Participa Arlen Siu, Magistrada Presidenta del TEEM, en IX Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derecho Electoral

• La Magistrada Presidenta del TEEM llamó a encontrar mayores mecanismos para disuadir la violencia política digital contra las mujeres en razón de género (VPGMRG) y la violencia digital

Con el fin de intercambiar experiencias, exponer los retos y desafíos actuales, el pasado fin de semana se llevó a cabo el IX Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derecho Electoral en Aguascalientes, un encuentro entre autoridades jurisdiccionales en materia electoral así como judiciales, que reunió a representantes de Tribunales Electorales locales de todos los estados del país, incluyendo 14 Presidencias, 3 Presidencias de Salas Regionales y 2 Magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Durante su participación en el Panel “Violencia digital y política por razón de género contra las mujeres”, la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), Dra. Arlen Siu Jaime Merlos señaló que, en los últimos años, las TIC´s han sido un medio propicio para exponenciar este tipo de violencia, particularmente en las redes sociales y aplicaciones móviles, que en la mayoría de los casos se da bajo la sombra del anonimato, “lo que genera la indeterminación de la persona agresora y cuando el órgano jurisdiccional determina que se acreditó la conducta y emite medidas de no repetición como la inscripción en el padrón de personas sancionadas en materia de VPGMRG, se registran perfiles de redes sociales en lugar de identificar plenamente a las personas”, indicó.

La Dra. Arlen Siu expuso que la mayoría de los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género (VPG) no se manifiestan de manera explícita, sino a través de conductas sutiles como la invisibilización, el descrédito sistemático en entornos aislados y sin testigos, por lo que únicamente se cuenta con el dicho de la víctima.

“Los desafíos a los que se enfrentan los tribunales electorales es al reconocimiento de la conducta reprochable, la identidad del perpetrador, en este caso porque está en anonimato, la inscripción de los registros de las personas sancionadas, la resistencia de emitir estas disculpas públicas que son consecuencias de las medidas de reparación y no repetición en una sentencia, por lo que es indispensable la colaboración con plataformas tecnológicas y construir mecanismos que permitan repensar esquemas tradicionales de actuación estatal”, apuntó la Magistrada Presidenta del TEEM.

Agregó que la función de las autoridades electorales es fundamental ya que tienen el deber de juzgar con perspectiva de género y estudiar los hechos que parecen inofensivos e imperceptibles a primera vista, pero que pueden tener un impacto diferenciado y desproporcionado en perjuicio de una mujer.

La Dra. Arlen Siu reconoció el reciente acuerdo entre el Gobierno de México y plataformas digitales como Meta, Google y TikTok, para favorecer acciones en contra de la violencia digital en contra de las mujeres, sin embargo, dijo, habrá que replantear qué más se debe hacer en los congresos estatales para contar con mayores herramientas para los órganos impartidores de justicia y los órganos electorales administrativos con el fin de que puedan generar mayores y mejores diligencias y en consecuencia se puedan disuadir dichas conductas y sancionar de manera más efectiva.

Finalmente, reiteró que la participación política de las mujeres no puede desarrollarse bajo estándares de miedo, de intimidación o de violencia, ya que “la democracia que queremos y que se ha construido con los años, exige que todas las personas puedan ejercer sus derechos político electorales en condiciones de libertad”, apuntó.

El IX Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derecho Electoral fue iniciativa del Dr. Antonio Sorela Castillo, Director General de la Academia Líder en Formación Avanzada, en conjunto con la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales, un esfuerzo que se realizó en coordinación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional Electoral, los tres Poderes del Estado de Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Tribunal Electoral de Aguascalientes así como con la Fiscalía Especializadas en Delitos Electorales de esa misma entidad.

México y la Unión Europea celebraron la XIII edición de su Diálogo de Alto Nivel sobre Derechos Humanos

México y la Unión Europea celebraron la XIII edición de su Diálogo de Alto Nivel sobre Derechos Humanos

• Reafirmaron su compromiso compartido con la promoción, protección y garantía de los derechos humanos

• El encuentro permitió fortalecer la cooperación bilateral en temas prioritarios como movilidad humana, protección de personas defensoras y periodistas, igualdad de género, tecnologías emergentes, tráfico ilícito de armas y fortalecimiento del Estado de derecho

México y la Unión Europea celebraron el XIII Diálogo de Alto Nivel sobre Derechos Humanos, un mecanismo de su relación bilateral que reafirma su compromiso y alianza estratégica en la promoción y protección de los derechos humanos. 

El encuentro fue copresidido por el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Ochoa Martínez, y la representante especial de la Unión Europea para Derechos Humanos, Kajsa Ollongren. 

Contó con la participación de funcionarios de alto nivel del Gobierno de México, como la Subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar. 

A lo largo de la jornada, ambas delegaciones sostuvieron un diálogo abierto y constructivo sobre algunos de los principales retos globales en la agenda de derechos humanos: derechos económicos, sociales, culturales y del medio ambiente; protección de personas defensoras y periodistas; migración, lucha contra la violencia de género, tráfico ilícito de armas, desapariciones y tortura, fortalecimiento del Estado de derecho y regulación de tecnologías emergentes, incluida la Inteligencia Artificial.

México y la Unión Europea coincidieron en que la cooperación internacional es indispensable para enfrentar estos desafíos de manera efectiva y sostenible, así como para promover políticas públicas con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, conforme a estándares internacionales y mejores prácticas.

El diálogo fue antecedido por el XI Seminario de Organizaciones de la Sociedad Civil, foro que permitió reafirmar la importancia de una participación amplia de la sociedad civil. Su análisis y recomendaciones fortalecen la toma de decisiones y permiten avanzar hacia una visión integral de los derechos humanos y la protección de grupos en situación de vulnerabilidad. 

México y la Unión Europea reiteraron su determinación de continuar colaborando de manera estrecha en los foros multilaterales, con miras a la consolidación del sistema internacional de derechos humanos en el marco de los desafíos actuales. Asimismo, renovaron su compromiso de continuar fortaleciendo la cooperación bilateral entre México y la Unión Europea; así como con sus Estados miembros en materia de derechos humanos. 

La celebración del XIII Diálogo de Alto Nivel confirma la solidez de la relación entre México y la Unión Europea, y renueva su voluntad de seguir impulsando, a través de una cooperación estratégica y basada en valores compartidos, sociedades más justas, igualitarias, inclusivas y respetuosas de la dignidad humana.

Zaira Cedillo propone en Congreso local tipificar cohabitación forzada en Edoméx

• La diputada de MORENA plantea que se penalice con hasta 22 años y seis meses de prisión esta unión informal, impuesta u obtenida mediante coerción, inducción, gestión, oferta o solicitud.

• La sanción contempla agravantes si la víctima pertenece a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana.

Con penas de hasta 22 años y seis meses de prisión, la Diputada Zaira Cedillo Silva (MORENA) propuso tipificar y castigar el delito de cohabitación forzada, entendida como la unión informal impuesta u obtenida mediante coerción, inducción, gestión, oferta o solicitud, que obliga a personas menores de edad o a quienes no puedan comprender el significado del hecho o resistirlo, a convivir de forma constante y equiparable al matrimonio con otra persona.

De acuerdo con la propuesta expuesta durante sesión deliberante, se establecería que comete este delito quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias personas a unirse informal o consuetudinariamente (por costumbre), con o sin su consentimiento, con una persona mayor o menor de 18 años, con el fin de convivir en forma constante y equiparable al matrimonio.

La iniciativa de reforma al Código Penal estatal indica que a la persona responsable se le impondrá una pena de 8 a 15 años de prisión y de mil a 2 mil 500 días multa, la cual se aumentará hasta en una mitad, si la víctima pertenece a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana, por lo cual se alcanzaría una sanción máxima de 22 años y seis meses de prisión.

También plantea modificaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estatal para que se considere violencia familiar el hecho de obligar, coaccionar o inducir a cualquier persona menor de 18 años o sin capacidad para comprender el hecho o resistirlo, a unirse informalmente con otra persona para convivir como pareja, de modo que el Ejecutivo estatal quede obligado a diseñar programas de prevención, detección y atención integral.

Con lo anterior, se prevé disuadir la práctica con un tipo penal claro, generar estadísticas que permitan desplegar políticas públicas focalizadas y articular la coordinación interinstitucional entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría de las Mujeres y el Poder Judicial estatal para brindar protección inmediata a las víctimas.

