Participa la Senadora Ana Lilia Rivera en presentación de la
Alianza Parlamentaria Iberoamericana y Caribeña por la Seguridad Alimentaria de
Todas y Todos
La Presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera
Rivera, enfatizó que establecer leyes en materia alimentaria no es un capricho
ni una moda, sino un tema de derechos humanos, ya que sólo así se podrá
materializar el derecho a la alimentación, cuya falta de acceso calificó como
la “desigualdad más brutal” que existe en el mundo.
Durante la presentación de la Alianza Parlamentaria
Iberoamericana y Caribeña por la Seguridad Alimentaria de Todas y Todos,
celebrada en Madrid España, la legisladora subrayó que, para asegurar esto
también se debe promover en las agendas la soberanía alimentaria, la protección
de la biodiversidad, y el respaldo a los pueblos indígenas y comunidades
rurales.
No obstante, la senadora advirtió que vivimos “tiempos más
convulsos” que harán muy difícil que se alcancen las metas de la Agenda 2030 de
la ONU, por problemáticas como el cambio climático que, consideró, ya no es
algo que se pueda combatir, sino algo a lo que se debe adaptar para garantizar
agua, alimentos y el control de la inflación.
Esto, refirió, ha hecho que los integrantes del Frente
Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, que conforman
esta alianza, hayan puesto en su agenda al cambio climático como prioridad de
seguridad nacional, para refrendar o modificar su modelo civilizatorio.
De igual manera, Ana Lilia Rivera reconoció que los
parlamentarios han apostado por un enfoque sistémico, territorial y centrado en
las personas, pues coinciden en que la seguridad alimentaria no es solo un
problema de falta de alimentos, sino de desigualdad en su distribución,
desperdicio y acceso a recursos para producirlos de forma sostenible.
Por tanto, refirió que los integrantes de la alianza se han
propuesto a colaborar en múltiples frentes, desde la promoción de la
legislación y las políticas públicas inclusivas, hasta el fenómeno de
tecnologías agrícolas avanzadas y la reducción del desperdicio alimentario.
En ese sentido, expuso que en 2011 se reconoció en la
Constitución Política de México el derecho a la alimentación suficiente,
nutritiva y de calidad, lo que impuso al Estado la obligación de consolidar ese
derecho, y con lo que el Congreso de la Unión avaló hace poco la Ley General de
la Alimentación Adecuada y Sostenible.
Esa norma, explicó, tiene el propósito de proteger, respetar
y garantizar el ejercicio del derecho a la alimentación y los otros que de éste
emanan, como el derecho a la salud, al medio ambiente, al agua, el interés
superior de la niñez y el enfoque de género.
Ana Lilia Rivera celebró que, con la Ley, también se aseguró que el 15 por ciento de la producción de medianos y pequeños productores sea adquirido por las empresas que se dediquen a la compra y distribución de alimentos en el país, además de que se asegura que los presupuestos dispersos en otras leyes se concentren en la misma meta de que todos los mexicanos tengan un plato de comida en sus mesas.
Al concluir su participación, la senadora hizo un llamado a
sus homólogos parlamentarios para que sigan haciendo el trabajo que les
corresponde “con seriedad”, para evitar males que se han propagado en la
ciudadanía, como la obesidad, la diabetes o la hipertensión.
