Aprueban comisiones del Congreso Local nueva Ley Orgánica del Poder Judicial

• En comisiones del Congreso mexiquense se aprobó, por mayoría de votos, expedir la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, ordenamiento derivado de las reformas constitucionales que reestructuraron al Poder Judicial mexiquense.

• En lo general, votaron a favor las bancadas de MORENA, PVEM y PT; en contra los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y MC.

• Se añadió una reserva del Diputado Octavio Martínez (MORENA) para especificar que se requiere dos terceras partes de las y los magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia para iniciar leyes o decretos.

• También reservas del Diputado Eduardo Zarzoza (PRI), para que se apliquen faltas administrativas por la emisión dolosa, negligente o por ignorancia inexcusable de resoluciones contrarias a tratados internacionales en materia de derechos humanos, y no sólo de la constitución.

Las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura mexiquense aprobaron, por mayoría de votos, la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, con base en la iniciativa presentada por los coordinadores de los grupos parlamentarios de MORENA, PVEM y PT: los diputados José Francisco Vázquez Rodríguez, José Alberto Couttolenc Buentello y Oscar González Yáñez, respectivamente.

En la reunión presidida por el Diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (MORENA), quien destacó que el proyecto incluyó propuestas adicionales de congresistas de varias bancadas parlamentarias, se avaló el dictamen conforme a las reformas constitucionales —cuyo decreto fue publicado en la Gaceta del Gobierno el 6 de enero de 2025—, que modificaron el sistema de gobierno del Poder Judicial, mediante la creación del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial.

En lo general, votaron a favor las bancadas de MORENA, PVEM y PT; en contra los grupos parlamentarios de PRI, PAN, PRD y MC. En lo particular, fue avalada una modificación propuesta por el Diputado Octavio Martínez Vargas (MORENA), para especificar que se requiere dos terceras partes de las y los magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia para iniciar leyes o decretos.

Asimismo, se aprobó la incorporación de las reservas presentadas por el Diputado Eduardo Zarzoza Sánchez (PRI), para que las conductas disciplinarias aplicables a personas magistradas y juzgadoras del Poder Judicial incluyan la emisión dolosa, negligente o por ignorancia inexcusable de resoluciones contrarias a tratados internacionales en materia de derechos humanos, y no sólo de la Constitución, como lo establecía la iniciativa original.

Durante la reunión, las diputadas Miriam Silva Mata (PVEM), Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN) y Ruth Salinas Reyes (MC) y el Legislador Eduardo Zarzosa cuestionaron lo acelerado del proceso legislativo y solicitaron conocer a detalle el dictamen. Al respecto, el Legislador Octavio Martínez y la Parlamentaria Selina Trujillo Arizmendi (MORENA) señalaron que la iniciativa se conoció con oportunidad y que hubo tiempo suficiente para que las bancadas interesadas presentaran sus propuestas.

En la deliberación de la iniciativa también participaron las legisladoras Martha Azucena Camacho Reynoso, Nelly Brigida Rivera Sánchez y Yesica Yanet Rojas Hernández, todas de MORENA, Itzel Guadalupe Pérez Correa (PVEM) y Ana Yurixi Leiva Piñón (PT), así como el Diputado Vladimir Hernández Villegas (MORENA).

De acuerdo con la iniciativa, estos cambios fortalecen el ejercicio de la función jurisdiccional y se traducirán en una impartición de justicia pronta, completa, expedita, imparcial y accesible, al establecer con claridad la separación entre las labores jurisdiccionales —a cargo del Tribunal Superior de Justicia— y las funciones administrativas y disciplinarias, que asumirán los nuevos órganos.

El documento también señala que estas modificaciones permitirán atender problemáticas como la opacidad, la corrupción y la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos, así como el retraso y la parcialidad que persisten en la institución, en particular en los procesos disciplinarios contra personas magistradas y juzgadoras.

Cabe recordar que la LXII Legislatura mexiquense cuenta con un plazo de 160 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del decreto (el mismo día de su publicación), para aprobar estas adecuaciones. De aprobarse por el Pleno, este nuevo ordenamiento sustituirá la ley orgánica vigente desde octubre de 2022.

Solicitará Gerardo Fernández Noroña que Comité de Evaluación pueda revisar quejas de aspirantes

* Califica el periodo ordinario como “muy positivo”, porque se avalaron 16 reformas constitucionales y 11 legislaciones secundarias

El Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, adelantó que sostendrá pláticas con el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal, para que se abra una especie de recurso de revisión, de tal manera que, si algún aspirante siente afectados sus derechos, esto se corrija en el propio comité.

En conferencia de prensa, aseguró que lo anterior tiene el propósito de que no sea necesario que acudan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para hacer valer sus derechos.

Sí cumplieron con los requisitos, afirmó, pero si por alguna razón se pudiera haber presentado un error debido a la magnitud de solicitudes que se registraron, tanto en la página como en los tres correos que se abrieron para recibir las solicitudes de inscripción, este se pueda subsanar por el propio Comité de Evaluación.

El senador dijo que el Comité de Evaluación del Poder Legislativo “cumplió” con su labor de publicar las listas de aspirantes en tiempo y forma.

En otro tema, al dar un balance del periodo ordinario de sesiones que concluyó el viernes 13 de diciembre, Fernández Noroña calificó los trabajos legislativos como “muy positivos” y aseguró que la mayoría parlamentaria está muy contenta del resultado porque se hizo una tarea inédita y profundísima, ya que se avalaron 16 reformas constitucionales y 11 legislaciones secundarias en un tiempo relativamente corto.

“Cumplimos con todo y cerramos todavía con las tres iniciativas de reformas a las leyes secundarias en materia de amparo, la reglamentación del artículo 105 referente a la supremacía constitucional y la del INFONAVIT, que envió el Poder Ejecutivo”, indicó.

Incluso consideró que desde el constituyente de 1917 no se veía un nivel de reformas con tal profundidad, ni siquiera en el pasado gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Sobre el anuncio de que no habrá periodo extraordinario en la Cámara de Diputados para avalar las reformas a las leyes secundarias, consideró que es una responsabilidad de la colegisladora y en ese tema, la Cámara de Senadores no tiene nada qué decir. 

Senado de la República debe plasmar en leyes secundarias esencia de reformas constitucionales sobre igualdad sustantiva

* Fernández Noroña llama a que más mujeres se sumen al proceso de elección de personas juzgadoras

Senadoras, senadores, funcionarios, expertos y sociedad civil coincidieron en la necesidad de que las leyes secundarias de las reformas constitucionales, sobre igualdad sustantiva, deben ser claras y no dar lugar a interpretaciones, sobre todo, en el combate a la violencia por razones de género, brecha salarial y seguridad.

Durante el foro: “Hacia la igualdad sustantiva: propuestas legislativas para construir las leyes secundarias relativas a las reformas de los artículos 4, 21, 41, 73, 116, 122 y 123 de la Constitución Política”, el Presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, refirió que para la elección de las personas juzgadoras sólo 30 por ciento de aspirantes que se han registrado son mujeres, por lo que les hizo un llamado para que se registren y participen.

Se trata, dijo, de democratizar al Poder Judicial, ya que “se está abriendo un camino nuevo para la humanidad desde México”, el cual, subrayó, va a generar una “paridad que no existía” en este Poder de la Unión.

Fernández Noroña explicó que es fundamental erradicar todo tipo de violencia en contra de las mujeres; se debe dejar de discriminar, atropellar, agredir, abusar, violentar, violar sexualmente y de asesinarlas sólo por ser mujeres.

Hemos avanzado en la parte política, en la parte de la paridad, pero estoy convencido que tenemos mucho por hacer, porque la violencia hacia las mujeres “sigue siendo brutal, monstruosa, permanente, evidente, irritante, indignante e inaceptable”, puntualizó.

La Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, expresó que las leyes reglamentarias de las reformas que elevan a rango constitucional la igualdad sustantiva deben garantizar, entre otras cosas, la eliminación de las violencias contra las mujeres.

En este sentido, mencionó que las reformas secundarias también tienen que resarcir la brecha salarial e incorporar la obligación del Estado, para que cuente con fiscalías especializadas.

Se trata de una “gran reforma”, que envió la Titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, quien es la primera presidenta de México, después de 200 años de vida republicana, manifestó.

Indicó que para la elaboración de las leyes secundarias se abrió un proceso para recibir las propuestas de especialistas y sociedad civil, que permitan enriquecerlas. “Se dará un plazo hasta el día de mañana para que las presenten”, porque de lo que se trata es de escuchar todas las voces, agregó.

Mencionó que entre la legislación que se buscará reformar se encuentran la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Por su parte, Enrique Inzunza Cázarez, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, hizo un llamado a las mujeres a que participen en el proceso electoral para cargos en el Poder Judicial, pues, precisó, serán las juezas, magistradas y ministras quienes harán valer el contenido de esta reforma constitucional, y ayudarán a crear una sociedad más justa e incluyente.

La Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Geovanna Bañuelos de la Torre, destacó que la erradicación de la brecha salarial es “un paso gigante” en el reconocimiento de los derechos laborales de las mujeres en el país, pues datos oficiales comprueban que ellas ganan mucho menos que los varones por la misma actividad laboral.

Al hacer uso de la palabra, Ernestina Godoy Ramos, Titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, consideró que las leyes secundarias deben ser “lo más claras posibles, para que no quede lugar a dudas e interpretaciones”, sobre todo en temas fundamentales como el de la discriminación y la brecha salarial.