En su intervención, la legisladora destacó que en la entidad la “cohabitación forzada” aún no figura como categoría estadística, pero se puede dimensionar con registros oficiales de uniones tempranas o matrimonios infantiles.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), precisó, en la entidad había 27 mil 493 adolescentes de 12 a 17 años que vivían casada o en unión libre, y 2 mil 129 más que, aún siendo menores, declararon haber estado unidas y hoy figuran como separadas, divorciadas o viudas.

En conjunto, subrayó, 29 mil 622 menores habían experimentado algún tipo de unión conyugal, a pesar de que, en teoría, la ley prohíbe el matrimonio antes de los 18 años.

Indicó que las consecuencias de la cohabitación forzada abarcan la deserción escolar y la perpetuación del ciclo de pobreza; embarazos adolescentes con elevados riesgos obstétricos; violencia física, sexual y emocional; pérdida de oportunidades laborales y menoscabo del proyecto de vida, lo cual constituye una violación estructural a los derechos humanos y se configura como una modalidad de violencia de género reconocida por el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

En Tenancingo reconocen propuesta de ley de derechos de la comunidad LGBTTTIQNB+

•  En Tenancingo, autoridades municipales y estatales reconocieron la relevancia de la propuesta de le Diputade Luisa Esmeralda Navarro, para expedir la Ley para el Reconocimiento y Atención de las Poblaciones LGBTTTIQNB+ (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual, Queer, No Binario y Más).
•  En el quinto foro para socializar y enriquecer su propuesta, le diputade subrayó la urgencia de que la legislación reconozca, proteja y garantice el bienestar integral de todas las personas que forman parte de la diversidad sexo-genérica.

En Tenancingo, autoridades estatales y municipales reconocieron que la propuesta de le Diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández (MORENA) para expedir la Ley para el Reconocimiento y Atención de las Poblaciones LGBTTTIQNB+ (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual, Queer, No Binario y Más) está marcando un antes y un después en la defensa e impulso de los derechos de la comunidad sexo-genérica mexiquense.

Durante el quinto foro ciudadano para enriquecer y socializar la propuesta—realizado en el auditorio municipal de Tenancingo— Nancy Nápoles Pacheco, alcaldesa de la localidad, resaltó que la iniciativa de Navarro Hernández propiciará acciones concretas y pasos contundentes en la materia, pues se ha retroalimentado de las opiniones del sector poblacional y sentará las bases de un marco jurídico que garantice un trato justo y digno.

En este sentido, Luisa Esmeralda Navarro subrayó la urgencia de que la legislación reconozca, proteja y garantice el bienestar integral de todas las personas que forman parte de la diversidad sexo-genérica.
Por lo anterior, reconoció las facilidades brindadas por la alcaldesa para desarrollar el quinto foro en el municipio que gobierna, lo cual refleja su compromiso con el respaldo de acciones orientadas a reconocer y garantizar los derechos de la comunidad.

Al explicar su propuesta, le diputade puntualizó que se basa en dos principios rectores: el reconocimiento de los derechos que tiene la comunidad y las obligaciones de las instituciones estatales para garantizar derechos fundamentales (como el acceso a la salud, educación, trabajo, recreación y respeto irrestricto a la dignidad y derechos humanos).

En su intervención, Ilse Ibeth Díaz Ramírez, Jefa del departamento de Investigaciones Demográficas del Consejo Estatal de la Población del gobierno del Estado de México (COESPO), valoró los objetivos de la propuesta de ley, pues precisó que, de acuerdo con la encuesta más reciente del Inegi (2022), en el país 5 millones de personas mayores de 15 años dijeron formar parte de la comunidad de la diversidad, es decir el 5.14 por ciento de la población mayor a dicha edad. En el territorio mexiquense, la comunidad asciende a 489 mil 594 personas, lo que representa el 3.7 por ciento.

Alma Delfina Martínez Durán, integrante de la Subdirección de Igualdad de Género e Inclusión, precisó que la creación del área marcó un hecho histórico, ya que en la Secretaría de Educación mexiquense nunca se había habilitado una dependencia especializada en generar acciones en defensa de las, les y los estudiantes de la diversidad.

En este sentido, resaltó que la Secretaría realiza acciones transversales para incorporar la perspectiva de género, mediante la promoción, difusión, igualdad e inclusión entre maestras, maestros, personal administrativo y estudiantes.

Al evento asistieron personas de la diversidad, representantes de colectivos, organizaciones no gubernamentales, activistas, regidoras y directivas de secretarías estatales, así como de municipios de la región.

Cabe destacar que le diputade tiene previsto realizar un total de siete foros para socializar su propuesta de ley.

Necesario, programas de reintegración social que incluyan salud mental, educación y capacitación laboral

• El Diputado Javier Taja (MORENA), busca adicionar la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

A fin de implementar programas de reintegración social que incluyan atención integral en salud mental, educación, capacitación laboral y habilidades sociales, así como el fomento de espacios seguros para su desarrollo personal y comunitario, el Diputado Javier Taja Ramírez (MORENA) impulsa una iniciativa.

El documento, que adiciona la fracción VII al artículo 7 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, fue enviado a la Comisión de Seguridad Ciudadana para su estudio y dictamen.

Expone que la violencia y la delincuencia son fenómenos complejos que afectan a la sociedad e impactan tanto la seguridad pública como el bienestar individual y colectivo, por lo que es indispensable adoptar medidas efectivas que no solo busquen la sanción de los delitos, sino promover la prevención desde una perspectiva integral.

Indica que la reintegración social de individuos en conflicto con la ley cobra vital importancia, al reconocer que su recuperación y reincorporación a la sociedad son fundamentales para el establecimiento de comunidades pacíficas y cohesivas.

“La adición --agrega-- no es sólo un cambio normativo, sino una reflexión de nuestra responsabilidad en la construcción de un entorno en el que todas las personas tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente”.

Taja Ramírez, destaca que la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, debe incorporar en sus principios rectores una visión amplia que contemple no sólo la represión del delito, sino acciones preventivas que promuevan el bienestar social.

Al reconocer y formalizar la reintegración social, se establece un marco normativo que obligará a las instituciones del Estado a implementar políticas y programas específicos destinados a este fin, lo que significa que la reintegración no será una cuestión marginal o secundaria, sino un aspecto central de la estrategia nacional para combatir la violencia y la delincuencia.

También, podría facilitar la asignación de recursos y la creación de iniciativas gubernamentales que respondan a las necesidades de reintegración. “Al estar estipulado en la ley, se genera un compromiso institucional que puede llevar a la creación de alianzas con el sector privado, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil”, añade.

Hace mención que la integridad y efectividad de estos programas de reintegración social dependen de la colaboración interinstitucional, por lo que es crucial que las diferentes instancias del gobierno, tanto a nivel federal como estatal y municipal, trabaje de manera coordinada y en colaboración con organizaciones no gubernamentales, sociedad civil y comunidades locales.

“La formalización de la reintegración social, como un aspecto esencial de la política pública también contribuye a desestigmatizar a aquellas personas que han estado en conflicto con la ley. Al promover un enfoque que resalta los derechos humanos y el respeto a la dignidad, se fomenta un cambio en la percepción social sobre estas personas, alentando a adoptar una postura más inclusiva y comprensiva”, enfatiza.

Gobierno de Naucalpan Promulga el Bando Municipal 2025, fortaleciendo la justicia social y los derechos humanos

• Entre las modificaciones destaca la reducción del tope máximo de multas, que pasará de 100 a 50 UMAS, que afectaba directamente a la ciudadanía

• Las modificaciones al Bando Municipal reflejan una visión global para la transformación de Naucalpan, con un enfoque progresista y de justicia social: Isaac Montoya

Por Mario Ruiz Hernández

Naucalpan, Méx., a 06 de febrero del 2025.— En el marco del 108 Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno de Naucalpan promulgó el Bando Municipal 2025, un instrumento normativo que garantiza los derechos y obligaciones de la ciudadanía, fortalece la justicia social y protege los derechos humanos.

Durante el evento realizado en el Parque La Hormiga, el alcalde, Isaac Montoya Márquez, acompañado del Subsecretario de Desarrollo Municipal, César Faz Ruelas, en representación de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez; integrantes del Cabildo y vecinos de distintas comunidades, destacó que este ordenamiento es fundamental para la vida orgánica y administrativa del municipio, además de estar armonizado con el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal. 

