Piden al Congreso de la Unión mecanismos de protección para personas juzgadoras en casos de delincuencia organizada

• Para ello, la Diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) impulsa reforma a la Constitución Política

La Diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) propuso reformar el artículo 94 de la Constitución Política, con el objetivo de que el Poder Judicial de la Federación cuente con mecanismos institucionales de protección para las personas juzgadoras que conozcan de asuntos relacionados con delincuencia organizada u otros delitos de alto impacto.

Además, estipular que, en casos excepcionales y debidamente justificados, la legislación correspondiente pueda establecer medidas extraordinarias de seguridad, incluyendo la reserva temporal de la identidad pública de las personas juzgadoras durante el desarrollo del proceso, así como el uso de medios tecnológicos y protocolos institucionales orientados a garantizar su integridad, independencia y el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional.

El documento, turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, resalta que la delincuencia organizada constituye uno de los fenómenos criminales más complejos que enfrentan los Estados contemporáneos y se caracteriza por la existencia de estructuras jerárquicas o redes criminales con capacidad económica, armamentística y logística para realizar actividades ilícitas de manera sistemática y sostenida.

En el caso mexicano, añade, diversas evaluaciones institucionales señalan que los grupos criminales han desarrollado estrategias de presión, intimidación y violencia dirigidas contra operadores del sistema de justicia, incluyendo fiscales, policías de investigación, peritos y personas juzgadoras.

Dicha situación, afirma, genera riesgos significativos para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia penal, particularmente en aquellos casos en que las resoluciones judiciales pueden afectar directamente los intereses de organizaciones criminales con alto poder de intimidación.

Por ello, asegura, la seguridad e integridad de las personas juzgadoras se convierte en un elemento indispensable para preservar la independencia judicial. El Estado tiene la obligación constitucional de adoptar medidas adecuadas para garantizar que quienes ejercen la función jurisdiccional y enfrentan riesgos graves para su vida o integridad física, puedan desempeñar sus funciones con plena libertad y sin temor a represalias.

El objetivo central de esta propuesta de reforma consiste en fortalecer la protección institucional de quienes ejercen funciones jurisdiccionales en contextos de criminalidad organizada, garantizando que puedan desempeñar su labor sin presiones indebidas y en condiciones adecuadas de seguridad, indica.

Aclara que la adopción de mecanismos de seguridad reforzada para personas juzgadoras no implica una limitación al debido proceso ni a los derechos de las partes, sino una medida orientada a garantizar que las decisiones judiciales puedan adoptarse con plena libertad y autonomía.

Impulsan reforma constitucional para suprimir la medida precautoria de arraigo

• Diputadas y diputados del grupo parlamentario de MC plantean modificar el artículo 16 de la Carta Magna

Diputadas y diputados integrantes del grupo parlamentario de MC, a través de una iniciativa proponen derogar el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política, con el objetivo de suprimir la medida precautoria de arraigo.

El párrafo del artículo antes mencionado establece que la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

Este plazo podrá prorrogarse siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días, añade dicho artículo.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, en la exposición de motivos explica que el arraigo es una medida precautoria de base constitucional que permite al Ministerio Público privar de la libertad de tránsito a una persona, previa autorización de la autoridad judicial, para garantizar la investigación de un delito, la protección de personas y bienes y evitar la sustracción de la acción de la justicia.

Menciona que la figura es pre-procesal, porque se impone con antelación al inicio del proceso penal, cuando las diligencias de investigación no están concluidas o con elementos suficientes para solicitar al órgano jurisdiccional la sujeción a proceso de una persona.

Sin embargo, señala que esta medida resulta violatoria de los derechos esenciales de toda persona como la libertad personal y de tránsito. También, vulnera principios y garantías esenciales inherentes al proceso penal como la presunción de inocencia, garantía de audiencia, el derecho de defensa y la revisión de una detención por parte de autoridad judicial, entre muchos otros.

La imposición de esta medida no sólo es arbitraria, sino que también genera malas prácticas en las policías y los agentes a cargo de la investigación de los delitos, pues provoca y coloca a los sujetos privados de su libertad en condiciones de abuso y violación de sus derechos humanos y susceptibles a actos de tortura o tratos degradantes, subraya.

Las Diputadas Claudia Ruiz Massieu Salinas, Laura Irais Ballesteros Mancilla, Laura Hernández García e Irais Virginia Reyes De la Torre y los Diputados Raúl Lozano Caballero, Gildardo Pérez Gabino, Pablo Vázquez Ahued, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, quienes suscriben la iniciativa, manifiestan que en los últimos años se tiene una tendencia a la baja sobre las solicitudes de arraigo que se presentan por parte de los agentes del Ministerio Público Federal, lo que indica que se trata de una figura a la que afortunadamente se recurre cada vez menos.

Destaca que ha quedado de manifiesto la poca utilidad que representa actualmente dicha figura para la correcta administración e impartición de justicia, así como para la investigación y esclarecimiento de conductas ilícitas.

Avala Comisión de Puntos Constitucionales llamado a la SEP para que realice una semana de orientación psicológica para prevenir suicidios

* También solicita informe sobre el estado de actualización y modernización del Reglamento de Cooperativas Escolares

Con el fin de contrarrestar el aumento de los decesos de niños y jóvenes la Comisión de Educación, que preside el Senador Raúl Morón Orozco, aprobó un dictamen para solicitar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que, en coordinación con la Secretaría de Salud, establezca una semana de orientación psicológica durante cada ciclo escolar en educación media y media superior para detectar e informar sobre factores de riesgo relativos al suicidio.

El Senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, promovente de la propuesta, detalló que esta es más que una medida preventiva, se trata, dijo, de una estrategia integral para atender el bienestar emocional de los niños y jóvenes.

Indicó que la segunda causa de muerte de jóvenes entre 10 y 24 años es el suicidio. Además, agregó, está documentado que cerca del 14 por ciento de este sector de la sociedad padece alguna enfermedad mental como la depresión, la ansiedad y trastornos de conducta.

Detalló que su propuesta, incluye realizar un seguimiento continuo de la situación socioemocional de las y los estudiantes, mediante cuestionarios como los de la prueba Pisa o instrumentos diseñados por profesionales de la salud, así como establecer una semana de orientación psicológica por ciclo escolar, un espacio seguro para identificar factores de riesgo y fomentar herramientas de prevención.

La Senadora Beatriz Robles Gutiérrez, de MORENA, consideró que hablar de lo que sentimos no es signo de debilidad, sino un acto de valentía y reveló que casi 800 mil personas en el mundo mueren a causa del suicidio, lo que equivale a un fallecimiento cada 40 segundos.

Aníbal Ostoa Ortega, de MORENA, calificó esta propuesta como “muy oportuna y necesaria”, pues tan sólo en el estado de Campeche se registran 80 suicidios al año, y aunque parezca poco esta cifra, señaló, para una población de poco menos de un millón de habitantes es una cifra muy elevada.

Además, los integrantes de esta comisión avalaron plantear al Titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, para que envíe un informe sobre el estado de actualización y modernización del Reglamento de Cooperativas Escolares, con el objetivo de establecer lineamientos acordes a la normatividad vigente y mejorar su organización y funcionamiento.

Sobre este asunto, Juan Carlos Loera de la Rosa, de MORENA, aseguró que una de las formas por las que las escuelas públicas tienen ingresos es a través de las cooperativas, por lo que pidió no “estigmatizar” el trabajo que éstas realizan.

Ante la importancia de estos temas, el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, propuso crear grupos de trabajo para revisar cómo está la ley para “atacar” lo que tenga que ver con la normatividad, porque se necesitan, dijo, leyes claras y precisas para que la sociedad “actúe y se mueva”.

Por su parte, el Presidente de esta Comisión, Raúl Morón, reveló que hasta el momento se cuenta con 40 iniciativas, mismas que se están agrupando por temática para que a la brevedad se puedan dictaminar.

Comisión de Puntos Constitucionales aprobó su programa anual de trabajo; actuará con objetividad, imparcialidad y profesionalismo

• También buscará promover el diálogo y los consensos necesarios para llevar a cabo los dictámenes

• Se intentará siempre apegarse al Reglamento de la Cámara de Diputados: Godoy Rangel

La Comisión de Puntos Constitucionales, que encabeza el Diputado Leonel Godoy Rangel (MORENA), aprobó con 30 votos a favor, uno en contra y una abstención, su programa de trabajo 2024-2025, el cual tiene entre sus objetivos analizar, estudiar, revisar y determinar las propuestas de reforma y actualización del marco constitucional con objetividad, imparcialidad y profesionalismo.

Asimismo, promover el diálogo y los consensos necesarios para llevar a cabo el dictamen de las iniciativas, minutas, opiniones y proposiciones con punto de acuerdo que le sean enviadas.

El Diputado Godoy Rangel informó que el sábado pasado se remitió a los correos electrónicos de las y los diputados el programa anual de trabajo. Aseguró que se intentará siempre apegarse al Reglamento de la Cámara de Diputados respecto a circular los documentos y las propuestas de dictamen entre sus integrantes, con cinco días de anticipación a la reunión en que se discuta.

Aclaró que la Comisión está sujeta a dictámenes o minutas que envíe la Colegisladora, así como de las iniciativas que se presenten y que sean de carácter prioritario por la presidenta en materia de reformas constitucionales.

La Diputada Clara Cárdenas Galván (MORENA) estuvo de acuerdo que en el debate se privilegie el diálogo y consenso para encontrar coincidencias y excluir diferencias, todo con respeto a la pluralidad. Se buscará la aplicación del Derecho con un enfoque social y humanista, reconocer y proteger los derechos fundamentales, así como atender la nueva realidad basada en la diversidad y en el pleno y libre desarrollo de la persona.

Del PAN, la Diputada Laura Cristina Márquez Alcalá solicitó incorporar la temporalidad para circular los documentos, acorde al artículo 177 en su numeral del Reglamento de la Cámara de Diputados, y que se pueda contar con ellos cinco días previos a la reunión a la que se cite, para darle una adecuada revisión, análisis y su posterior aprobación.

El Diputado José Alejandro Peña Villa (MORENA) anunció su voto a favor del programa de trabajo que se remitió en tiempo y forma a través de los correos institucionales.

El programa señala que, atendiendo al Reglamento de la Cámara de Diputados, previo estudio y aprobación de las diputadas y los diputados, se procederá a la integración de subcomisiones y grupos trabajo que propicien el desahogo de los asuntos turnados.

También, garantizar cobertura a la mayoría de las iniciativas y minutas que le turnen, considerando la oportunidad, complejidad, viabilidad y naturaleza del tema, así como el plazo que se concede por la normatividad para su resolución. Cuando varias de las iniciativas promovidas por las y los diputados versen sobre el mismo tema, se buscará el consenso para que se agrupen en un solo dictamen.