“Eso no quiere decir que ahí acabamos”, porque el tema de las fiscalías especializadas es esencial y los estados le deben de poner mucha atención a este asunto, para que se preparen, se capaciten y especialicen, subrayó.

También, hizo un llamado a las jóvenes abogadas para que se sumen a la elección del proceso electoral de las personas juzgadoras. “Es el momento para que aquellas mujeres que cumplen con los requisitos entren a la elección, porque la patria las necesita”, destacó.

Eunice Renata Romo Molina, en representación de Citlali Hernández, quien fue propuesta como Titular de la Secretaría de las Mujeres por la titular del Ejecutivo Federal, consideró que “debe haber prisa” por trabajar en las leyes secundarias de esta enmienda constitucional, pues con ello se materializarán los derechos establecidos para las mujeres.

En representación de la Secretaría de Gobernación, Beatriz Santamaría Monjaraz, subrayó que el proceso para llegar a la reforma en materia de igualdad sustantiva y brecha salarial es el resultado de la lucha de los movimientos feministas en México, así como de varios colectivos de mujeres que trabajaron sin descanso.

Diputadas y diputados conocen para trámite de publicidad dictamen que plantea la extinción de siete organismos autónomos

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de publicidad del proyecto de decreto de reformas constitucionales que plantean la extinción de siete órganos autónomos.

El documento reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de los artículos 3°, 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116, 123 y 134 de la Constitución Política.

Los organismos que se propone extinguir son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH).

El dictamen destaca en su régimen transitorio que las economías y ahorros que se generen con la extinción de estos entes públicos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Aclara que los derechos laborales de las personas servidoras públicas serán respetados en su totalidad, en términos de la legislación aplicable.

Las reformas también extinguen los organismos autónomos estatales garantes del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

Asimismo, otorgan al INE la competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales a cargo de los partidos políticos.

INAI

En la fracción VIII del apartado A del artículo 6 se derogan los párrafos relativos al funcionamiento y atribuciones del INAI, y el párrafo donde se reconoce la autonomía de este organismo se reforma para indicar que los sujetos obligados deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales.

Las leyes en la materia determinarán los principios generales, así como la competencia de las autoridades de control interno y vigilancia u homólogos en el ámbito federal y local para conocer de los procedimientos de revisión contra los actos que emitan los sujetos obligados.

Agrega que los sujetos obligados se regirán por la ley general en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales, en los términos que esta se emita por el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.

Las adecuaciones al artículo 41 constitucional plantean que el Instituto Nacional Electoral tendrá competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales a cargo de los partidos políticos; también conocerá de los recursos de revisión que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los partidos políticos en los términos que establezca la ley.

En el apartado B del artículo 123 se establece que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tendrá la competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública de los sindicatos y conocerá de los recursos de revisión que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los mismos.

CONEVAL

En el artículo 26 se deroga el apartado C relativo a la estructura y funciones del CONEVAL, y se reforma el apartado B para estipular que el INEGI “también estará a cargo de la medición de la pobreza y la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las formas de coordinación con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de estas funciones”.

Cofece e IFT

El artículo 28 se reforma para suprimir las referencias a la COFECE y transferir sus facultades al Ejecutivo Federal para que cumpla con el objetivo del Estado de garantizar la libre competencia y concurrencia, “a través de la dependencia encargada de formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país”.

También se suprime la mención al IFT y se establece que su objeto y facultades las tendrá el Ejecutivo Federal, a través de la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión.

De esta manera, el Ejecutivo Federal será la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, y le corresponderá el otorgamiento, revocación y autorización de cesiones o cambios de control accionarios, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones.

También fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones. Para garantizar la transparencia de las concesiones habrá un Sistema Nacional de Información de Infraestructura a cargo de la dependencia responsable de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del Gobierno Federal.

Menciona que las normas generales, actos u omisiones de las dependencias que tendrán las facultades de la Cofece e IFT “podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión”.

Solamente en los casos en que se impongan multas, desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva.

Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de la Constitución, y en ningún caso se admitirán recursos ordinarios contra actos intraprocesales.

MEJOREDU

Se deroga la fracción IX del artículo 3°, relativa a la estructura, funciones y facultades de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación encargada de coordinar el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.

CRE y CNH

En el artículo 28 se modifica el párrafo que actualmente indica que el Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, para quedar de la siguiente manera: “El Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la dependencia encargada de conducir la política energética del país, contará con atribuciones para llevar a cabo la regulación técnica y económica, así como la facultad sancionadora en materia energética y de hidrocarburos, en los términos que determine la ley”.

Organismos autónomos estatales garantes del derecho de acceso a la información

Se reforma el artículo 116, con lo cual se elimina la figura de los organismos autónomos estatales garantes del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

La redacción propuesta dice que las constituciones de los estados, en términos de la ley general, definirán la competencia de los órganos encargados de la contraloría u homólogos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y demás sujetos obligados responsables de garantizar el derecho de acceso a la información pública y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

Austeridad republicana

En el artículo 134 se establece que los entes públicos ajustarán sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana, eliminando todo tipo de duplicidades funcionales u organizacionales, atendiendo a las necesidades de mejora y modernización de la gestión pública.

En el apartado de los artículos transitorios se destaca que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes que correspondan.

Respecto a lo dispuesto en el artículo 134, las adecuaciones legislativas que se realicen deberán considerar la eliminación de los organismos, unidades administrativas o estructuras que representen duplicidad de funciones, así como la integración de los órganos desconcentrados y descentralizados o unidades administrativas en las dependencias de la administración pública centralizada que puedan asumir su competencia.

Las legislaturas de las entidades federativas tendrán el plazo máximo de 90 días naturales contados a partir de la expedición de la legislación para armonizar su marco jurídico en materia de acceso a la información.

Además, en el artículo 123 se define que los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores, así como los que se susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados, serán resueltos por el “Tribunal de Disciplina Judicial”.

En la fracción I del artículo 113, referente a la integración del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, se cambia la referencia del “Consejo de la Judicatura Federal”, por la de “Tribunal de Disciplina Judicial”.

Cámara de Diputados da trámite de publicidad a reformas constitucionales sobre igualdad sustantiva

• Determinan que a trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta sexo, género ni nacionalidad

En la sesión matutina de este martes, el Pleno de la Cámara de Diputados conoció para trámite de declaratoria de publicidad el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales por el que se reforman y adicionan los artículos 4º, 21, 41, 73, 116, 122 y 123 de la Constitución Política, en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género.

Determina que el Estado garantizará el goce y ejercicio del derecho de igualdad sustantiva de las mujeres, y que toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencias, por lo que el Estado tiene deberes reforzados de protección con las mujeres, adolescentes, niñas y niños.

Establece que la actuación de las instituciones de seguridad pública también se regirá por el principio de perspectiva de género.

Los nombramientos de las personas titulares en la administración pública federal del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas y municipios, deberán observar el principio de paridad de género. Las leyes determinarán las formas y modalidades que correspondan.

Además, las autoridades federales también podrán conocer de las medidas u órdenes de protección que deriven de violencias de género en contra de las mujeres o de delitos del fuero común relacionados con las violencias de género contra las mujeres, en términos de las leyes correspondientes.

Las instituciones de procuración de justicia deberán contar con fiscalías especializadas de investigación de delitos relacionados con las violencias de género contra las mujeres, a efecto de proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.

Puntualiza que a trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta sexo, género ni nacionalidad. Las leyes establecerán los mecanismos tendientes a reducir y erradicar la brecha salarial de género.

En los transitorias se señala que el Congreso de la Unión deberá armonizar el marco jurídico correspondiente a la materia para adecuarlo al contenido del presente decreto en un plazo que no excede de 90 días a partir de la entrada en vigor del mismo, debiendo incluir disposiciones que determinen los alcances y permitan dar cumplimiento gradual conforme a lo que se apruebe en los presupuestos de egresos correspondiente, así como las atribuciones y obligaciones necesarias para garantizar los derechos derivados del decreto.

También, las entidades federativas deberán armonizar el marco jurídico respectivo en un plazo que no excederá de 180 días a partir de la entrada en vigor del decreto.

La Cámara de Diputados discutirá reformas constitucionales sobre delitos graves y extinción de órganos autónomos: Ricardo Monreal

* Asimismo, sobre igualdad sustantiva y protección animal; además, abordará leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, anuncia

El Diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), anunció que, en próximos días, la Cámara de Diputados discutirá y, en su caso, aprobará diversas reformas a la Constitución Política, relacionadas con igualdad sustantiva, delitos graves, protección animal y fusión y extinción de órganos autónomos.

“En los próximos días, discutiremos y, en su caso, aprobaremos distintos instrumentos jurídicos: reformas constitucionales en materia de igualdad sustantiva, elevar a rango constitucional los delitos graves como la extorsión, la producción y comercialización del fentanilo y otras sustancias, y la elaboración, expedición y uso de facturas falsas”, dio a conocer en un mensaje.

También –dijo-- se legislará y llevará a la Constitución la protección animal, que es un compromiso que se cumplirá, además de la reorganización administrativa, que implica desde la fusión hasta la extinción de órganos autónomos.

“Es decir, nos corresponde continuar con un modelo de país más humano, más justo, más equilibrado”, expresó.

Monreal Ávila subrayó que esta semana se expedirá la convocatoria para la elección de funcionarias y funcionarios judiciales, se dictaminarán modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública y se presentarán iniciativas de modificaciones a leyes reglamentarias, como la Ley Orgánica del Poder Judicial, la de carrera judicial y la de responsabilidades.