Avanza en Congreso Local derogar delito de ultrajes en EdoMéx

* Diputadas de MORENA, PRI, PAN y MC concordaron en eliminar el delito del Código Penal estatal, porque inhibe la libertad de expresión y atenta contra los derechos humanos

* Congresistas iniciaron el análisis de las iniciativas propuestas por la bancada de MC y de la Gobernadora Delfina Gómez

La Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura Mexiquense perfila derogar del Código Penal estatal el delito de ultraje en contra de personas servidoras públicas, por considerar que inhibe la libre expresión, atenta contra los derechos humanos y representa una protección desproporcionada de la autoridad y las personas servidoras públicas de la entidad, coincidieron diputadas de morena, PRI, PAN y MC.

En sesión de trabajo para abrir el estudio de las iniciativas (presentadas por separado) de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el grupo parlamentario MC, la Legisladora Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN), quien presidió la reunión, señaló que la propuesta fortalece la participación social, pues “hoy más que nunca es necesaria una ciudadanía que exija al gobierno cumplir sus obligaciones y le señale sus errores, excesos y actos de corrupción”.

La Legisladora Ruth Salinas Reyes (MC) expuso que, en este delito, se observa ambigüedad y aplicación injusta al arbitrio del ofendido, y que no se respetan los derechos humanos ni el principio pro persona, al imputar a una persona que expresa opinión sobre otra del ámbito público. Además, recalcó, al derogarlo se disminuyen conductas intimidatorias, como el llamado “charoleo” y “las mordidas”.

Ante Luis Miguel Carriedo Téllez, titular de la Coordinación Ejecutiva del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos, la Diputada Nelly Brigida Rivera Sánchez (MORENA) agregó que la iniciativa facilita a las y los funcionarios expresarse sin limitaciones, lo que derivará en una mejor rendición de cuentas.

En tanto, la Parlamentaria Jennifer Nathalie González López apuntó que, como actualmente se define este delito, puede usarse como un instrumento para el control de las personas.

En presencia de Javier de Jesús Domínguez González, encargado de despacho de la Dirección General de Legislación y del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", la Parlamentaria María Mercedes Colín Guadarrama (PRI), respaldó la iniciativa y resaltó que la libertad de expresión es una conquista social que debe ser respetada, y que el delito de ultrajes (enmarcado en las llamadas leyes de desacato) no es compatible con la protección de los derechos humanos.

A nombre del Ejecutivo mexiquense, Luis Miguel Carriedo explicó que este delito ya no es compatible con la protección de los derechos humanos, por lo que no debe seguir activo. Expuso que no hay registro de personas mexiquenses imputadas por ultrajes pero que, al estar vigente, el tipo penal podría aplicarse. Aseguró que con su eliminación se generan mejores condiciones para ejercer en libertad la crítica y no se vulnera la capacidad de la autoridad para hacer valer el orden y sus facultades.

De acuerdo con la propuesta para derogar este delito del Código Penal, el ultraje es toda expresión directa o indirecta o toda acción ejecutada contra alguna persona servidora pública, estatal o municipal, o contra instituciones públicas, que pueda implicar ofensa o desprecio. Tratándose de elementos de cualquier corporación policíaca, se requerirá para la integración del delito, que el ultraje sea en presencia de personas ajenas a las corporaciones.

Cabe señalar que, actualmente, a quien ejecute ultrajes contra instituciones públicas se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y de 30 a 150 días multa. Así como que, si se cometieren en contra de una persona servidora pública, se impondrán de seis meses a un año de prisión y de 30 a 100 días multa.

Proponen eliminar del Código Penal Federal el delito de “peligro de contagio”

* Se busca fortalecer los derechos humanos de personas que viven con VIH y Sida, señala en una iniciativa la Diputada Hernández García (MC)

Con el propósito de no socavar los derechos humanos y evitar la discriminación que enfrentan las personas que viven con VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) y Sida (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida), la diputada Laura Hernández García (MC) planteó derogar el artículo 199 bis del Código Penal Federal, que se refiere al delito de “peligro de contagio”.

El artículo que se pretende derogar establece que el que a sabiendas de que está enfermo de un mal venéreo u otra enfermedad grave en período infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, será sancionado de tres días a tres años de prisión y hasta cuarenta días de multa.

Además, si la enfermedad fuera incurable será de seis meses a cinco años de prisión, y cuando se trate de cónyuges, concubinarios o concubinas, sólo podrá procederse por querella del ofendido.

La iniciativa, enviada a la Comisión de Justicia, considera que esta descriminalización contribuye a eliminar barreras que limitan la prevención y detección oportuna del virus. Además, fortalece las medidas de política pública que abonan al combate de la pandemia del VIH en el marco de la salud pública.

Expresa que el VIH constituye un problema de salud pública y de derechos humanos que, a 2023, afectaba a 39.9 millones de personas alrededor del mundo, y quienes, debido al estigma y discriminación, ven violentados sus derechos humanos y enfrentan barreras para ejercer sus derechos y acceder a servicios de salud que les permitan un tratamiento adecuado.

Esas barreras, destaca, significan violencia institucional, por lo que es necesario derogar el artículo 199 Bis del Código Penal Federal, pues el delito por peligro de contagio “no puede seguir vigente”.

Se pronunció por construir una nueva perspectiva en torno al VIH, el Sida y las personas que viven con esta condición, con una cultura basada en la información que fomente la no discriminación, el trato igualitario, la prevención y la realización de pruebas.

Explica que de los 33 códigos penales que operan en México, 27 prevén el delito de peligro de contagio, que suele usarse contra personas con VIH, por lo que esta propuesta es un primer paso para que se derogue en los estados donde aún existe.

Refiere que el punitivismo y la criminalización tienen diferentes consecuencias para las personas que viven con VIH, como la pérdida del empleo o la vivienda, que se les orille a vivir aisladas de sus familias y de la sociedad, así como ser objeto de violencia física.

Coloca a las personas seropositivas --en especial a las mujeres-- en una situación de mayor riesgo de violencia y abusos, e ignora la realidad de que es posible que algunas carezcan de la capacidad para revelar su estado serológico o no están en condiciones de negociar con su pareja el uso de preservativo.

Agrega que esa criminalización restringe la respuesta institucional al VIH en materia de salud pública, pues provoca que menos personas acudan a servicios de salud a realizarse pruebas de detección para evitar ser visibilizadas, diagnosticadas o castigadas, lo cual no ayuda a que, en caso necesario, inicien el tratamiento o compartan su diagnóstico.

La enfermedad no sólo afecta a quien vive con el virus; también a sus familias y a quienes forman parte de su entorno social. Por eso es necesario que no exista ninguna figura penal que vulnere sus derechos humanos y su acceso a servicios de salud.

La perspectiva de la respuesta al virus debe enfocarse en la salud pública, no en el punitivismo, enfatiza.

Realizan en Gobernación Foro de Consulta para una Migración Ordenada, Segura y Regular

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) llevó a cabo el Foro Migración Ordenada, Segura y Regular, como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, con lo cual se tendrá un panorama más amplio e integral que permita construir y fortalecer una política migratoria humanista, como instruyó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Al inaugurar el encuentro, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, refrendó que el Gobierno de México es “un gobierno humanista, cercano a la gente, que protege y promueve los derechos de todas las personas y por supuesto, los derechos de las personas migrantes”.

En la inauguración en el Salón Revolución del conjunto Bucareli, la encargada de la política interior estuvo acompañada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra; el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño.

Así como de la Jefa de la Misión en México de la Organización Internacional para las Migraciones, Dana Graber Ladek y el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Giovanni Lepri.

La secretaria Rodríguez refirió que México tiene flujos migratorios que se encuentran en constante dinamismo, lo que trae como consecuencia una variedad de desafíos.

Al respecto, resaltó que las y los paisanos que viven en Estados Unidos juegan un papel muy importante en las economías de ambos países.

Son —enfatizó— mujeres y hombres que trabajan duro y con mucha dedicación y amor para sacar adelante a sus familias; son madres y padres que tuvieron que dejar su hogar en México por un futuro mejor para sus hijas e hijos; son soñadoras y soñadores que forjan día a día el bienestar de sus familias, el bienestar del país que los vio nacer y también el bienestar del país en el que hoy viven y trabajan.