Entre otros objetivos está el de proponer la creación de subcomisiones, con la finalidad de agilizar los trabajos legislativos y que coadyuven a procesar iniciativas o minutas, así como de un archivo para organizar y llevar la información puntual, correspondiente del estado procesal que guardan las iniciativas, minutas, opiniones y proposiciones con punto de acuerdo. Además, tiene contemplado realizar foros, seminarios, talleres, conferencias, investigaciones, estudios, audiencias y consultas.

El documento resalta que los trabajos legislativos dirigidos a configurar y perfeccionar la Carta Magna deben ser precisos, abiertos a las diversas formas de pensamiento y efectuarse en un ambiente de legitimidad y Estado de derecho, considerando los principios democráticos de legalidad, autonomía, transparencia, institucionalidad y humanismo, lo que en conjunto arrojará productos jurídicos que procuren eficiencia y eficacia hacia sus destinatarios y corrijan la estructura social, política y económicas.

Piden elevar a rango constitucional el derecho de embarazadas en vulnerabilidad a recibir un subsidio

* El Diputado Fidel Daniel Chimal García (PAN) presentó una iniciativa con ese propósito

Con el objetivo de que las mujeres embarazadas en vulnerabilidad tengan derecho a recibir un subsidio de natalidad sin menoscabo del derecho a recibir otros apoyos que les correspondan, el Diputado Fidel Daniel Chimal García (PAN) propuso reformar el artículo 4º la Constitución Política.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y que adiciona un último párrafo a dicho artículo de la Carta Magna, argumenta que una mujer embarazada puede encontrarse en un estado de alta vulnerabilidad o situaciones que afecten drásticamente su estado socioeconómico y salud, lo que puede poner en riesgo tanto su vida como la de su hijo o hija que está por nacer.

Explica que el embarazo en condiciones de vulnerabilidad implica que tanto la madre como el bebé están expuestos a diversos riesgos antes y después del parto, los cuales pueden surgir en ámbitos sociales, familiares, económicos, educativos y emocionales, afectando negativamente la salud física y psicológica de ambos. Por ello, es fundamental proporcionar apoyos económicos que fomenten el cuidado de su salud y bienestar.

El documento precisa que actualmente no hay un apoyo suficiente del Estado para proteger este derecho fundamental. Menciona que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece incentivos de natalidad a sus derechohabientes, pero muchas mujeres en situación de vulnerabilidad y sin seguro social no tienen acceso a estos beneficios; además, solo aplica para aquellas que coticen ante dicha institución.

También, agrega, la Secretaría de Bienestar otorga un apoyo económico a mujeres en estado de vulnerabilidad de 2 mil 600 pesos bimestrales, en especial para aquellas que son jefas de familias, pero este programa no está implementado en todos los Estados.

Resalta que en nuestro país todavía no se valora lo suficiente la importancia de las mujeres embarazadas, por lo que su cuidado es escaso; por ello, la protección de la maternidad deber ser una prioridad.

Ante la situación que viven muchas mujeres embarazadas que no tienen acceso a estos incentivos, sostiene, se debe establecer un apoyo económico destinado a garantizar el bienestar de la madre y el recién nacido, promoviendo así la igualdad de oportunidades que contribuirá al desarrollo integral de las familias mexicanas.

Dicho apoyo, añade, se debe extender a todas las embarazadas de escasos recursos, independientemente de su afiliación al IMSS, para promover la equidad y el desarrollo social.

La propuesta de reforma plantea establecer en sus artículos transitorios que la Secretaría de Bienestar emitirá las reglas de operación necesarias para la implementación del programa en un plazo no mayor a 90 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Combate a la delincuencia es prioridad: Cantón Zetina

* Destaca reforma constitucional ara hacer efectiva la coordinación entre los tres niveles de gobierno en esta materia

El Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, aseguró que el combate a la delincuencia es una prioridad, por lo que se busca fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad con la reforma al artículo 21 de la Constitución Política, cuyo análisis inició este lunes en comisiones del Senado de la República.

Durante una entrevista, el legislador adelantó que para mañana se podría llevar a cabo una reunión con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a fin de revisar los alcances de la iniciativa que presentó la titular del Ejecutivo Federal, pero dicho encuentro aún está por confirmarse.

Se trata, dijo, de que esta dependencia federal coordine la Estrategia Nacional de Seguridad y de hacer efectiva la coordinación entre los tres niveles de gobierno para enfrentar los problemas de inseguridad.

“Lo estamos haciendo así para que haya una coordinación también con los poderes locales, los municipios, los estados y todas las entidades del Poder Ejecutivo Federal. Y estamos, además, remarcando algo que es fundamental, que el mando es civil en todo momento, por eso la Secretaría de Seguridad es la que coordinará estos trabajos, donde estarán las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina Armada y la Guardia Nacional”, explicó el legislador.

Cantón Zetina rechazó que la delincuencia en el país esté “desbordada” y aseguró que los casos de violencia que se han registrado son una reacción de los grupos criminales ante los programas que se han implementado para combatir a la delincuencia organizada.

Dijo que los delincuentes tratan de presionar y “crear un ambiente psicológico en todo el país” de que se está generalizando la violencia y de que el problema “está fuera de control”.

El senador recordó que, aunado a lo anterior, se ha registrado en México una “gran escalada” de tráfico de armas “que no se ha podido controlar”, además de que ha ido en aumento el consumo de drogas en los Estados Unidos, problemáticas que, subrayó, repercuten en la estabilidad del país.

En ese sentido, opinó que todos los gobiernos, independientemente de su filiación partidista, deben asumir su responsabilidad en el combate y prevención de la delincuencia.

“Todos somos responsables, aquí nadie puede hacerse para atrás y nadie puede seguirle echando la culpa al pasado; es una acción que tenemos que enfrentar, el día de hoy y con vistas al futuro”, enfatizó.

Proponen reforma constitucional para crear fiscalía especializada que atienda delitos de violencia contra la mujer

• La iniciativa de la Diputada Fernández Cruz (PVEM) fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales

A fin de que la Fiscalía General de la República cuente con una fiscalía especializada en materia de atención a los delitos de violencia contra la mujer, la Diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz (PVEM) propuso reformar la Constitución Política.

Las modificaciones a los artículos 102 y 116 de la Carta Magna disponen que las legislaturas de las entidades federativas establecerán en sus constituciones la creación de fiscalías especializadas, las cuales deberán contar con un cuerpo técnico con alto nivel profesional y capacitado en perspectiva de género.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, resalta la urgencia de establecer las fiscalías especializadas para lograr mayor eficacia en la persecución e investigación de la “violencia que lamentablemente se ejerce contra las niñas, adolescentes y mujeres en México”. Asimismo, fortalecer la revisión e integración de carpetas para darles el impulso procesal que requieren para su judicialización.

Es fundamental, indica, que los delitos de violencia contra las mujeres tengan una atención sensible al género para garantizar que las mujeres reciban la protección adecuada por parte de la justicia.

El documento refiere que, según Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), cada hora se denuncian un promedio de entre tres y cuatro casos de abuso sexual y/o violaciones, es decir 90 casos al día; en una década se denunciaron cerca de 330 mil delitos sexuales en el país.

La situación empeora si se considera que el 91 por ciento de los casos denunciados quedan en total impunidad, lo que refleja que las mujeres no solo sufren de violencia, sino que además no encuentran maneras de tener acceso a la justicia, añade.

Precisa que las fiscalías del país informaron que en una década fueron detenidos más de 98 mil sospechosos, pero solamente se dictó sentencia condenatoria en 28 mil 455 casos, es decir solo al 29 por ciento. Tales hechos contribuyen a desincentivar a las mujeres víctimas de violencia a denunciar, puesto que la probabilidad de tener éxito en sus denuncias y castigar a los culpables, son bajas.

“Lamentablemente, los casos relacionados con delitos sexuales no son los peores que enfrenta este grupo de la población. La vida de muchas mujeres en México está en riesgo por el simple hecho de serlo. Hasta abril de 2024 se registraron en México 184 presuntos feminicidios”, subraya.

Por ello, afirma, la iniciativa busca erradicar la violencia hacia las mujeres, así como garantizar el acceso a la justicia y dotar de mejores herramientas a las entidades federativas para enfrentar la ola de violencia por razones de género.

La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó reformas que impiden impugnar modificaciones a la Carta Magna

* El dictamen a la minuta modifica el artículo 107 y adiciona un quinto párrafo al 105 de la Constitución Política

* Fue ratificado con 30 votos a favor y 11 en contra, y remitido a la Mesa Directiva para su programación legislativa

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, con 30 votos a favor y 11 en contra, el dictamen a la minuta que reforma el artículo 107 y adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política, en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Carta Magna. Se remitió a la Mesa Directiva para su programación legislativa.

El Presidente de la instancia legislativa, Diputado Leonel Godoy Rangel (MORENA), informó que en acuerdo con los grupos parlamentarios se resolvió que las reservas se desahogarán en el Pleno de la Cámara de Diputados.

Además, indicó que recibió dos votos particulares que se anexarán al final proyecto del dictamen para su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

La adición de un quinto párrafo al artículo 105 precisa que “son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución”.

Mientras que la reforma al primer párrafo de la fracción II del artículo 107 constitucional, establece que “no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución”.

Queda: “las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de personas quejosas que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. No procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución”.

En los transitorios se precisa que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el presente Decreto.

El documento, avalado en términos de la minuta, precisa que la reforma y adición propuestas guarda completa relación con los principios del constitucionalismo mexicano, en principio, porque el artículo 135 de la Constitución Política dispone que la Carta Magna puede ser adicionada o reformada mediante un proceso legislativo que requiere el voto de las dos terceras partes de cada Cámara que conforma el Congreso de la Unión de los individuos presentes y la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.

Subraya que con esta reforma se perfeccionarán los procesos constitucionales y reivindican las reglas del control de constitucionalidad que han sido sobrepasadas. Añade que son suficientes los argumentos y razonamientos constitucionales, legales y jurisprudenciales que sostienen estas propuestas de reforma para reafirmar sobre la inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución. La pugnabilidad de las reformas constitucionales solo ha sido un debate en la doctrina.

Además, con esta reforma se refuerza el razonamiento jurídico de la inimpugnabilidad como regla y principio constitucional, asentando para no dejar lugar a dudas el criterio que ha imperado de manera inveterada, evitando sobreinterpretaciones que sean completamente ajenas y fuera de los márgenes de la Constitución.

Primera ronda

Al iniciar la primera ronda, la Diputada Irais Virginia Reyes De la Torre (MC) expresó que con la reforma se engaña al pueblo porque se quita a la ciudadanía sus legítimas armas para defenderse del abuso y arbitrariedad de los representantes y elimina la posibilidad de impugnación de reformas constitucionales.

