más común de todos: retraso o negación de la atención médica en la fase final del embarazo.

Entre las acciones psicológicas se cuentan los actos discriminatorios, uso de lenguaje ofensivo, humillante o sarcástico, falta de información oportuna sobre el proceso reproductivo y trato deshumanizado.

Señala que, debido al incremento en este tipo de casos sobre todo en comunidades rurales e indígenas, en 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia sobre salud materna y denuncias de violencia obstétrica en México, en la que se evidenciaron las principales violaciones a los derechos humanos de las mujeres.

Ante esto, gran parte de las entidades federativas incorporaron en su respectiva legislación la definición de violencia obstétrica, como una medida para prevenir, combatir y erradicar esta modalidad de violencia. 

Actualmente no se encuentra reconocida en la legislación federal o general, pese a la violación de los derechos humanos de las mujeres, que ha implicado su desarrollo a través del tiempo.

Refiere que, según el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, en México durante 2024 se registraron 1 millón 672 mil 227 nacimientos. La tasa de nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil, de 15 a 49 años, fue de 47.7 por ciento.

Asimismo, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 determinó que, en los 5 años anteriores, de las siete millones 839 mil 186 mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto o cesárea, el 31.4 por ciento experimentó algún tipo de maltrato por parte de quienes las atendieron en el parto o cesárea.

Este tipo de violencia se presentó con mayor frecuencia cuando los partos ocurrieron en hospitales o clínicas del sector público con 37.9 por ciento, mientras que en los privados solo el 15.1 por ciento.

La Diputada Martínez García asegura que el objetivo de la iniciativa no es tipificar el tipo de violencia obstétrica, sino generar condiciones que permitan prevenir, combatir y erradicar las conductas que atentan contra los derechos humanos de las mujeres.

Precisa que la erradicación del maltrato y la falta de respeto en el parto podrá lograrse únicamente mediante un proceso inclusivo en el que participen mujeres, profesionales de salud, organismos de capacitación, educación y certificación de profesionales de la salud, asociaciones profesionistas, gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales.

jueves, 11 de diciembre de 2025

Inicia el Pleno del Senado de la República debate sobre reformas que prohíben los vapeadores

  • El dictamen a la minuta fue presentado por los presidentes de las Comisiones de Estudios Legislativos Primera y de Salud.

El Pleno de la Cámara de Senadores inició la discusión de la minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de prohibición de los cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros sistemas o dispositivos análogos, y otras materias que fortalecen la salud de la población.

Con estos cambios se crea en la ley un capítulo sobre cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, y los define como todo aparato o sistema mecánico, electrónico de cualquier tecnología, que se utilice para calentar, vaporizar o atomizar sustancias tóxicas líquidas, geles, sales, ceras, aerosoles secos, resinas, aceites cerosos u otra nueva formulación sintética, con o sin nicotina, susceptibles de ser inhaladas por la persona consumidora.

Con este proyecto, se prohibirá en todo el país la adquisición con fines de comercialización, preparación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, incluidos los desechables o de un solo uso.

La minuta, además, señala que al que realice por cualquier medio alguna de las conductas a que se refiere el artículo 282 Quater de la Ley, descrito en el párrafo anterior, se le impondrá de uno a ocho años de prisión y multa equivalente de cien a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

No obstante, se exceptúa de la prohibición, su consumo y posesión cuando no se destine a las actividades señaladas. Además, quedarían prohibidos todos los actos de comercialización, publicidad o propaganda, para que se consuman cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, a través de cualquier medio impreso, digital, televisivo, radial u otro medio de comunicación.

La minuta también indica que la autoridad sanitaria podrá llevar a cabo la verificación, la aplicación de medidas de seguridad y la disposición sanitaria de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos. Lo anterior, con independencia de las acciones que correspondan a otras autoridades en su respectivo ámbito de competencia.

Las reformas además señalan que la coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole planear e integrar la demanda de medicamentos, equipo médico de alta tecnología que haya determinado y demás insumos para la salud.

El Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, señaló que la minuta que se discute reconfigura el Sistema Nacional de Salud, pues reforma la Ley General de Salud para proteger el derecho a la salud, en particular de niñas, niños y adolescentes ante amenazas como los cigarrillos electrónicos y vapeadores, dado que la evidencia es contundente ante el incremento del consumo.

Agregó que estos dispositivos contienen nicotina y sustancias tóxicas que dañan pulmones y el sistema cardiovascular, por ello es que la minuta establece una prohibición amplia del mercado de cigarrillos electrónicos y vapeadores en toda la cadena, creando un tipo penal específico a quienes insistan en lucrar, pues si bien no se criminaliza en el consumo individual, sí se corta de raíz el negocio.

A su vez, el Presidente de la Comisión de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, llamó a votar a favor de la minuta, porque se trata de una decisión por la salud especialmente de las y los niños y adolescentes, pues los brotes de lesiones pulmonares asociadas al vapeo provocan miles de hospitalizaciones y decenas de muertes en nuestro país.

El vapeador, indicó, es el producto de nicotina más usado entre jóvenes, y estudios recientes muestran que alrededor de 1.63 millones de estudiantes se reportaron su consumo. “Por todo ello proponemos prohibir su comercialización, así como implementar campañas de información dirigidas a las y los jóvenes. Proteger la salud de futuras generaciones requiere de medidas claras”, añadió.

Posteriormente, la asamblea desechó una moción suspensiva presentada por la Senadora Carolina Viggiano Austria, del PRI, quien denunció que el dictamen carece de evidencia científica, técnica y regulatoria. “Hay un procedimiento acelerado y falta absoluta de participación ciudadana”, acusó.

Por su parte, el Senador Miguel Ángel Yunes Márquez impugnó dicha moción suspensiva, al afirmar que la proliferación de vapeadores y dispositivos análogos ha desbordado la capacidad de respuesta institucional debido a vacíos normativos. “Hay un incremento de casos de afectaciones respiratorias, crisis nerviosas y adicción temprana”, expuso.

martes, 25 de noviembre de 2025

Ricardo Monreal informa que esta semana se deliberarán los cambios a la ley sobre extorsión

  • También las reformas en materia de vapeadores, que mañana podrían aprobarse en comisiones y el miércoles en el pleno
  • Menciona que la iniciativa sobre Ley de aguas será modificada para que sea en beneficio de los usuarios

El Diputado Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la Junta de Coordinación Política, informó que esta semana, aunque tiene que acordarse en la JUCOPO, se tiene pensado revisar y deliberar los cambios que hizo la colegisladora sobre la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión. 