“Son gente honrada, gente de bien, obreros, campesinos, profesionistas, comerciantes, empresarios, empleados, estudiantes, luchadores sociales, maestros, transportistas, cocineros, cocineras que trabajan con ahínco, que generan riqueza en donde residen y pagan sus impuestos”, acotó.

Durante el foro se expusieron y se recibieron propuestas de servidores públicos de gobiernos participantes, profesionales en materia migratoria, integrantes de la sociedad civil y organizaciones internacionales.

También estuvieron los subsecretarios de la SEGOB, de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina; de Gobierno, César Yáñez; y de Desarrollo Democrático Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena.

Fortalecen Centros de Atención Integral para garantizar acompañamiento a víctimas

Durante 2024, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) consolidó la transformación institucional encaminada a fortalecer las capacidades de los 32 Centros de Atención Integral (CAI) que hay en el país, para garantizar los servicios multidisciplinarios de atención a personas en situación de víctima.

Sólo en este año, al cumplirse una década de la creación de la CEAV, se registraron 111 mil 891 atenciones otorgadas en materia de trabajo social y vinculación médica y psicológica, así como 149 mil 277 servicios de orientación y asesoría jurídica.

Reforzar los CAI permitió concentrar los esfuerzos del trabajo en territorio para tejer redes de acompañamiento y lograr que diversas instituciones públicas de los tres órdenes de Gobierno acompañen a las personas en situación de víctima.

Además, se consiguió que cada vez más personas beneficiarias reciban atención para que a largo plazo consigan verdad, justicia, reparación y reconstruyan sus proyectos de vida.

En la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se trabaja para dejar de atestiguar el impacto de las violaciones a derechos humanos que afectan la integridad personal o el derecho a la vida, a fin de que las personas servidoras públicas se conviertan en eje de transformación y acompañamiento, apostando por prácticas éticas que abonen a la construcción de la paz social.

Comisiones unidas inician audiencias públicas para conocer necesidades de Estados de la Frontera Norte

* Protección de los derechos humanos de personas migrantes y abasto de agua, entre los principales temas

Con el objetivo de conocer de primera mano las necesidades de la población en diversos ámbitos, las comisiones unidas de Asuntos de la Frontera Norte y de Recursos Hídricos e Infraestructura Hidráulica realizaron la primera audiencia pública sobre temas de interés para la región fronteriza norte.

Desde la sede del Congreso del Estado de Baja California y en el marco del Día Internacional del Migrante, celebrado el 18 de diciembre de cada año, senadoras y senadores de la República abordaron temas como abasto de agua, seguridad, desarrollo económico, medio ambiente y migración.

En su turno, el Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos e Infraestructura Hídrica, Armando Ayala Robles, destacó que se llevará a cabo este primer diálogo, con el fin de construir una agenda legislativa en torno a cuestiones que merecen atención en la frontera del país como seguridad y apoyo a los productores.

Subrayó que “a la gente no le interesan pleitos, sino que se ofrezcan soluciones y la actual legislatura ha sido productiva al haber aprobado ya 18 reformas constitucionales y más de 50 leyes secundarias”.

A su vez, el Presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, Juan Carlos Loera de la Rosa, consideró que el fenómeno migratorio es un gran reto y la revisión del T-MEC es total, pero “nuestro país está mejor preparado que hace 30 años y hay gobernabilidad”.

Indicó que “si bien debemos ser precavidos por el nuevo gobierno de Estados Unidos, estamos mejor preparados aquí, que ellos para prescindir de las y los trabajadores mexicanos en su país”.

La Senadora Karina Isabel Ruiz Ruiz, de MORENA, señaló la importancia de reconocer la identidad de las personas migrantes, a quienes debe verse como una oportunidad y no como un problema. “Mi compromiso es trabajar en favor de las comunidades migrantes, que más bien ya son binacionales, y en las que hay diferentes necesidades”, agregó.

Del PAN, el Senador Gustavo Sánchez Vásquez habló del tema del suministro de agua que, dijo, es un derecho humano establecido en la Constitución de Baja California, Estado que representa. “Es importante asegurar ese derecho sobre todo en la zona fronteriza, a través de la asignación de presupuesto”, resaltó.

Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, Senador de MORENA, afirmó que “vamos a cuidar a los migrantes y estaremos atentos al éxodo comentado por las próximas autoridades de Estados Unidos, porque somos un pueblo fraterno y estaremos atentos para que no se violen sus derechos humanos”.

Como parte de las actividades, las y los senadores conocieron diversas propuestas y opiniones de integrantes del Congreso del Estado de Baja California, así como de pobladores que asistieron al encuentro, quienes reconocieron el ejercicio como una escucha activa en beneficio de la zona fronteriza.

INEGI: Censo Nacional de Derechos Humanos Federal y Estatal (CNDHF-E) 2024

 CENSO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS FEDERAL Y ESTATAL 

(CNDHF-E)

2024 

• Durante 2023, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los Organismos Públicos de Derechos Humanos de las entidades federativas (OPDH) ejercieron un presupuesto total de 4 036 millones de pesos. 

• Al cierre de 2023, se reportaron 5 681 personas servidoras públicas adscritas a la CNDH y los OPDH. Del total, 54.9 % correspondió a mujeres y 45.1 %, a hombres. 

• En el mismo periodo, se registraron 156 624 hechos presuntamente violatorios de derechos humanos en los expedientes de queja. Los hechos más frecuentes fueron: omisión de la prestación de atención médica (4 805) en la CNDH y violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública (7 362) en los OPDH. 

• A nivel nacional, se promovieron 11 457 medidas y acciones para la defensa y protección de los derechos humanos. Según su tipo, en la CNDH, 41.9 % correspondió a recomendaciones y, en los OPDH, 56.5 %, a medidas precautorias o cautelares. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer los resultados del Censo Nacional de Derechos Humanos Federal (CNDHF) y del Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal (CNDHE) 2024. Estos programas estadísticos ofrecen información sobre la gestión y desempeño de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) de cada entidad federativa, específicamente en las funciones de gobierno, capacitación, difusión, defensa y protección de los derechos humanos. Su finalidad es vincular los datos con el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en dichas funciones.

I. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS 

Al cierre de 2023, la CNDH contó con 20 órganos o unidades administrativas y/o visitadurías, y los OPDH estatales, con 599. Por entidad federativa, el estado de México presentó la mayor cantidad de órganos o unidades administrativas y/o visitadurías, con 55 (ver tabla 1). 

Tabla 1

Número de órganos o unidades administrativas y/o visitadurías de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de los Organismos Públicos de Derechos Humanos, según tipo

2023

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Derechos Humanos Federal (CNDHF), 2024 y Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal (CNDHE), 2024.

Durante 2023, la CNDH ejerció un presupuesto de 1 638 166 929 pesos, mientras que los OPDH ejercieron uno de 2 397 870 265 pesos. Los OPDH que concentraron la mayor cantidad de presupuesto fueron Ciudad de México, con 20.1 %, y el estado de México, con 11.8 % (ver gráfica 1). 

Gráfica 1

Presupuesto ejercido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los Organismos Públicos de Derechos Humanos

2023

(cifras en millones de pesos corrientes)

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Derechos Humanos Federal (CNDHF), 2024 y Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal (CNDHE), 2024. 

II. HECHOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE DERECHOS HUMANOS 

Durante 2023, se registraron 156 624 hechos presuntamente violatorios registrados en los expedientes de queja calificados como presuntamente violatorios de derechos humanos, 30 671, en la CNDH y 125 953, en los OPDH. Al comparar con 2022, en la CNDH hubo un aumento de 29.1 % y en los OPDH, una disminución de 5.3 % (ver gráfica 2). 

Gráfica 2

Número de hechos presuntamente violatorios registrados en los expedientes de queja calificados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH), según año

2016 a 2023 

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Derechos Humanos Federal (CNDHF), 2017-2024 y Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal (CNDHE), 2017-2024. 

III. MEDIDAS Y ACCIONES PARA LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Durante 2023, a nivel nacional, se promovieron y/o emitieron 11 457 medidas y acciones para la defensa y protección de los derechos humanos. De estas, 884 correspondieron a la CNDH y 10 573, a los OPDH. Según el tipo de medida o acción, en la CNDH, 370 (41.9 %) fueron recomendaciones. En los OPDH, 5 971 (56.5 %) fueron medidas precautorias o cautelares. Al comparar con 2022, el total de medidas y acciones aumentó 21.4 % en la CNDH y disminuyó 31.9 % en los OPDH (ver tabla 2).