Por MORENA, la Diputada Mariana Benítez Tiburcio mencionó que la reforma para transformar el sistema de justicia apenas inició con la aprobada el pasado 15 de septiembre, y “esta modificación solo busca dejar de manera clara que no procede ningún recurso de control contra reformas constitucionales.

A su vez, la Diputada Laura Hernández García (MC) resaltó que la reforma pretende eliminar la posibilidad de impugnar las adiciones y reformas a la Constitución, dejando al poder reformador prácticamente sin contrapeso.

Ruth Maricela Silva Andraca, Diputada del PVEM, destacó que la reforma garantiza que el Poder Legislativo sea el único con la facultad para modificar la Carta Magna, al eliminar la posibilidad de intervención judicial sobre reformas constitucionales, lo que refuerza la independencia de este órgano, que ha sido elegido por el pueblo para ejercer soberanía.

El Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) aseguró no hay un sustento, solamente venganza contra el Poder Judicial; no hay un razonamiento técnico-jurídico de fondo y las reformas violentan los principios fundamentales que dieron origen a la Constitución de 1917, como es la separación de poderes y evitar la concentración del poder en uno solo.

Por MORENA, el Diputado Hugo Eric Flores Cervantes expuso que lo que busca esta reforma es terminar con el activismo judicial; es decir, que los ministros puedan legislar, toda vez que su tarea es jurisdiccional. “Es relevante que se arropen las facultades legislativas, de lo contrario se dañarían los pesos y contrapesos de los Poderes del Estado”.

La Diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (PAN) afirmó que la reforma marcará un antes y un después en el equilibrio del Poder en México. “Si la Constitución deja de ser una barrera contra excesos del poder, el país se enfrenta a un riesgo autoritario real, donde los derechos y la justicia quedarían vulnerables”.

Julieta Kristal Vences Valencia, Diputada de MORENA, relató que el artículo 39 constitucional dice: “el pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de alterar o modificar su forma de gobierno”, por lo que “quienes tienen la responsabilidad de llevar las demandas más sentidas son las y los legisladores; es cuestionable que el Poder Judicial ordenara una suspensión”.

El Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) señaló que el motivo de la reunión deriva de una reforma para sustituir a los integrantes del Poder Judicial, pero no se trata de un asunto de justicia. Rechazó que los mexicanos vayan a seleccionar a su juzgador, por lo que se debe conocer cuántas boletas se van a manejar y cómo se va a llevar a cabo este procedimiento.

La Diputada Irma Yordana Garay Loredo (PT) dijo que la reforma no es un intento por imponer un régimen autoritario; al contrario, es un derecho que se tiene como poder reformador, es un mecanismo de defensa para evitar que las reformas constitucionales que cumplan con una amplia mayoría y legitimidad sean echadas para abajo.

Paulina Rubio Fernández, Diputada del PAN, consideró que con la reforma se elimina la posibilidad de que la ciudadanía se defienda con amparos ante reformas constitucionales; lo mismo ocurrirá con los gobernadores, pues no podrán llevar a cabo las controversias constitucionales o los partidos políticos o las minorías del Congreso con las acciones de anticonstitucionalidad.

El Diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas (MORENA) indicó que la reforma no pretende modificar algo que ponga en riesgo los derechos humanos y garantías; tampoco atenta contra el control de convencionalidad, sino que lleva a rango constitucional un texto de la Ley de Amparo que es fundamental.

Segunda ronda

La Diputada Nadia Navarro Acevedo (PRI) subrayó que no puede afirmarse que los derechos humanos están salvaguardados, porque lo que se propone es la eliminación de mecanismos jurídicos para corregir o detener abusos e irregularidades en la aprobación de modificaciones a la Constitución.

De MORENA, la Diputada Katia Alejandra Castillo Lozano precisó que la reforma garantiza y consolida certeza jurídica, y que una vez que la voluntad del pueblo ha sido elevada a rango constitucional no podrá ser cuestionada mediante procesos judiciales. No implica una disminución en la protección de sus derechos fundamentales.

A su vez, la Diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (PAN) consideró que el dictamen acaba con la posibilidad de que alguien pueda defenderse de los actos de autoridad. “No hay certeza ni validez de lo que se va a determinar aquí. Desde esta Comisión hay que hacer ciencia jurídica”.

El Diputado del PVEM, Ricardo Astudillo Suárez aclaró que en el dictamen no se modifica el tema de amparo; por el contrario, busca recalcar lo que ya está especificado en la Constitución, al establecer estabilidad institucional y evita que las modificaciones constitucionales sean objeto de impugnación.

La Diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (MC) cuestionó cómo se garantizará la defensa de los derechos humanos, las garantías y las libertades individuales, así como la protección a la propiedad privada, si se aprueba la reforma.

Del PT, la Diputada Mary Carmen Bernal Martínez aseveró que no se están afectando los derechos humanos ni desaparecen los medios de control de constitucionalidad, pues sigue vigente el juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad frente a normas generales.

El Diputado Fernando Torres Graciano (PAN) afirmó que con la reforma se está cercenando y debilitando a una institución que representa un orgullo para las y los mexicanos, pues pretende quitarle el juicio de amparo a los ciudadanos, lo que claramente representa una violación a sus derechos humanos.

Favio Castellanos Polanco, Diputado de MORENA, expuso que la reforma viene a fortalecer lo que dice la Ley de Amparo. “Hoy se reforma para el bien del pueblo de México, aunque la oposición hoy intenta renunciar a la facultad de legislar. Nosotros desde la coalición tenemos un mandato popular y que las reformas sean una realidad”.

Gabriela Georgina Jiménez Godoy, Diputada de MORENA, señaló que con estas adecuaciones se eleva a rango constitucional lo ya previsto en la ley y se garantiza que haya una real división de poderes, al estipular la claridad y la certeza jurídica respecto a la improcedencia a nivel constitucional de las acciones de inconstitucionalidad, controversias y juicio de amparo.

Del PAN, la Diputada Noemí Berenice Luna Ayala afirmó que la reforma reduce los efectos del amparo en su función como garantía de protección a los derechos humanos. “El juicio de amparo protege de actos inconstitucionales o violatorios de derechos humanos. A ustedes no les importa desmantelar la estructura jurídica y, en lugar de apelar, reforman la Constitución”.


El Diputado José Alejandro Peña Villa (MORENA) señaló que son claras las posiciones. “Nosotros queremos seguir en la democratización y garantizar que haya reformas constitucionales en beneficio de la gente. No se puede seguir permitiendo la intromisión del Poder Judicial”.

Tercera ronda

El Diputado Carlos Hernández Mirón (MORENA) afirmó que la reforma no significa la eliminación judicial sobre leyes generales y es una mentira lo que comentan quienes están en contra del dictamen, y también es falso que se vaya en contra de los derechos de las personas.

La Diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas (MC) puntualizó que la propuesta es una reacción a las determinaciones de las autoridades judiciales en distintos momentos. No es una reforma sobre supremacía constitucional, sino que busca imponer la supremacía de una mayoría legislativa temporal sobre la Constitución.

Oscar Iván Brito Zapata, Diputado de MORENA, expresó que si la Suprema Corte de Justicia no actuara en prevaricato no se tendrían que hacer adecuaciones a la Carta Magna. “Sólo se cumple con la facultad del Poder Legislativo y no se modifican los medios para revisar las controversias que vulneren los derechos humanos”.

El Diputado Juan Luis Carrillo Soberanis (PVEM) indicó que la reforma da claridad y certeza al texto constitucional, evita que intereses particulares, políticos, económicos, de élite o extranjeros prevalezcan por encima de la Carta Magna y que se utilicen vías judiciales para entorpecer o revertir reformas aprobadas democráticamente.

Francisco Javier Estrada Domínguez, Diputado de MORENA, señaló que el artículo segundo transitorio del dictamen propone que los asuntos en trámite se resuelvan conforme a lo que se votará en la reunión de este lunes, por lo que “no aplica la retroactividad de la ley, porque no existe ninguna resolución concluida por la Suprema Corte, ni por algún juzgado o tribunal colegiado, de ahí que se está respetando el orden jurídico”.

Por el PT, la Diputada Lilia Aguilar Gil manifestó que con la reforma permanece el juicio de amparo; simplemente se eleva a rango constitucional lo que ya dice el artículo 61 de “que la Constitución no puede ser inconstitucional”. Además, las adiciones no afectan a los ciudadanos.

El Diputado de MORENA, Julio César Moreno Rivera, reiteró que con la reforma no se eliminan las facultades de la Corte, ni se suprime la figura de juicio de amparo, porque éste seguirá vigente, protege los derechos humanos de la ciudadanía. Lo que se pretende es evitar que los jueces excedan sus facultades al intervenir en decisiones exclusivas de las y los legisladores.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se declaró en reunión permanente

En reunión extraordinaria, la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el Diputado Leonel Godoy Rangel (MORENA), aprobó declararse en reunión permanente y decretó un receso para iniciar mañana lunes 28, a las 18:00 horas, la discusión del dictamen a la minuta con proyecto que reforma el artículo 107 y adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política, en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Carta Magna.

Godoy Rangel recordó que el pasado viernes 25 de octubre, se había acordado una reunión extraordinaria para este domingo 27, en modalidad semipresencial, a fin de que mañana lunes 28 se abra el debate y hoy únicamente sería el método.

El declararse en sesión permanente, dijo, tiene la finalidad de ser convocados el día de mañana a las 18:00 horas y los días subsecuentes que así consideren las diputadas y los diputados que integran la Comisión. “El objetivo es facilitar el debate y no restringirlo”.

La Diputada Gabriela Georgina Jiménez Godoy (MORENA), Secretaria de la Comisión, dio cuenta de los artículos 150 y 155 del Reglamento sobre las atribuciones de la presidencia de la Comisión y respecto a la convocatoria de las reuniones.

Intervenciones de diputadas y diputados sobre orden del día

Previo a la aprobación del orden del día, participaron diputadas y diputados de los seis grupos parlamentarios representados en la Comisión.

La Diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) dijo que no pueden aprobar el orden del día porque se violentó el Reglamento de la Cámara, al no haberse emitido la convocatoria para la reunión con tiempo de acuerdo con el artículo 155, y el dictamen que se pretende aprobar no fue circulado con la anticipación necesaria, por lo que se deben reconsiderar los plazos para la discusión de la reforma.

También del PAN, la Diputada Noemí Berenice Luna Ayala mencionó que lo establecido dentro del orden día está fuera del Reglamento, pues busca que se discuta el dictamen que reforma el artículo 107 y 105, en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Carta Magna.

Por MC, la Diputada Irais Virginia Reyes de la Torre planteó escuchar a la academia, sociedad civil, especialistas e incluso a la oposición. “Que haya prudencia y responsabilidad; es prematuro estar analizándola sin haber tenido un foro abierto ni consultas o mesas trabajo para conocer lo que tiene que decir el pueblo de México”.