En conferencia de prensa con representantes de los medios de comunicación, el también coordinador del grupo parlamentario de MORENA externó que mañana podría aprobarse en comisiones la reforma a la Ley General de Salud en materia de prohibición de vapeadores, ya que tiene muchas semanas en discusión esta modificación.

“La ruta que tengo es que mañana pueda aprobarse en comisiones y el miércoles poder aprobarla en el pleno. En dos sesiones. Es parte de la discusión de mañana que tendremos en la Junta de Comisión Política”, añadió.

Añadió que el dictamen relativo a delitos ambientales, “pudiera mañana también atenderse. Y el miércoles, una modificación a la Ley del Trabajo sobre autonomía sindical que se aprobó por unanimidad en Cámara de Senadores".

Ley General de Aguas

Respecto a la iniciativa presidencial que expide la Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales, dijo que se va a modificar a raíz de las audiencias públicas convocadas por la Comisión de Recursos Hidráulicos. Mencionó que se tiene previsto que este tema se aborde en el Pleno en los próximos diez días.

El legislador recordó que la semana pasada durante cuatro días se recibieron ponencias, 450, 460 participaciones y que ya las comisiones están procediendo a revisar y a elaborar el dictamen. 

Resaltó que uno de los temas muy socorridos en estas audiencias fueron las herencias, concesiones y transmisiones de estas. “Yo diría que muchas de las expresiones en los foros tienen razón”. Otros puntos que se tomarán a consideración son los organismos de cuenca o el registro denominado Registro Público del Agua. 

El dictamen y la probable aprobación no será la misma que la iniciativa. “Aquí no habrá sino una reflexión profunda, nada de que no se modifica una sola coma. Sí se va a modificar la iniciativa de ley y va a ser para beneficio de los usuarios del agua, en zonas urbanas, en industrias, en el campo mexicano, los usuarios de pozos, de concesiones de distinta naturaleza que aprovechan el agua de la nación. Yo creo que va a haber forma de que logremos atender estos reclamos”.

Informó que ha estado en conversaciones con la dirección de CONAGUA y con el personal de esta Comisión. “Hoy me reuní con ellos, me reuní el fin de semana pasado, yo no dejo de hablar con los titulares a los que está orientada la ley. Y en este caso debo de decir que el director de CONAGUA ha sido muy sensible”.

“Les puedo asegurar que estamos buscando que se modifique la iniciativa, para que las sucesiones o transmisiones vayan con las mismas características que están actualmente del tiempo y volumen que la concesión original tiene, que no se altere ese derecho”, subrayó el diputado.

Expuso que otra de las cosas que seguramente se modificará, es que la tierra vaya junto con el agua en el caso de venta, transmisión de propiedad, y que se mantengan estos derechos adquiridos por los productores y por generaciones.

Celeridad a iniciativa sobre reducción de jornada laboral

Por otra parte, informó que esperarán a que llegue la iniciativa presidencial para reducir la jornada laboral a 40 horas y “vamos a aplicarle toda la celeridad, sin atropellar los tiempos del proceso legislativo". “Yo espero que llegue. No me adelanto a la víspera. Espero que llegue y le daremos el curso urgente que requiera”.

Ante la pregunta de si podría ser desahogada en un periodo extraordinario, afirmó que “puede ser, pero recuerden que nada más es enero, pero el primero de febrero arrancamos el segundo periodo de sesiones. Así que no se descarta periodo extraordinario”.

Detalló que él no ha estado involucrado en negociaciones con la iniciativa privada ni con el sector económico, “no lo he hecho, porque ese trabajo lo está haciendo muy bien la Presidenta Claudia Sheinbaum, hablando con los empresarios, porque también hay resistencia de algunos de ellos. Obviamente que los prestadores o los empleadores tienen también sus dudas sobre la semana de 40 horas”.

Recordó que MORENA fue el primer partido que sacó esta propuesta desde la Legislatura pasada, y el que lo retomara la presidenta es un compromiso que “estoy seguro se va a cumplir. Vamos a esperar. Ella habló que a finales del periodo de sesiones. El periodo de sesiones estará concluyendo antes del 15 –de diciembre- de acuerdo con la Constitución y la ley”.

Por ello, abundó que se va a esperar que en los próximos días se pueda lograr el consenso y enviar la iniciativa para que tenga éxito esa propuesta fundamental para las y los trabajadores. 

“Yo soy un convencido de la semana de 40 horas. Estoy convencido y voy a actuar con consecuencia en favor de esta reforma que se planteó por parte de la presidenta. La vamos a acompañar y la vamos a respaldar”, aseveró.

Finalmente expuso que hay una ley pendiente que es la de economía circular y que es probable que se lleven a cabo audiencias estos días. 

jueves, 6 de noviembre de 2025

Plantea GPPVEM despenalizar la eutanasia en México

  • La Diputada Itzel Pérez Correa, del Grupo Parlamentario del PVEM (GPPVEM), plantea que se permita la eutanasia cuando se cumplan los protocolos que emita la Secretaría de Salud del gobierno federal.
  • La legisladora informó que, en 2022, siete de cada diez mexicanos se declararon a favor de permitir la eutanasia y que 73% considera necesario cambiar las leyes para que las personas enfermas puedan acceder a este derecho.

Con el propósito de establecer un marco jurídico claro, seguro y humano que garantice a las personas un acompañamiento digno, respetuoso y de calidad en la etapa final de su vida, la Diputada Itzel Guadalupe Pérez Correa (PVEM) propuso permitir la práctica de la eutanasia, siempre que se cumplan los protocolos que, para tal efecto, emita la Secretaría de Salud del gobierno federal.

La propuesta establece que regular la eutanasia —entendida como la intervención directa de una persona profesional de la salud para causar la muerte de la o el paciente— brinda seguridad jurídica tanto a quienes deciden acceder a ella como al personal autorizado para llevarla a cabo, al reconocer el derecho de las personas a decidir de manera informada y con un acompañamiento integral.

La iniciativa de reforma a la Ley General de Salud expone que, en las últimas décadas, la noción de una muerte digna ha adquirido una mayor relevancia ética y jurídica. En consecuencia, diversas legislaciones han reconocido el derecho de las personas que enfrentan enfermedades graves, incurables o en fase terminal, y que padecen sufrimientos refractarios, a solicitar ayuda médica para morir con dignidad. Dichos marcos normativos se sustentan en garantías, salvaguardas y controles institucionales rigurosos.

Añade que actualmente en México se reconoce la voluntad anticipada en 14 entidades, incluido el Estado de México, donde se norma la actuación correcta ante la muerte por parte de quienes atienden a pacientes en fase terminal, lo que ha permitido a más de 20 mil personas expresar su voluntad y evitar la obstinación terapéutica. Esta figura, agrega, se vería fortalecida con la aprobación de la eutanasia.

