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viernes, 12 de julio de 2024

Magistrados, representantes del CJF y de trabajadores del Poder Judicial fijan postura sobre reformas constitucionales

• Participan en el segundo foro de los diálogos nacionales que organiza la Cámara de Diputados


Magistrados, representantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de los trabajadores del Poder Judicial, así como de gobiernos locales, y abogados, externaron sus posturas en los temas: Austeridad, fideicomisos y derecho laboral de los trabajadores del Poder Judicial, como parte de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial que realiza la Cámara de Diputados.

Se busca escuchar a todos los sectores de la población


Al moderar la mesa, el Diputado César Agustín Hernández Pérez (MORENA) dijo que en 1994 bastaron dos meses para que se pudiera hacer una reforma al Poder Judicial, no se consultó a nadie, simplemente fue el Poder Legislativo el que la aprobó. En 1995 la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encontraba sin ministros de enero a febrero y como tal, hubo una disminución de 26 ministros a 11.

“Hoy no queremos hacerlo en el Recinto Legislativo y en un debate al interior de las comisiones, sino por supuesto escuchando a todos los sectores de la población y bajo el esquema de que ustedes puedan enriquecer la norma que indudablemente también se habrá de aprobar”, comentó.


Necesario, justicia de calidad, eficiente, completa e imparcial


El Magistrado del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del CJF, Juan Pablo Gómez Fierro, destacó que cuando se habla de mejorar al Poder Judicial de la Federación, no solo implica la modificación de los derechos laborales de más de 50 mil servidores públicos que lo integran, sino poner en el centro de la reforma a los justiciables y la efectiva protección de los derechos humanos, ya que México necesita una justicia de calidad, eficiente, completa e imparcial.

Indicó que esa función trascendente puede ser llevada a cabo o no si no se cuenta con recursos estables y adecuados que estén normativamente asegurados y sean suficientes para cumplir con la función de proteger y garantizar el derecho de acceso a la justicia.

Por ello, dijo, el ejercicio de recursos debe tener como objetivo principal hacer más eficiente la función judicial, que no se comprometan las garantías de independencia, competencia e imparcialidad necesarias para que los operadores de justicia cumplan con los deberes que le son encomendados.

La austeridad, precisó, puede adecuarse sin poner en riesgo la estabilidad laboral, los derechos de los trabajadores, así como la legitimidad e independencia judicial; cualquier asignación presupuestal debe tener como base la evidencia sin poner en riesgo las funciones que desarrolle el Poder Judicial, como también garantizar los derechos laborales de su personal, fomentar el desarrollo de la carrera judicial y de la defensoría de oficio.

El Poder Judicial debe contar con autonomía presupuestaria


Jesús Gilberto González Pimentel, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, aseguró que este Poder debería contar con autonomía presupuestaria; sin embargo, es la Cámara de Diputados quien destina los recursos que dispondrá por año y fue solo en 2013 cuando se respetó la solicitud presupuestal. Resaltó que quienes ahí laboran se destacan por su eficiencia, eficacia, honorabilidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo.

Advirtió que afectar financieramente al Poder Judicial no solo implica un impacto en su operación, pues también limitaría el acceso a la justicia a ciento de miles de mexicanos, lo que retarda la solución de los asuntos, se traduce en una sobreexplotación de los recursos humanos y “se convierte en una esclavitud velada”. Solicitó garantizar una remuneración adecuada por el trabajo, pues si se quiere llevar a buen puerto la reforma, es primordial destrabar la contención salarial de secretarios y actuarios.

Hacer dignificante la labor


Carolina Villagrán, visitadora judicial “B” del Consejo de la Judicatura Federal, relató que son 19 visitadores a nivel nacional que revisan la actuación de más de mil 600 jueces y magistrados. “Tenemos gente profesional, excelente, estudiosa y valiosa. Los reconozco, los admiro y los respeto profundamente, pero también tenemos malos operadores jurídicos que han manchado a nuestra institución; no solo afectan nuestra imagen, sino también los derechos de los trabajadores; hay titulares enfermos de poder, de querer manipular y controlar”.