Claudia Ruiz Massieu Salinas, Diputada de MC, pidió que se respete lo acordado para que en esta reunión sólo se defina el método de cómo se realizará la discusión del dictamen en materia de inimpugnabilidad, de ahí que exista una objeción, pues contiene un punto que no se pactó.

Mario Miguel Carrillo Cubillas, Diputado de MORENA, argumentó que esta es una reunión extraordinaria y el orden día que está circulado es lo que se discutirá mañana en sesión ordinaria, “si es que se acuerda hoy que nos instalemos en sesión permanente y que mañana sea la discusión del proyecto del dictamen”.

El Diputado del PRI, Rubén Ignacio Moreira Valdez, dijo que había confusión en el orden del día, pero si el presidente de la Comisión confirma que el debate será mañana por la tarde, se despeja la duda, da tranquilidad y baja la tensión de esta reunión.

La Diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) solicitó a las y los integrantes evitar las tácticas dilatorias, ya que no se violenta de ningún modo el procedimiento en el proceso legislativo llevado a cabo en esta reunión. Sabemos que en las reformas constitucionales debemos respetar los mecanismos.

Del PT, la Diputada Lilia Aguilar Gil mencionó que la junta directiva llegó al acuerdo para realizar esta reunión extraordinaria, por lo que “estamos dentro de la norma, había un acuerdo y estamos dando un falso debate sobre algo que estaba acordado y dado que nos instalaremos en sesión permanente debe presentarse un orden del día”.

La Diputada Laura Hernández García, de MC, planteó la necesidad de que se discuta el método de la discusión para que se llame a expertos, a fin de que se garanticen los principios y la suficiente técnica parlamentaria, de ahí la importancia de que la población y especialistas participen.

Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Diputada del PAN, planteó escuchar a todas las voces y que apegados al Reglamento es necesario tener el tiempo suficiente para discutir una reforma de este calado. “Lo que pido es que haya más tiempo, no sé cuál es la urgencia de discutirlo y en qué momento se está escuchando a los expertos, a los constitucionalistas y si se están realizando parlamentos abiertos.

La Diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez (MORENA) recalcó que en esta reunión no se discutirá el dictamen, sino que se definirán las bases y se declarará esta instancia en sesión permanente. Aclaró que no se viola ningún procedimiento legislativo.

La Diputada Mariana Benítez Tiburcio (MORENA) resaltó que la discusión de fondo será el día de mañana, pero sí hay urgencia porque es un tema fundamental que hoy ocupa y no se puede ignorar. “Necesitamos dar certeza constitucional”.

Por el PAN, la Diputada Laura Cristina Márquez Alcalá solicitó a la presidencia de la Comisión que les permitan a las y a los diputados su participación sobre el orden del día y la propuesta de declararse en sesión permanente.

Avalan en comisiones elevar a rango constitucional salario mínimo por arriba de la inflación

* El dictamen fue aprobado por unanimidad y se envió a la Mesa Directiva para su trámite correspondiente

Por unanimidad, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos aprobaron la reforma para establecer que la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales, así como la revisión de los mismos, nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia.

Las y los senadores avalaron, sin cambios, el proyecto para reformar la Constitución Política que envió la Cámara de Diputados al Senado de la República.

Las modificaciones al primer párrafo de la fracción VI del Apartado A, y que adiciona un tercer párrafo a la fracción IV del Apartado B del artículo 123 constitucional, establece que las maestras y los maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, así como médicos y enfermeros, percibirán un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, dijo que esta reforma marcará un antes y un después en la protección de los salarios en México, toda vez que el salario de un trabajador no “volverá a perder valor”.

Asimismo, indicó que las y los maestros de educación básica, los policías, guardias nacionales y personal de salud recibirán un ingreso acorde a su responsabilidad, toda vez que son sectores pilares de la nación y su salario debe de reflejar la importancia de su labor en la sociedad, de tal manera que su salario será, al menos, de 16 mil 777 pesos mensuales, garantizando así condiciones dignas.

Enrique Inzunza Cázarez, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, añadió que con estas modificaciones constitucionales se protege el poder adquisitivo de las y los trabajadores, se dignifica la labor de sectores fundamentales, se impulsa la equidad y estabilidad económica, pues al tener un salario mínimo por arriba de la inflación se fomenta un mayor consumo interno.

Inzunza Cázarez dijo que por medio de esta reforma México tiene la oportunidad de tener una sociedad más justa y equilibrada, ya que el bienestar de los trabajadores estará al centro de las políticas públicas; además de que con la reforma se responde una deuda histórica con quienes sostienen el país, que es la clase trabajadora, y se establecen las bases de un modelo económico más inclusivo.

Al fijar su posicionamiento por MORENA, Javier Corral Jurado subrayó que esta reforma en materia salarial demuestra “la diferencia de las visiones de las alternativas políticas que se han disputado el poder” en México, pues durante las pasadas cuatro décadas, explicó, esto estuvo sujeto a los intereses de quienes acumulaban riqueza, mientras que ahora se protege constitucionalmente al salario frente a la inflación.

De Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza manifestó el respaldo de su Grupo Parlamentario a la enmienda; sin embargo, advirtió que la medida no será efectiva por la inflación que registra el país, por la falta de prestaciones de salud con lo que los mexicanos deben gastar en medicamentos, y por la inseguridad, que también genera que las familias paguen para proteger su patrimonio y su integridad personal.

Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, también respaldó la reforma a nombre de su fracción parlamentaria, pero propuso que en futuras enmiendas de esta naturaleza también se proporcione justicia salarial a sectores desprotegidos, como el de los trabajadores mineros, cuyos salarios han estado desprotegidos legalmente desde hace décadas.

El Senador Alejandro González Yáñez, del PT, sostuvo que el verdadero problema de México no es la pobreza ni la riqueza, sino la desigualdad, por lo que, insistió, las y los legisladores deben disminuir esa brecha, construir un país más justo donde se dignifique a la persona, y generen empleos suficientes con un salario protegido por la Carta Magna.

Por el PVEM, Juanita Guerra Mena detalló que en México las maestras y maestros perciben en promedio 12 mil 500 pesos al mes, los policías municipales ocho mil y el personal de enfermería del IMSS entre cinco y nueve mil pesos, por lo que celebró que con la enmienda se garantice un monto inicial para estos profesionistas de más de 16 mil 700 pesos al mes.

Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, reconoció que en años recientes se hayan hecho esfuerzos por aumentar el salario mínimo en México, pero destacó que esto ahora sea protegido por la Constitución Política, “para que nunca más un trabajador vea el fruto de su trabajo diluido injustamente por factores que nada tienen que ver con su desempeño”.

Posteriormente, en reunión extraordinaria, los y las senadoras aprobaron por unanimidad, los nombramientos de los secretarios técnicos de ambas comisiones. En la de Puntos Constitucionales a Javier Hernández Hernández, y en la de Estudios Legislativos a Mario Alberto Gómez Moronatti.

Afirma Ernestina Godoy que en el Senado de la República están preparados para defender la reforma judicial

* Reitera que se cumplieron los tiempos parlamentarios, por lo que no hay forma de detener su implementación

La Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Ernestina Godoy Ramos, aseveró que en la Cámara de Senadores están “preparados para defender la reforma al Poder Judicial”.

En entrevista, la legisladora subrayó que los tiempos y procedimientos parlamentarios para desahogar este proyecto se respetaron conforme a lo estipulado en la ley, por lo que no se puede detener la puesta en marcha de la reforma constitucional.

Además, indicó que las suspensiones provisionales emitidas por jueces federales para evitar la discusión, aprobación y publicación de la reforma no tenían jurisdicción, y era evidente que “no podían detener al poder reformador”.

Ernestina Godoy denunció que, con las suspensiones provisionales del proyecto, el Poder Judicial es “juez y parte”, por lo que estarán atentos a cualquier mecanismo jurídico que busquen impulsar para evitar su implementación.

La senadora de MORENA denunció una actitud revanchista por parte de la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, pues su actitud no ha sido cuidadosa, incluso de las formas jurídicas.

“Ella es abogada, es presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no puede debilitar a las instituciones”, declaró.

Godoy Ramos expresó que la confrontación iniciada por integrantes de la SCJN no beneficia a nuestro país. En este sentido, hizo un llamado a las y los ministros a entablar un diálogo que permita la correcta ejecución de la reforma.

También pidió a los integrantes de la Suprema Corte que tomen con mucha responsabilidad la propuesta de la Ministra Lenia Batres Guadarrama, para crear una comisión de transición, dirigida a coadyuvar a la implementación de la reforma constitucional.

Reforma al Poder Judicial se debate en el pleno del Senado de la República

* Proteger funciones de este Poder de intereses fácticos o criminales, entre los objetivos del proyecto, destaca Ernestina Godoy

Senadoras y senadores de todas las fuerzas políticas dieron inicio al análisis del proyecto de decreto, por el que se reforma la estructura, organización, funcionamiento, mecanismos de disciplina, elección e integración del Poder Judicial.

La plenaria inició con un minuto de silencio en memoria de Susana Ramos Caro -abuela materna de la Senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega, de Morena-, quien falleció el pasado 6 de septiembre.

Posteriormente, el Presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, explicó que el dictamen considera la minuta que aprobó la Cámara de Diputados, el pasado 4 de septiembre, y que se le dio trámite de primera lectura en la sesión matutina de este martes.

Y la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Ernestina Godoy Ramos, presentó a la asamblea el contenido de la reforma, cuyo resultado es producto de una amplia discusión y análisis en todo el país.

Sólo entre los meses febrero y julio de este año, agregó, se realizaron más de 50 foros, diálogos estatales y regionales, en la cámara de diputados, congresos locales y plazas públicas, donde participaron integrantes de todos los Grupos Parlamentarios.

La reforma del Poder Judicial es y ha sido una de las iniciativas más analizadas y debatidas en nuestra democracia parlamentaria, proceso que permitió enriquecerla y hacerle más de 100 modificaciones y precisiones a la iniciativa original, enfatizó la legisladora.

Con ella, dijo, se reconfigurará el sistema judicial mexicano, de tal manera, que se asegure la autonomía, independencia y especialidad técnica de los órganos jurisdiccionales; la participación ciudadana en la designación de sus titulares; y la administración de justicia de manera pronta y expedita.

Se trata, destacó Ernestina Godoy, de garantizar la independencia y autonomía del Poder Judicial, separar sus funciones del poder político y económico, protegerlas de intereses fácticos o criminales.

“Es un imperativo para lograr que la justicia alcance a todas y a todas, sin importar su ingreso o su influencia política, económica o social”, puntualizó.

“Coincidimos, es necesario avanzar en los otros componentes: prevención, procuración, atención a víctimas, defensoría pública, justicia cívica, entre otros puntos, para lograr una respuesta integral al reclamo social de justicia, pero no podemos esperar hacer todo para avanzar en esta trascendental reforma”, consideró la senadora.

El Presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, informó que se recibieron tres mociones para suspender la discusión del dictamen, de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

Sin embargo, aclaró que el reglamento del Senado de la República establece en el artículo 106, numeral cinco, que no se admiten más de una solicitud sobre el mismo asunto.

De esta manera, el Senador Agustín Dorantes Lámbarri presentó en la tribuna una moción para interrumpir la discusión de la minuta, ya que, si la reforma se concreta, advirtió, el Poder Judicial “caerá” y quedarán indefensas miles de personas, porque no habrá quien los ampare.

El legislador de Acción Nacional argumentó que no se han escuchado los llamados del Poder Judicial ni de la ciudadanía; además, señaló, se ha presionado y extorsionado a los senadores de oposición, para que no voten en contra de la reforma.

También hizo un llamado a los Senadores José Sabino Herrera Dagdug y Araceli Saucedo Reyes, de MORENA, así como a Miguel Ángel Yunes Linares, del PAN, y Daniel Barreda Pavón, de Movimiento Ciudadano “ser valientes y representar a quienes los eligieron”, porque “si hoy aprueban esta reforma, la historia los recordará como traidores”.

Sin embargo, la moción suspensiva fue rechazada con 85 votos en contra y 41 a favor, y la asamblea dio paso la presentación de los votos particulares que registraron senadores de los diferentes grupos parlamentarios.

Instalan formalmente Comisión de Puntos Constitucionales

• La Senadora Ernestina Godoy asegura que este órgano legislativo será un espacio de propuestas

La Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Ernestina Godoy Ramos, declaró formalmente instalados los trabajos de este órgano legislativo, y se comprometió a que los y las legisladoras de la mayoría serán responsables, escucharán las propuestas y todas las voces, además estimularán el diálogo y el intercambio de ideas.

La legisladora de MORENA explicó que esta Comisión habrá de discutir y, en su caso, aprobar las iniciativas que buscan reformar la Constitución, para adecuarla a nuevas realidades, instaurar más derechos o hacer más eficiente el diseño constitucional de las instituciones del Estado.

Godoy Ramos garantizó que fomentará un debate parlamentario conforme a lo que marca el reglamento, siempre en aras de elevar el diálogo y enriquecer las propuestas que se discutan en este espacio.

“Esta Comisión del Senado Mexicano es parte del poder constituyente permanente y realizará su encomienda con mucha responsabilidad, apego a la ley y a las mejores prácticas parlamentarias”, señaló.

Detalló que en este órgano legislativo se encuentra representada la pluralidad política de la nación. Está constituida, dijo, por cada fuerza parlamentaria y quienes la integran son el resultado de la voluntad del pueblo expresada mediante su voto libre y secreto que sufragó y manifestó su voluntad para profundizar cambios jurídicos y políticos en el país.

Dejó en claro que la comisión será un espacio de diálogo, pero también de construcción de mayorías que permitan avanzar en el cumplimiento de sus responsabilidades.

“Hago un respetuoso llamado a mis compañeros y compañeras de todos los partidos para que mantengamos un debate constructivo y plural con el ánimo de hacer de esta Comisión un espacio de propuestas siempre buscando lo mejor para el país y para el pueblo de México”.

En esta nueva etapa, dijo, no debe caber duda, la Constitución mexicana seguirá siendo un baluarte de la libertad, la democracia, los derechos y de la República. “Ni un paso atrás en los derechos, ni en las libertades”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Senador Adán Augusto López Hernández, afirmó que la instalación de la Comisión es legal, pues se realizó en tiempo y forma. Además, subrayó que la reforma al Poder Judicial tiene el objetivo de terminar con los vicios establecidos en el sistema de justicia y hacer que el pueblo decida quienes deben impartir justicia en el país.

Moisés Ignacio Mier Velazco, Senador del Grupo Parlamentario de MORENA, recordó que el pueblo de México, de manera mayoritaria, decidió que la coalición “Juntos haremos historia” gobierne al país, por lo que honrarán su palabra y buscarán los consensos necesarios para aprobar la reforma al Poder Judicial, la cual fue una de sus propuestas de campaña.

Por su parte, el Senador Marko Antonio Cortés Mendoza, del PAN, pidió que esta comisión se tome el tiempo necesario para la reflexión, ya que cuando se requiere cambiar la Constitución se requiere de diálogo y un amplio consenso entre las fuerzas políticas.

El Senador del PVEM, Luis Alfonso Silva Romo, se comprometió a analizar a cabalidad todas las iniciativas que signifiquen “el fin del neoliberalismo en el país”, así como los proyectos que se turnen a esta comisión, como la reforma al Poder Judicial.

Del PRI, la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, reveló que la instalación de la Comisión estaba programada a las cinco de la tarde, “de acuerdo con los volantes que se repartieron en el Pleno”; sin embargo, dijo, el reglamento señala que la convocatoria debe estar publicada en la Gaceta Parlamentaria, con la hora y el lugar; pero éste encuentro, afirmó, se publicó hasta las cinco de la tarde con 15 minutos.

Ante esto, advirtió que los y las senadoras de la oposición documentaran todas las violaciones al reglamento, para anteponer una acción de inconstitucionalidad a “este agravio a la nación”.

Finalmente, la Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales aseguró que se trabajará fuerte en este organismo para cumplirle al pueblo de México por lo que citó a reunión a los y las legisladoras el miércoles 4 de septiembre a la una de la tarde.

Recibe jurídico de la Cámara de Diputados incidentes de suspensión para continuar el proceso legislativo de reformas constitucionales relativas al Poder Judicial

Este sábado, el área jurídica de la Cámara de Diputados recibió del Juzgado Décimo de Distrito en materia administrativa oficios con anexos que contienen incidentes de suspensión de los juicios de amparo 1190/2024–XVI y 1251/2024, promovidos por los juzgados Tercero de Chiapas y Quinto de Morelos, para que el Congreso de la Unión, mediante sus dos cámaras, y la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, así como las legislaturas de los estados continúen con la discusión y aprobación de reformas a la Constitución Política relativas al Poder Judicial.

El encargado de hacer entrega de los documentos en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, fue el Licenciado Edgar López, del Juzgado Décimo de Distrito en materia administrativa.

La demanda fue promovida en el juzgado en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, por Ismael Arroniz Palacios, Jorge Alberto Orantes López, Mario Felipe Mata Ríos y Mario Alberto Rivera Rivera.

La Comisión de Puntos Constitucionales avaló en lo particular reformas constitucionales al Poder Judicial

• Incorporan la figura de “jueces sin rostro”

• Tras el desahogo de 330 reservas y 12 horas de debate, el dictamen fue remitido a la Mesa Directiva para sus efectos constitucionales

La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó en lo particular, con cambios, el dictamen que modifica diversos artículos de la Constitución Política, en materia de reforma del Poder Judicial.

El proyecto se avaló con 22 por votos a favor, 18 en contra y cero abstenciones, tras la presentación de 330 reservas, y se remitió a la Mesa Directiva para sus efectos constitucionales.

La Comisión, que preside el Diputado Juan Ramiro Robledo (MORENA), aceptó la propuesta de modificación presentada por la diputada Lidia García Anaya (MORENA) para adicionar la fracción X del Apartado A del artículo 20, relativa a la figura de “jueces sin rostro”, y reformar el precepto Segundo Transitorio, en materia de listado de personas candidatas y boletas electorales.

La fracción X del artículo 20 propone estipular que “tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la ley”.

La diputada explicó que esta reserva busca incluir la figura de los “jueces sin rostro” como un órgano de administración judicial creado en los sistemas de determinadas jurisdicciones, encargadas del proceso y juicio de delitos generalmente vinculados al narcotráfico, terrorismo y crimen organizado. “Se trata de órganos donde los jueces son anónimos con el principal objetivo de salvaguardar la identidad de los jueces y sus familias”.

Respecto a las modificaciones al artículo Segundo Transitorio, específicamente al párrafo sexto y sus incisos a, b, c, d y e, se plantea que “el listado de personas candidatas distinguirá la autoridad postulante y las candidaturas de las personas juzgadoras que estén en funciones en los cargos a renovar y deseen participar en la elección”.

Agrega que “la boleta garantizará que las y los votantes asienten la candidatura de su elección conforme a lo siguiente:”

“a) Para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán elegir hasta cinco mujeres y hasta cuatro hombres; b) Para magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial podrán elegir hasta tres mujeres y hasta dos hombres; c) Para magistradas y magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrán elegir hasta dos mujeres y hasta dos hombres”.

“d) Para magistradas y magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrán elegir hasta dos mujeres y un hombre por cada sala; e) Para magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito podrán elegir hasta cinco mujeres y hasta cinco hombres”.

La Diputada García Anaya puntualizó que las adecuaciones al Segundo Transitorio garantizan la paridad de género de manera firme y clara en todo el procedimiento de elección de las y los operadores de justicia y de quienes administrarán la justicia de acuerdo con el Código de Ética del Poder Judicial.

Posturas en pro y en contra

Al hablar en contra de la modificación, el Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) dijo que la figura de “jueces sin rostro” no garantizará el anonimato, ya que se propone que se elijan mediante el voto. Señaló que si van a una elección popular quedarán en una grave situación de integridad. Planteó que se elijan mediante un comité de selección que resguarde el anonimato de quien dirima cuestiones más apremiantes y desafiantes del país, como el combate a la delincuencia organizada, que se dedica a secuestrar, extorsionar y al narcotráfico.

Al hablar a favor, el Diputado Salvador Caro Cabrera (MORENA) dijo que la propuesta inserta plenamente en la Constitución la posibilidad de que México en su interior y en colaboración con otros países pueda hacer valer la Convención de Palermo, que es el instrumento que se ha dado el mundo para combatir el crimen organizado y el terrorismo, lo cual manda una señal positiva de la reforma en discusión.

De MC, el Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo comentó que esta reserva, donde se está pidiendo paridad de género, paradójicamente puede afectar a las mujeres. “En la delincuencia organizada hay que tomar como dato que la alza castiga a las mujeres en este momento, es decir las mujeres del crimen organizado son mayormente susceptibles a ser detenidas y enjuiciadas”.

El Diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) manifestó que están a favor de esta propuesta, ya que el Poder Judicial es el único que se ha negado a la paridad entre hombres y mujeres y aquí se está planteando que sean más las mujeres. Asimismo, esta es una reserva que recoge las opiniones planteadas en los foros desarrollados sobre esta iniciativa presidencial.

Al hablar en contra, el Diputado Miguel Humberto Rodarte De Lara (PAN) expresó que es necesario revisar la reforma de fondo ya que no consideraron la situación actual del país. “No puede ser que hayan hecho esta reforma haciendo que los jueces y magistrados se elijan cuando no conocen lo que pasa en el país, mismo que requiere jueces en delincuencia organizada”.