En su exposición, la legisladora mencionó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Opinión sobre el Derecho a Morir con Dignidad 2022, siete de cada diez mexicanos se declararon a favor de permitir la eutanasia; 73 por ciento considera necesario cambiar las leyes para que las personas enfermas puedan recibir ayuda médica para terminar con su vida si así lo deciden; y, entre quienes viven en zonas urbanas, el apoyo asciende al 75.6 por ciento, mientras que en zonas rurales alcanza el 61.1 por ciento.

Aunado a lo anterior, apuntó que personas académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México han señalado que, aunque en el corto plazo existen pocos consensos políticos, la sociedad mexicana muestra una tendencia creciente hacia el reconocimiento del derecho a decidir sobre el final de la vida.

lunes, 19 de mayo de 2025

Plantean regular instalación y uso de dispensadores de agua potable en espacios públicos y comerciales

  • El objetivo es proteger el derecho humano al agua y a la salud, señala el Diputado Manzanilla Téllez (PT), en una iniciativa

El Diputado Emilio Manzanilla Téllez, del PT, presentó una iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud y a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de regulación de dispensadores de agua potable en espacios públicos y comerciales.

La modificación establece que queda prohibida la instalación de dispensadores automáticos de agua potable en la vía pública, espacios comunitarios, unidades habitacionales o centros comerciales, cuando no cuenten con autorización sanitaria emitida por la autoridad competente.

Precisa que toda persona física o moral que instale, opere o administre dispensadores de agua potable deberá acreditar la fuente de abastecimiento y el proceso de purificación utilizado, garantizar el mantenimiento periódico, limpieza y cambio de filtros, colocar en lugar visible la fecha del último mantenimiento, datos de contacto del responsable y resultados de análisis bacteriológicos recientes.

También, deberán permitir la inspección sanitaria sin previo aviso, obtener licencia municipal o delegacional para su instalación en espacios públicos. 

Añade que la Secretaría de Salud, en coordinación con autoridades estatales y municipales, expedirá las normas oficiales correspondientes y podrá ordenar la clausura de cualquier dispensador que represente riesgo sanitario.

Precisa que los proveedores que ofrezcan agua potable a través de dispensadores automáticos deberán garantizar la veracidad en la información sobre la calidad del agua, procesos de purificación, tarifas y mantenimiento del equipo.

Estipula que cualquier omisión, falsedad o incumplimiento en dicha información será considerado publicidad engañosa y dará lugar a las sanciones previstas en esta Ley.

En su fundamentación, la iniciativa turnada a las comisiones unidas de Salud, y de Economía, Comercio y Competitividad, señala que el objetivo es proteger el derecho humano al agua y a la salud, cerrar brechas regulatorias, y asegurar que ninguna persona, por falta de información o regulación, ponga en riesgo su salud al tratar de ejercer su derecho a hidratarse.

“Esta reforma propone una respuesta anticipada a un fenómeno que, de no atenderse, podría derivar en crisis sanitarias focalizadas. En lugar de esperar brotes o escándalos de contaminación, se apuesta por una regulación proactiva”, subraya.

Destaca que en un país donde las enfermedades diarreicas siguen siendo una causa importante de morbilidad, especialmente en menores de cinco años, es inaceptable que se permita el funcionamiento de dispositivos de consumo humano sin regulación alguna.

Aclara que no se trata de criminalizar la innovación o restringir el acceso al agua, sino de asegurar que cualquier sistema de distribución del recurso cumpla con estándares mínimos de salubridad, legalidad y transparencia.

“Este marco normativo permitirá a los municipios y gobiernos estatales contar con herramientas claras para autorizar, supervisar o retirar estos dispositivos”, puntualiza.

lunes, 14 de abril de 2025

Diputada del PVEM propone crear un Registro Nacional de Enfermedades Raras


• La Diputada Hilda Magdalena Licerio Valdés (PVEM) plantea reformar la Ley General de Salud

La Diputada Hilda Magdalena Licerio Valdés del (PVEM) impulsa una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a fin el crear un Registro Nacional de Enfermedades Raras.

La propuesta, enviada a la Comisión de Salud, plantea que será competencia del Consejo de Salubridad General elaborar, actualizar y difundir en el Diario Oficial de la Federación el Registro Nacional de Enfermedades Raras, el cual deberá contener los datos relacionados con la identidad, historial ocupacional y laboral, mismas que garantizarán la protección de datos personales de los pacientes.

Este registro también integrará información demográfica, respecto a la enfermedad y el tratamiento que se han aplicado al paciente, el seguimiento médico que se ha dado, y los datos que determine el Consejo de Salubridad.

El objetivo es fomentar la atención de pacientes con enfermedades raras e identificar sus necesidades prioritarias, la generación de estadísticas confiables y la mejora en el acceso a tratamientos especializados.

Las enfermedades raras o poco frecuentes son aquellas que no tienen más de cinco casos por cada diez mil habitantes; en el caso de México se estima que hay al menos diez millones de personas que viven con un padecimiento de estas características, refiere.

Agrega que hasta 2023, en México sólo se tenían reconocidas 20 enfermedades raras y en ese año se suscribió un acuerdo del Consejo de Salubridad General en donde se reconocieron las enfermedades incorporadas en la Clasificación Internacional de Enfermedades, emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, no se cuenta con un registro para saber cuántas personas viven con estas enfermedades para obtener mejor información y atender las necesidades de estos pacientes, precisa.

Ante ello, la Legisladora Licerio Valdés enfatiza que la iniciativa plantea que se generen mecanismos que mejoren los servicios de salud y se brinde un diagnóstico oportuno, el cual puede tomar hasta diez años.

lunes, 20 de enero de 2025

Buscan que el derecho a la protección de la salud tenga como finalidad un acceso equitativo a los servicios

• Además, la planeación y desarrollo de infraestructura hospitalaria con equipamiento e insumos suficientes


• La Diputada Graciela Ortiz González (PRI) plantea cambios a la Ley General de Salud


La Diputada Graciela Ortiz González (PRI) propuso adicionar la Ley General de Salud, con el objetivo de incluir, entre las finalidades del derecho a la protección de la salud, el acceso equitativo a los servicios, con calidad y racionalidad.

Asimismo, las adiciones de las fracciones IX, X, XI y XII al artículo 2 de dicha ley, plantean establecer otras finalidades como la planeación y desarrollo de infraestructura hospitalaria que cumpla con el equipamiento e insumos suficientes y en las condiciones idóneas, de conformidad con lo establecido en tratados internacionales, leyes reglamentarias y normatividad aplicable.