El Poder Legislativo tiene que cumplir con el cúmulo de responsabilidades que adquirimos con la población. “Que por ello nos ataquen, nos cuestionen o nos ofendan son asuntos menores que debemos enfrentar con firmeza, ante las razones de Estado que nos motivan y nos comprometen con la mayoría del pueblo”, dijo.

El presidente de la JUCOPO recordó que en tan sólo 60 días se han reformado 39 artículos constitucionales; “ha sido el periodo legislativo más intenso de las últimas décadas, y la reforma más profunda es la relativa al Poder Judicial”.

“Otras, igualmente relevantes, son las de acceso a la justicia para los pueblos originarios, derechos de las y los trabajadores, como el salario mínimo; la política social como prioridad del Estado mexicano, la vivienda elevada a rango constitucional, la recuperación del Estado del servicio público de tren de pasajeros, la rectoría energética y la reincorporación de las empresas públicas que habían sido privatizadas”, refirió.

Finalmente, comentó que estas y las demás reformas son en beneficio de la población, y se debe “comprender que es un compromiso adquirido en las urnas y que vamos a continuar con nuestra obligación con la mayoría del pueblo de México”.

La Cámara de Diputados votará el 29 de octubre sus integrantes al Comité de Evaluación del Poder Judicial: Monreal Ávila

• Informó que la JUCOPO recibirá esta semana las propuestas de personalidades para integrarlo

• Mañana y el miércoles el Pleno discutirá reformas constitucionales en materia de bienestar y vivienda

El Diputado Ricardo Monreal Ávila informó que esta semana la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), que preside, recibirá las propuestas de los grupos parlamentarios, de organizaciones o de la sociedad civil, si las hubiera, de las personalidades para integrar el Comité de Evaluación para la selección de jueces, magistrados, ministros del Tribunal de Disciplina Judicial.

Lo anterior, dijo, para que el próximo martes 29, en el Pleno, se voten las propuestas para ver si alguna de ellas logra la mayoría calificada, pues el 31 de octubre vence la fecha para conformar los Comités de Evaluación.

Recordó que cada uno de los Poderes de la Unión contará con cinco para hacer las propuestas a candidatos; es decir, cinco por parte de la titular del Ejecutivo, cinco del Congreso de la Unión y cinco del Poder Judicial.

En el caso del Poder Legislativo, añadió que son dos cámaras, por lo que una determinará tres integrantes y otra dos, ya sea la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados; para ello, “nos estamos poniendo de acuerdo”.

Sesiones de esta semana

Monreal Ávila comentó que esta semana habrá sesiones para desahogar las reformas constitucionales: el martes 22 en materia de bienestar y el miércoles 23 sobre vivienda, las cuales se aprobarán, en el caso que así lo determine la mayoría calificada.

Subrayó que se trata de dos reformas que provienen del paquete de iniciativas que presentó el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero “y que le hemos otorgado prioridad” por parte del grupo parlamentario de Morena, del PT y del Partido Verde.

También, señaló, se celebrará una sesión solemne para la conmemoración del 50 aniversario de la Fundación de Quintana Roo. “En ese día está invitada la gobernadora y algunos ciudadanos de aquel lugar. Entonces, el miércoles vamos a realizar sesión solemne y ordinaria”.

Mencionó que en la JUCOPO se acordó completar ya la totalidad de las y los integrantes de las comisiones ordinarias a más tardar el miércoles de esta semana, para poder trabajar en ellas las iniciativas que se están presentando en el periodo ordinario de sesiones.

La Cámara de Diputados aprobará reformas constitucionales muy importantes, en donde no veo objeción ni oposición: Ricardo Monreal

* Además, el Pleno iniciará con el análisis de la Glosa del VI Informe de Gobierno

El Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, expresó que las dos reformas constitucionales que se pretenden aprobar en el Pleno son muy importantes, por lo que “no veo objeción ni oposición a las mismas”.

Indicó que, se tendrá la discusión y, en su caso, la aprobación de una reforma constitucional importante producto de una larga lucha histórica de la clase trabajadora que incorpora que en la fijación anual o en la revisión de los salarios mínimos nunca estarían por debajo de los 249 pesos diarios en las zonas libre de frontera norte y de 374 pesos diarios.

“Nunca estarían por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia. Este es el fundamento: ni en zonas libres ni en la frontera. Todos estarían siempre subiendo, incrementando por encima de la inflación”, aclaró.

Mencionó que también, en el artículo 123, “que vamos a modificar, en su caso, mañana, se establece que el salario mensual de las maestras, los maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de las Fuerza Armada permanente, médicos y enfermeras su salario mensual no puede ser inferior al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social”.

El Diputado Ricardo Monreal subrayó que para el 25 de septiembre se tendrá una reforma muy importante constitucional que indica que el Estado otorgará un apoyo económico mensual de al menos un salario mínimo a los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad.

Lo anterior, abundó, siempre y cuando se encuentren en desocupación laboral y no estén cursando algún nivel de educación formal, con el fin de que se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta 12 meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas en los términos que la ley fijará.

Detalló que mañana inicia la Glosa del VI Informe de Gobierno que el titular del Ejecutivo Federal remitió el pasado 1 de septiembre, con las materias de políticas interior y exterior, y para el 25 de septiembre, se abordarán los relativos a las políticas social y económica. 

Subrayó que la reunión de la JUCOPO fue amable, agradable y en la que se sostuvieron acuerdos para las rondas, para las intervenciones y todos los temas propios del día de mañana y pasado. “Está todo bien, tranquilo y caminando en la Cámara de Diputados”.

Refrenda Fernández Noroña rechazo a la violencia y reitera voluntad de diálogo para dirimir diferencias

* Destaca que hay condiciones para el desarrollo de las sesiones en las que se abordarán reformas constitucionales

Gerardo Fernández Noroña, Presidente del Senado de la República, dejó en claro que, si bien los normalistas y padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa pueden hacer reclamos enérgicos y tomar medidas como arrojar petardos, no se caracterizan por agredir a los medios de comunicación ni a la ciudadanía en lo general.

El senador consideró que la violencia no se justifica de ninguna manera, pero es entendible el actuar de los normalistas, que se manifestaron esta tarde en los alrededores del recinto parlamentario.

Durante la sesión vespertina de este martes, Fernández Noroña, informó que los manifestantes se retiraron de la Ciudad de México, por lo que hay condiciones para el desarrollo de la plenaria.

Además, dio a conocer a la asamblea que la Senadora Lucía Trasviña Waldenrath, de MORENA, resultó lesionada por la explosión de un petardo, pero ella seguía la sesión desde su oficina y estaría presente, incluso, en la discusión y votación de la reforma constitucional sobre la Guardia Nacional.

Explicó que cuando cayó el cohetón, la legisladora tenía abierta la ventana de su oficina y, por los efectos de la explosión, se le lastimó el ojo derecho, se le alteró la presión y se le tuvo que poner oxígeno, “pero la compañera, que es de una pieza, está atendiendo desde su oficina la sesión y estará presente en las votaciones y en toda la discusión de la Guardia Nacional”.

“Mantengo mi postura de que la violencia no se justifica de ninguna manera, pero entiendo el actuar; no lo comparto. El compañero presidente de la República ha hecho un esfuerzo muy grande para esclarecer el tema”, expresó.

El senador consideró que el reclamo se debe a que no se ha podido esclarecer lo ocurrido hace 10 años a los 43 alumnos de la Escuela Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, por lo que, consideró, “sigue siendo una herida abierta” y “un tema vivo” para ellas y ellos.

El líder senatorial aclaró, además, que no hubo intención de los manifestantes de impedir la discusión de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, prevista para una tercera sesión en este martes, sino que fue una protesta por la fecha en que se cumplirá una década de la desaparición de los normalistas.

Y a pesar del incidente de la Senadora Trasviña y los daños materiales, el operativo del personal de resguardo y protección civil, garantizó la seguridad de todos legisladores, visitantes y trabajadores del Senado de la República. 

Recibe jurídico de la Cámara de Diputados incidentes de suspensión para continuar el proceso legislativo de reformas constitucionales relativas al Poder Judicial

Este sábado, el área jurídica de la Cámara de Diputados recibió del Juzgado Décimo de Distrito en materia administrativa oficios con anexos que contienen incidentes de suspensión de los juicios de amparo 1190/2024–XVI y 1251/2024, promovidos por los juzgados Tercero de Chiapas y Quinto de Morelos, para que el Congreso de la Unión, mediante sus dos cámaras, y la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, así como las legislaturas de los estados continúen con la discusión y aprobación de reformas a la Constitución Política relativas al Poder Judicial.

El encargado de hacer entrega de los documentos en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, fue el Licenciado Edgar López, del Juzgado Décimo de Distrito en materia administrativa.

La demanda fue promovida en el juzgado en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, por Ismael Arroniz Palacios, Jorge Alberto Orantes López, Mario Felipe Mata Ríos y Mario Alberto Rivera Rivera.

La Comisión de Puntos Constitucionales avaló en lo particular reformas constitucionales al Poder Judicial

• Incorporan la figura de “jueces sin rostro”

• Tras el desahogo de 330 reservas y 12 horas de debate, el dictamen fue remitido a la Mesa Directiva para sus efectos constitucionales

La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó en lo particular, con cambios, el dictamen que modifica diversos artículos de la Constitución Política, en materia de reforma del Poder Judicial.

El proyecto se avaló con 22 por votos a favor, 18 en contra y cero abstenciones, tras la presentación de 330 reservas, y se remitió a la Mesa Directiva para sus efectos constitucionales.