Llamó a fortalecer la Unidad especializada en combate de acoso laboral y sexual, ya que “es una realidad que viven y vivimos todas las funcionarias del Poder Judicial de la Federación. El acoso laboral, la intimidación, el exceso de poder, el nepotismo, nos equivocamos, y la consecuencia, es que el pueblo de México no confía en nosotros, por lo que se debe hacer dignificando nuestra labor; no es un tema de recursos sino de vocación, claro que se puede tener austeridad, siempre y cuando haya racionalidad”.

Hacer profunda reflexión sobre sistema de elección


Sergio Arturo López Servín, Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito del CJF, consideró que el contexto actual del país obliga a hacer una profunda reflexión sobre el sistema de elección de las y los juzgadores, tal como lo plantea la reforma, dando la importancia que merece, por lo que “así como no puede haber legisladores improvisados, tampoco debe haber impartidores de justicia improvisados, se debe precisar el perfil que se requiere”.

Hizo votos para que la propuesta de la reforma constitucional para la elección por voto popular como un nuevo sistema selectivo permita contar con más juzgadores de excelencia humana y profesional, como muchos de los que ya existen en las filas del Poder Judicial de la Federación, en beneficio de la protección de los gobernados, así como en respuesta a una sociedad que reclama justicia y exige de sus funcionarios el máximo apego a las leyes y la defensa de los derechos humanos.

Juzgadores no crean tribunales ni distribuyen cargas de trabajo


El Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, del Segundo Circuito, Ricardo Garduño Pasten, aclaró que, aunque existe un reclamo por la tardanza y falta de efectividad en la impartición de justicia, las y los juzgadores no crearon los tribunales ni distribuyen las cargas de trabajo; por ello, hacen lo que pueden junto con el personal que trabaja jornadas extenuantes, llegando a estar “ahogados de casos”. Sugirió una mayor inversión en órganos jurisdiccionales y no en órganos administrativos.

Lamentó que quienes integran la carrera judicial sean los de “talacha nos tocan las amenazas y atentados del crimen organizado, juzgadores han sido privados de la vida de forma violenta, de ahí la necesidad de salvaguardar los fideicomisos relacionados a los derechos laborales”. Agregó que crear un Tribunal Especializado de Disciplina no generará inquietud si es imparcial y objetivo.

Eliminación de fideicomisos promueve una mayor transparencia


Jesús George Zamora, Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de México, sostuvo que la eliminación de fideicomisos propuesta en la iniciativa promueve una mayor transparencia sobre el uso de los fondos públicos alineándose con los principios establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política, y la iniciativa incluye disposiciones transitorias para salvaguardar los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial.

Señaló que los ministros, magistrados y jueces federales deben actuar con verdadera prudencia judicial, tanto al emitir sus resoluciones como en el ejercicio de los recursos públicos. “No pueden darse el lujo de seguir remando a contracorriente de la sociedad; afortunadamente, los buenos jueces, aquellos que hacen uso de la verdadera prudencia judicial, son la mayoría, esos jueces y juezas son los que harán que el Poder Judicial en el país prospere”.

La reforma es acertada


El Encargado de Despacho de la Subconsejería Jurídica y de Derechos Ciudadanos del Gobierno del Estado de México, José Carmen Castillo Ambriz, indicó que estos diálogos buscan conocer la expresión de los sectores de la sociedad sobre esta reforma y que, desde su punto de vista, es acertada, principalmente sobre la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, pues este consejo tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial.

La reforma, afirmó, es acertada porque ahora la función de administración se le otorgaría a un órgano administrativo judicial, y las otras de vigilancia y disciplina a un tribunal de disciplina judicial que se va a encargar de la revisión y disciplina del Poder Judicial, pero estos dos organismos “ya van a regular, desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta el puesto más pequeño del Poder Judicial; esa es la importancia y lo acertado de esta reforma”.