Además, el acceso a vacunas para la prevención de enfermedades, así como a medicamentos y tratamientos específicos de forma oportuna y permanente para la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana, así como contar con programas y planes estratégicos para la prevención y asistencia en situaciones de emergencia naturales y epidemiológicas.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Salud, afirma que es fundamental que el Estado refuerce su compromiso con la salud pública y garantice que toda persona en México tenga acceso a los insumos necesarios para preservar su vida y bienestar.

Destaca que fortalecer las políticas de salud no solo prolonga la vida de la población, sino que promueve el desarrollo sostenible del país.

El documento refiere que la pandemia de COVID-19 dejó claras las fallas y limitaciones del sistema de salud en México, pero también evidenció la necesidad de transformar las políticas públicas de manera profunda y sostenible. “Fortalecer la capacidad del Estado para garantizar el acceso a medicamentos y vacunas no es solo un imperativo legal, sino también un compromiso ético con la sociedad”.

Por ello, explica, con la reforma se pretende fortalecer y sentar las bases para un sistema de salud integral y eficiente, que brinde seguridad y certidumbre a la población, así como asegurar que el derecho a la salud sea una realidad accesible y sostenible para todas las personas en México.

Enfatiza que la propuesta busca consolidar un sistema de salud resiliente que asegure la disponibilidad de medicamentos y vacunas para toda la ciudadanía.

viernes, 17 de enero de 2025

Plantean reformas a Ley General de Salud para evitar el consumo de alimentos ultraprocesados

• La propuesta incorpora al marco normativo su definición e impulsa campañas de concientización sobre sus riesgos: Diputado Varela Domínguez (MORENA)


El Diputado Juan Carlos Varela Domínguez (MORENA) impulsa una iniciativa que reforma y adiciona los artículos 114 y 115 de la Ley General de Salud, a fin de evitar el consumo de alimentos ultraprocesados y generar campañas de concientización sobre los riesgos y efectos negativos.

La propuesta, turnada a la Comisión de Salud, establece el concepto de alimentos ultraprocesados, los cuales son productos alimenticios elaborados industrialmente a partir de sustancias derivadas de otros alimentos, caracterizados por ser altos en calorías, grasas saturadas, azucares y contener aditivos conservantes, colorantes, edulcorantes, potenciadores de sabor.

Así como, ingredientes que han sido sometidos a varios procedimientos previos como la hidrogenación, fritura, hidrólisis de proteínas y refinación o extrusión de harinas o cereales y a procesos que induzcan a la pérdida de calidad y propiedades nutricionales de los alimentos de base, considerándose productos perjudiciales para la salud.

La reforma también contempla que la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Economía y las entidades federativas, concienticen a las empresas de alimentos ultraprocesados sobre los daños ocasionados a la salud y las exhorta a reformular la elaboración de estos productos.

Además, a generar campañas de concientización sobre los riesgos y efectos negativos contra la salud, ocasionados por la elaboración, distribución y consumo de productos ultraprocesados.

El legislador considera que estas modificaciones son de vital importancia, toda vez que hay estudios que relacionan el consumo de alimentos ultraprocesados con la prevalencia de la obesidad, pues estos productos aportan gran cantidad de azúcares libres y grasas saturadas.

Subraya que cada persona anualmente consume cerca de 215 kilogramos de comida chatarra y que México lleva más de un lustro con el índice de obesidad y de consumo de ultraprocesados más elevado de Latinoamérica y el Caribe, lo que coloca al país en una gran desventaja ante enfermedades.

Destaca que los alimentos ultraprocesados más comunes son los cereales de desayunos, zumos de frutas envasados, yogures de sabores, sopas enlatadas, deshidratadas e instantáneas, margarinas, mezclas para pasteles, patatas fritas, bebidas gaseosas, galletas, caramelos, mermeladas, salsas, helados, chocolates, fórmulas infantiles, salchichas y nuggets.

El documento detalla que si bien desde 2009 aparece el término “ultraprocesado” no ha cesado de crecer la evidencia científica que asocia el consumo de estos alimentos con el aumento de enfermedades cardiovasculares, dislipidemia, hipertensión, obesidad, síndrome metabólico, respiratorias, cáncer, etcétera.

En este sentido, apunta que se han realizado estudios que indican que una alta ingesta de alimentos ultraprocesados induce disbiosis en la microbiota intestinal y el riesgo de desarrollar depresión. Además, este riesgo resulta ser mayor entre aquellas personas con menor nivel de actividad física.

El Diputado Varela Domínguez menciona que otro factor en el consumo de este tipo de productos alimenticios es la mercadotecnia, ya que ofrecen un mayor tamaño de raciones a precios bajos, lo que hace que los alimentos ultraprocesados sean muy accesibles.

Indica que diversos estudios relacionan la situación socioeconómica de la población con el consumo de este tipo de productos, de ahí la importancia de adecuar la Ley General de Salud y, con ello, concientizar a la ciudanía y empresas sobre el riesgo de su ingesta.

martes, 7 de enero de 2025

Iniciativa promueve instalar cambiadores de pañales en sanitarios de mujeres y hombres

• La propuesta es un paso hacia la igualdad de género y bienestar familiar: Diputado Miranda Barrera (PVEM)


El Diputado Luis Enrique Miranda Barrera (PVEM) impulsa una reforma a la Ley General de Salud para incluir la obligatoriedad de instalar cambiadores para bebés en todos los espacios públicos como un paso hacia la igualdad de género y el bienestar familiar.

La iniciativa, enviada a la Comisión de Salud, modifica la fracción II del artículo 64 de dicho ordenamiento legal para establecer que las autoridades sanitarias competentes deberán instalar cambiadores de pañales en sanitarios de mujeres y hombres en los centros de trabajo de los sectores público y privado.

En la exposición de motivos, considera que la propuesta responde a la necesidad de promover la salud y la higiene de la infancia; también busca fomentar la igualdad de género y la participación equitativa de los padres en las labores de crianza de los hijos e hijas.

Observa que la falta de instalaciones adecuadas puede obligar a las madres y padres a improvisar, lo que pone en riesgo la salud del bebé y la higiene del entorno.

Ante ello, considera que la inclusión de cambiadores en espacios públicos contribuye a prevenir infecciones, reducir el riesgo de enfermedades cutáneas, además de que es higiénico y un espacio adecuado que permite atender las necesidades de higiene de los bebés de manera rápida y digna.

Afirma que la reforma promueve la normalización de la paternidad activa y fomenta la participación de los padres en el cuidado de sus hijos e hijas, contribuyendo a la construcción de un modelo de paternidad más solidario entre ambos padres.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los hombres dedican en promedio 25.6 horas semanales a labores de cuidado, mientras que las mujeres 37.9 horas, lo que refleja una desigualdad en las responsabilidades de cuidado dentro de los hogares.