La Comisión, que preside el Diputado Juan Ramiro Robledo (MORENA), aceptó la propuesta de modificación presentada por la diputada Lidia García Anaya (MORENA) para adicionar la fracción X del Apartado A del artículo 20, relativa a la figura de “jueces sin rostro”, y reformar el precepto Segundo Transitorio, en materia de listado de personas candidatas y boletas electorales.

La fracción X del artículo 20 propone estipular que “tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la ley”.

La diputada explicó que esta reserva busca incluir la figura de los “jueces sin rostro” como un órgano de administración judicial creado en los sistemas de determinadas jurisdicciones, encargadas del proceso y juicio de delitos generalmente vinculados al narcotráfico, terrorismo y crimen organizado. “Se trata de órganos donde los jueces son anónimos con el principal objetivo de salvaguardar la identidad de los jueces y sus familias”.

Respecto a las modificaciones al artículo Segundo Transitorio, específicamente al párrafo sexto y sus incisos a, b, c, d y e, se plantea que “el listado de personas candidatas distinguirá la autoridad postulante y las candidaturas de las personas juzgadoras que estén en funciones en los cargos a renovar y deseen participar en la elección”.

Agrega que “la boleta garantizará que las y los votantes asienten la candidatura de su elección conforme a lo siguiente:”

“a) Para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán elegir hasta cinco mujeres y hasta cuatro hombres; b) Para magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial podrán elegir hasta tres mujeres y hasta dos hombres; c) Para magistradas y magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrán elegir hasta dos mujeres y hasta dos hombres”.

“d) Para magistradas y magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrán elegir hasta dos mujeres y un hombre por cada sala; e) Para magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito podrán elegir hasta cinco mujeres y hasta cinco hombres”.

La Diputada García Anaya puntualizó que las adecuaciones al Segundo Transitorio garantizan la paridad de género de manera firme y clara en todo el procedimiento de elección de las y los operadores de justicia y de quienes administrarán la justicia de acuerdo con el Código de Ética del Poder Judicial.

Posturas en pro y en contra

Al hablar en contra de la modificación, el Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) dijo que la figura de “jueces sin rostro” no garantizará el anonimato, ya que se propone que se elijan mediante el voto. Señaló que si van a una elección popular quedarán en una grave situación de integridad. Planteó que se elijan mediante un comité de selección que resguarde el anonimato de quien dirima cuestiones más apremiantes y desafiantes del país, como el combate a la delincuencia organizada, que se dedica a secuestrar, extorsionar y al narcotráfico.

Al hablar a favor, el Diputado Salvador Caro Cabrera (MORENA) dijo que la propuesta inserta plenamente en la Constitución la posibilidad de que México en su interior y en colaboración con otros países pueda hacer valer la Convención de Palermo, que es el instrumento que se ha dado el mundo para combatir el crimen organizado y el terrorismo, lo cual manda una señal positiva de la reforma en discusión.

De MC, el Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo comentó que esta reserva, donde se está pidiendo paridad de género, paradójicamente puede afectar a las mujeres. “En la delincuencia organizada hay que tomar como dato que la alza castiga a las mujeres en este momento, es decir las mujeres del crimen organizado son mayormente susceptibles a ser detenidas y enjuiciadas”.

El Diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) manifestó que están a favor de esta propuesta, ya que el Poder Judicial es el único que se ha negado a la paridad entre hombres y mujeres y aquí se está planteando que sean más las mujeres. Asimismo, esta es una reserva que recoge las opiniones planteadas en los foros desarrollados sobre esta iniciativa presidencial.

Al hablar en contra, el Diputado Miguel Humberto Rodarte De Lara (PAN) expresó que es necesario revisar la reforma de fondo ya que no consideraron la situación actual del país. “No puede ser que hayan hecho esta reforma haciendo que los jueces y magistrados se elijan cuando no conocen lo que pasa en el país, mismo que requiere jueces en delincuencia organizada”.

La Diputada Yeidckol Polevnsky Gurwitz, de MORENA, dijo que se trata de un cambio de fondo en la forma de operación del Poder Judicial en favor de las y los mexicanos y ha habido cuidado y atención en los detalles. Hemos avanzado, indicó, pero falta mucho por hacer; por ejemplo, en materia de los recursos que se le deben asignar en los estados.

Para presentar reservas, subieron a tribuna las y los Diputados, Jorge Triana Tena, Paulina Rubio Fernández, Héctor Saúl Téllez Hernández, Santiago Torreblanca Engell, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del PAN; Rubén Ignacio Moreira Valdez, Laura Lorena Haro Ramírez, Alma Carolina Viggiano Austria, Marco Antonio Mendoza Bustamante, Eduardo Zarzosa Sánchez, Cynthia Iliana López Castro, del PRI; Braulio López Ochoa Mijares, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, por MC; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Mary Carmen Bernal Martínez, del PT y Susana Prieto Terrazas (Sin Partido). Todas sus propuestas fueron rechazadas.

Posteriormente, el Presidente de la Comisión, Juan Ramiro Robledo, citó a las y los legisladores a la próxima reunión, la cual tendrá lugar el jueves 29 de agosto, a las 9:00 horas, en modalidad semipresencial, donde se discutirán y, en su caso, aprobarán las actas de las últimas reuniones celebradas y el informe final de actividades de esta instancia legislativa.

Grupos parlamentarios fijan postura en la discusión en lo general de las reformas constitucionales al Poder Judicial

• Participaron diputadas y diputados de MORENA, PAN, PRI, PVEM, PT y MC

Diputadas y diputados de los grupos parlamentarios de MORENA, PAN, PRI, PVEM, PT y MC, representados en la Comisión de Puntos Constitucionales, que encabeza el Diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (MORENA), externaron, en tres rondas de oradores, sus posicionamientos durante la discusión en lo general del dictamen sobre las reformas al Poder Judicial de la Federación.

Primera ronda

El Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) mencionó que su grupo parlamentario le dice no a la destrucción a la autonomía del Poder Judicial y anunció voto particular para replantear la reforma judicial, a fin de fortalecer el servicio judicial de carrera, respetar la estabilidad laboral de las y los trabajadores, instaurar un Comité Independiente y verdaderamente ciudadano para formular las ternas de las y los ministros, dar autonomía total y constitucional al Consejo de la Judicatura Federal, y fortalecer a las policías y a las fiscalías.

De MORENA, el Diputado Hamlet García Almaguer expresó que es falso que no se haya escuchado a la sociedad, al Poder Judicial y a los expertos que acudieron a los foros. El dictamen consolida la paridad al establecer que cinco de las nueve personas integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean mujeres y propone que el Tribunal de Disciplina Judicial tenga dos instancias para no generar algún estado de indefensión a las personas que estén sujetas a un proceso disciplinario y los derechos laborales serán respetados.

Por el PRI, el Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez destacó que cambiar el mecanismo de selección de juzgadores no garantiza la justicia ni pronta ni expedita, ya que no es democrático ni prudente; es un riesgo para el Estado mexicano, es inoperante, lesiona el pacto federal, no representa mejorar la calidad de las resoluciones y es un peligro para el régimen de protección de los derechos humanos; además, permite la intromisión de poderes fácticos, pues la acumulación de los expedientes no se debe a que los jueces no trabajen, sino porque no hay suficientes juzgadores.

La Diputada Adriana Bustamante Castellanos (MORENA) dijo estar a favor del proyecto porque es urgente contar con un Poder Judicial a la altura de los retos y las demandas legítimas de la nación. La propuesta es democratizarlo con la elección de ministras y ministros por voto directo, que haya rendición de informes y que la legitimidad que derive de los sufragios directos refuerce la confianza en las instituciones.

Del PAN, la Diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo manifestó que su grupo parlamentario votará en contra porque la manera de elegir a jueces, magistrados y ministro atenta con la independencia judicial. “Claro que el sistema de justicia requiere cambios, solo que ninguno de los mismos está en este dictamen, ya que no tocan a fiscales, ministerios públicos ni a las defensorías de oficio, peritajes y, en lugar de fortalecer la independencia judicial, la eliminan”.

Armando Antonio Gómez Betancourt, Diputado del PVEM, expresó que votarán a favor, pues la justicia se debe percibir como un servicio esencial que está al alcance de todos y responde a las necesidades reales de la sociedad. Una mayor participación ciudadana fomentará mayor transparencia, rendición de cuentas y confianza en las instituciones judiciales. “Debemos consolidar un Poder Judicial que esté al servicio de la sociedad, proteja los derechos y garantice el acceso igualitario a la justicia”.

La Diputada Alma Carolina Viggiano Austria (PRI) comentó que se necesita una política pública para el sistema de justicia y esta debería ser la oportunidad para discutirla. “No podemos hoy decidir esto sin tener un diagnóstico claro y el que se ha dado ha sido muy simplista; la propuesta no soluciona el problema de acceso a la justicia. El Poder Judicial Federal sí es perfectible y los poderes judiciales locales están sufriendo muchos problemas serios que no están en la discusión”.

Irma Juan Carlos, Diputada de MORENA, resaltó que el dictamen busca reducir y controlar que los jueces, ministros y magistrados de verdad impartan justicia, por lo que hay un plazo para que ellos resuelvan un asunto y si en seis meses no lo han podido hacer, se tiene un órgano que les vigila. Pidió apoyar la reforma si de verdad se está a favor de la imparcialidad, la transparencia y la independencia del Poder Judicial. “Si el pueblo elige al Poder Ejecutivo, si el pueblo elige al Poder Legislativo, que el pueblo elija al Poder Judicial”.