Tabla 2 

Número de medidas y acciones para la defensa y protección de los derechos humanos promovidas y/o emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH), según tipo 

2016 a 2023

1/ La cifra total incluye 154 medidas o acciones de otro tipo. Fuente: INEGI. Censo Nacional de Derechos Humanos Federal (CNDHF), 2017-2024 y Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal (CNDHE), 2017-2024. Estos productos pueden consultarse en las siguientes ligas: https://www.inegi.org.mx/programas/cndhf/2024/ https://www.inegi.org.mx/programas/cndhe/2024/

NOTA TÉCNICA 

CENSO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS FEDERAL Y ESTATAL (CNDHF-E) 2024 2 

I. METODOLOGÍA

El Censo Nacional de Derechos Humanos Federal (CNDHF) y el Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal (CNDHE) 2024 se constituyen como programas estadísticos que ofrecen información sobre la estructura organizacional y recursos, capacitación, difusión, defensa y protección de los derechos humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de los Organismos Públicos de Derechos Humanos de las entidades federativas (OPDH). Los resultados del CNDHF-E 2024 integran información correspondiente a 2023 y 2024. Los datos de este último año son solo para las preguntas que solicitan datos al momento de la aplicación del cuestionario. 

Las unidades de análisis fueron la CNDH y los OPDH. El levantamiento del CNDHF tuvo lugar del 17 de julio al 21 de noviembre de 2024. El levantamiento del CNDHE se realizó del 15 de julio al 28 de octubre de 2024. 

Los resultados se presentan en las siguientes ligas: 

https://www.inegi.org.mx/programas/cndhf/2024/ 

https://www.inegi.org.mx/programas/cndhe/2024/ 

También se encuentran en cuadros estadísticos organizados en los siguientes apartados: Estructura organizacional y recursos y Capacitación, difusión, defensa y protección de los derechos humanos. 

Productos y documentos del CNDHF-E 2024 

Los productos y documentos derivados de los CNDHF-E 2024 que el INEGI pone a disposición de las y los usuarios son los siguientes: 

• Presentación de resultados generales 

• Cuestionarios 

• Glosario 

• Documento de diseño 

• Tabulados predefinidos

II. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS 

Consejos Consultivos Durante 2023, hubo 26 Consejos Consultivos constituidos, uno en la CNDH y 25 en los OPDH (ver mapa 1). 

Mapa 1 

Consejos Consultivos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los Organismos Públicos de Derechos Humanos, según entidad federativa 

2023

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Derechos Humanos Federal (CNDHF), 2024 y Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal (CNDHE), 2024.

En estos, se reportaron 163 personas consejeras: 3 50.9 % correspondió a mujeres y 49.1 %, a hombres. Al comparar con 2022,4 la cantidad de personas consejeras disminuyó 11.4 % en 2023. 

Gráfica 1 

Personas consejeras de los Consejos Consultivos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de los Organismos Públicos de Derechos Humanos, según sexo 

2023 

(distribución porcentual y número de personas) 

Nota: Coahuila y Michoacán reportaron que el Consejo Consultivo estaba en proceso de integración. Chiapas, Morelos, Querétaro y Quintana Roo reportaron que el Consejo Consultivo no estaba constituido. Para la CNDH, al cierre de 2023, estaba pendiente la selección de 10 personas consejeras. Fuente: INEGI. Censo Nacional de Derechos Humanos Federal (CNDHF), 2024 y Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal (CNDHE), 2024.

Estructura organizacional Al cierre de 2023, la CNDH contó con 20 órganos o unidades administrativas y/o visitadurías,5 y los OPDH estatales, con 599. Por entidad federativa, el estado de México presentó la mayor cantidad de órganos o unidades administrativas y/o visitadurías, con 55 (ver tabla 1). 

Tabla 1 

Número de órganos o unidades administrativas y/o visitadurías de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de los Organismos Públicos de Derechos Humanos, según tipo 

2023  

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Derechos Humanos Federal (CNDHF), 2024 y Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal (CNDHE), 2024.

Al cierre de 2023, se reportaron 282 oficinas de atención: 25 en la CNDH y 257 en los OPDH. En comparación con 2022, la cantidad de oficinas de la CNDH se mantuvo, mientras que la de oficinas de los OPDH disminuyó 1.5 por ciento.6 De acuerdo con su tipo, 76.6 % correspondió a oficinas foráneas 7 y 23.4 %, a oficinas centrales8 (ver gráfica 2). 

Gráfica 2 

Número de oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH), según tipo 

2023  

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Derechos Humanos Federal (CNDHF), 2024 y Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal (CNDHE), 2024.

Por su parte, Ciudad de México fue la entidad federativa que registró la mayor cantidad de oficinas, con 26 (ver tabla 2).

Tabla 2 

Número de oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH), según tipo 

2023 

1/ No disponible. Fuente: INEGI. Censo Nacional de Derechos Humanos Federal (CNDHF), 2024 y Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal (CNDHE), 2024. Recursos humanos.

Al cierre de 2023, se reportaron 5549 personas titulares de los órganos o unidades administrativas y/o visitadurías, de las cuales 45.8 % fueron mujeres y 51.8 %, hombres. 10 El estado de Nayarit tuvo la mayor proporción de mujeres (ver gráfica 3).

Gráfica 3 

Personas titulares de los órganos o unidades administrativas y/o visitadurías de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de los Organismos Públicos de Derechos Humanos, según sexo 

2023 

(distribución porcentual y número de personas)

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Derechos Humanos Federal (CNDHF), 2024 y Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal (CNDHE), 2024. 

En el mismo periodo, el total de personal adscrito a la CNDH fue de 1 577 servidoras y servidores públicos, mientras que en los OPDH fue de 4 104. En contraste con 2022, la cantidad de personal disminuyó 9.5 % y aumentó 3.7 %, respectivamente (ver gráfica 4).

Gráfica 4 

Cantidad de personal adscrito a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH), según año 

2016 a 2023

Nota: Se considera al personal de las oficinas centrales y foráneas o regionales. No se incluyó a titulares de los órganos o unidades administrativas y/o visitadurías, a la o al Consejero Presidente del Consejo Consultivo y, de ser el caso, a la o al Secretario Técnico u homóloga/o del Consejo Consultivo. 

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Derechos Humanos Federal (CNDHF), 2017-2024 y Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal (CNDHE), 2017-2024. 

el personal a nivel nacional (5 681), las mujeres representaron 54.9 % y los hombres, 45.1 por ciento. A continuación, se presenta la distribución según sexo y entidad federativa (ver tabla 3). 

Tabla 3 

Cantidad de personal adscrito a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a los Organismos Públicos de Derechos Humanos, según sexo 

2023 

(número de personas y distribución porcentual) 

Nota: Se considera al personal de las oficinas centrales y foráneas o regionales. No se incluyó a titulares de los órganos o unidades administrativas y/o visitadurías, a la o al Consejero Presidente del Consejo Consultivo y, de ser el caso, a la o al Secretario Técnico u homóloga/o del Consejo Consultivo. 

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Derechos Humanos Federal (CNDHF), 2024 y Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal (CNDHE), 2024. 

En relación con el personal que ejercía sus funciones en las visitadurías, la CNDH contó con 1 018 personas servidoras públicas, mientras que los OPDH contaron con 1 947. De acuerdo con su cargo o función, en la CNDH 47.0 % correspondió a personas visitadoras. En los OPDH esta proporción fue de 48.4 %.

Comisión de Cultura y Cinematografía aprueba exhorto para reconocer a la Lengua de Señas Mexicana como patrimonio lingüístico

* También avala un punto de acuerdo relativo a la restauración de los portales de Sayula, Jalisco

La Comisión de Cultura y Cinematografía, presidida por la Diputada Alma Lidia De La Vega Sánchez (MORENA) avaló puntos de acuerdo que contienen exhortos para reconocer a la Lengua de Señas Mexicana como patrimonio lingüístico, así como para la restauración y mantenimiento de los portales en el municipio de Sayula.

El primero, aprobado por 15 votos a favor, solicita a los titulares de los poderes ejecutivos de los estatales que realicen los esfuerzos legislativos necesarios para declarar a la Lengua de Señas Mexicana como patrimonio lingüístico de sus Estados.