Oportunidad para construir un nuevo México


El Doctor en Derecho Jaime Miguel Moreno Garavilla, manifestó que no se debe ver a esta reforma como una guerra fratricida, sino como la oportunidad de construir juntos al nuevo México y la nueva infraestructura social, institucional, jurídica y política que haya de servir a las nuevas generaciones.

“Nuestros padres y abuelos no nos dejaron este país como estaba en 2018, ellos querían la felicidad para nosotros, entonces vayamos a participar y a aportar”. Llamó a no temer lo que ha pasado en otros países, porque hay “las luces suficientes y necesarias para construir nuestras propias instituciones”.

La austeridad es un criterio indispensable


José Reyes Doria, Politólogo, Asesor Parlamentario, Consultor y Columnista, comentó que la reforma al Poder Judicial en curso, plantea una transformación significativa del modelo de integración, organización y funcionamiento de uno de los tres poderes de la Federación al establecer la elección popular para elegir a los integrantes del Poder Judicial, y si el principio de austeridad republicana se instaura adecuadamente, se tendrán beneficios significativos para la vida pública nacional.

Señaló que la austeridad es un criterio imprescindible para orientar la estructuración y el funcionamiento del servicio público, ya que es indispensable porque “nuestro país presenta profundas desigualdades sociales”.

lunes, 24 de junio de 2024

Comisión de Puntos Constitucionales organizará nueve foros de diálogos nacionales sobre reforma al Poder Judicial

• Inician el jueves 27 de junio 
• Diputadas y diputados de MORENA, PAN y MC destacan importancia de estos foros 

La Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el Diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (MORENA), aprobó en votación económica y por unanimidad, autorizarse a iniciar con los trabajos de nueve foros de Diálogos Nacionales para la Reforma del Poder Judicial, a partir del jueves 27 de junio, como fue solicitado por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados.

Robledo Ruiz precisó que la secretaría técnica de la JUCOPO se vinculará con la Comisión para hacer la parte logística de organización de los foros y el formato será el que se ha utilizado en los diálogos anteriores; se trata de que la invitación sea lo más abierta, las y los diputados integrantes de la Comisión pueden proponer ponentes, el reglamento es el mismo de los diálogos nacionales y la participación de los ponentes se redujo a una exposición de cinco minutos.

Mencionó que este viernes, la JUCOPO tomó un acuerdo, luego de recibir el exhorto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y lo turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, con el objetivo de operar la realización, ejecución, convocatoria, anotaciones y conclusiones de lo que vaya a ser presentado, comentado y discutido en estos foros. 

El calendario, programa y fecha, dijo, está sugerido por la JUCOPO. Añadió que a todos los foros están invitados diputadas, diputados, coordinadores parlamentarios de esta Legislatura y las y los legisladores electos de la próxima, “para empezar con el primero que avisa los alcances y la intención de los diálogos”.

Además, expresó, serán invitados los once ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los representantes de la Asociación de Magistrados y Jueces del Poder Judicial Federal, los representantes directivos de la Asociación de Tribunales de Justicia de las 32 entidades de la República, los representantes del Sindicato de Trabajadores Administrativos del Poder Judicial, el Fiscal General de Justicia de la República y demás personas representativas sugeridas por la JUCOPO.

Las conclusiones, afirmó, servirán para que enseguida la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales convoque al Pleno para declararse en sesión permanente y trabajar en intentar encontrar puntos de acuerdo y consensos que lleven a las mejores adecuaciones para una propuesta de reforma constitucional que siente las bases principales de una transformación del Poder Judicial de la Federación, sobre la base de que los altos jueces del país, eventualmente los jueces y magistrados, tengan una legitimidad conseguida por su alta calificación para desempeñar el cargo.