El Diputado de MC, Braulio López Ochoa Mijares, manifestó que si bien se debe modificar la ley para mejorar los problemas que enfrenta el Poder Judicial a nivel federal y local, con este dictamen no se logra, ya que entorpece, dificulta y debilita su tarea. Añadió que actualmente este Poder opera bajo el servicio profesional de carrera, lo cual permite que los cambios en los titulares no comprometan el desempeño y calidad de la institución, pero la propuesta es poco sería, es injusta y antidemocrática.

Por el PT, el Diputado Reginaldo Sandoval Flores expresó que la reforma al Poder Judicial busca hacer un nuevo Estado mexicano para que la gente tome el control en sus manos; no se trata de venganza ni de autoritarismo. Nuestra visión, subrayó, es de democracia participativa, de un gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo, con principios éticos de verdad, y queda claro el tema de la paridad de género y del Tribunal de Disciplina Judicial, por lo que no hay problema para que avance.

El Diputado Miguel Humberto Rodarte De Lara (PAN) indicó que no hay una defensoría pública de calidad en cada una de las entidades federativas y la deficiencia de la impartición de justicia también debe entenderse y atenderse desde el funcionamiento de las instituciones ministeriales, y debe democratizarse el acceso a la justicia con más y mejores jueces, más tribunales y con la profesionalización y garantía de una carrera judicial que proteja los derechos.

Marcos Rosendo Medina Filigrana, Diputado de MORENA, afirmó que se hace una reforma que no va a ser perfecta, pero toda norma se perfecciona en su implementación y desarrollo. “Prefiero una reforma innovadora a una acción inactiva frente a los excesos y nepotismo del Poder Judicial; prefiero que se equivoque el pueblo a estar sometido a la oligarquía y que sea ésta la que siga mandando”.

Segunda rondas

La Diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) argumentó que si se quiere corregir el acceso a la justicia se está viendo a la institución equivocada y esta reforma al Poder Judicial ataca hoy todo lo que como legisladores se juró defender. Se manifestó a favor de un régimen democrático. “Estamos defendiendo el privilegio de la democracia, de la libertad y de la verdad. No nos rendiremos y somos la resistencia democrática”.

El Diputado Óscar Cantón Zetina (Morena) explicó que lo que se busca es desmantelar la aristocracia judicial para promover un sistema por medio de una elección directa y revertir la tendencia del Poder Judicial que ha asumido roles legislativos y políticos que no le corresponden. “Esta es una sola parte de la gran reforma judicial que tendrá que ser acompañada de modificaciones a la procuración de justicia y a la seguridad pública, a través de las fiscalías y de las defensorías de oficio”.

Marco Antonio Mendoza Bustamante, Diputado del PRI, resaltó que la reforma es regresiva, atenta contra la justicia, la verdad, la igualdad y los principios que heredaron los padres fundadores de la patria. La elección de magistrados y jueces es una simulación, el pueblo no va a elegir; por ello, si se desea reformar el Poder Judicial se deben tomar en cuenta los procedimientos y actuación del Ministerio Público, las procuradurías, los peritos y la defensoría pública en favor de la ciudadanía.

Por MORENA, el Diputado Ismael Brito Mazariegos afirmó que la reforma busca separar el poder político del judicial y está motivada por la nula justicia que reclaman los más pobres, así como la impunidad derivada de las sentencias del Poder Judicial, el cual, agregó, está gobernado por el nepotismo de jueces y magistrados. “Todo el poder al pueblo. No le teman. El del pueblo, es un poder que realmente se ciñe, se siente y seguiremos en esa ruta: que el pueblo se exprese en las urnas”.

Del PAN, el Diputado Santiago Torreblanca Engell comentó que hay personas que apoyan esta reforma porque están convencidas de que un modelo autoritario es conveniente a una democracia. “En ocasiones la gente no distingue bien las facultades entre la policía, el Ministerio Público y los poderes judiciales locales y federales, y de lo que realmente está harta la gente es de la impunidad e injusticia, no en contra del Poder Judicial”.

El Diputado Juan Luis Carrillo Soberanis (PVEM) expresó que están a favor porque la reforma es robusta, fortalece la confianza de los ciudadanos en el sistema de impartición de justicia y promueve la cultura de legalidad y respeto por los derechos fundamentales. Destacó la importancia de trabajar para que la justicia no sea sólo un conjunto de normas frías, sino un instrumento vivo que promueva el bienestar y la igualdad. “El Poder Judicial debe ser un ejemplo de imparcialidad y transparencia”.

Cynthia Iliana López Castro, Diputada el PRI, puntualizó que se sigue sin entender que desmantelar al Poder Judicial tiene consecuencias políticas y económicas. Es grave la amenaza a la independencia al Poder Judicial. “Por qué la urgencia de desmantelarlo de un plumazo. Coincido en que se requiere una sacudida a ese Poder, pero por qué no nos vamos por examen, servicio profesional de carrera o más requisitos técnicos. Debe haber una reforma, pero no una que desmantele y entregue las llaves a los cacicazgos estatales”.

Por MORENA, el Diputado César Agustín Hernández Pérez afirmó que es una reforma de gran calado porque pretende democratizar al Poder Judicial, establece nuevos lineamientos para elegir a los juzgadores y la evaluación a su desempeño, crea un órgano que vigile su actuación e impulsa la austeridad y transparencia. “El objetivo es reconfigurar el sistema judicial mexicano, a fin de asegurar la autonomía, independencia y la especialidad técnica de los órganos jurisdiccionales, así como buscar la participación ciudadana”.

El Diputado de MC, Mario Alberto Rodríguez Carrillo señaló que, si bien es necesaria una reforma al Poder Judicial, esta debe enfocarse en solucionar los problemas de atención en los procesos y no en la elección de las y los jueces y magistrados. En esta propuesta no hay un presupuesto constitucional que se le otorgue a este organismo para que sea autónomo realmente; por ello, mi voto será en contra, porque no existe una explicación amplia de por qué se debe elegir a las y los jueces y magistrados.

Gerardo Fernández Noroña, Diputado del PT, se pronunció a favor del dictamen, ya que plantea separar el poder económico del Poder Judicial, el cual “se puso por encima de los poderes de la República, no imparte justicia y es profundamente corrupto”. Añadió que “con clasismo y desprecio” se quiere negar el derecho a elegir por voto universal, directo y secreto a las personas juzgadoras, cuando la Constitución especifica que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.

El Diputado Jorge Triana Tena (PAN) señaló que la independencia judicial no es un privilegio, sino una condición fundamental y necesaria para que pueda haber una República democrática. “No es llevando al plano electoral la designación de los juzgadores como se van a solucionar los problemas; al contrario, éstos van a responder a sus votantes y no a lo único que tienen que manifestar, que es la aplicación irrestricta de la ley y el cuidado de la Constitución”.

De MORENA, el Diputado Leonel Godoy Rangel afirmó que la reforma se dará porque se tiene legitimidad para ello y porque están convencidos de que la manera de lograr la independencia del Poder Judicial de la Federación es a través del voto. Puntualizó que jamás lesionarán los derechos laborales de los trabajadores. “Les decimos que no se dejen engañar por quienes tienen sueldos superiores al presidente de la República”.

Tercera ronda

La Diputada Edna Gisel Díaz Acevedo (PRD) aseguró que con la reforma no se garantiza una mejor composición del Poder Judicial, se perderán recursos humanos formados en la carrera judicial, se dejará la justicia en manos de jueces, magistrados y ministros, en muchos casos, sin formación ni experiencia necesarias. “La reforma no garantiza un país más seguro ni con más acceso a la justicia; queremos jueces, magistrados y ministros con carrera judicial, no sometidos al poder presidencial”.

De MORENA, la Diputada María Guadalupe Chavira De La Rosa resaltó que esta reforma es de gran calado y de largo plazo, pues establece mecanismos para que el Poder Judicial de la Federación sea más eficaz y legítimo, y la elección es la única forma de seguir transformando el Estado constitucional. Además, las elecciones para los cargos de operadores de justicia se llevarán a cabo de manera gradual y escalonada, para completar la sustitución total hasta 2039. “Estamos haciendo lo que por justicia le corresponde a nuestro país”.

Por el PRI, el Diputado Eduardo Zarzosa Sánchez dijo que es irónico que, conmemorándose el Día Nacional de la Solidaridad, se clave el último clavo a la democracia y a las libertades de la ciudadanía para acabar de crucificar al país. “Claro que estamos en contra de que en cualquier Poder haya despilfarro y falta de austeridad, pero ese no puede ser el pretexto para quitarle autonomía a un Poder constitucionalmente integrado; para ello, la Cámara de Diputados tiene la facultad de aprobar el Presupuesto de Egresos y es ahí donde se pueden reducir los excesos de este órgano”.

La Diputada Eunice Monzón García (PVEM) indicó que se trata de una reforma profunda al Poder Judicial para transformar la justicia en el país y acercarla al pueblo. La elección de sus integrantes por voto directo, abundó, abonará a su democratización y que el procedimiento actual por designación promueve corrupción y nepotismo, por lo que al someterles al escrutinio del sufragio habrá más transparencia y rendición de cuentas; además, al ser conscientes de que su permanencia depende de la sociedad, serán más atentos a sus necesidades.