Considera que declararla como patrimonio tiene fundamentos sólidos en los derechos humanos, lingüísticos y culturales, ya que esto promueve la igualdad sustantiva mediante la inclusión, diversidad y el respeto por las comunidades que utilizan esta lengua.

Señala que la Lengua de Señas es una herramienta esencial para garantizar el acceso a derechos fundamentales de las personas sordas. En el derecho a la igualdad y no discriminación, el reconocer la Lengua de Señas como patrimonio lingüístico es un paso hacia la eliminación de barreras comunicativas y sociales que enfrentan las personas sordas.

En el derecho a la educación y acceso a la información, oficializar y valorar la Lengua de Señas Mexicana como patrimonio impulsa políticas educativas que incorporen esta lengua en la enseñanza, garantizando el acceso igualitario al conocimiento para las personas sordas.

La Diputada Mónica Herrera Villavicencio (MORENA) dijo que el dictamen busca dignificar un poco lo que han sufrido las compañeras y compañeros sordos durante toda la historia. “Es importante este paso que se está dando en la Cámara de que se reconozca la Lengua de Señas Mexicana como un patrimonio lingüístico”.

También de MORENA, la Diputada Mónica Fernández Cesar felicitó a las y los diputadas por haber dictaminado a favor este tema tan importante que no se visibiliza para todos los demás. “Sigamos abriendo institutos que podrían ayudar para este tipo de personas”.

Representantes de la asociación “Viendo te entiendo”, manifestaron que la institución que representan busca visibilizar la discapacitación auditiva y que es necesario que se haga un trabajo conjunto para que se tenga acceso a una educación, a la información, un trabajo y que este país sea más incluyente.

Restauración de Portales en Sayula

Con 14 votos a favor, también se avaló un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades del municipio de Sayula, Jalisco, y a la titular de la Secretaría de Cultura del Estado, para que comience y garantice la restauración y mantenimiento de los Portales en el municipio de Sayula, propiciando con ello la seguridad de las y los ciudadanos.

El documento señala que la Academia Nacional de Arquitectura considera que varios de los Portales están en situación de riesgo estructural; además, personas especializadas insisten en la necesidad de establecer una estrategia institucional que ponga freno al deterioro estructural de los Portales, haciendo hincapié en que la población se encuentra en peligro por los riesgos estructurales de colapso.

Advierte que es inminente el peligro que representa la falta de intervención de obra pública y asignación presupuestaria, además de que existe riesgo de incurrir en violaciones a los derechos culturales por parte del gobierno de Jalisco en caso de no tomar las decisiones públicas que atiendan este problema, ya que su destrucción implica la pérdida de patrimonio tangible.

Premian a ganadores del concurso de escritura infantil “Los derechos humanos de la niñez en México”

* Celeste Ascencio Ortega refrenda compromiso con el impulso de leyes que coloquen a las personas en el centro de las decisiones

La Senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, encabezó la premiación a los ganadores del concurso de escritura infantil “Los derechos humanos de la niñez en México”, en la que los participantes manifestaron sus ideas sobre la educación, identidad e inclusión de la niñez con alguna condición de discapacidad. Cabe destacar que los tres primeros lugares fueron ocupados por concursantes de Michoacán.

La legisladora del Grupo Parlamentario de MORENA refrendó su compromiso para no sólo dar visibilidad a las historias de quienes integran los sectores más vulnerables de la población, sino para pasar a la acción con el impulso de leyes que coloquen a las personas en el centro.

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, Ascencio Ortega destacó que esta celebración se tiene que realizar desde la mirada de la niñez de México. “Aprendemos juntas y juntos sobre cómo podemos cuidar de nuestros derechos y de los derechos de los demás, porque cuando respetamos y cuidamos a los demás, hacemos que nuestro mundo sea un lugar más bonito y feliz para todos”.

Como respuesta a la convocatoria, manifestó, se recibieron escritos de niños y niñas de Chiapas, Michoacán, Ciudad de México y del Estado de México, en los que plasmaron sus ideas acerca del derecho a la educación y cómo les da felicidad, en la necesidad de dar nombre o identidad a las niñas y niños desde su nacimiento o la importancia de ser incluyentes con la niñez que vive alguna discapacidad.

Los escritos son una reflexión para que quienes están en el servicio público vayan más allá, en el cumplimiento de los derechos de la infancia, apuntó la senadora.

De esa forma, Marie Isabella Padilla, de la ciudad de Morelia, Michoacán, ganó el primer lugar del concurso; Anthony Diego Tadeo y Matías Isaac Fuentes Capiz, ambos de Paracho, Michoacán, obtuvieron el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Posterior a la premiación, la senadora inauguró la exposición “Retratos de Resiliencia, Testimonios de Derechos Humanos”, una muestra que celebra la fortaleza y dignidad de quienes se enfrentan a los desafíos con valentía y determinación en el marco de los derechos humanos.

Explicó que cada imagen “nos muestra un testimonio único, desde las matas de maíz, que simbolizan el esfuerzo y las raíces de nuestros pueblos originarios, hasta los rostros de quienes con trabajo y esperanza construyen un mejor futuro”.

Esta exposición no sólo es un homenaje a quienes se enfrentan a las adversidades, sino también un llamado a la acción, destacó le legisladora.

Señaló que desde la Comisión de Derechos Humanos “reafirmamos nuestro compromiso para trabajar y garantizar que estas historias no sólo sean vistas, sino que sean escuchadas y protegidas, a través de políticas públicas y leyes que colocan a las personas en el centro”.

Inicia comisión conversatorios para trazar ruta sobre legislación en materia de inteligencia artificial

* En el país no existe marco normativo sobre esta actividad: Senador Rolando Zapata

Con el objetivo de analizar cómo la Inteligencia Artificial puede integrarse en la política pública, la Comisión de Análisis, Seguimiento y Evaluación sobre la Aplicación y Desarrollo de la Inteligencia Artificial en México, realizó el primer conversatorio en el Senado de la República.

El Presidente de la Comisión, Rolando Zapata Bello, explicó que este es el primero de seis conversatorios que servirán para trazar una ruta que contribuya a generar productos legislativos, porque “en nuestro país no existe un marco normativo o espacio legal de esta actividad”.

Aseguró que es parte de un proceso de escucha activa, con el propósito de nutrir la óptica de las y los legisladores desde la perspectiva de expertos en la materia. “Retomaremos sus opiniones como especialistas en la materia”, agregó.

En el encuentro que se denominó “Impacto de la lA en la Ética, los Derechos Humanos y la Política Pública”, el legislador indicó que la comisión que preside trabajará de la mano con las comisiones de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y la de Derechos Digitales, para que en su momento se cuente con materiales útiles.

Por su parte, la Senadora Karina Ruiz Ruiz, de MORENA, consideró que no se debe tener miedo a una normativa sobre el uso de la tecnología, siempre y cuando no haya abusos y que sea usada de manera sana y en beneficio del pueblo. “Un tema importante es la seguridad y en México es posible contar con sistemas avanzados en ese sentido”, añadió.

Del PRI, el Senador Manuel Añorve Baños refirió que la inteligencia artificial es un tema necesario en la vida moderna, por lo que observó positivo realizar los conversatorios, con el fin de tener la información disponible.

En su participación, representantes de Amazon Web Services, Google México, Meta, Huawei, Microsoft, la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, Fundación Ozaru, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el TEC de Monterrey y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hablaron sobre políticas públicas en el ámbito internacional, el rol de los gobiernos como usuarios, habilitadores, facilitadores y reguladores de la inteligencia artificial, así como la necesidad de encontrar el equilibrio entre protección del usuario, regulación y promoción de la innovación.

Diputadas y diputados se manifiestan en torno al dictamen que amplía delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa

• En cuatro rondas de oradores, representantes de MORENA, PVEM y PT hablaron a favor; PAN, PRI y MC, en contra

En la discusión del dictamen en materia de prisión preventiva oficiosa, diputadas y diputados de MORENA, PAN, PVEM, PT, PRI y MC fijaron sus posturas a favor y en contra, en cuatro rondas de intervenciones, sobre la reforma al párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política.

Primera ronda

La Diputada Estela Carina Piceno Navarro (MORENA) expuso que los delitos que hoy se proponen integrar a la Carta Magna como la extorsión, contra la salud, posesión de narcóticos relacionados con el fentanilo y contrabando, ya se encuentran sancionados y son susceptibles de prisión preventiva, y con la reforma solo se enfatiza en qué delitos sí es aplicable la medida.