Los diálogos regionales para la reforma del Poder Judicial se celebrarán el 27 de junio en la Cámara de Diputados, con el tema: “¿Qué Poder Judicial tenemos? ¿Qué Poder Judicial queremos? El 1 de junio, en Jalisco, “Conformación y reorganización del Poder Judicial. Nueva integración del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Duración del cargo de jueces, magistrados y ministros, y Régimen de responsabilidades”.

Para el 2 de julio en Toluca, Estado de México, “Austeridad, fideicomisos y derecho laboral de los trabajadores del Poder Judicial”. El 9 de julio, en Chiapas, “División de Poderes: medios legales y constitucionales”.

En tanto, el 12 de julio, en Veracruz, los temas serán “Reforma al Consejo de la Judicatura Federal: Tribunal de Disciplina Judicial y Órgano de Administración”. Para el 23 de julio, en Puebla, “Tribunales de justicia local”. 

El 30 de julio, en la Cámara de Diputados, los temas: Elección popular de integrantes del Poder Judicial; Legitimidad democrática de jueces, magistrados y ministros; Elegibilidad e idoneidad con garantía de profesionalismo e independencia en la postulación; Proceso electoral: elección e impugnación de candidaturas, y Mecanismos de ascenso y remoción de funcionarios”. 

Además, el 6 de agosto, en Saltillo, Coahuila, “Defensoría de oficio y colegiación del ejercicio de la abogacía”. El 8 de agosto, en Culiacán, Sinaloa, “Impartición, procuración de justicia y seguridad pública”. 

En la reunión, se dio cuenta del acuerdo de la JUCOPO y del exhorto de la Comisión Permanente para ampliar el diálogo, analizar y discutir los proyectos de reformas constitucionales que, como Cámara de origen se encuentran en dicha Cámara, en especial la que corresponde a la reforma del Poder Judicial presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal el 5 de febrero de 2024.

Intervención de diputadas y diputados

De manera telemática, el Diputado Miguel Humberto Rodarte De Lara (PAN) consideró importante ampliar la invitación de ponentes para que participen en los foros los jueces y magistrados, además de los ministros, así como los consejeros de la Judicatura, porque tendrán mucho qué decir respecto de la reforma.   

Vía digital, la Diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) enfatizó que estos foros tienen que ser lo más abiertos posibles, no solo para quienes ejercen el tema de justicia, sino para quienes están interesados en el tema. Asimismo, contemplar que se puedan extender invitaciones a cada uno de los estados.

El Diputado Salvador Caro Cabrera (MORENA) sostuvo que los integrantes de esta Legislatura tienen la gran oportunidad de la gran transformación del Poder Judicial de nuestro país. “Vamos a explorar una nueva arquitectura institucional para el Poder Judicial desde una concepción muy liberal, respaldada en la legislación comparada y también en el sentir de quienes tomamos decisiones en los poderes públicos”.  

Ismael Brito Mazariegos, Diputado de MORENA, celebró la realización de estos foros que se darán en todo el país y externó su apoyo para fortalecer este trabajo. Se pronunció porque todo salga bien y que “este trabajo de la LXV Legislatura debe hablar y que se hable bien”.

En tanto, el Diputado Hamlet García Almaguer (MORENA) planteó invitar a todos los canales públicos de universidades y de los poderes legislativos y judiciales locales, así como al Canal del Poder Judicial a que se unan para dar difusión a los foros. Pidió abrir la oportunidad de que los ponentes entreguen un documento porque en cinco minutos quizás no puedan abordar todo lo que quieran exponer. 

El Diputado Óscar Cantón Zetina (MORENA) destacó que la reforma al Poder Judicial es un tema trascendental y aseguró que “todos vamos a estar a la altura de las circunstancias”. La discusión, dijo, la harán en el pleno de esta Comisión después de escuchar argumentos de quien desea hablar de todos los sectores y “vamos a escuchar con respeto e interés de enriquecer la iniciativa”. 