Por ello, estima que garantizar que los padres y cuidadores tengan acceso a instalaciones adecuadas contribuye a crear un entorno más saludable y equitativo para las futuras generaciones, además de incentivar que asuman un rol más activo para equilibrar la carga de trabajo entre géneros, fortalecer lazos familiares y promover el desarrollo integral de los menores.

Es imperativo, agrega, que esta propuesta se considere y apoye por todas las partes involucradas, en aras de construir una sociedad que valore y proteja la salud de los más vulnerables, las niñas y niños.

martes, 17 de diciembre de 2024

Plantean incorporar uso y aprovechamiento de la inteligencia artificial en servicios del Sistema Nacional de Salud

* Iniciativa del Diputado Ramírez Barba (PAN) busca reformar diversas disposiciones de la Ley General de Salud


El Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) propuso establecer como objetivo del Sistema Nacional de Salud promover la incorporación, uso y aprovechamiento de inteligencia artificial (IA) en los servicios de salud, para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la atención y la investigación, en condiciones de confiabilidad, precisión, privacidad, seguridad, calidad y eficacia terapéutica.

Asimismo, la protección y tratamiento adecuado de datos personales sensibles en posesión de los particulares y de los sujetos obligados, tanto en medios físicos como digitales.

En la iniciativa de reformas a la Ley General de Salud, turnada a la Comisión de Salud, se agrega que los desarrolladores y proveedores de sistemas de inteligencia artificial destinados a utilizarse en el ámbito de la salud, tienen la obligación de incorporar los mecanismos para garantizar la protección de datos personales sensibles, así como registrar dichos sistemas ante la autoridad sanitaria federal.

La Secretaría de Salud establecerá las disposiciones regulatorias sobre la investigación, el desarrollo, capacitación, educación, registro, información, responsabilidad, seguridad, uso, supervisión, evaluación, suspensión y cancelación de sistemas de IA destinados a utilizarse en el ámbito de la salud.

Plantea que cuando se trate del uso de sistemas de IA en la atención médica, la Secretaría exigirá el acompañamiento permanente de un profesional de la salud,

Define que la inteligencia artificial aplicada a la salud se refiere al conjunto de tecnologías y sistemas computacionales que, a través del uso de algoritmos, modelos de aprendizaje automático y procesamiento de datos, son capaces de llevar a cabo tareas específicas en el ámbito de la salud.

Precisa que estas tareas incluyen, pero no se limitan a la recopilación, el análisis y la interpretación de datos clínicos y no clínicos; la realización de diagnósticos, la recomendación de tratamientos, la predicción de resultados en la salud y el diseño de nuevas terapias y medicamentos.

La inteligencia artificial aplicada a la salud debe operar de manera ética y responsable, garantizando la protección de los datos personales y la privacidad de los pacientes, así como asegurando la equidad y la inclusividad en su uso.

Considera que los sistemas de inteligencia artificial utilizados en el Sistema Nacional de Salud son una herramienta de apoyo, por lo que su uso terapéutico deberá realizarse obligadamente con la supervisión, validación y toma de decisiones finales por parte de los profesionales de la salud; por lo tanto, serán éstos quienes decidan su uso y no podrán ser obligados a incorporarlos en el ejercicio de sus actividades.

Deja en claro que los sistemas de inteligencia artificial únicamente podrán ser utilizados en el Sistema Nacional de Salud con el consentimiento informado del paciente, que podrá negarse a recibir atención médica con la asistencia de la IA y se les deberá brindar las alternativas necesarias para garantizar su derecho a la salud.

Manifiesta que la Secretaría delineará los mecanismos regulares de evaluación y auditoría de los sistemas de inteligencia artificial utilizados en el Sistema Nacional de Salud, con el objetivo de determinar en qué casos representan un riesgo para la salud de las personas, y procederá a solicitar la suspensión de operaciones del sistema y, en su caso, su cancelación.

En la exposición de motivos, Ramírez Barba indica que la IA optimiza procesos de prevención y tratamiento de enfermedades y genera diagnósticos más precisos, lo cual representa un beneficio directo en la calidad y esperanza de vida. Por ello, es necesario que se adhiera a valores de transparencia, inclusión, colaboración pública, supervisión por parte de expertos y rigor en evaluaciones.

Puntualiza que se trata de una herramienta invaluable que impacta todos los aspectos de la vida moderna y el ámbito de la salud no ha sido excepción y se ha beneficiado del desarrollo de tecnologías digitales, pero su utilización conlleva riesgos que deben ser considerados, por lo que es necesario regular su implementación.

martes, 12 de noviembre de 2024

Impulsan iniciativa para garantizar atención médica y tratamientos necesarios a nacidos prematuramente

* La propuesta de la Diputada Verónica Martínez (PRI) se analiza en la Comisión de Salud


Con el fin de que las instituciones de salud pública garanticen la atención médica, insumos y tratamientos necesarios que requieren los nacidos de forma prematura, la Diputada Verónica Martínez García (PRI) pidió reformar los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Salud para su análisis, establece que la atención materno-infantil comprende acciones como atención, cuidados, detección oportuna y la aplicación de todos los tratamientos necesarios para estabilizarlos y controlar las complicaciones que presenten los nacidos prematuramente hasta su total recuperación, así como la revisión de retina y tamiz auditivo.

Estipula que en la organización y operación de los servicios de salud las autoridades sanitarias competentes establecerán los procedimientos y acciones jurídico administrativos que sean necesarios para garantizar la atención médica a los nacidos prematuramente, estabilizándolos hasta su total recuperación, ya sea por sí o en coordinación con instituciones privadas de salud.

En la exposición de motivos, indica que se establecerá la posibilidad de que las instituciones de salud tengan mecanismos administrativos adecuados para satisfacer las necesidades de los prematuros y de sus familias, al estabilizarlos y alcanzar su recuperación.

Menciona que se amplía la cobertura de los servicios médicos sobre todo de las personas con mayor vulnerabilidad y favorece para asegurar plenamente su acceso al derecho a la salud en cumplimiento a lo previsto en la legislación de la materia.

Refiere que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud un recién nacido se considera prematuro cuando nace vivo antes de completarse 37 semanas de embarazo.

Estima que la propuesta abonará a salvaguardar los derechos fundamentales de los derechohabientes y a fortalecer al sector público de salud en esta materia.

Otorgar a las instituciones de salud la capacidad de tomar decisiones y poner en práctica acciones preventivas específicas en relación con la atención a los neonatos prematuros contribuiría a fortalecer significativamente la Ley General de Salud, enfatiza.