Por el PAN, la Diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, consideró que la reforma es contraria a los derechos humanos, al principio pro persona y al de presunción de inocencia; “es inconstitucional, inconvencional, regresiva, abusiva y constituye una pena anticipada, que mandará a la cárcel a personas a quienes no les ha probado un delito y afectará a los pobres y mujeres”.

Celia Ether Fonseca Galicia, Diputada del PVEM, lamentó que la extorsión pasó de ser un delito aislado a una práctica común, lo que pone en evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, seguridad y justicia. “El dictamen representa una oportunidad para fortalecer las bases constitucionales, con el objetivo de dotar a las autoridades de herramientas jurídicas para hacerle frente de manera efectiva”.

A su vez, la Diputada Laura Hernández García (MC) destacó que ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa es un paso atrás en el compromiso con el respeto y cumplimiento de instrumentos internacionales de derechos humanos, y aplicarlo sin evaluar la peligrosidad y los riesgos procesales individuales vulnera el principio fundamental de presunción de inocencia y el derecho al debido proceso.

La Diputada Juana Acosta Trujillo (MORENA) dijo que el dictamen no solo busca ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, sino fortalece la capacidad para proteger a los ciudadanos y garantiza que aquellos que cometen delitos graves enfrenten las consecuencias de sus acciones de manera inmediata, debido a que es una herramienta para prevenir la comisión de nuevos delitos.

El Diputado del PAN, José Guillermo Anaya Llamas expresó que, de aprobarse la reforma, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos la echará atrás, pues tiene como fin encarcelar y después buscar pruebas, pues ya se han incumplido dos sentencias por violación al artículo 1° constitucional al no reconocer los derechos humanos y los tratados signados por México.

De MORENA, el Diputado José Alejandro Peña Villa detalló que la iniciativa amplía el catálogo de delitos para atender el narcomenudeo, la defraudación fiscal y combatir la extorsión, que este año ha registrado 50 mil casos, dando facultades para terminar con este cáncer que se ha ido agudizando. Se buscan condiciones para que se pueda sancionar a personas que actúen en perjuicio del pueblo.

Nadia Navarro Acevedo, Diputada del PRI, consideró que es un retroceso en materia de derechos humanos, pues “somos testigos de las lamentables consecuencias de reformas hechas al vapor y sobre las rodillas. La prisión preventiva oficiosa no va solucionar el problema de justicia. Buscaremos que los derechos sean respetados ante cualquier eventualidad de la que nadie está exento”.

A su vez, la Diputada Lilia Aguilar Gil (PT) subrayó que la reforma agrega delitos a la prisión preventiva, lo que abona a defender a los ciudadanos y víctimas que sufren de delitos como la extorsión, porque hoy hay cobro de piso. “No es para castigar empresarios sino para protegerlos, así como a comerciantes, ciudadanos, transportistas y a los pobres. Ya no más extorsión”.

El Diputado Luis Enrique García López (PAN) señaló que el dictamen viola el principio de presunción de inocencia, al establecer la privación de la libertad de forma automática y sin juicio; no agota las evaluaciones en materia penal como la idoneidad, proporcionalidad, racionalidad y temporalidad. “Contribuirá a una saturación del sistema penitenciario y al desvío de recursos económicos y materiales”.

Francisco Javier Estrada Domínguez, Diputado de MORENA, apuntó que con la reforma se combaten diversos delitos que lastiman a las y los mexicanos, y que ahora ameritarán prisión preventiva oficiosa, como es la extorsión, el narcomenudeo y las actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas. “Se manda un claro y duro mensaje a los delincuentes”.

De MC, la Diputada Patricia Mercado Castro dijo que extender la prisión preventiva oficiosa vulnera derechos humanos y el sistema de justicia adversarial; no se atacan las causas de la violencia criminal, sino las consecuencias y ofrece la prisión como castigo, en lugar de la reinserción como oportunidad. Se pronunció por impulsar un cambio en la política de drogas con la regulación del cannabis, y contar con una política efectiva de reinserción social.

Segunda ronda

La Diputada de MORENA, Sandra Anaya Villegas, sostuvo que la extorsión y las actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas son delitos de alto impacto que ponen en riesgo la integridad, paz y desarrollo de México, por lo que esta reforma busca darle elementos al Gobierno Federal para combatirlos de manera frontal, así como las estrategias el Ejecutivo.

César Israel Damián Retes, Diputado del PAN, mencionó que al ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa se busca meter a la cárcel a inocentes en lo que se averigua si son culpables o no, y se viola la presunción de inocencia, cuando se deben destinar los recursos suficientes y fortalecer las corporaciones policiacas. “No se garantiza ni seguridad ni justicia”.

El Diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos (PVEM) comentó que el sistema de justicia no es perfecto y que por ello se deben hacer ajustes para evitar que los presuntos criminales evadan la justicia durante el proceso penal para proteger a la víctima y garantizar la reparación del daño. “La reforma no está pensada desde la injusticia sino para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía”.

Por MC, el Diputado Rodrigo Ramos Enríquez afirmó que esta clase de reformas son inconvencionales y eso está claro en cualquier tratado internacional. Recordó que en 2018 se aprobó ampliar la prisión preventiva oficiosa y se decía que a los cinco años se iban a revisar sus resultados, pero no hay ningún informe, el cual es necesario para ver si la medida funciona o no y, a partir de ello, legislar.

La Diputada de MORENA, Alma Rosa De la Vega Vargas, puntualizó que la reforma es histórica debido a que impacta la vida de millones de mexicanas y mexicanos. “Aunque en la Constitución se establece un periodo de dos años como máximo de la prisión preventiva oficiosa, de acuerdo con datos del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales dos de cada diez personas esperan más tiempo para obtener sentencia”.

Theodoros Kalionchiz De la Fuente, Diputado del PAN, aseveró que la prisión preventiva afectará a personas en situación de vulnerabilidad económica, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, y afectará a los empresarios porque no habrá inversión ni empleo formal “y de la mano crecerá la delincuencia”.

El Diputado de MORENA, Julio César Moreno Rivera, expuso que se plantea agregar al catálogo de delitos graves la extorsión y el narcomenudeo, ilícitos que son un flagelo que afecta cada calle, colonia y hogar e incluso lo padecen los gobiernos municipales y estatales y las alcaldías de la Ciudad de México, ya que estas conductas están impunes.

Al fijar su posición, la Diputada Laura Ivonne Ruíz Moreno (PRI) advirtió que la reforma compromete los derechos fundamentales de los ciudadanos y la justicia, pues la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar extrema que debe aplicarse solo en circunstancias extraordinarias y convertirla en un mandato para una lista creciente de delitos significa ignorar el principio de presunción de inocencia.

La Diputada Olga Lidia Herrera Natividad (PT) dijo que el dictamen es resultado de un trabajo arduo para combatir con mayor efectividad los delitos que han presentado alta incidencia en los últimos años, y es parteaguas para brindar una herramienta procesal penal. “Su aprobación es un paso hacia la construcción de un país más seguro y justo”.

Por MC, el Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño recordó que la prisión preventiva oficiosa en México se ha convertido en un cimiento del sistema penal y merece una reflexión profunda y urgente, cuando fue concebida como una herramienta jurídica para proteger a la sociedad de aquellos que cometen delitos graves, y afecta a la clase más desprotegida porque no puede acceder a una defensa adecuada.

La Diputada Dolores Padierna Luna (MORENA) detalló que en 2008 se creó el concepto de prisión preventiva oficiosa; con ello, toda carga de la prueba recae en el Ministerio Público y el juez analiza la carpeta y determina lo establecido en la Constitución ante riesgo de fuga, amenaza a la víctima y destrucción de pruebas. “Esta figura ya existía con el nombre de delitos sin derecho de fianza, y las adecuaciones permitirán atender ilícitos que generan inseguridad pública”.

Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Diputado del PAN, precisó que el dictamen representa una amenaza a la libertad y a la justicia, lo cual “es suficiente para que, ante un señalamiento sin pruebas y sin juicio, envíen a los ciudadanos a la cárcel limitando su derecho a la defensa. Agregar la defraudación fiscal puede resultar en un uso indebido y limitar la posibilidad de interponer mecanismos como el amparo”.