También de MORENA, la Diputada Olimpia Tamara Girón Hernández indicó que hay que llevar de manera masiva esta información a todas y a todos los ciudadanos, explicarles de qué se trata esta reforma judicial, hacia dónde se quiere llevar el que un Poder también tenga una legitimación como la que cuentan el Poder Legislativo y Ejecutivo. debe haber un mecanismo cierto y eficiente.  

De MC, Diputado Braulio López Ochoa Mijares dijo que su grupo parlamentario ve este punto de acuerdo como una invitación a realizar diálogos serios, informados y libres; y “entendemos que dentro de las modificaciones a cualquier institución, en este caso al Poder Judicial, es buscar su fortalecimiento y dentro de ello mejorar su autonomía respecto del poder político y económico”.

Reforma democratizadora del Poder Judicial, justa y necesaria, sostiene presidenta del Senado


• La separación de poderes debe tender a la cooperación armónica entre los órganos del Estado, subraya Ana Lilia Rivera

La Presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, aseveró que una reforma democratizadora del Poder Judicial es justa y necesaria, pues el pueblo de México exige poner fin a la impunidad, la corrupción, la violencia y el contubernio entre autoridades, jueces y criminales de todo tipo.

En un artículo titulado “Transformar el Poder Judicial para garantizar la justicia y consolidar la democracia”, la senadora afirmó que la separación de poderes debe tender a la cooperación armónica entre los órganos del Estado, para que la voluntad popular se exprese y materialice en leyes, instituciones y decisiones para beneficio del pueblo.

Sin embargo, denunció que, actualmente, el Poder Judicial no coopera, sino que bloquea las transformaciones que requiere el proceso democratizador actual y no está en armonía con las demandas de la ciudadanía.

En ese sentido, la legisladora subrayó que es importante poner atención especial en los procedimientos y jueces de distritos locales, ya que muchos de los vicios y corruptelas ocurren ahí.

“La administración de justicia en favor de los más desfavorecidos encuentra a ese nivel sus primeros obstáculos, pues quien puede comprarla obtiene los fallos judiciales a su favor y quienes no, frecuentemente, solo obtienen el oprobio, el presidio o el olvido”, señaló.

Por ello, Ana Lilia Rivera detalló que la reforma propuesta tiene entre sus principales elementos que todos los jueces y magistrados, desde los locales hasta los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sean electos mediante voto directo de la ciudadanía.

Eso no significa que los jueces y magistrados vayan a emprender campañas electorales a través de algún partido político, acotó, sino que, para dar a conocer sus propuestas, programas de trabajo y perfiles profesionales tendrían acceso a los tiempos oficiales en radio y televisión.

Otros puntos importantes de la reforma, detalló, son la reducción del número de ministros de la SCJN, de 11 a nueve; la disminución de su periodo como magistrados de 15 a 12 años; y la eliminación de las dos salas superiores de la Corte.

Además, las y los candidatos a ministros de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral serían propuestos de la siguiente manera: 10 por el Poder Ejecutivo, 10 por el Poder Legislativo (cinco por cada Cámara) y 10 por el pleno de la Corte, y en todos los casos, con respeto a la paridad de género.

En lo que respecta al Consejo de la Judicatura Federal, puntualizó, se propone sustituirlo por el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial. Con esta modificación se logra que ningún magistrado o magistrada concentre atribuciones y facultades que puedan derivar en autoritarismo y arbitrariedades, explicó.

Finalmente, concluyó Ana Lilia Rivera, la reforma propone garantizar la justicia pronta y expedita al establecer como máximo un año para que los jueces y magistrados resuelvan asuntos en materia penal y seis meses en materia fiscal, y así evitar demoras que terminan por afectar a los más pobres y favorecer a los oligarcas que pueden pagar abogados durante años para no ser afectados en sus intereses.