También, salvaguardará el acceso oportuno y adecuado a la atención médica necesaria para los nacidos prematuros, evitará traslados innecesarios y optimizará la capacidad de respuesta de las instituciones de salud pública.

Además, abonará al fortalecimiento de las medidas orientadas a reducir la brecha de desigualdad que padecen las mujeres, sobre todo las más vulnerables al garantizarles el acceso universal a la salud sexual y reproductiva.

Puntualiza que la propuesta contribuye avanzar y redoblar esfuerzos para que las instituciones de salud pública garanticen la atención médica.

lunes, 4 de noviembre de 2024

Piden que laboratorios avisen a autoridades sanitarias de enfermedades que puedan afectar a la población

* La Diputada Margarita García (PT) promueve reformas a la Ley General de Salud


La Diputada Margarita García García (PT) promueve reformar los artículos 137 y 138 de la Ley General de Salud, con la finalidad de que las personas que ejerzan la medicina o que realicen actividades afines estén obligadas a dar aviso a las autoridades sanitarias de los casos de enfermedades transmisibles “o que consideren pueda provocar afectaciones a la población”, previo diagnóstico.

Asimismo, los jefes o encargados de laboratorios, los directores de unidades médicas, escuelas, fábricas, talleres, asilos, los jefes de oficinas, establecimientos comerciales o de cualquier otra índole y, en general, toda persona que por circunstancias ordinarias o accidentales tenga conocimiento de alguno de los casos de enfermedades a que se refiere esta ley “o que consideren pueda provocar afectaciones a la población”.

Menciona que se requiere modificar la ley porque el problema surge cuando se detectan enfermedades que no están contempladas en este ordenamiento o son reconocidas por el Consejo de Salubridad y que se considera pueden traer afectaciones importantes a la población, lo que provoca que se salgan de control, ya que no se atienden a tiempo y pueden llegar a convertirse en epidemia o pandemia como la que aún se sigue enfrentando y que ha causado muchas muertes a nivel mundial.

El documento, turnado a la Comisión de Salud, considera que los laboratorios clínicos son los primeros filtros donde se puede descartar enfermedades, padecimientos y lesiones, entre otros aspectos, para posteriormente ofrecer un diagnóstico más certero a los médicos a fin de que apliquen un tratamiento.

Sin importar si son públicos o privados, todos los laboratorios son supervisados por la Secretaría de Salud, y deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011, para su organización y funcionamiento, la cual se encuentra vinculada a otras normas oficiales en el ámbito laboral, seguridad e higiene, medio ambiente, requisitos de infraestructura y equipamiento.

Por ello, la iniciativa busca que los laboratorios y personal de salud en general den aviso a las autoridades sobre alguna detección de enfermedades que puedan afectar el estado de salud de la población en general, por el alto grado de contagio.

jueves, 24 de octubre de 2024

Acceso equitativo y servicios de salud de calidad, propone el GPPT


* Plantea Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) nueva Ley de Salud estatal


* La ley establece la conformación del sistema estatal y su vinculación con el nacional y crear un fondo para emergencias


A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), la Legisladora Ana Yurixi Leyva Piñón y el ciudadano Juan Eduardo Salazar López propusieron ante el pleno del Congreso local expedir la Ley de Salud estatal, para garantizar a la población en general el acceso equitativo y de mejor calidad a los servicios médicos, ampliar su cobertura y promover la incorporación del sistema al modelo de atención a la salud y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)- Bienestar.

La iniciativa, en cuya construcción participó la ciudadanía en general e instituciones como como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de Salud (OPS), plantea la conformación del sistema estatal y su vinculación con el nacional, su financiamiento y la creación de un fondo para emergencias de salud; además de la planificación estatal, el monitoreo, evaluación y análisis del estado de salud de la población.

La propuesta, que armoniza el marco legal con las reformas a la Ley General de Salud por el modelo IMSS-Bienestar, considera un plan maestro de infraestructura hospitalaria, unidades médicas y centros de salud; atención a la salud mental, a enfermedades como cáncer y virus de inmunodeficiencia humana, así como la medicina tradicional; asimismo, sienta bases para que las mujeres puedan decidir libremente sobre sus cuerpos con condiciones idóneas para un aborto legal, seguro y gratuito.

El documento destaca que actualmente esta materia es regulada por el Libro Segundo del Código Administrativo estatal, con más de 20 años de antigüedad, por lo que ya no responde a las demandas sociales, ni cumple con los estándares que señalan instancias como la OMS y OPS.

La iniciativa, que se analizará en comisiones legislativas, añade que el Estado de México ocupa uno de los últimos lugares nacionales de personas afiliadas a algún servicio de salud, con más de nueve millones de personas que no son derechohabientes de ninguna institución pública, lo que refleja la necesidad de expedir una ley que amplíe la cobertura y de que ninguna persona esté sin atención médica oportuna o sin medicamentos para enfermedades de alto impacto.

miércoles, 9 de octubre de 2024

Claudia Selene Ávila Flores rinde protesta como Diputada Federal

• El Pleno avala licencia de la Diputada Sylvana Beltrones Sánchez (PRI)


Ante la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que encabeza el Diputado Sergio Gutiérrez Luna, rindió protesta de ley como Diputada Federal e integrante de la LXVI Legislatura, Claudia Selene Ávila Flores (MORENA-Primera Circunscripción), en sustitución del Diputado con Licencia Carlos Alfonso Candelaria López (MORENA).

En votación económica, el Pleno aprobó la licencia de la Diputada Sylvana Beltrones Sánchez (PRI), para separarse de sus funciones como diputada federal electa en la Primera Circunscripción, a partir de esta fecha,

Comunicaciones


El Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio cuenta del informe semestral de Actividades y Resultados 2024, correspondiente al periodo de enero a junio de 2024. Se turnó a las comisiones de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

La Secretaría de Bienestar remitió los informes que contienen la planeación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, correspondientes al tercer trimestre de 2024. Fue enviado a la Comisión de Bienestar.

A la Comisión de Salud se canalizó iniciativa del congreso del Estado de Chihuahua, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 282 de la Ley General de Salud.

Su finalidad es prohibir el uso, fabricación, almacenamiento, tránsito, y comercialización de materiales y productos de asbesto y carbonato de magnesio, a fin de garantizar la salud de las personas y un medio ambiente sano.

lunes, 7 de octubre de 2024

Piden otorgar atención médica domiciliaria a personas mayores, enfermas y discapacitadas

* El Diputado Ramírez Barba (PAN) promueve reformar la Ley General de Salud


El Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) impulsa una iniciativa con el propósito de que los prestadores de servicios de salud públicos ofrezcan atención médica domiciliaria a todos los pacientes, en especial a quienes, por sus condiciones de enfermedad, edad, discapacidad o vulnerabilidad, se encuentren imposibilitados para acudir personalmente a las instalaciones médicas.