El Diputado Marco Humberto Aguilar Coronado (PAN) comentó que se requiere de un sistema de justicia independiente en donde es necesario que, para la protección de los derechos de los justiciables y jueces y juezas, se viva un Estado de derecho respetado y en democracia. “Este dictamen va en contra de lo que han dicho expertos constitucionalistas. Han levantado la mano ministros, jueces y magistrados para exigir que se les respeten sus derechos al igual que las y los trabajadores”.

Al hablar a favor, el diputado Irán Santiago Manuel (Morena) subrayó que se busca una reforma para que la justicia realmente beneficie a los que menos tienen; su aprobación, aseguró, garantiza que la voluntad del pueblo se respete al tener un Poder Judicial que no esté al servicio de los poderes fácticos, ni de los más ricos del país.

Por el PRI, la diputada Laura Lorena Haro Ramírez lamentó que hoy se esté perdiendo la independencia del Poder Judicial y la profesionalización de quienes hoy imparten justicia; sin embargo, aclaró que existen tratados internacionales y la Constitución establece que estos adquieren el rango de máxima ley. “Estamos aún a tiempo de reflexionar, si no, nos veremos en 2025 cuando México dé cuentas en torno a los tratados internacionales de los que somos parte”.

La Diputada Flor Ivone Morales Miranda (MORENA) destacó que la reforma es de gran trascendencia para el país, pero principalmente para las personas que buscan que exista una verdadera justicia. Se modificará el Poder Judicial de manera que se asegure la autonomía, independencia y la administración de justicia de manera pronta y expedita y se consolidará la participación ciudadana en la designación de jueces, magistrados y ministros con la creación del Tribunal de Disciplina Judicial.

Irma Yordana Garay Loredo, Diputada el PT, mencionó que una reforma al Poder Judicial es necesaria para el progreso de la sociedad, ya que una de las funciones principales de la fundación Estado-Nación es proteger a sus ciudadanos; por eso, se debe atender la deuda histórica respecto a la impartición de justicia en México. “Todo cambio histórico conlleva grandes resistencias, trastoca intereses, pero es ahí donde están los males nacionales”.

El Diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (MORENA) se pronunció a favor del proyecto, porque se propone un modelo democrático para elegir jueces con candados muy importantes y se fortalece el control constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto al presupuesto y autonomía del Poder Judicial, “están intocados, podrá hacer su propuesta de presupuesto la próxima Legislatura y tendrá más que en 2024”.

Llamó a apostar y cuidar al nuevo modelo y hacer que funcione, que las campañas no sean de territorio, propaganda, reuniones, publicidad o popularidad, sino de exposición en medios públicos con difusión nacional y que los prospectos muestren sus conocimientos en cada ciudad, jurisdicción, distrito y circuito judicial.

Durante seis años JUCOPO del Senado de la República impulsó acuerdos para servir a México: Ricardo Monreal

• Se crearon los consensos para aprobar reformas constitucionales bajo las que se edificó el nuevo régimen, afirma el presidente del órgano legislativo

Durante seis años, la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República impulsó los acuerdos necesarios para aprobar 40 proyectos de reforma constitucional, con el único objetivo de beneficiar a la población en materia de seguridad, equidad, pluralidad, movilidad, igualdad, transparencia y desarrollo sostenible, aseguró su presidente el senador Ricardo Monreal.

En un mensaje publicado en redes sociales, el senador expuso que este órgano político, a lo largo de las LXIV y LXV Legislaturas, siempre tuvo la misión de enriquecer los proyectos del Legislativo Federal, pilares sobre los cuales se edificó el nuevo régimen, para así cumplir con la responsabilidad constitucional otorgada por los mexicanos en el 2018, para servir a México.

Las reformas, subrayó, se constituyeron como pilares que buscaron promover la inclusión y defender el respeto de los derechos humanos y así quedó demostrado con la creación de una institución de seguridad confiable como lo es la Guardia Nacional.

De la misma forma, agregó, se fortaleció la figura jurídica de extinción de dominio; las conquistas laborales en beneficio de la clase trabajadora, “nunca antes visto”; el fondo de pensiones; salarios mínimos; y la paridad en los casos de elección popular.

Ricardo Monreal indicó que también se aprobaron reformas para establecer la obligatoriedad de la educación superior, el reconocimiento de los pueblos afromexicanos, la promoción del desarrollo integral de las personas jóvenes y la eliminación del fuero presidencial.

“Separamos al poder económico del político y prohibimos, de manera tajante, la condonación o perdón del pago de impuestos, acciones que formaron parte de estas reformas constitucionales alcanzadas en este periodo”, destacó el legislador.

Puntualizó que el Senado ha trabajado sobre la voluntad de sumar y de escuchar a la voz de la ciudadanía, por lo que en esta Legislatura se evidenció un espíritu de colaboración permanente entre las fuerzas parlamentarias, donde la JUCOPO, en “seis años, sirvió a México”.

Concluye el octavo foro de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial

• En Saltillo, Coahuila, se abordó el tema “Defensoría de Oficio y Colegiación del Ejercicio de la Abogacía”

Diputados, integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), abogados y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), participaron en el octavo foro de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial, que organizó la Cámara de Diputados, en Saltillo, Coahuila, con el tema “Defensoría de Oficio y Colegiación del Ejercicio de la Abogacía”.

Falso, que se esté en contra de quitar ninguna coma a la iniciativa

El Diputado Leonel Godoy Rangel (MORENA) resaltó que es falso que se esté en contra de que ninguna coma se le quite a la iniciativa; “ya lo verán los próximos días” cuando concluyan los foros y se tenga un panorama del sistema integral de justicia penal y, en su momento, los que sean legisladoras y legisladores podrán presentar iniciativas al respecto, donde también el Poder Judicial tiene la atribución de presentar iniciativas y “ojalá lo haga”.

También, indicó, es falso que solo se han dado cuatro horas al Poder Judicial para exponer sus posturas y recordó que han hablado en diversos foros, por lo que afirmó que ha habido apertura porque se debe discutir y debatir, ya que “necesitamos escucharnos y ver qué le conviene al pueblo de México. Habrá temas que queremos que se debatan y que no están en la propuesta del 5 de febrero del presidente de la República”.

La defensoría pública ha tomado un valor importante

Miguel Humberto Rodarte De Lara, Diputado del PAN, consideró que este tema y el del siguiente foro son los que verdaderamente deberían tener una reforma judicial por el beneficio del pueblo mexicano, como es la procuración de justicia, la defensoría pública, reforma a los poderes judiciales locales e incluso la colegiación obligatoria. “Esos son los temas que deberíamos estará viendo”.

Argumentó que lo que realmente le afecta a la gente, día con día en la justicia cotidiana es no tener acceso a una defensa, a alguien que les resuelva su problema y les dé justicia. “Para el PAN, el tema de la defensoría pública ha tomado un valor importantísimo, porque se defiende la dignidad de la persona humana y, para ello, la gente debe tener acceso a una defensa gratuita, profesional y de calidad”.

Colegiación y defensoría pública, asignaturas pendientes

El Diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante (PRI) puntualizó que hoy se tiene la oportunidad de incorporar en la reforma el tema de la colegiación obligatoria, aspecto que representa un reto para el sistema de justicia, sobre todo para quienes tenemos la obligación de legislar y ofrecer una alternativa que permita al pueblo acceder de manera plena a todos los derechos y a un sistema de justicia humano, accesible, transparente y eficiente.

Añadió que la defensoría pública, el papel de las y los abogados, así como la planeación judicial en el país también son asignaturas pendientes. Solicitó información sobre cuál podría ser un esquema de gradualidad asertivo para la implementación de una posible reforma en materia de defensoría pública.

No se ha logrado que haya una defensoría eficaz

Gerardo Fernández Noroña, Diputado del PT, subrayó que en pleno siglo XXI no se ha logrado que haya una defensoría eficaz para el pueblo de México. Mencionó que el 84 por ciento de la población va con defensores de oficio, quienes están “sobrecargados, mal pagados, vistos por encima del hombro por sus colegas como si defender al pueblo de México fuera un trabajo degradante cuando es un trabajo fundamental”.

Mencionó que se asignaron 78 mil 326 millones de pesos de presupuesto al Poder Judicial de la Federación, de esos cinco mil 787 son para la Suprema Corte, 68 mil 917 para el Consejo de la Judicatura y tres mil 622 para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sostuvo que hay trabajadores y trabajadoras que no se dan cuenta que esta reforma al Poder Judicial les está abriendo la puerta a muchos que nunca serían juzgadores para que lo sean.

En tema de colegiación hay un problema sistémico

Por MC, el Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo llamó a revisar de manera sistémica todo lo que implica la reforma de este calado, “pues no puede hacerse en la premura del tiempo; debe materializarse sobre espacios de discusión más amplios y revisar el eje central”.

Comentó que en el tema de colegiación hay un problema sistémico, en la diferenciación de las universidades públicas y las llamadas patito; creo que “ahí hay una responsabilidad compartida”, pese a que en algunas instituciones sí hay problemas estructurales. La colegiación no se resuelve por arte de magia, es un problema sistémico. “Debemos verificar qué van a garantizar los colegios y debemos saber qué ofrecen para la profesionalización de las carreras”.

La reforma amplía los derechos de las personas

El Diputado Francisco Javier Borrego Adame (MORENA) relató que él pertenece a un distrito de los más pobres de Coahuila y ahí piden justicia. Hay ciudadanos que están sin una oportunidad de que se les escuche que tienen mucho tiempo en las cárceles y ni siquiera les han avisado por qué están ahí.

Por ello, indicó, es importante que las y los diputados como representantes populares hagan saber cuáles son las necesidades de la gente que clama justicia. Dijo estar a favor de la reforma porque amplía los derechos de las personas y estos foros son ilustrativos, con reflexiones que se valoran y se debatirán en la legislación secundaria.