Tercera ronda

La Diputada María Rosete, de MORENA, puntualizó que con la reforma se busca que extorsionadores no encuentren salidas fáciles y paguen por el daño que hacen a la comunidad, y que cada persona en México se sienta protegida al salir a la calle. “Es necesario que este delito, junto con el narcomenudeo, sean considerados en la Constitución como delitos que ameriten la prisión preventiva oficiosa”.

A su vez, la Diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (PAN) se manifestó por un sistema de justicia que funcione y el delincuente vaya a la cárcel y el inocente y las víctimas tengan sus derechos resguardados, y un sistema donde todas y todos “podamos ejercer nuestros derechos con libertad, responsabilidad y sin tenerle miedo a la persecución política del régimen. La eficacia de la norma es fundamental. No se debe reformar la Constitución a contentillo”.

Del PVEM, la Diputada María Luisa Mendoza Mondragón resaltó la necesidad de que el Estado mantenga y refuerce las medidas legales para proteger a la ciudadanía, por lo que la prisión preventiva oficiosa en casos excepcionales y delitos graves debe actuar como una herramienta para garantizar que aquellos que representan un peligro para la sociedad no queden en libertad.

El Diputado Sergio Gil Rullán (MC) consideró vergonzoso estar discutiendo el cómo meter más gente a la cárcel, que no tiene recursos para pagar abogados, en vez de darle certeza a las 230 mil personas que están en prisión sin juicio y sin sentencia, para recuperar la reconstrucción social, la paz y la justicia.

La Diputada Gabriela Valdepeñas González (MORENA) señaló que la reforma obedece a circunstancias que vive el país y pretende incluir a la extorsión, la defraudación fiscal y el narcomenudeo, lo cual tiene respaldo popular y absoluto combatiendo a los delincuentes de cuello blanco. “El dictamen es parte de las políticas integrales que tienen como eje abatir la inseguridad pública”.

Alan Sahir Márquez Becerra, Diputado del PAN, se pronunció por defender el derecho de cada mexicana y mexicano a ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario. “Decimos no a este dictamen que busca ampliar la prisión preventiva oficiosa y que podría llevar a cualquier ciudadano a la cárcel sin pruebas y solo por una acusación muchas veces infundada”.

En tanto, el Diputado Javier Taja Ramírez (MORENA) aclaró que la reforma no busca la represión indiscriminada sino la justicia efectiva; trata de fortalecer el marco jurídico y dotarlo de las herramientas necesarias para combatir delitos de alta incidencia y consecuencias sociales devastadoras. “La prisión preventiva oficiosa es elemento de protección a las víctimas y para garantizar la seguridad pública”.

Por el PRI, el Diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez subrayó que su grupo parlamentario no está en contra de que se castiguen los delitos, sino de la forma en la que se pretende a través de la prisión preventiva oficiosa, cuando es crucial una regulación clara y específica para evitar abusos y garantizar la justicia. “Esta ambigüedad tendrá consecuencias graves”.

La Diputada del PT, Vanessa López Carrillo, puntualizó que la reforma al artículo 19 constitucional fortalecerá las capacidades del Estado para combatir de manera más eficaz delitos graves como la extorsión, el cual lacera al pueblo y lo tiene de rodillas y con miedo, ya que en cualquier momento los delincuentes irrumpen en su hogar para cobrar el derecho de piso.

Anayeli Muñoz Moreno, Diputada de MC, calificó como aberrante la reforma que amplía el catálogo de delitos porque afectará de forma diferenciada a las mujeres. No es una respuesta a la inseguridad. Estamos en contra y se necesita seguir planteando propuestas al sistema penal y esta no es la respuesta correcta a lo que México necesita”.

El Diputado Luis Humberto Fernández Fuentes (MORENA) dijo que la prisión preventiva oficiosa es ir contra los extorsionadores y narcotraficantes para evitar que salgan inmediatamente de la cárcel y dañen a las comunidades y para lograrlo se requiere dotar de herramientas al Estado. “Ir en contra de este dictamen es ser funcional a la delincuencia”.

Por el PAN, el Diputado Paulo Gonzalo Martínez López aseguró que se pretende aprobar una reforma en contra de los derechos humanos ampliando el catálogo de delitos para la prisión preventiva oficiosa. “Afectará de manera directa a mujeres, madres de familia, jóvenes y personas de escasos recursos que por delitos menores quedarán atrapados en un sistema que criminaliza la pobreza”.

Cuarta ronda

La Diputada Julieta Kristal Vences Valencia (MORENA) indicó que la inclusión de delitos en el catálogo que ameritan prisión preventiva oficiosa es una reforma integral y forma parte de las acciones de su partido para beneficiar a las y a los mexicanos, a los más pobres y a las mujeres del país.

Ricardo Astudillo Suárez, Diputado del PVEM, resaltó que la extorsión es un recurso muy atractivo para el crimen organizado y la reforma es una medida urgente y necesaria para que este delito amerite prisión preventiva oficiosa, lo que permitirá enfrentar la justicia sin la posibilidad de evadirla. El cambio constitucional fortalece el sistema de justica y es un paso firme hacia la seguridad y la justicia.

Por MC, la Diputada Patricia Flores Elizondo mencionó que la prisión preventiva oficiosa no es otra cosa que una detención sin juicio y aunque esta medida es obligatoria para ciertos delitos se debe encontrar equilibrio entre el respeto de los derechos y la necesidad de seguridad. Propuso que cada peso de los impuestos invertidos en encarcelaciones se dirija a la prevención de la delincuencia y a atender las causas que la originan.

La Diputada Jazmín Yaneli Villanueva Moo (MORENA) señaló que el dictamen ayudará a castigar la extorsión y el narcotráfico con una perspectiva más completa, lo que asegura mayor respeto a la dignidad de las personas afectadas y promueve un sistema judicial imparcial y equitativo.

El Diputado César Augusto Rendón García (PAN) consideró que la prisión preventiva oficiosa no es la ruta, pues inventar un delito de extorsión a una persona es de lo más fácil y, con ello, sólo se logrará un Estado policiaco que mañana perseguirá a las y a los mexicanos. “Pedimos enfocarnos a combatir al crimen, invertirle a la prevención, a una policía civil”.

José Narro Céspedes, Diputado de MORENA, destacó que en México se deben tomar medidas en el tema del fentanilo, actuar en consecuencia y resolver los problemas de inseguridad. Los alcances de la reforma representan una lucha contra la impunidad y el mejoramiento de la justicia. “Estamos a favor de la ampliación del catálogo”.

El Diputado Noel Chávez Velázquez (PRI) subrayó que la prisión preventiva oficiosa no es una herramienta de procuración de justicia ni una medida cautelar, sino un mecanismo que castiga la pobreza y lejos de promover una investigación sólida y eficaz, la debilita, pues con ella el Ministerio Público no necesita probar la existencia de un delito; basta con acusar a una persona.

La Diputada Greycy Marian Durán Alarcón (PT) destacó que la prisión preventiva juega un papel importante al evitar riesgos mayores para la sociedad, ya que en muchas ocasiones delincuentes peligrosos aprovechan la libertad para evadir la justicia. Aseguró que la reforma ofrecerá a las autoridades un mecanismo inmediato para actuar y ayudará a disminuir la percepción de impunidad en la sociedad.

De MC, el Diputado Francisco Javier Farias Bailon indicó que la prisión preventiva oficiosa es una práctica condenada en todo el mundo por ser violatoria de los derechos humanos e incluso existen sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que señalan a México. “Sabemos que esta reforma es un atentado en contra de los derechos humanos y, por eso, nuestro voto será en contra”.

Juan Hugo De la Rosa García, Diputado de MORENA, puntualizó que la Corte Interamericana no declaró inconvencional la prisión preventiva sino que encontró responsable a México en dos sentencias de 2022 por la falta de motivación en las decisiones judiciales. “Con el dictamen respondemos a las necesidades de la gente y cerramos filas para recuperar la seguridad de la gente, sin odios ni mentiras, con inteligencia, investigación y prevención”.

El Diputado Federico Döring Casar (PAN) expuso que con esta figura se establece una injusticia mayor con las mujeres, ya que el 81.2 por ciento fueron acusadas falsamente a través de la prisión preventiva oficiosa; en el caso de los hombres es del 73.9 por ciento y tres de cada diez personas en prisión tienen que esperar más de dos años para recibir sentencia.