La Diputada Yeidckol Polevnsky Gurwitz, de MORENA, dijo que se trata de un cambio de fondo en la forma de operación del Poder Judicial en favor de las y los mexicanos y ha habido cuidado y atención en los detalles. Hemos avanzado, indicó, pero falta mucho por hacer; por ejemplo, en materia de los recursos que se le deben asignar en los estados.

Para presentar reservas, subieron a tribuna las y los Diputados, Jorge Triana Tena, Paulina Rubio Fernández, Héctor Saúl Téllez Hernández, Santiago Torreblanca Engell, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del PAN; Rubén Ignacio Moreira Valdez, Laura Lorena Haro Ramírez, Alma Carolina Viggiano Austria, Marco Antonio Mendoza Bustamante, Eduardo Zarzosa Sánchez, Cynthia Iliana López Castro, del PRI; Braulio López Ochoa Mijares, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, por MC; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Mary Carmen Bernal Martínez, del PT y Susana Prieto Terrazas (Sin Partido). Todas sus propuestas fueron rechazadas.

Posteriormente, el Presidente de la Comisión, Juan Ramiro Robledo, citó a las y los legisladores a la próxima reunión, la cual tendrá lugar el jueves 29 de agosto, a las 9:00 horas, en modalidad semipresencial, donde se discutirán y, en su caso, aprobarán las actas de las últimas reuniones celebradas y el informe final de actividades de esta instancia legislativa.

Grupos parlamentarios fijan postura en la discusión en lo general de las reformas constitucionales al Poder Judicial

• Participaron diputadas y diputados de MORENA, PAN, PRI, PVEM, PT y MC

Diputadas y diputados de los grupos parlamentarios de MORENA, PAN, PRI, PVEM, PT y MC, representados en la Comisión de Puntos Constitucionales, que encabeza el Diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (MORENA), externaron, en tres rondas de oradores, sus posicionamientos durante la discusión en lo general del dictamen sobre las reformas al Poder Judicial de la Federación.

Primera ronda

El Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) mencionó que su grupo parlamentario le dice no a la destrucción a la autonomía del Poder Judicial y anunció voto particular para replantear la reforma judicial, a fin de fortalecer el servicio judicial de carrera, respetar la estabilidad laboral de las y los trabajadores, instaurar un Comité Independiente y verdaderamente ciudadano para formular las ternas de las y los ministros, dar autonomía total y constitucional al Consejo de la Judicatura Federal, y fortalecer a las policías y a las fiscalías.

De MORENA, el Diputado Hamlet García Almaguer expresó que es falso que no se haya escuchado a la sociedad, al Poder Judicial y a los expertos que acudieron a los foros. El dictamen consolida la paridad al establecer que cinco de las nueve personas integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean mujeres y propone que el Tribunal de Disciplina Judicial tenga dos instancias para no generar algún estado de indefensión a las personas que estén sujetas a un proceso disciplinario y los derechos laborales serán respetados.

Por el PRI, el Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez destacó que cambiar el mecanismo de selección de juzgadores no garantiza la justicia ni pronta ni expedita, ya que no es democrático ni prudente; es un riesgo para el Estado mexicano, es inoperante, lesiona el pacto federal, no representa mejorar la calidad de las resoluciones y es un peligro para el régimen de protección de los derechos humanos; además, permite la intromisión de poderes fácticos, pues la acumulación de los expedientes no se debe a que los jueces no trabajen, sino porque no hay suficientes juzgadores.

La Diputada Adriana Bustamante Castellanos (MORENA) dijo estar a favor del proyecto porque es urgente contar con un Poder Judicial a la altura de los retos y las demandas legítimas de la nación. La propuesta es democratizarlo con la elección de ministras y ministros por voto directo, que haya rendición de informes y que la legitimidad que derive de los sufragios directos refuerce la confianza en las instituciones.

Del PAN, la Diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo manifestó que su grupo parlamentario votará en contra porque la manera de elegir a jueces, magistrados y ministro atenta con la independencia judicial. “Claro que el sistema de justicia requiere cambios, solo que ninguno de los mismos está en este dictamen, ya que no tocan a fiscales, ministerios públicos ni a las defensorías de oficio, peritajes y, en lugar de fortalecer la independencia judicial, la eliminan”.

Armando Antonio Gómez Betancourt, Diputado del PVEM, expresó que votarán a favor, pues la justicia se debe percibir como un servicio esencial que está al alcance de todos y responde a las necesidades reales de la sociedad. Una mayor participación ciudadana fomentará mayor transparencia, rendición de cuentas y confianza en las instituciones judiciales. “Debemos consolidar un Poder Judicial que esté al servicio de la sociedad, proteja los derechos y garantice el acceso igualitario a la justicia”.

La Diputada Alma Carolina Viggiano Austria (PRI) comentó que se necesita una política pública para el sistema de justicia y esta debería ser la oportunidad para discutirla. “No podemos hoy decidir esto sin tener un diagnóstico claro y el que se ha dado ha sido muy simplista; la propuesta no soluciona el problema de acceso a la justicia. El Poder Judicial Federal sí es perfectible y los poderes judiciales locales están sufriendo muchos problemas serios que no están en la discusión”.

Irma Juan Carlos, Diputada de MORENA, resaltó que el dictamen busca reducir y controlar que los jueces, ministros y magistrados de verdad impartan justicia, por lo que hay un plazo para que ellos resuelvan un asunto y si en seis meses no lo han podido hacer, se tiene un órgano que les vigila. Pidió apoyar la reforma si de verdad se está a favor de la imparcialidad, la transparencia y la independencia del Poder Judicial. “Si el pueblo elige al Poder Ejecutivo, si el pueblo elige al Poder Legislativo, que el pueblo elija al Poder Judicial”.

El Diputado de MC, Braulio López Ochoa Mijares, manifestó que si bien se debe modificar la ley para mejorar los problemas que enfrenta el Poder Judicial a nivel federal y local, con este dictamen no se logra, ya que entorpece, dificulta y debilita su tarea. Añadió que actualmente este Poder opera bajo el servicio profesional de carrera, lo cual permite que los cambios en los titulares no comprometan el desempeño y calidad de la institución, pero la propuesta es poco sería, es injusta y antidemocrática.

Por el PT, el Diputado Reginaldo Sandoval Flores expresó que la reforma al Poder Judicial busca hacer un nuevo Estado mexicano para que la gente tome el control en sus manos; no se trata de venganza ni de autoritarismo. Nuestra visión, subrayó, es de democracia participativa, de un gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo, con principios éticos de verdad, y queda claro el tema de la paridad de género y del Tribunal de Disciplina Judicial, por lo que no hay problema para que avance.

El Diputado Miguel Humberto Rodarte De Lara (PAN) indicó que no hay una defensoría pública de calidad en cada una de las entidades federativas y la deficiencia de la impartición de justicia también debe entenderse y atenderse desde el funcionamiento de las instituciones ministeriales, y debe democratizarse el acceso a la justicia con más y mejores jueces, más tribunales y con la profesionalización y garantía de una carrera judicial que proteja los derechos.

Marcos Rosendo Medina Filigrana, Diputado de MORENA, afirmó que se hace una reforma que no va a ser perfecta, pero toda norma se perfecciona en su implementación y desarrollo. “Prefiero una reforma innovadora a una acción inactiva frente a los excesos y nepotismo del Poder Judicial; prefiero que se equivoque el pueblo a estar sometido a la oligarquía y que sea ésta la que siga mandando”.

Segunda rondas

La Diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) argumentó que si se quiere corregir el acceso a la justicia se está viendo a la institución equivocada y esta reforma al Poder Judicial ataca hoy todo lo que como legisladores se juró defender. Se manifestó a favor de un régimen democrático. “Estamos defendiendo el privilegio de la democracia, de la libertad y de la verdad. No nos rendiremos y somos la resistencia democrática”.

El Diputado Óscar Cantón Zetina (Morena) explicó que lo que se busca es desmantelar la aristocracia judicial para promover un sistema por medio de una elección directa y revertir la tendencia del Poder Judicial que ha asumido roles legislativos y políticos que no le corresponden. “Esta es una sola parte de la gran reforma judicial que tendrá que ser acompañada de modificaciones a la procuración de justicia y a la seguridad pública, a través de las fiscalías y de las defensorías de oficio”.

Marco Antonio Mendoza Bustamante, Diputado del PRI, resaltó que la reforma es regresiva, atenta contra la justicia, la verdad, la igualdad y los principios que heredaron los padres fundadores de la patria. La elección de magistrados y jueces es una simulación, el pueblo no va a elegir; por ello, si se desea reformar el Poder Judicial se deben tomar en cuenta los procedimientos y actuación del Ministerio Público, las procuradurías, los peritos y la defensoría pública en favor de la ciudadanía.

Por MORENA, el Diputado Ismael Brito Mazariegos afirmó que la reforma busca separar el poder político del judicial y está motivada por la nula justicia que reclaman los más pobres, así como la impunidad derivada de las sentencias del Poder Judicial, el cual, agregó, está gobernado por el nepotismo de jueces y magistrados. “Todo el poder al pueblo. No le teman. El del pueblo, es un poder que realmente se ciñe, se siente y seguiremos en esa ruta: que el pueblo se exprese en las urnas”.

Del PAN, el Diputado Santiago Torreblanca Engell comentó que hay personas que apoyan esta reforma porque están convencidas de que un modelo autoritario es conveniente a una democracia. “En ocasiones la gente no distingue bien las facultades entre la policía, el Ministerio Público y los poderes judiciales locales y federales, y de lo que realmente está harta la gente es de la impunidad e injusticia, no en contra del Poder Judicial”.

El Diputado Juan Luis Carrillo Soberanis (PVEM) expresó que están a favor porque la reforma es robusta, fortalece la confianza de los ciudadanos en el sistema de impartición de justicia y promueve la cultura de legalidad y respeto por los derechos fundamentales. Destacó la importancia de trabajar para que la justicia no sea sólo un conjunto de normas frías, sino un instrumento vivo que promueva el bienestar y la igualdad. “El Poder Judicial debe ser un ejemplo de imparcialidad y transparencia”.

Cynthia Iliana López Castro, Diputada el PRI, puntualizó que se sigue sin entender que desmantelar al Poder Judicial tiene consecuencias políticas y económicas. Es grave la amenaza a la independencia al Poder Judicial. “Por qué la urgencia de desmantelarlo de un plumazo. Coincido en que se requiere una sacudida a ese Poder, pero por qué no nos vamos por examen, servicio profesional de carrera o más requisitos técnicos. Debe haber una reforma, pero no una que desmantele y entregue las llaves a los cacicazgos estatales”.