La propuesta, también suscrita por los diputados integrantes de su grupo parlamentario, adiciona un artículo 32 Bis a la Ley General de Salud para especificar que esta tarea será ejecutada por el Sistema Nacional de Salud.

En tanto, el Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar), en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, dispondrán de los programas y acciones que permitan proporcionar atención médica domiciliaria para las personas sin seguridad social.

De igual manera, la iniciativa turnada a la Comisión de Salud para su dictamen, plantea que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Consejo de Salubridad General, establecerá la regulación específica para la prestación de los servicios de atención médica domiciliaria, entre ellos, el tipo de servicios que brindarán en el domicilio.

Asimismo, los requisitos para los proveedores y los mecanismos de supervisión y evaluación, el consentimiento informado, la protección de datos y la privacidad de los pacientes, de manera que se garantice la calidad y seguridad de dichos servicios.

La iniciativa resalta que lo que se busca es contribuir a reducir la saturación de los servicios de médicos hospitalarios, pues la regulación adecuada de la atención domiciliaria evitará que adultos mayores, personas con discapacidad o personas que enfrentan alguna enfermedad crónica con dificultades de movilidad, tengan que pasar largas horas de espera para recibir una consulta.

Añade que también permitirá liberar el uso de recursos como infraestructura y personal de salud en los centros hospitalarios, para mejorar la atención de las personas que necesariamente requieran una atención hospitalaria.

Argumenta que la atención domiciliaria tiene como objetivo proporcionar atención a la salud mediante actividades que incluyen contenidos de promoción, protección, curación y rehabilitación para la persona, dentro de un marco de plena corresponsabilidad entre el usuario y/o familia con los profesionales de la salud, mismas que se realizan en el domicilio de las personas, que, debido a su estado de salud, edad o a otros criterios, no pueden desplazarse a una unidad de atención a la salud.

Destaca que la atención médica domiciliaria puede ser una opción viable para garantizar el acceso a los servicios de salud de enfermos crónicos que no requieren hospitalización o para grupos de población que enfrentan barreras en su movilidad y como un modelo de intervención costo efectivo.

El Diputado Ramírez Barba explica que estas acciones son fundamentales, ya que, en México, las instituciones públicas de salud tienen escasos ejemplos de esquemas de atención domiciliaria, como es el caso del programa de Atención del Enfermo Crónico, perteneciente al IMSS, que inició en la década de los años noventa.

lunes, 19 de agosto de 2024

Debaten sobre reformas a la Ley General de Salud con relación a la práctica de la partería tradicional

• El proyecto fue aprobado en febrero de 2024 y publicado en el Diario Oficial de la Federación


• El Sistema Nacional de Salud deberá promover el respeto, conocimiento y desarrollo, así como su práctica en condiciones dignas


Con el objetivo de promover, rescatar y visibilizar la importancia de la partería tradicional como un derecho cultural, se realizó el conversatorio “Por la igualdad epistémica. Reformas recientes a la Ley General de Salud”, en el Museo Nacional de Antropología (MNA), como parte de las actividades de la 35 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH).

El evento académico, organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de la Investigadora de la Dirección de Etnografía y Antropología Social (DEAS), Amparo Sevilla Villalobos, inauguró el foro “Diálogos desde el Territorio. Patrimonio cultural y sustentabilidad. Pensar lo (im)posible en territorio maya”.

La antropóloga social explicó que las recientes reformas a la Ley General de Salud (LGS), en materia de partería tradicional, son resultado de un proyecto impulsado por la presidenta de la Comisión de Cultura del Senado de la República, Susana Harp Iturribarría, “el cual contó con el asesoramiento de la Profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Fanny Escobar Melo, las parteras María Cristina Galante, Aura Renata Gallegos y Nuria Landa, y una servidora”.

La experiencia y el saber de las parteras forman parte de lo que llamamos patrimonio inmaterial, apuntó, por lo que estas reformas buscan que “el Sistema Nacional de Salud promueva el respeto, conocimiento, desarrollo y práctica de la partería tradicional en condiciones dignas”.

El 26 de marzo de 2024 se publicó el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LGS, en materia de partería tradicional, en el Diario Oficial de la Federación.

“La propuesta partió de una revisión crítica y cuidadosa del marco legal que incide en las políticas públicas de la partería tradicional, considerada una práctica cultural de origen ancestral que, de manera deliberada, se ha pretendido extinguir”, sostuvo Sevilla Villalobos.

La mesa del conversatorio estuvo conformada por la Profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Fanny Escobar Melo; el Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Carlos Miguel Poot Grajales; la Comisionada para el diálogo con los pueblos indígenas de México de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Josefina Elizabeth Bravo Rangel, y el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, Raymundo Espinoza Hernández.

En su intervención, la Antropóloga Escobar Melo puntualizó que se propuso cambiar los artículos 2, 6, 13, 61 Bis, 64, 83, 93, 389 Bis, 389 Bis 1 y 392 de la LGS, “porque encontramos que en estos artículos había elementos importantes que determinaban el lugar que las parteras tradicionales ocupan en el Sistema Nacional de Salud”; sin embargo, solo se reformaron los artículos 6, en dos de sus fracciones, 64, 389 Bis y 392.

A su vez, Poot Grajales consideró que la partería tradicional está sobrerregulada, lo que perjudica a las personas que realizan este oficio, el cual es practicado por mujeres, mayoritariamente.

Asimismo, destacó que el Proyecto de Norma Oficial Mexicana 20, para establecimientos de salud y la práctica de la partería, en la atención integral materna y neonatal, contraviene lo establecido en la LGS, por lo que debe ser revisada.

En su participación, Bravo Rangel destacó la instalación de la mesa de diálogo permanente interinstitucional e intersectorial, para promover el ejercicio de la partería tradicional indígena y afromexicana, la cual se realizó el 30 de julio de 2024, con la participación del sector salud, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la SEGOB, el Consejo Nacional de Población y el INAH, entre otras instituciones.

Finalmente, Espinoza Hernández subrayó que “se trata de un asunto cultural, donde se ponen en juego posiciones racistas y clasistas con sesgos cognitivos y epistémicos", por lo cual, todos estos elementos se manifiestan como juicios negativos sobre esta práctica ancestral que se deben combatir.