No hay poder de la República que pueda ser perfecto

Del PRI, el Diputado Yerico Abramo Masso resaltó que hoy México requiere certidumbre; por ello, la importancia de este diálogo para lograr las cosas que le hacen falta a México. “Efectivamente, no hay poder de la República que pueda ser perfecto, ni el Ejecutivo ni el Legislativo ni el Judicial, pero hay voluntad de los mexicanos de que las cosas cambien”.

Agregó que en el país un defensor de oficio atiende a 117 personas al año y un ministerio público a 227 temas o carpetas por año; en 2022, se abrieron dos millones de carpetas, de las cuales el 53 por ciento siguen abiertas y el 43 por ciento se cerraron, pero solamente se llegó a sentencia en el 4.6 por ciento. “Eso exige la gente de México; se necesitan juzgadores con apego a derecho y con criterios claros en la defensa de las y los ciudadanos. Ese es el Poder Judicial que todos deseamos”.

Importante, la representación en tribunales

El Diputado Hamlet García Almaguer (MORENA) dijo que la representación en tribunales es importante, dado que se juega el patrimonio y la libertad de las personas y quienes sufren una inadecuada representación son las personas en situación de pobreza debido a las desigualdades, injusticias y discriminaciones, lo cual ocurre en todos los ámbitos.

Consideró que quien aspira a litigar en materia mercantil tendría que contar con conocimientos en esa materia, quien pretenda representar en materia penal de igual forma, y en materia electoral tiene que ser electoralista. Por ello, preguntó a los expertos su opinión sobre la especialización para la colegiación.

Respuestas de ponentes

La Consejera de la Judicatura Federal, Celia Maya García, comentó que la demanda de justicia en el país es inmensa y la gente no está contenta. “Sí sé lo que es el Poder Judicial, ya que fui juez, e incluso hoy como consejera la gente me busca para señalarme deficiencias. La gente no está contenta con la justicia”.

Con esta reforma, aseguró, se busca dar respuesta y creo que los colegios de abogados tendrán que estar presentes, pero como no es posible hoy tener una democracia como la de Atenas, en donde vayamos todos y hablemos, lo debemos hacer con la representación de los abogados, “por lo que hoy más que nunca se necesita hacer presencia porque se trata de una reforma de justicia”.

Destacó que la reforma que se está proponiendo de que intervenga el pueblo para elegir a los integrantes del Poder Judicial fortalece la división de poderes y la independencia del Poder Judicial, “porque ahora todos los integrantes estarán legitimados porque fueron electos por el pueblo”.

La Magistrada Taissia Cruz Parcero, Directora General del Instituto Federal de Defensoría Pública, planteó fortalecer el federalismo y a partir de eso crear una ley general que homologue, estandarice y coordine a las defensorías, “porque muchos casos que se conocen en la defensoría pública federal tienen alguna ramificación a la justicia local o viceversa”.

Pidió que en este diálogo, con la posibilidad de llevar a cabo una reforma que incorpore el tema de defensorías, puedan participar directamente las defensorías públicas tanto federal como las locales, porque hace falta mucho conocimiento respecto de su trabajo.

Juan Guillermo Ávila Sarabia, Integrante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados capítulo Nuevo León, precisó que lo que se propone en la ley general que rija la abogacía son estándares mínimos para todos y cada uno de los colegios para que los abogados ejerzan su profesión en el marco de la legalidad “y que se les exija conforme a lo que son: defensores de una causa”.

En materia de defensoría pública, estimó que algo que puede funcionar muy bien y que no necesariamente impactaría al presupuesto público, es que los defensores privados tengan la obligación por ley de prestar trabajo pro bono, lo cual funciona muy bien en otros países.

A su vez, el representante de los trabajadores del PJF, José Guadalupe Méndez de Lira, destacó que el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de los estados “somos gente del pueblo y hemos nacido y crecido en él con nuestro propio esfuerzo. Le apostamos a que no haya privilegios”.

Recordó que la soberanía del pueblo no se ejerce solamente de manera directa mediante el voto popular, sino también de manera indirecta por medio de la democracia participativa y lo que ahora se discute es volver a cuestionar algo que los Constituyentes rechazaron, como es el voto popular de jueces y magistrados, por muchas razones.

Sandra Lucía Rodríguez Wong, Candidata al Doctorado en Derecho Constitucional y catedrática, de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, indicó que la ley general marcará los mínimos o los elementos que tendrán que buscarse para todas y cada una de las defensorías del país, y a partir de ella tendrán que sujetarse los demás estados a su estructura y a sus elementos mínimos indispensables y sería obligatoria para todos los estados y defensorías públicas.

El Coordinador de la Comisión de Derecho Constitucional del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, Ricardo Antonio Silva Díaz, dijo coincidir en la especialización de los abogados para ejercer la profesión; se requiere todo un marco regulatorio sobre la intervención del Estado, la autonomía universitaria, la educación superior y los colegios para generar ese engranaje que permita que la justicia llegue a la gente.

Hoy, añadió, tenemos que atender el problema de raíz, y es que la abogacía mexicana requiere de profesionalización, responsabilidad y ética. “Es injusto acusar a las y los juzgadores de las cuestiones que están pasando en los tribunales por el problema de las y los abogados”.

Rogelio Rodríguez Garduño, analista jurídico y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, dijo que se tiene que apoyar la carrera judicial y consideró indispensable triplicar el número de juzgados federales, colegiados de apelación y de circuito, así como los tribunales. Es importante evitar que todo se judicialice; se debe cambiar esta cultura.

El Titular del Área de Derecho Administrativo en Martínez Arrieta Abogados, Olmo Guerrero Martínez, puntualizó que los colegios deben ofrecer la garantía de una profesionalización constante y especializada, así como la existencia y creación de un régimen disciplinario para el gremio. “Creo que en la colegiación sí hay que ver todas las características y garantías para que no resulte contraproducente pero sí entenderlo como un medio para mejorar el ejercicio profesional”.

Diana Berenice López Gómez, trabajadora del Poder Judicial, consideró que se necesitan más órganos jurisdiccionales y no destruir al Poder Judicial Federal. “Que los jueces y magistrados sean los que elijan al personal, porque la obligación del juez no sólo es dictar las sentencias; el juez tiene una triple obligación en los juzgados de distrito, una es administrativa, otra el orden laboral que debe guardar el juzgado y otra es el dictado de la sentencia”.

Se realiza en Coahuila el octavo foro de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial

• Diputados, senador y magistrado local hacen comentarios sobre las defensorías públicas

En Saltillo, Coahuila, la Cámara de Diputados realiza el octavo foro de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial, enviadas por el Ejecutivo Federal, con el tema “Defensoría de Oficio y Colegiación del Ejercicio de la Abogacía”.

Analizar si funcionan los defensores

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el Diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (MORENA), recordó que este tema y los del próximo foro no forman parte del tema central de la reforma al Poder Judicial, “se agregaron para darle un contorno a la discusión que habrá sobre el sistema de justicia; no puede haber sistema de justicia que funcione sin alguien que lo impulse y no puede caminar el proceso sin defensores ni acusadores en la parte penal”.

Se trata, dijo, de ver si están funcionando los defensores del Estado mexicano, están bien pagados, tienen la capacidad esos defensores de oficio, deben quedarse ahí o qué les falta, y del otro lado, los buenos abogados de paga particular o los que ponen malas prácticas en el proceso judicial, pero hay que ver si el sistema de justicia puede caminar muy bien y si el ejercicio de la profesión se puede colegiar.

Relató que, según el INEGI, hay 442 mil abogados en el país. Además, es necesario saber si la colegiación se debe entender como un requisito más para ejercer la profesión en ciertas materias, quién dará ese ejercicio profesional y si se puede hacer con la masificación de la abogacía. “Yo no lo veo tan sencillo, pero son retos del sistema de justicia en México”.

Robledo Ruiz añadió que el tema del foro es fundamental, pues jueces, magistrados, académicos, profesores, barras y colegios de abogados están pensando siempre en los derechos humanos, pero “será el único valor que hay que cuidar en México; la seguridad pública no es preexistente para los derechos humanos, sin seguridad pública pueden existir y puede haber validez de ellos”.

En próximos días se expresarán modificaciones a la iniciativa

El Coordinador del grupo parlamentario de MORENA, Diputado Moisés Ignacio Mier Velazco, informó que en próximos días se manifestarán las primeras modificaciones a la iniciativa en aspectos como: la conformación y nueva configuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la implementación de la modificación del procedimiento de designación de los integrantes.

Refirió que lo anterior es con el objeto de garantizar los criterios de legibilidad, garantizar se cumplan los requisitos, y que hombres y mujeres puedan pasar a través de los comités técnicos que se instalarán con personas del más alto nivel y experiencia en la impartición y procuración de justicia.

“Para definir a través de entrevistas, exámenes y ensayos la idoneidad de los más capacitados, preparados, de los que tienen las características académicas y personales para cumplir con esa función”, añadió.

Destacó la importancia de garantizar a todos los trabajadores que los derechos adquiridos, incluido los haberes de retiro que están alojados en dos de los 13 fideicomisos se van a respetar, porque es dinero de los trabajadores y producto de su trabajo de años de esfuerzo. “El día de hoy, damos testimonio de que vivimos en un país democrático y que sabemos escuchar”.