Por MORENA, el Diputado César Agustín Hernández Pérez afirmó que es una reforma de gran calado porque pretende democratizar al Poder Judicial, establece nuevos lineamientos para elegir a los juzgadores y la evaluación a su desempeño, crea un órgano que vigile su actuación e impulsa la austeridad y transparencia. “El objetivo es reconfigurar el sistema judicial mexicano, a fin de asegurar la autonomía, independencia y la especialidad técnica de los órganos jurisdiccionales, así como buscar la participación ciudadana”.

El Diputado de MC, Mario Alberto Rodríguez Carrillo señaló que, si bien es necesaria una reforma al Poder Judicial, esta debe enfocarse en solucionar los problemas de atención en los procesos y no en la elección de las y los jueces y magistrados. En esta propuesta no hay un presupuesto constitucional que se le otorgue a este organismo para que sea autónomo realmente; por ello, mi voto será en contra, porque no existe una explicación amplia de por qué se debe elegir a las y los jueces y magistrados.

Gerardo Fernández Noroña, Diputado del PT, se pronunció a favor del dictamen, ya que plantea separar el poder económico del Poder Judicial, el cual “se puso por encima de los poderes de la República, no imparte justicia y es profundamente corrupto”. Añadió que “con clasismo y desprecio” se quiere negar el derecho a elegir por voto universal, directo y secreto a las personas juzgadoras, cuando la Constitución especifica que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.

El Diputado Jorge Triana Tena (PAN) señaló que la independencia judicial no es un privilegio, sino una condición fundamental y necesaria para que pueda haber una República democrática. “No es llevando al plano electoral la designación de los juzgadores como se van a solucionar los problemas; al contrario, éstos van a responder a sus votantes y no a lo único que tienen que manifestar, que es la aplicación irrestricta de la ley y el cuidado de la Constitución”.

De MORENA, el Diputado Leonel Godoy Rangel afirmó que la reforma se dará porque se tiene legitimidad para ello y porque están convencidos de que la manera de lograr la independencia del Poder Judicial de la Federación es a través del voto. Puntualizó que jamás lesionarán los derechos laborales de los trabajadores. “Les decimos que no se dejen engañar por quienes tienen sueldos superiores al presidente de la República”.

Tercera ronda

La Diputada Edna Gisel Díaz Acevedo (PRD) aseguró que con la reforma no se garantiza una mejor composición del Poder Judicial, se perderán recursos humanos formados en la carrera judicial, se dejará la justicia en manos de jueces, magistrados y ministros, en muchos casos, sin formación ni experiencia necesarias. “La reforma no garantiza un país más seguro ni con más acceso a la justicia; queremos jueces, magistrados y ministros con carrera judicial, no sometidos al poder presidencial”.

De MORENA, la Diputada María Guadalupe Chavira De La Rosa resaltó que esta reforma es de gran calado y de largo plazo, pues establece mecanismos para que el Poder Judicial de la Federación sea más eficaz y legítimo, y la elección es la única forma de seguir transformando el Estado constitucional. Además, las elecciones para los cargos de operadores de justicia se llevarán a cabo de manera gradual y escalonada, para completar la sustitución total hasta 2039. “Estamos haciendo lo que por justicia le corresponde a nuestro país”.

Por el PRI, el Diputado Eduardo Zarzosa Sánchez dijo que es irónico que, conmemorándose el Día Nacional de la Solidaridad, se clave el último clavo a la democracia y a las libertades de la ciudadanía para acabar de crucificar al país. “Claro que estamos en contra de que en cualquier Poder haya despilfarro y falta de austeridad, pero ese no puede ser el pretexto para quitarle autonomía a un Poder constitucionalmente integrado; para ello, la Cámara de Diputados tiene la facultad de aprobar el Presupuesto de Egresos y es ahí donde se pueden reducir los excesos de este órgano”.

La Diputada Eunice Monzón García (PVEM) indicó que se trata de una reforma profunda al Poder Judicial para transformar la justicia en el país y acercarla al pueblo. La elección de sus integrantes por voto directo, abundó, abonará a su democratización y que el procedimiento actual por designación promueve corrupción y nepotismo, por lo que al someterles al escrutinio del sufragio habrá más transparencia y rendición de cuentas; además, al ser conscientes de que su permanencia depende de la sociedad, serán más atentos a sus necesidades.

El Diputado Marco Humberto Aguilar Coronado (PAN) comentó que se requiere de un sistema de justicia independiente en donde es necesario que, para la protección de los derechos de los justiciables y jueces y juezas, se viva un Estado de derecho respetado y en democracia. “Este dictamen va en contra de lo que han dicho expertos constitucionalistas. Han levantado la mano ministros, jueces y magistrados para exigir que se les respeten sus derechos al igual que las y los trabajadores”.

Al hablar a favor, el diputado Irán Santiago Manuel (Morena) subrayó que se busca una reforma para que la justicia realmente beneficie a los que menos tienen; su aprobación, aseguró, garantiza que la voluntad del pueblo se respete al tener un Poder Judicial que no esté al servicio de los poderes fácticos, ni de los más ricos del país.

Por el PRI, la diputada Laura Lorena Haro Ramírez lamentó que hoy se esté perdiendo la independencia del Poder Judicial y la profesionalización de quienes hoy imparten justicia; sin embargo, aclaró que existen tratados internacionales y la Constitución establece que estos adquieren el rango de máxima ley. “Estamos aún a tiempo de reflexionar, si no, nos veremos en 2025 cuando México dé cuentas en torno a los tratados internacionales de los que somos parte”.

La Diputada Flor Ivone Morales Miranda (MORENA) destacó que la reforma es de gran trascendencia para el país, pero principalmente para las personas que buscan que exista una verdadera justicia. Se modificará el Poder Judicial de manera que se asegure la autonomía, independencia y la administración de justicia de manera pronta y expedita y se consolidará la participación ciudadana en la designación de jueces, magistrados y ministros con la creación del Tribunal de Disciplina Judicial.

Irma Yordana Garay Loredo, Diputada el PT, mencionó que una reforma al Poder Judicial es necesaria para el progreso de la sociedad, ya que una de las funciones principales de la fundación Estado-Nación es proteger a sus ciudadanos; por eso, se debe atender la deuda histórica respecto a la impartición de justicia en México. “Todo cambio histórico conlleva grandes resistencias, trastoca intereses, pero es ahí donde están los males nacionales”.

El Diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (MORENA) se pronunció a favor del proyecto, porque se propone un modelo democrático para elegir jueces con candados muy importantes y se fortalece el control constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto al presupuesto y autonomía del Poder Judicial, “están intocados, podrá hacer su propuesta de presupuesto la próxima Legislatura y tendrá más que en 2024”.

Llamó a apostar y cuidar al nuevo modelo y hacer que funcione, que las campañas no sean de territorio, propaganda, reuniones, publicidad o popularidad, sino de exposición en medios públicos con difusión nacional y que los prospectos muestren sus conocimientos en cada ciudad, jurisdicción, distrito y circuito judicial.

Comisión de Puntos Constitucionales aprobó, en lo general, reformas al Poder Judicial de la Federación

• Establece la elección directa y secreta de ministros, magistrados y jueces, por la ciudadanía

• Sustituye el Consejo de la Judicatura Federal por el Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano de administración judicial

• Determina que la remuneración de las personas servidoras públicas del Poder Judicial no podrá ser mayor a la del presidente

La Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el Diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (MORENA), aprobó en lo general, por 22 votos a favor, 17 en contra y cero abstenciones, el dictamen que modifica diversos artículos de la Constitución Política, en materia de reforma del Poder Judicial, y establece que los puestos de ministros, magistrados de Circuito y jueces de Distrito sean designados por medio de elección popular.

El documento, que deriva de una iniciativa presentada el 5 de febrero de 2024 por el Ejecutivo Federal, y diversas propuestas de diputadas y diputados, sustituye al Consejo de la Judicatura Federal por el nuevo Órgano de Administración Judicial y la Comisión de Disciplina Judicial por el Tribunal de Disciplina Judicial.

Para lo particular, se dio cuenta de 330 reservas a través de 34 legisladoras y legisladores de los diferentes grupos parlamentarios, a la totalidad del proyecto, es decir, a los artículos: 17, 20, 76, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 107, 110, 111, 113, 116, 122 y 123 de la Constitución Política, así como transitorios: Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primero y Décimo Segundo.

MORENA, por medio de 16 diputadas o diputados, presentó 71 reservas; PAN, con 6 legisladoras o legisladores, 49; del PRI, por medio de 6 diputadas o diputados, un total de 106 reservas; una o un diputado del PVEM dos reservas; dos representantes del PT un total de 4 reservas y dos de MC, 70, mientras que la diputada Susana Prieto Terrazas (sin partido), 28.

Elección libre, directa y secreta por la ciudadanía

El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales expone que la administración del Poder Judicial de la Federación estará a cargo de un órgano de administración judicial, mientras que la disciplina de su personal estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial.

Precisa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de nueve integrantes, ministras y ministros, y funcionará en Pleno. Su presidencia se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación.

Las ministras y ministros de la SCJ N durarán en el cargo doce años y solo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. Además, ninguna persona que ha sido ministro podrá ser electa para un nuevo periodo.

Entre los requisitos para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se deberá poseer el día de la publicación de la convocatoria título profesional de licenciado en derecho expedido legalmente, un promedio general de calificación de cuando menos ocho puntos o su equivalente y de nueve puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, y práctica profesional de cuando menos cinco años en el ejercicio de la actividad jurídica.

Las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito, serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía el día que se realicen las elecciones federales ordinarias del año que corresponda.

Además, el Senado de la República publicará la convocatoria para la integración del listado de candidaturas dentro de los 30 días naturales siguientes a la instalación del primer periodo ordinario de sesiones del año anterior al de la elección que corresponda, que contendrá las etapas completas del procedimiento, sus fechas y plazos improrrogables y los cargos a elegir. El órgano de administración judicial hará del conocimiento del Senado los cargos sujetos a elección, la especialización por materia, el circuito judicial respectivo y demás información que requiera.

Los Poderes de la Unión postularán el número de candidaturas que corresponda a cada cargo. Los Poderes establecerán mecanismos públicos, abiertos, transparentes, inclusivos y accesibles que permitan la participación de todas las personas interesadas que acrediten los requisitos establecidos en esta Constitución y en las leyes, presenten un ensayo de tres cuartillas donde justifiquen los motivos de su postulación y remitan cinco cartas de referencia de sus vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo.

Cada Poder integrará un Comité de Evaluación conformado por cinco personas reconocidas en la actividad jurídica, que recibirá los expedientes de las personas aspirantes, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales e identificará a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

El Senado de la República recibirá las postulaciones y remitirá los listados al Instituto Nacional Electoral a más tardar el 12 de febrero del año de la elección que corresponda, a efecto de que organice el proceso electivo. Las personas candidatas podrán ser postuladas simultáneamente por uno o varios Poderes de la Unión, siempre que aspiren al mismo cargo. Los Poderes que no remitan sus postulaciones al término del plazo previsto en la convocatoria no podrán hacerlo posteriormente.

