Por petición de la CNDH, la SCJN invalidó artículos de la ley para autistas en el Edoméx

A petición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó tres artículos de la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista en el Estado de México. Con ocho votos a favor y dos en contra, de 10 ministros presentes, el Pleno reiteró que no es válida la emisión de certificados laborales especiales para las personas con autismo. La mayoría consideró que estos certificados, que buscaban acreditar la condición de las personas con autismo ante posibles empleadores, en realidad podría convertirse en un requisito discriminatorio. “De suerte que, para hacerse acreedor a un derecho o a alguna otra circunstancia asociada a este tipo de tópicos, tuviera por fuerza que someterse a una prueba de habilitación y a partir de ella, demostrar con el certificado el grado de espectro autista en el que se encuentra”, señaló ministro Alberto Pérez Dayan. Dos ministros votaron en contra, pues señalaron que los certificados eran una forma de evitar la discriminación laboral. “No lo veo como una obligación ineludible para poder obtener un empleo o una circunstancia benéfica, la veo como algo propositivo, como un instrumento que ayuda, al contrario, a garantizar los derechos fundamentales. Es un instrumento que es un arma frente a quien lo quiere discriminar”, detalló el ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la SCJN. Cinco ministros votaron por invalidar toda la ley pues el Congreso del Estado de México no consultó a personas autistas y las organizaciones que las representan, durante la elaboración de la norma, requisito que establecen los tratados internacionales firmados por México. “Se advierte que no existió consulta pública a las personas con condición de espectro autista por lo que, a mi juicio, dicho ordenamiento debería ser invalidado en su integridad”, explicó el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Sin embargo, al no obtener la mayoría necesaria de ocho votos para declarar la invalidez de la ley, la propuesta fue desechada.