Defensoría a nivel federal y local se ha vuelto obsoleta

El Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila (MORENA), externó que el tema de la defensoría pública en el país se remonta al año de 1847; sin embargo, hasta el 29 de mayo 1989 que entró en vigor la Ley Federal de la Defensoría Pública, creó el actual Instituto Federal de la Defensoría Pública, dotándola de independencia técnico-operativa y adscribiéndola al órgano interno del Consejo de Judicatura Federal (CJF).

Argumentó que dicho instituto es el encargado de garantizar la defensa pública de las personas ante autoridades del fuero federal; el servicio se brinda a través de personas defensoras públicas en materia penal y personas asesoras jurídicas en todas las materias que no son del orden penal; todo ello, bajo los principios de gratuidad, probidad, honradez y profesionalismo.

Monreal Ávila resaltó que actualmente la evolución del desempeño de la defensoría pública, tanto local como federal, es poco alentadora, pues diversas encuestas muestran que personas privadas de su libertad acuden a este servicio y lo califican de forma negativa en casi 80 por ciento de los encuestados. “No desconocemos que la defensoría en el nivel federal y local se ha vuelto obsoleta; tanto las defensorías federales como locales son acumuladas y presionadas por el rezago de trabajo”.

Consideró relevante acompañar la reforma al Poder Judicial con la modificación al ministerio público o al sistema de procuración de justicia. La mejora de la defensoría, aseguró, tiene como objetivo avalar los derechos de la ciudadanía, fortalecer la gobernabilidad y la transparencia, e impulsar la profesionalización y el acceso a la justicia; todo ello, para contribuir a una sociedad más justa, transparente y participativa.

Necesitamos transformar realmente a las defensorías públicas

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, destacó la importancia de celebrar este foro para analizar uno de los temas fundamentales de la reforma como es la defensoría pública, porque es el espacio más cercano que tiene la gente en el Poder Judicial.

Refirió que en el país existen seis mil 363 defensores públicos y asesores locales que atienden a casi dos millones y medio de asuntos anuales; es decir, cada defensor atiende en promedio 370 asuntos. Sin embargo, hay estados como Coahuila que alcanza a atender de 800 asuntos anuales.

Detalló que el 72 por ciento de las personas vinculadas a proceso en México requiere de un defensor público; por ello, “necesitamos más defensores y transformar realmente las defensorías públicas”.

Mery Ayup consideró que, una vez que se ha cedido la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, se podría incorporar en las defensorías públicas un esquema de mediación para ver cuántos asuntos se pueden mediar y cuántos pasan a asesoría jurídica. De esta manera, indicó, se tendría un esquema más sencillo para la gente y se llevaría menos tiempo solucionar un conflicto.

En Puebla se realiza el sexto foro de diálogos nacionales sobre reformas constitucionales al Poder Judicial

• Diputados, senador, magistrado local y gobernadores analizan el tema “Tribunales de justicia local”

Como parte de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial, que organiza la Cámara de Diputados, este martes, en Puebla de Zaragoza, se desarrolla el sexto foro con el tema “Tribunales de justicia local”.

Importante, analizar el federalismo de justicia

En las instalaciones del Centro Expositor Puebla, el Diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (MORENA), Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, indicó que el tema de hoy no es cómo se organizan los tribunales locales, sino discutir el federalismo de justicia y analizar hasta dónde los tribunales federales deben llegar para modificar las resoluciones de los locales y qué aspectos se les deben dejar.

Mencionó que todas las materias prácticamente terminan en el Poder Judicial Federal por la vía del Amparo o alguna vía de control constitucional, por lo que se debe determinar qué aspectos deben dejarse de manera terminal en los tribunales de los estados. Consideró que entre más se concentren facultades en el Poder Judicial Federal, menos federalismo de justicia hay en el país.

Son cuestiones importantísimas, apuntó, por lo que se escuchará a ponentes de gran categoría profesional e intelectual para, posteriormente discutirlo este y otros temas que se plantearon en la reforma, como una gran modificación de estructura y visión del Estado mexicano.

Discusión y deliberación democrática

El Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA, Diputado Moisés Ignacio Mier Velazco, comentó que la leyenda urbana y política de que no se toca ninguna iniciativa, es una falsedad. “No ha habido en este movimiento y por parte del presidente de la República y hoy de la presidenta virtualmente electa, otra disposición que no sea la que dio origen al movimiento, que sea la discusión y deliberación democrática.

Por esa razón, abundó, son estos diálogos, en donde se ha encontrado que no hay discusión respecto a la modificación de la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su conformación, procedimiento y método electivo, sino una aceptación de que debe haber gradualidad en el proceso.

Asimismo, respetar los derechos adquiridos de las y los trabajadores del Poder Judicial, la participación democrática para todos, que los criterios de elegibilidad que se definan en la convocatoria tienen que garantizar la posibilidad de participación a todos, pero preferentemente de manera directa a quienes actualmente se desempeñan como jueces, magistrados y los propios ministros.

En el caso de los tribunales locales, expresó, debe haber un procedimiento que respete el federalismo, la soberanía y la autonomía de los estados representados por sus congresos locales y, en ese sentido, se equilibren las distorsiones, pues de cada diez casos o asuntos que se presentan, 8 son del fuero común.

“Este esfuerzo de diálogo apunta como único propósito a que este país tenga efectivamente justicia pronta, expedita y gratuita”

La conducta imparcial pone en peligro la credibilidad del sistema judicial

El Senador Navor Alberto Rojas Mancera (MORENA) señaló que el objeto de la iniciativa estriba en reformar la Constitución Política para vincular a las autoridades encargadas en la administración de justicia a emitir sus resoluciones en un periodo que satisfaga los principios de imparcialidad, independencia, objetividad y profesionalismo.

Los foros nacionales, comentó, han hecho visible la problemática que se encuentra inmersa y que rodea al sistema de impartición de justicia. La creación de sistemas judiciales de control constitucional local plantea una serie de desafíos, ya que existe una falta de coordinación entre los mecanismos de control, de constitucionalidad local y federal, lo que genera incertidumbre.

Dijo que la falta de una conducta objetiva e imparcial por parte de algunos juzgadores locales pone en peligro la credibilidad del sistema judicial que depende de la confianza del público en la impartición de los jueces. “Sin la fe de los ciudadanos el Judicial no puede funcionar adecuadamente; por lo tanto, es crucial que los jueces se sujeten a estrictos estándares éticos y legales por medio de mecanismos que evalúen su conducta judicial”.

Es importante adaptar la justicia local a estándares más altos de calidad

El Magistrado José Eduardo Hernández Sánchez, Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Puebla, expresó que con estos diálogos se analiza la nueva conformación y reorganización del Poder Judicial; por ello, “hemos sido convocados quienes tenemos el interés y la responsabilidad de cumplir con nuestro deber constitucional en beneficio del interés público, a través de la modernización de los poderes judiciales”.

Destacó la necesidad de adaptar el ejercicio judicial local a los estándares más altos de calidad y eficiencia, toda vez que es claro que el servicio de justicia debe ser de primer nivel para las y los justiciables de todos los estados de la República. Aseguró que en Puebla se continuará con la labor y perfección de tener un estado basado en el respeto a la legalidad y derechos fundamentales.

Se manifestó por que este diálogo sea un símbolo del compromiso compartido con la justicia, equidad y Estado de derecho. “Sigamos trabajando juntos con ahínco y determinación en esta visión a futuro para restituir la confianza del justiciable y construir sin distinción esa paz y justicia social anhelada por todos”.

No se pretende debilitar a los poderes judiciales

Sergio Salomón Céspedes Peregrina, Gobernador del Estado de Puebla, dijo que la función judicial representa uno de los caminos más importantes para solucionar conflictos y los organismos encargados de impartir justicia deben ofrecer respuestas adecuadas a las legítimas exigencias de la legalidad, desde la accesibilidad y eficiencia de los procesos judiciales hasta la independencia y transparencia de las instituciones.

Asimismo, que cada aspecto de nuestra justicia requiere de una revisión exhaustiva y de propuestas innovadoras, por lo que, con la realización de estos diálogos, se busca que las y los juristas, académicos, defensores de derechos humanos y representantes de la sociedad se involucren en la construcción de un sistema que responda a los tiempos y necesidades de la sociedad.

Mencionó que la reforma no trata de debilitar a los poderes judiciales; al contrario, pretende reconfigurar una parte del sistema, incorporando mecanismos democráticos que le permitan a la ciudadanía participar en la selección de juzgadores. También, maximizar el principio de acceso a la justicia para alcanzar un Estado de derecho eficaz y cumplir con la ley de manera imparcial y expedita, pues el único compromiso que deben tener las y los jueces es con la verdad y la Constitución, no con intereses personales o grupales.

El anhelo social es tener juzgadores justos

El Gobernador Electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, expresó que las reformas al Poder Judicial son parte de una evolución histórica y que el tema de su reorganización “llevará, sin duda, a una división de Poderes que tenga como objetivo central el ciudadano”.

Consideró que este encuentro es una gran oportunidad para regresar al pueblo su soberanía. El propósito central de las instituciones del Estado mexicano debe ser los ciudadanos, que muchas veces no distingue entre los tres órdenes de gobierno y solo quiere solución a sus problemas.

El anhelo social es tener gobernantes y juzgadores justos, legisladores que hagan leyes para el pueblo y que los poderes públicos le sirvan a la patria, enfatizó.

Reconoció el esfuerzo de todos los participantes. El tema de hoy y la materia jurídica de lo local tendrán una mayor trascendencia, pues el ejercicio de la justicia en este ámbito es más expedita y eficaz, puntualizó.