SCJN “blinda” a funcionarios para no hacer pública su declaración patrimonial

Redacción Revolución 3.0

Funcionarios no están obligados a presentar declaración patrimonial- SCJN. (13 de agosto, 2014).- Al igual que en junio de 2013, ayer la Suprema Corte de Justicia (SCJ) falló en contra del Centro de Análisis Fundar, sobre un amparo comenzado para que los funcionarios públicos publiquen cada año su declaración patrimonial. Con esta decisión, el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Público se mantiene vigente por lo que cada funcionario podrá decidir en qué momento hacen pública su declaración parcial o totalmente. El objetivo de Fundar era prevenir y localizar actos de corrupción, particularmente casos de enriquecimiento ilícito o posibles conflictos de interés, bajo el entendido suyo de que el apartado era inconstitucional, toda vez que el principio de transparencia obliga a los funcionarios a realizar el ejercicio. Para José Fernando Franco, ministro encargado de exponer el amparo, el argumento de la organización es incorrecto, y la validez del artículo se sustenta en que determina las normas de publicitar la información respecto a la declaración. En ese mismo sentido, se pronunció el magistrado Alberto Pérez Dayán, quien consideró que hacer pública la declaración choca con el derecho a la protección de datos. Desde el sexenio pasado, Fundar han presentado diversos recursos legales y ha vertido grandes esfuerzos para que las declaraciones patrimoniales además de públicas, incluyan los ingresos que no corresponden a un puesto público, valor de las propiedades, préstamos e inversiones, aunque también pide guardar datos que ponga en riesgo la intimidad como números de cuenta. Al respecto, el ministro José Ramón Cossío señaló que un servidor público conlleva el escrutinio ante la ciudadanía, por lo que “la excepción de privacidad debe interpretarse de forma restrictiva en estos casos”. Empero, sólo él y el ministro presidente Juan N. Silva votaron contra el proyecto que considera el estatuto inconstitucional. El fallo, deja la publicación de las declaraciones a la discreción de cada dependencia, aseguró Guillermo Ávila, investigador de Fundar, organización que acudió a la Suprema Corte para reclamar la modificación a la Ley Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, incluida en la Ley General Anticorrupción, prometida por Enrique Peña Nieto en su campaña presidencial. Incluso, un dictamen aprobado en el Senado de la República subraya un cambio obligatorio que desde haces meses se encuentra atascado en el Congreso.