La FILAH es el encuentro literario, especializado en ciencias antropológicas, más importante de América Latina, este año cuenta con más de 400 actividades gratuitas y aptas para todo público. Consulta el programa en este enlace: www.feriadelibro.inah.gob.mx.

miércoles, 10 de julio de 2024

Plantean que programas de educación alimentaria y nutricional de la SEP estén dirigidos a todas las niñas y niños

• El Diputado Carrillo Soberanis (PVEM) propone eliminar la condición de que sean exclusivos para menores de tres años

El Diputado Juan Luis Carrillo Soberanis (PVEM) presentó una iniciativa para que los programas de orientación y educación para una alimentación saludable y nutritiva que fomenta la Secretaría de Educación Pública (SEP), estén dirigidos a mejorar la calidad de vida de todas las niñas y niños, y no exclusivamente la de menores de tres años de edad.

La reforma al artículo 41 de la Ley General de Educación establece que “la Secretaría, en coordinación con las autoridades del sector salud, así como los sectores social y privado, fomentarán programas de orientación y educación para una alimentación saludable y nutritiva que mejore la calidad de vida de las niñas y niños”.

La propuesta, enviada a la Comisión de Educación para dictamen, busca eliminar la condición de que dichos programas deben ser exclusivamente para los menores de tres años de edad, como actualmente está señalado en la ley y, con ello, fortalecer el ordenamiento para que los programas de orientación alimentaria permeen en todos los infantes que cursan los niveles educativos, desde la educación inicial hasta la secundaria.

En su exposición de motivos indica que, si bien una alimentación saludable es elemental a lo largo de la vida de las personas, ésta adquiere mayor relevancia durante la infancia, ya que es en dicha etapa donde se deben obtener todos los nutrientes necesarios para no perjudicar el desarrollo cerebral, afectar los procesos de aprendizaje y debilitar el sistema inmunológico de los menores.

Por ello, acceder a una alimentación sana y equilibrada permitirá que los menores de edad crezcan y se desarrollen de manera plena durante todas las etapas de su vida, ya que resulta fundamental que desde pequeños reciban los alimentos adecuados que les proporcionen todos los nutrientes que su cuerpo necesita y así gozar de una buena salud a lo largo de su vida.

Asimismo, garantizar el acceso a una alimentación sana y equilibrada durante la infancia y cubrir las necesidades de nutrientes, vitaminas y minerales resulta benéfico para el desarrollo mental.

El documento señala que, durante la etapa escolar, la cual comprende entre los 6 y 12 años de edad, se presenta un crecimiento constante en los menores y es el momento oportuno para trasmitirles hábitos alimenticos saludables para que puedan replicarlos a lo largo de su vida.

Carrillo Soberanis explicó que en nuestro país el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad se encuentra consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política. También, en la Ley General de Salud se establece que el Sistema Nacional de Salud deberá proporcionar orientación a la población respecto de la importancia de la alimentación nutritiva y su relación con los beneficios a la salud.

Señaló que la alimentación es uno de los pilares de la reproducción de la vida y es una realidad que los hábitos alimenticios adecuados deben comenzar desde edades tempranas para con ello favorecer el crecimiento sano y mejorar el desarrollo cognitivo.

Agregó que generar entornos saludables y promover desde las escuelas la conciencia en todos los niños y niñas respecto a la importancia de una alimentación sana, permitirá adoptar mejores prácticas alimentarias.

martes, 11 de junio de 2024

Necesario, que gobiernos implementen programas de concientización sobre uso adecuado de redes sociales

• La Diputada Gutiérrez Valtierra (PAN) presentó una iniciativa que reforma la Ley General de Salud

La Diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra (PAN) impulsa una iniciativa para que la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas fomenten y apoyen la implementación y difusión de programas de concientización sobre el uso adecuado de las redes sociales para prevenir afectaciones en la salud mental de las personas.

La propuesta de la legisladora, enviada a la Comisión Salud para dictamen, plantea adicionar una fracción III Bis al artículo 73 de la Ley General de Salud.

Resalta que es necesario considerar estos programas de concientización sobre el uso saludable y adecuado de las redes sociales para el bienestar socioemocional, como una herramienta preventiva ante las afectaciones de salud mental que se producen por el uso excesivo de las plataformas digitales.

En la exposición de motivos, el documento indica que el uso de Internet en México se realiza, predominantemente, a través de dispositivos móviles, facilitando con ello el acceso desmedido a las diversas redes sociales existentes en nuestro país.

Menciona que una misma persona puede tener el dominio de diversas cuentas simultáneamente sin considerar el impacto y consecuencias que dichas tecnologías pueden ocasionar a la salud mental de las personas.

De acuerdo con el Estudio Digital 2024 realizado por We Are Social y Meltwater, actualmente un 70 por ciento de la población nacional accede a redes sociales, lo que representa 90.20 millones de personas. En cuanto al tiempo promedio invertido en estas plataformas o redes, se destaca que hubo un decremento de siete minutos, siendo este año de 3 horas y 14 minutos el promedio.

Dicho estudio también comparte datos sobre las visitas de los internautas mexicanos en las plataformas sociales; basados en sus interacciones a febrero de 2024, Facebook quedó posicionado en el primer lugar con una tasa de uso del 93.2 por ciento, WhatsApp con el 92.2 por ciento, Instagram con 80.4 por ciento, Facebook Messenger 79.9 por ciento, y TikTok con 76.5 por ciento.

La iniciativa señala que el uso inadecuado y desmedido de estas plataformas genera consecuencias en la salud de las personas, particularmente en su salud mental, pues tienen la característica de crear dependencia a sus usuarios, aumentando las posibilidades de padecer diversos trastornos mentales, como ansiedad, depresión, soledad, pensamientos suicidas e incluso adicción a las redes sociales.

Resalta que se entiende por salud mental al estado de bienestar físico, mental, emocional y social determinado por la interacción del individuo con la sociedad y vinculado al ejercicio pleno de los derechos humanos; y por adicción a la enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación.

La Diputada Gutiérrez Valtierra apunta que las y los usuarios de redes sociales no son conscientes de las consecuencias que genera en su salud mental el uso excesivo de estas tecnologías, pues se conciben como herramientas de información, entretenimiento y satisfacción del usuario ante el contexto social en el que se desarrolla; sin embargo, es necesario que se trabaje en concientizar a la población sobre el uso moderado y saludable de las plataformas.

Esgrime que al identificarse como una situación que afecta la salud pública se convierte en una responsabilidad compartida con el Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno, quien por mandato constitucional tiene la obligación de atender la salud mental de las personas de manera prioritaria, garantizando el bienestar físico, mental, emocional y social determinado por la interacción del individuo con la sociedad vinculado al ejercicio de sus derechos humanos.