El Instituto Nacional Electoral efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres. También declarará la validez de la elección y enviará sus resultados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el caso de magistraturas electorales, quienes resolverán las impugnaciones antes de que el Senado de la República instale el primer periodo ordinario de sesiones del año de la elección que corresponda, fecha en que las personas aspirantes electas tomarán protesta de su encargo ante dicho órgano legislativo.

Subraya que el Poder Ejecutivo postulará por conducto de la persona titular de la Presidencia de la República hasta tres personas aspirantes para el caso de ministras y ministros de la SCJN, magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial; el Poder Legislativo postulará hasta tres personas, una por la Cámara de Diputados y dos por el Senado, mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes, y el Poder Judicial de la Federación, por conducto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, postulará hasta tres personas por mayoría de seis votos.

Las personas candidatas tendrán derecho de acceso a radio y televisión de manera igualitaria, conforme a la distribución del tiempo que señale la ley y determine el Instituto Nacional Electoral. Podrán, además, participar en foros de debate organizados por el propio Instituto o en aquéllos brindados gratuitamente por el sector público, privado o social en condiciones de equidad.

Para todos los cargos de elección dentro del Poder Judicial de la Federación estará prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas, así como la contratación por sí o por interpósita persona de espacios en radio y televisión o de cualquier otro medio de comunicación para promocionar candidatas y candidatos. Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna

Las magistradas y los magistrados de Circuito, así como las juezas y los jueces de Distrito durarán en su encargo nueve años y podrán ser reelectos de forma consecutiva cada que concluya su periodo. No podrán ser readscritos fuera del circuito judicial en el que hayan sido electos, salvo que por causa excepcional lo determine el Tribunal de Disciplina Judicial.

Argumenta que, para ser electo magistrada o magistrado de Circuito, así como jueza o juez de Distrito, se necesita ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; contar el día de la publicación de la convocatoria con título de licenciatura en derecho expedido legalmente y haber obtenido un promedio general de calificación de cuando menos ocho puntos o su equivalente y de nueve puntos o equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado.

Cualquier persona o autoridad podrá denunciar ante el Tribunal de Disciplina Judicial hechos que pudieran ser objeto de responsabilidad administrativa o penal cometidos por alguna persona servidora pública del Poder Judicial de la Federación, incluyendo ministros, magistrados y jueces, a efecto de que investigue y, en su caso, sancione la conducta denunciada. El Tribunal de Disciplina Judicial conducirá y sustanciará sus procedimientos de manera pronta, completa, expedita e imparcial, conforme al procedimiento que establezca la ley.

Relata que cuando la falta de una ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrada o magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrada o magistrado del Tribunal Electoral, magistrada o magistrado de Circuito y jueza o juez de Distrito excediere de un mes sin licencia o dicha falta se deba a su defunción, renuncia o cualquier causa de separación definitiva, ocupará la vacante la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en número de votos en la elección para ese cargo; en caso de declinación o imposibilidad, seguirá en orden de prelación la persona que haya obtenido mayor votación.

Tribunal de Disciplina Judicial

El documento expone que el Tribunal de Disciplina Judicial será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. Se integrará por cinco miembros electos por la ciudadanía a nivel nacional conforme al procedimiento establecido en el artículo 96 de esta Constitución.

Para ser elegibles, las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de la Constitución y ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades. Durarán seis años en su encargo, serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser electos para un nuevo período. Cada dos años se renovará la presidencia del Tribunal de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación.

El Tribunal de Disciplina Judicial funcionará en Pleno y en comisiones. El Pleno será la autoridad substanciadora en los términos que establezca la ley y resolverá en segunda instancia los asuntos de su competencia. Podrá ordenar oficiosamente o por denuncia el inicio de investigaciones, atraer procedimientos relacionados con faltas graves o hechos que las leyes señalen como delitos, ordenar medidas cautelares y de apremio y sancionar a las personas servidoras públicas que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, a la administración de justicia o a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia, además de los asuntos que la ley determine.

Además, el Tribunal podrá dar vista al Ministerio Público competente ante la posible comisión de delitos y, sin perjuicio de sus atribuciones sancionadoras, solicitar el juicio político de las personas juzgadoras electas por voto popular ante la Cámara de Diputados.

Las sanciones que emita el Tribunal podrán incluir la amonestación, suspensión, sanción económica, destitución e inhabilitación de las personas servidoras públicas, con excepción de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y magistradas y magistrados electorales, que sólo podrán ser removidos en los términos del Título Cuarto de la Constitución.

El Tribunal evaluará el desempeño de las magistradas y magistrados de Circuito y las juezas y jueces de Distrito que resulten electas en la elección federal que corresponda durante su primer año de ejercicio. La ley establecerá los métodos, criterios e indicadores aplicables a dicha evaluación.

De igual modo, el dictamen precisa que, en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no estén previstos en la ley.

Artículos transitorios

En los transitorios resalta que el proceso electoral extraordinario 2024-2025 dará inicio el día de la entrada en vigor del presente Decreto. En dicha elección se elegirán la totalidad de los cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistraturas vacantes de la Sala Superior y la totalidad de las magistradas y magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, así como la mitad de los cargos de magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito, en los términos del presente artículo.

Las personas que se encuentren en funciones en los cargos señalados en el párrafo anterior al cierre de la convocatoria que emita el Senado serán incorporadas a los listados para participar en la elección extraordinaria del año 2025, excepto cuando manifiesten la declinación de su candidatura previo al cierre de la convocatoria o sean postuladas para un cargo o circuito judicial diverso. En caso de no resultar electas por la ciudadanía para ejercer su encargo por un nuevo periodo, concluirán su encargo en la fecha que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección extraordinaria conforme a las disposiciones transitorias aplicables del presente Decreto.

Menciona que el Senado de la República tendrá un plazo de treinta días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto para emitir la convocatoria para integrar los listados de las personas candidatas que participen en la elección extraordinaria para renovar los cargos del Poder Judicial de la Federación.

Para el caso de magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito, la elección será escalonada, renovándose la mitad de los cargos correspondientes a cada circuito judicial en la elección extraordinaria del año 2025 y la parte restante en la elección federal ordinaria del año 2027.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral podrá emitir los acuerdos que estime necesarios para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral extraordinario del año 2025 y para garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales aplicables para los procesos electorales federales, observando los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. Las y los consejeros del Poder Legislativo y las y los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General no podrán participar en las acciones, actividades y sesiones relacionadas a este proceso.

Las boletas electorales contendrán, entre otros datos, el cargo, la entidad federativa y, en su caso, el circuito judicial que corresponda a cada tipo de elección. Llevarán impresas al anverso los nombres completos numerados de las personas candidatas distribuidos por orden alfabético y progresivo iniciando por el apellido paterno, e indicando la especialización por materia cuando corresponda.

Además, la jornada electoral se celebrará el primer domingo de junio del año 2025. Podrán participar como observadoras las personas o agrupaciones acreditadas por el Instituto, con excepción de representantes o militantes de un partido político. Las personas que resulten electas tomarán protesta de su encargo ante el Senado de la República el 1º de septiembre de 2025.

El periodo de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resulten electos en la elección extraordinaria que se celebre conforme a lo previsto en el artículo Segundo transitorio durarán ocho y once años, por lo que vencerá el año 2033 y 2036 para cuatro y cinco de ellos, respectivamente. Los periodos que correspondan a cada cargo se determinarán en función del número de votos que obtenga cada candidatura, correspondiendo un periodo mayor a quienes alcancen mayor votación.

Lo anterior no será aplicable a las ministras y ministros en funciones que sean electos en la elección extraordinaria del año 2025, quienes ejercerán el cargo por el periodo que reste a su nombramiento original.

Las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que estén en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto permanecerán en su encargo hasta el año 2027, concluyendo en la fecha que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección federal ordinaria que se celebre para tal efecto.

El periodo de las magistradas y magistrados electorales de la Sala Superior que sean electos en la elección extraordinaria del año 2025 durará ocho años, por lo que vencerá en el año 2033; mientras que el periodo de las Magistradas y Magistrados electorales de la Sala Superior que resulten electos en la elección federal ordinaria del año 2027 durará seis años, por lo que vencerá el año 2033.

El periodo de las magistradas y magistrados electorales de salas regionales que resulten electos en la elección extraordinaria del año 2025 durará ocho años, y vencerá el año 2033. Además, la ley preverá la extinción de la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a más tardar el 1 º de septiembre de 2025, por lo que sus magistraturas no se renovarán en la elección extraordinaria del año 2025.

De igual modo, precisa que el Consejo de la Judicatura Federal continuará ejerciendo las facultades y atribuciones de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta en tanto sean creados el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial.

El período de las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial que sean electos conforme al presente artículo transitorio vencerá el año 2030 para tres de ellos, y el año 2033 para los dos restantes. Los periodos que correspondan a cada cargo se determinarán en función del número de votos que obtenga cada candidatura, correspondiendo un periodo mayor a quienes alcancen mayor votación.

Las consejeras y consejeros de la Judicatura Federal que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto podrán postularse y participar en la elección extraordinaria del año 2025 para integrar el Tribunal de Disciplina Judicial u otro cargo de elección popular del Poder Judicial de la Federación por el periodo que corresponda cuando cumplan con los requisitos constitucionales y legales aplicables.

Determina que las remuneraciones de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación y de los Poderes Judiciales de las entidades federativas y de la Ciudad de México que estén en funciones al momento de la entrada en vigor del presente Decreto no podrán ser mayores a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente, por lo que deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el artículo 127 de esta Constitución en los casos que corresponda, sin responsabilidad para los Poderes Judiciales.

Las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyan su encargo por no postularse o no haber sido electos en la elección extraordinaria del año 2025, no serán beneficiarias de un haber por retiro, salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes de la fecha de cierre de la convocatoria señalada en la fracción I del artículo 96 de este Decreto, misma que tendrá efectos al 31 de agosto de 2025; en estos casos, el haber de retiro será proporcional al tiempo de su desempeño.

Los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad. Los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que corresponda considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral, en los términos que establezcan las leyes o las condiciones generales de trabajo aplicables.

Los órganos del Poder Judicial de la Federación y, en su caso, de las entidades federativas, llevarán a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no se encuentren previstos en una ley secundaria, por lo que tendrán un plazo máximo de noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto para enterar la totalidad de los recursos remanentes en dichos instrumentos, así como los productos y aprovechamientos derivados de los mismos, a la Tesorería de la Federación o de las entidades federativas, según corresponda.

Los recursos federales a que se refiere el párrafo anterior deberán ser concentrados por concepto de aprovechamientos en la Tesorería de la Federación y se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la implementación del presente Decreto y a los demás fines que esta determine.

Para la interpretación y aplicación de este Decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial.