“Impartición, Procuración de Justicia y Seguridad Pública”, tema del noveno foro de los diálogos nacionales

• En Culiacán, Sinaloa, diputados federales y locales, senador, gobernador y magistrado local exponen sus postura

Con el tema “Impartición, Procuración de Justicia y Seguridad Pública”, este jueves, la Cámara de Diputados realiza en Culiacán, Sinaloa, el noveno y último foro de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial, enviadas por el Ejecutivo Federal.

Cambiar pronto y radicalmente los criterios judiciales

En las instalaciones del Congreso del Estado de Sinaloa, el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (MORENA), expresó que el tema que hoy se discute y que enmarca toda la discusión del sistema de justicia en México, es fundamental para entender lo que se pretende hacer para empezar a “cambiar pronto y radicalmente los criterios judiciales y los criterios con que se imparte justicia en el país”.

Sugirió que el artículo primero constitucional, que instituye el valor de los derechos humanos como columna vertebral de una nueva Constitución en México y de una nueva forma de actuar por parte de todas las autoridades del Estado mexicano, “hay que cuidarlo y conservarlo”, pero se tienen que ajustar dos cosas: que el control de los actos de las autoridades se concentre en una nueva Suprema Corte de Justicia que hoy está distribuida de manera desordenada en todos los jueces del país y que en ocasiones se contradicen.

Los derechos humanos, reconoció, son importantes, pero no es lo único que puede atender el Estado y gobierno, “hay valores igualmente importantes, socialmente ineludibles, como el de la paz social que se consigue dando seguridad pública al país”. Además, los jueces tienen que asumirse corresponsables al momento de actuar y resolver la seguridad pública del país, lo cual se tiene que inscribir muy pronto en la Carta Magna. “Se tiene que devolver la función reintegradora de la paz pública a los jueces del país”.

Afirmó que lo que se quiere es que haya un relevo con otro método de elección de la judicatura en México para que cambien los criterios sociales. En este foro y con el tema que hoy se discute, añadió, “nos puede quedar muy claro cómo son muy disolubles esas tres tareas: procurar la justicia, impartir la justicia y conseguir con ello, entre otras cosas, la seguridad pública para los y las mexicanas”.

Es una iniciativa de gran calado

El Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA, Diputado Ignacio Mier Velazco, recordó que seis de los ocho foros estaban directamente vinculados con los 16 artículos que se pretenden reformar de la Constitución Política en materia del Poder Judicial, pero se incluyeron dos temas fundamentales para una revisión integral y puntual de todo el sistema de procuración e impartición de justicia y su componente de seguridad pública, así como la defensoría de oficio.

Indicó que de los más de dos millones y medio de temas y asuntos que se ventilan por diferentes razones en el Poder Judicial, el 72 por ciento son atendidos por un defensor de oficio, con sueldos malos, con falta de articulación, y cada uno de los defensores de oficio ve más de 800 asuntos. “Por eso tocamos estos temas, que son una triada que garantice efectivamente las garantías que establece la Constitución, para contar con una justicia pronta, expedita y gratuita”.

Mier Velazco precisó que la propuesta del Ejecutivo Federal presentada en febrero, es una iniciativa de gran calado, y el plan C de su movimiento tiene, como punta de lanza, la reforma a Poder Judicial. “Estamos cumpliendo un mandato que nos dio el pueblo de México. Somos mayoría, pero creemos en la democracia, la cual se sustenta en el diálogo y en la tolerancia; por ello, estamos escuchando todas las voces”.

Estos diálogos, afirmó, son para mejorar y garantizar un dictamen que está trabajando de manera acertada la Comisión de Puntos Constitucionales. Hoy, “puedo decir que, en los próximos días, en un ejercicio de transparencia con el pueblo de México, vamos a empezar a perfilar lo que se ha venido confeccionando en los foros. Tenemos que encontrar por el bien del país, en tolerancia, democracia y en el ejercicio dialéctico, un dictamen que dé respuestas, para que haya una total y auténtica autonomía del Poder Judicial, independencia de cualquier poder fáctico y haya justicia pronta, gratuita y expedita”.

Hay que incluir procuración y seguridad pública

El Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA, Ricardo Monreal Ávila, puntualizó que es ineludible abordar este tema que no está incluido en la iniciativa presidencial porque no puede haber una modificación profunda al sistema de justicia sin la procuración y sin la seguridad pública.

La justicia, destacó, debe ser vista como un pilar en donde se edifique el respeto a la ley y la equidad de la sociedad; por su parte, la seguridad pública es una de las exigencias más sentidas de la ciudadanía y necesita ser atendida de manera eficiente y oportuna por el gobierno, porque ambos rubros presentan un déficit y desafíos importantes.

Afirmó que, como función del Estado, la seguridad pública es el medio idóneo para la realización del valor supremo del derecho que es la seguridad en su concepción genérica hacia el Estado por medio de la coordinación de actividades como la prevención, persecución, sanción, salvaguarda.

Una de las casusas estructurales relacionadas con la impunidad y falta de justicia que ha padecido el país es la ausencia de una verdadera independencia de las instituciones encargadas de impartirla, así como el distanciamiento que existe entre la sociedad con las autoridades judiciales; por ello, la necesidad de revisar y ajustar la organización y funcionamiento del Poder Judicial para garantizar un auténtico equilibrio y respeto entre los poderes de la Unión, asegurando transparencia y rendición de cuentas en la actuación de cada uno.

Reforma al sistema jurídico mexicano es tema de humanización

El Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa, diputado Feliciano Castro Meléndrez (MORENA), dijo estar a favor de la reforma al Poder Judicial y que los juzgadores sean electos por el pueblo. “Seremos los primeros en el mundo en hacerlo en la dimensión que se busca, como lo fuimos al haber consagrado los derechos sociales en la Constitución”.

Mencionó que la democratización de la justicia supone tener como concepto la dimensión suprema de la política con sentido ético: el humanismo. La reforma al Poder Judicial trata de trascender la indiferencia, la lejanía, a actitud inhumana y la frialdad que habita en los despachos donde se redactan las sentencias.

La justicia, resaltó, no puede ser aislada y ajena al pueblo, por lo que la reforma al sistema jurídico mexicano es un tema de humanización y democratización de la procuración e impartición de la justicia.

“Si alguien sabe de la gran deuda del Poder Judicial es el propio pueblo. Los juzgadores deben ser gente comprometida con el pueblo y, al nombrarlos, uno de sus perfiles deberá ser la sensibilidad social; deben saber el significado de la calle y tener sentido de pertenencia al pueblo”, abundó.

Escuchar las voces de actores clave en una lógica democrática

El Magistrado Jesús Iván Chávez Rangel, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, resaltó que estos diálogos han puesto a prueba el compromiso y el talante de los actores involucrados en velar por la impartición de justicia en el país. “No se trata de que todos estemos de acuerdo y menos en un tema tan complejo y digno de atención, lo valioso de estos ejercicios es haber construido un cauce institucional para escuchar las voces de los actores clave de la reforma en una lógica democrática”.

La gran valía de una reforma de estas características, dijo, es impulsar a todos los que integran el sistema de justicia, hablar de sí mismos y evaluar con un sentido autocrítico, cuáles son los temas que deben componer la agenda que fortalezca el sistema de justicia nacional.

Manifestó que son muchos los temas que incluye la reforma constitucional, pero ha marcado la atención la incorporación de un mecanismo de voto directo para la designación de magistrados y jueces. Afirmó que sí es posible consolidar perfiles técnicamente aptos y fortalecer su presencia ante la ciudadanía con el manto de legitimidad que brinda el voto directo.

Aseguró que no debe ser una cuestión a la que deba temer la comunidad judicial, no se está liberando la cuestión relativa a quitar criterios de profesionalidad; el incorporar algún tipo de voto directo no tiene por qué entenderse en otro sentido distinto que es el de fortalecer la legitimidad del Poder Judicial. “Es un mecanismo que le sirve al sistema de justicia porque alienta la confianza ciudadana, compromete a la persona juzgadora y empodera al pueblo porque es quien pone y quita”.

Nuevo modelo de justicia debe hacer a jueces garantes de la paz

El Gobernador del Estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dijo que el nuevo modelo constitucional de justicia debe hacer de jueces, tribunales y fiscales, garantes de la paz social y esto sólo será posible si es la ciudadanía la que los elige con su voto, dotándolos de legitimidad para responderle al pueblo con acierto y transparencia.

Afirmó que el país requiere una reforma de derechos y el punto toral de ésta, es el acceso a la justicia y el derecho del pueblo a decidir con su voto quiénes serán los juzgadores, ministros, magistrados y jueces. “Es necesaria una reforma para el pueblo porque hoy la distancia entre las personas y sus tribunales es abismal y no se puede administrar justicia alejados de la ciudadanía, la justicia sin el pueblo no existe”.

También, abundó, se requiere una reforma para la paz; la seguridad se obtiene al alcanzar el derecho a una respuesta judicial efectiva y la justicia debe tener como función construir la paz. “Es importante sumar a un Poder Judicial eficiente y justo, necesitamos que la justicia sea justa y más comprometido con sus deberes y la ciudadanía”.

Reiteró que en muchas de sus funciones el Poder Judicial se ha extraviado y desviado, lo que pone en entredicho su imparcialidad, autonomía e independencia; por ello, la reforma se finca en el hecho de que no puede haber justicia si los órganos responsables de garantizarla muestran incapacidad o desinterés por cumplir con sus deberes. “La inmensa mayoría de los sinaloenses estamos convencidos de la necesidad de esta reforma, por eso la apoyamos”.

Concluye el octavo foro de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial

• En Saltillo, Coahuila, se abordó el tema “Defensoría de Oficio y Colegiación del Ejercicio de la Abogacía”

Diputados, integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), abogados y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), participaron en el octavo foro de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial, que organizó la Cámara de Diputados, en Saltillo, Coahuila, con el tema “Defensoría de Oficio y Colegiación del Ejercicio de la Abogacía”.

Falso, que se esté en contra de quitar ninguna coma a la iniciativa

El Diputado Leonel Godoy Rangel (MORENA) resaltó que es falso que se esté en contra de que ninguna coma se le quite a la iniciativa; “ya lo verán los próximos días” cuando concluyan los foros y se tenga un panorama del sistema integral de justicia penal y, en su momento, los que sean legisladoras y legisladores podrán presentar iniciativas al respecto, donde también el Poder Judicial tiene la atribución de presentar iniciativas y “ojalá lo haga”.

También, indicó, es falso que solo se han dado cuatro horas al Poder Judicial para exponer sus posturas y recordó que han hablado en diversos foros, por lo que afirmó que ha habido apertura porque se debe discutir y debatir, ya que “necesitamos escucharnos y ver qué le conviene al pueblo de México. Habrá temas que queremos que se debatan y que no están en la propuesta del 5 de febrero del presidente de la República”.

La defensoría pública ha tomado un valor importante

Miguel Humberto Rodarte De Lara, Diputado del PAN, consideró que este tema y el del siguiente foro son los que verdaderamente deberían tener una reforma judicial por el beneficio del pueblo mexicano, como es la procuración de justicia, la defensoría pública, reforma a los poderes judiciales locales e incluso la colegiación obligatoria. “Esos son los temas que deberíamos estará viendo”.

Argumentó que lo que realmente le afecta a la gente, día con día en la justicia cotidiana es no tener acceso a una defensa, a alguien que les resuelva su problema y les dé justicia. “Para el PAN, el tema de la defensoría pública ha tomado un valor importantísimo, porque se defiende la dignidad de la persona humana y, para ello, la gente debe tener acceso a una defensa gratuita, profesional y de calidad”.

Colegiación y defensoría pública, asignaturas pendientes

El Diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante (PRI) puntualizó que hoy se tiene la oportunidad de incorporar en la reforma el tema de la colegiación obligatoria, aspecto que representa un reto para el sistema de justicia, sobre todo para quienes tenemos la obligación de legislar y ofrecer una alternativa que permita al pueblo acceder de manera plena a todos los derechos y a un sistema de justicia humano, accesible, transparente y eficiente.

Añadió que la defensoría pública, el papel de las y los abogados, así como la planeación judicial en el país también son asignaturas pendientes. Solicitó información sobre cuál podría ser un esquema de gradualidad asertivo para la implementación de una posible reforma en materia de defensoría pública.

No se ha logrado que haya una defensoría eficaz

Gerardo Fernández Noroña, Diputado del PT, subrayó que en pleno siglo XXI no se ha logrado que haya una defensoría eficaz para el pueblo de México. Mencionó que el 84 por ciento de la población va con defensores de oficio, quienes están “sobrecargados, mal pagados, vistos por encima del hombro por sus colegas como si defender al pueblo de México fuera un trabajo degradante cuando es un trabajo fundamental”.

Mencionó que se asignaron 78 mil 326 millones de pesos de presupuesto al Poder Judicial de la Federación, de esos cinco mil 787 son para la Suprema Corte, 68 mil 917 para el Consejo de la Judicatura y tres mil 622 para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sostuvo que hay trabajadores y trabajadoras que no se dan cuenta que esta reforma al Poder Judicial les está abriendo la puerta a muchos que nunca serían juzgadores para que lo sean.

En tema de colegiación hay un problema sistémico

Por MC, el Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo llamó a revisar de manera sistémica todo lo que implica la reforma de este calado, “pues no puede hacerse en la premura del tiempo; debe materializarse sobre espacios de discusión más amplios y revisar el eje central”.

Comentó que en el tema de colegiación hay un problema sistémico, en la diferenciación de las universidades públicas y las llamadas patito; creo que “ahí hay una responsabilidad compartida”, pese a que en algunas instituciones sí hay problemas estructurales. La colegiación no se resuelve por arte de magia, es un problema sistémico. “Debemos verificar qué van a garantizar los colegios y debemos saber qué ofrecen para la profesionalización de las carreras”.

La reforma amplía los derechos de las personas

El Diputado Francisco Javier Borrego Adame (MORENA) relató que él pertenece a un distrito de los más pobres de Coahuila y ahí piden justicia. Hay ciudadanos que están sin una oportunidad de que se les escuche que tienen mucho tiempo en las cárceles y ni siquiera les han avisado por qué están ahí.

Por ello, indicó, es importante que las y los diputados como representantes populares hagan saber cuáles son las necesidades de la gente que clama justicia. Dijo estar a favor de la reforma porque amplía los derechos de las personas y estos foros son ilustrativos, con reflexiones que se valoran y se debatirán en la legislación secundaria.

No hay poder de la República que pueda ser perfecto

Del PRI, el Diputado Yerico Abramo Masso resaltó que hoy México requiere certidumbre; por ello, la importancia de este diálogo para lograr las cosas que le hacen falta a México. “Efectivamente, no hay poder de la República que pueda ser perfecto, ni el Ejecutivo ni el Legislativo ni el Judicial, pero hay voluntad de los mexicanos de que las cosas cambien”.

Agregó que en el país un defensor de oficio atiende a 117 personas al año y un ministerio público a 227 temas o carpetas por año; en 2022, se abrieron dos millones de carpetas, de las cuales el 53 por ciento siguen abiertas y el 43 por ciento se cerraron, pero solamente se llegó a sentencia en el 4.6 por ciento. “Eso exige la gente de México; se necesitan juzgadores con apego a derecho y con criterios claros en la defensa de las y los ciudadanos. Ese es el Poder Judicial que todos deseamos”.

Importante, la representación en tribunales

El Diputado Hamlet García Almaguer (MORENA) dijo que la representación en tribunales es importante, dado que se juega el patrimonio y la libertad de las personas y quienes sufren una inadecuada representación son las personas en situación de pobreza debido a las desigualdades, injusticias y discriminaciones, lo cual ocurre en todos los ámbitos.

Consideró que quien aspira a litigar en materia mercantil tendría que contar con conocimientos en esa materia, quien pretenda representar en materia penal de igual forma, y en materia electoral tiene que ser electoralista. Por ello, preguntó a los expertos su opinión sobre la especialización para la colegiación.

Respuestas de ponentes

La Consejera de la Judicatura Federal, Celia Maya García, comentó que la demanda de justicia en el país es inmensa y la gente no está contenta. “Sí sé lo que es el Poder Judicial, ya que fui juez, e incluso hoy como consejera la gente me busca para señalarme deficiencias. La gente no está contenta con la justicia”.

Con esta reforma, aseguró, se busca dar respuesta y creo que los colegios de abogados tendrán que estar presentes, pero como no es posible hoy tener una democracia como la de Atenas, en donde vayamos todos y hablemos, lo debemos hacer con la representación de los abogados, “por lo que hoy más que nunca se necesita hacer presencia porque se trata de una reforma de justicia”.

Destacó que la reforma que se está proponiendo de que intervenga el pueblo para elegir a los integrantes del Poder Judicial fortalece la división de poderes y la independencia del Poder Judicial, “porque ahora todos los integrantes estarán legitimados porque fueron electos por el pueblo”.

La Magistrada Taissia Cruz Parcero, Directora General del Instituto Federal de Defensoría Pública, planteó fortalecer el federalismo y a partir de eso crear una ley general que homologue, estandarice y coordine a las defensorías, “porque muchos casos que se conocen en la defensoría pública federal tienen alguna ramificación a la justicia local o viceversa”.

Pidió que en este diálogo, con la posibilidad de llevar a cabo una reforma que incorpore el tema de defensorías, puedan participar directamente las defensorías públicas tanto federal como las locales, porque hace falta mucho conocimiento respecto de su trabajo.

Juan Guillermo Ávila Sarabia, Integrante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados capítulo Nuevo León, precisó que lo que se propone en la ley general que rija la abogacía son estándares mínimos para todos y cada uno de los colegios para que los abogados ejerzan su profesión en el marco de la legalidad “y que se les exija conforme a lo que son: defensores de una causa”.

En materia de defensoría pública, estimó que algo que puede funcionar muy bien y que no necesariamente impactaría al presupuesto público, es que los defensores privados tengan la obligación por ley de prestar trabajo pro bono, lo cual funciona muy bien en otros países.

A su vez, el representante de los trabajadores del PJF, José Guadalupe Méndez de Lira, destacó que el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de los estados “somos gente del pueblo y hemos nacido y crecido en él con nuestro propio esfuerzo. Le apostamos a que no haya privilegios”.

Recordó que la soberanía del pueblo no se ejerce solamente de manera directa mediante el voto popular, sino también de manera indirecta por medio de la democracia participativa y lo que ahora se discute es volver a cuestionar algo que los Constituyentes rechazaron, como es el voto popular de jueces y magistrados, por muchas razones.

Sandra Lucía Rodríguez Wong, Candidata al Doctorado en Derecho Constitucional y catedrática, de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, indicó que la ley general marcará los mínimos o los elementos que tendrán que buscarse para todas y cada una de las defensorías del país, y a partir de ella tendrán que sujetarse los demás estados a su estructura y a sus elementos mínimos indispensables y sería obligatoria para todos los estados y defensorías públicas.

El Coordinador de la Comisión de Derecho Constitucional del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, Ricardo Antonio Silva Díaz, dijo coincidir en la especialización de los abogados para ejercer la profesión; se requiere todo un marco regulatorio sobre la intervención del Estado, la autonomía universitaria, la educación superior y los colegios para generar ese engranaje que permita que la justicia llegue a la gente.

Hoy, añadió, tenemos que atender el problema de raíz, y es que la abogacía mexicana requiere de profesionalización, responsabilidad y ética. “Es injusto acusar a las y los juzgadores de las cuestiones que están pasando en los tribunales por el problema de las y los abogados”.

Rogelio Rodríguez Garduño, analista jurídico y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, dijo que se tiene que apoyar la carrera judicial y consideró indispensable triplicar el número de juzgados federales, colegiados de apelación y de circuito, así como los tribunales. Es importante evitar que todo se judicialice; se debe cambiar esta cultura.

El Titular del Área de Derecho Administrativo en Martínez Arrieta Abogados, Olmo Guerrero Martínez, puntualizó que los colegios deben ofrecer la garantía de una profesionalización constante y especializada, así como la existencia y creación de un régimen disciplinario para el gremio. “Creo que en la colegiación sí hay que ver todas las características y garantías para que no resulte contraproducente pero sí entenderlo como un medio para mejorar el ejercicio profesional”.

Diana Berenice López Gómez, trabajadora del Poder Judicial, consideró que se necesitan más órganos jurisdiccionales y no destruir al Poder Judicial Federal. “Que los jueces y magistrados sean los que elijan al personal, porque la obligación del juez no sólo es dictar las sentencias; el juez tiene una triple obligación en los juzgados de distrito, una es administrativa, otra el orden laboral que debe guardar el juzgado y otra es el dictado de la sentencia”.

La Cámara de Diputados realizó en Chiapas el Cuarto Foro de los Diálogos Nacionales sobre reformas constitucionales al Poder Judicial

• Participantes destacan importancia de discutir y analizar las propuestas para mejorarlo

Diputada, diputados y senadora, así como magistrado, consejeros, jueces y especialistas, participaron este martes en el Cuarto Foro de los Diálogos Nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial, enviadas por el Ejecutivo Federal, que se realizó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para abordar el tema “División de Poderes: Medios Legales y Constitucionales”.

Se debe garantizar el acceso a una justicia pronta y expedita

La Diputada Adriana Bustamante Castellanos (MORENA) comentó que a la población le interesa que cuando sus derechos sean violentados encuentren un Poder Judicial cercano, amable, justo y austero. “Coincidimos con la relevancia de discutir y construir una reforma más amplia que no solo impacte la estructura de los poderes judiciales, sino que realmente impacte en el acceso a la justicia de las personas”.

Explicó que ningún artículo de los que se están proponiendo atenta con la democracia, todo lo contrario, la fortalece y la hace transparente, amable, honesta y justa. También, dijo, la reforma propone reorganizar la integración de los órganos del Poder Judicial, particularmente del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los poderes judiciales locales.

Defender derechos constitucionales

Miguel Humberto Rodarte De Lara, Diputado del PAN, precisó que el foro es importante porque aborda cuáles son los medios constitucionales que se tienen para resolver o que el pueblo tiene para resolver problemas entre los poderes o entre las ramas del poder; debemos preguntarnos hacia dónde vamos y qué queremos. Llamó a cuestionarse si se quiere quitar al Poder Judicial el derecho de que pueda defender a la población o acotar ciertas normas constitucionales.

Dijo estar de acuerdo en reformar y revisar todo lo que tenga que ver con el Poder Judicial, pero se deben repensar ciertas cosas, porque que si no se hace bien podría haber un retroceso. “Hay coincidencias en que al Poder Judicial le hace falta una revisada y en que las cosas buenas van a ir en consenso, que las fiscalías deben ser reformadas y revisadas, en modernizar a los poderes locales y en defender a la gente; por ello, como oposición trataremos de defender lo que se ha ganado en materia de defensa de derechos constitucionales”.

El pueblo es soberano

Gerardo Fernández Noroña, Diputado del PT, afirmó que con estos foros queda sentado que hay una discusión sobre la división de poderes, pero “esa división no es confrontación ni mucho menos contrapesos”. Mencionó que el pueblo es soberano, pero se le sigue regateando el derecho de tener no solo la decisión de elegir al Poder Legislativo, al titular del Ejecutivo Federal, sino la de elegir al Poder Judicial, es decir, a las personas juzgadoras.

Consideró que seguir discutiendo este tema es ocioso, porque va a ser así. “Quien quiera seguir pensado que el pueblo no va a elegir, se equivoca, ya que a partir del primer trimestre de 2025 el pueblo va a elegir al Poder Judicial; lo que se debe discutir es cómo, qué requisitos. La decisión está tomada, pero todo lo que enriquezca a esta reforma es bienvenido”.

Reforma profunda del Poder Judicial

A su vez, el Diputado Joaquín Zebadúa Alva (MORENA) expresó que en el tema de la carrera judicial hay estudios que indican que hay un sistema escalafonario donde todos los concursos son cerrados. “Hay que pasar cierto tiempo y aguantar ciertas cosas y disciplinarse para que puedas aspirar y llegar a algún lado. No hay apertura a los jóvenes y a la gente que traiga planteamientos innovadores”.

Relató que eso tiene que cambiar, “no es carrera judicial, es un espíritu de cuerpo cerrado que con el discurso del mérito se queda con todos los privilegios”. Afirmó que se pretende realizar una reforma profunda del Poder Judicial y que se elijan por voto popular a jueces, magistrados y ministros.

Se requiere de una profunda reforma al Poder Judicial

El Diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) resaltó que la reforma al Poder Judicial y la elección popular de jueces, ministros y magistrados es un hecho que se dará. “Aquí lo que estamos discutiendo es cómo mejoramos y hacemos mucho mejor la iniciativa y de eso se tratan estos foros, para escuchar las opiniones y propuestas”.

Manifestó que se requiere de una profunda reforma al Poder Judicial y lo que se debe discutir es cómo salvar el concepto que les preocupa tanto de la carrera judicial. Celebró los posicionamientos que se han dado de mayor profundidad y debate y deseó que sigan así en los siguientes foros, para llegar con una discusión enriquecida para el dictamen.

Reformas no van en la ruta de mejorar al Poder Judicial

La Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN) planteó mejorar el funcionamiento del Poder Judicial y que sirva a la sociedad de manera efectiva. “Lamentablemente las reformas propuestas no van en esa ruta”, modifican la esencia del diseño constitucional y con ello lo que está en riesgo son los diques que protegen los derechos de los ciudadanos ante el poder. “No estoy diciendo que el Poder Judicial no se toca, sí se toca, pero nuestro deber es ponernos de acuerdo en una reforma para perfeccionarlo, no para destruirlo”.

Mostró su desacuerdo en desmantelar la carrera judicial federal, ya que es indispensable contar con conocimiento, experiencia y honestidad. “La popularidad no es sustituto de la capacidad y el mérito. No estoy de acuerdo que se elijan por voto popular a los ministros, jueces y magistrados”. Consideró vital tener una reforma integral, atender la prevención del delito con educación y justicia cívica, así como reformar las instituciones de procuración de justicia federal y estatales.

Respuestas de ponentes

Javier Laynez Potisek, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoció que el Poder Judicial tiene problemas, pero se debe tener claro el diagnóstico, y comentó que el 93 por ciento de los delitos son locales y que el primer contacto con la ciudadanía siempre va a ser con la justicia local, “no se trata de echar culpa, pero ahí, nadie ha puesto atención a la justicia local y es la que más lo necesita porque es la de proximidad; siempre se reforma arriba pero no vemos lo que la ciudadanía sufre”.

Resaltó que en años no ha habido atención en la procuración de justicia; por ello, primero se requiere un diagnóstico y después decidir qué hacer. Afirmó tener dudas sobre el proceso de elección, no porque las y los mexicanos no puedan decidir, sino porque la ciudadana debería analizar un número importante de perfiles; hay funciones de Estado que no se deben llevar a una elección, como no se lleva el magisterio.

Celia Maya García, Consejera de la Judicatura Federal, subrayó que se debe reconocer que la gente en general no está de acuerdo en cómo se trabaja en la justicia. Se pronunció por aportar con los conocimientos que se tienen para llegar a la realidad y poner en la práctica la elección de jueces y magistrados.

Precisó que no basta el conocimiento técnico, tener doctorados, maestrías y muchos años de asistir a la oficina, “lo que se necesita es la sensibilidad fortalecida de ayudar y resolver la problemática de los demás”. Estimó que no se debe ver con temor esta reforma, “acerquémonos a los legisladores, vamos a dar nuestros puntos de vista, hay que construir lo que queremos”.

Mario Felipe Mata Ríos, Juez de Distrito adscrito al Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Chiapas, aseguró que la reforma no resolverá los problemas que se dice que hará, pues es cuestionable cómo alguien que empiece a ser magistrado resuelva más rápido a alguien que ya cuente con la experiencia de la carrera judicial.

Cuestionó sí realmente se le dará la oportunidad de elegir al pueblo, pues quienes propondrán las candidaturas serán el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Además, serán más de 8 mil candidaturas y cuánto tiempo se esperará a que se nombre a los magistrados y jueces federales. “Con la justicia no se juega. El Poder Judicial hace bien su papel porque su poder es tener la paz social; hay estabilidad social, gracias al Poder Judicial”.

El abogado y consultor Arturo Espinosa Silis llamó a discutir los detalles sobre cómo se va a hacer la elección popular de jueces, ministros y magistrados. En este año se eligieron 629 cargos a nivel federal y costó 10 mil millones de pesos, pero cuánto va a costar la elección de más de dos mil jueces, y preguntó si la elección popular es la única manera de legitimarlos y cómo con elegirlos popularmente se va a mejorar la impartición de justicia.

Se manifestó a favor del mecanismo de observación ciudadana, pero “ya hay muchos observatorios de la justicia electoral y análisis de las sentencias que se hacen desde la academia. Estamos para reforzar al Poder Judicial, estamos para fortalecerlo y para mejorar la impartición de justicia, no estamos para experimentar”.

El abogado y doctor en Ciencia Política, Eduardo Andrade Sánchez, resaltó que hay deficiencias en el aspecto no solo judicial, sino de procuración de justicia, y en la preparación de las personas que estudian derecho, donde hay un ámbito grande por trabajar, “razón demás para incidir en una posible mejora del ejercicio judicial”.

Añadió que podría haber una mejora en el ejercicio del Poder Judicial por una posible apertura a personas que no necesariamente forman parte de la carrera judicial; habrá un mejor proceso de selección. “La carrera judicial podría tener un impulso mayor a través de la posibilidad de ser electos, si eso se muestra en los procesos de selección, la elección será por distrito”.

Jaime Cárdenas Gracia, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que, respecto a la carrera judicial, sí hay concursos, pero habría que ver en qué porcentaje son abiertos a la ciudadanía porque “creo que más del 80 por ciento de los concursos” son cerrados, concursan entre ellos, no cualquier abogado o abogada que quiera participar se le toma en cuenta.

En el tema de las remuneraciones, subrayó que los integrantes del Poder Judicial, incluidos los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no han querido reducirse los salarios tal como indica la Constitución Política. Consideró que también se tendría que hacer una reforma a la Ley General de Educación y las normas correspondientes sobre los permisos o autorizaciones que se dan para constituir escuelas de derecho, porque hay más de dos mil.

Andrés Norberto García Repper Favila, abogado especializado en derecho electoral y procedimientos políticoconstitucionales, dijo que la carrea judicial es importante y los exámenes también; por eso, de acuerdo a lo que se ha visto, quizá sea pertinente que se tejieran más fino los exámenes psicométricos de jueces, magistrados y ministros

Comentó que hay un tema importante sobre sí el juez aplica o interpreta; si solo aplicara, necesitaría solo de una computadora y sí el juez interpreta, entonces la parte subjetiva de quien es el juez importa.

Julia María del Carmen García González, Magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, indicó que el respeto a los derechos humanos debe verse con enfoque no solo nacional sino internacional. Agregó que la carrera judicial implica precisamente la experiencia para tener la oportunidad de concursar por el escaño que sigue.

Señaló que el juicio de amparo por excelencia promueve contratos de autoridad, entonces, si lo que se combate son actos de autoridad, lo único que consta al momento de resolver un juicio de esa naturaleza es que esos actos se apeguen a las múltiples exigencias constitucionales, es decir, provengan de autoridad competente, estén fundados y motivados, respeten las formalidades esenciales mínimas, las personas sean juzgadas por tribunales previamente establecidos conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Necesario, seguir con el diálogo

Al cerrar el foro, el diputado Leonel Godoy Rangel (MORENA) agradeció al Poder Judicial del Estado de Chiapas por haber permitido la realización de este evento, así como la presencia de las y los ponentes.

El Cuarto Foro, afirmó, nos lleva a unas conclusiones como seguir con los diálogos. “Hoy lo enriquecieron la presencia de ministros y consejeros, con quienes podemos estar o no de acuerdo con ellos, pero su voz es potente para nosotros y ojalá asistan a los demás foros que faltan”.

Magistrados, representantes del CJF y de trabajadores del Poder Judicial fijan postura sobre reformas constitucionales

• Participan en el segundo foro de los diálogos nacionales que organiza la Cámara de Diputados

Magistrados, representantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de los trabajadores del Poder Judicial, así como de gobiernos locales, y abogados, externaron sus posturas en los temas: Austeridad, fideicomisos y derecho laboral de los trabajadores del Poder Judicial, como parte de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial que realiza la Cámara de Diputados.

Se busca escuchar a todos los sectores de la población

Al moderar la mesa, el Diputado César Agustín Hernández Pérez (MORENA) dijo que en 1994 bastaron dos meses para que se pudiera hacer una reforma al Poder Judicial, no se consultó a nadie, simplemente fue el Poder Legislativo el que la aprobó. En 1995 la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encontraba sin ministros de enero a febrero y como tal, hubo una disminución de 26 ministros a 11.

“Hoy no queremos hacerlo en el Recinto Legislativo y en un debate al interior de las comisiones, sino por supuesto escuchando a todos los sectores de la población y bajo el esquema de que ustedes puedan enriquecer la norma que indudablemente también se habrá de aprobar”, comentó.

Necesario, justicia de calidad, eficiente, completa e imparcial

El Magistrado del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del CJF, Juan Pablo Gómez Fierro, destacó que cuando se habla de mejorar al Poder Judicial de la Federación, no solo implica la modificación de los derechos laborales de más de 50 mil servidores públicos que lo integran, sino poner en el centro de la reforma a los justiciables y la efectiva protección de los derechos humanos, ya que México necesita una justicia de calidad, eficiente, completa e imparcial.

Indicó que esa función trascendente puede ser llevada a cabo o no si no se cuenta con recursos estables y adecuados que estén normativamente asegurados y sean suficientes para cumplir con la función de proteger y garantizar el derecho de acceso a la justicia.

Por ello, dijo, el ejercicio de recursos debe tener como objetivo principal hacer más eficiente la función judicial, que no se comprometan las garantías de independencia, competencia e imparcialidad necesarias para que los operadores de justicia cumplan con los deberes que le son encomendados.

La austeridad, precisó, puede adecuarse sin poner en riesgo la estabilidad laboral, los derechos de los trabajadores, así como la legitimidad e independencia judicial; cualquier asignación presupuestal debe tener como base la evidencia sin poner en riesgo las funciones que desarrolle el Poder Judicial, como también garantizar los derechos laborales de su personal, fomentar el desarrollo de la carrera judicial y de la defensoría de oficio.

El Poder Judicial debe contar con autonomía presupuestaria

Jesús Gilberto González Pimentel, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, aseguró que este Poder debería contar con autonomía presupuestaria; sin embargo, es la Cámara de Diputados quien destina los recursos que dispondrá por año y fue solo en 2013 cuando se respetó la solicitud presupuestal. Resaltó que quienes ahí laboran se destacan por su eficiencia, eficacia, honorabilidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo.

Advirtió que afectar financieramente al Poder Judicial no solo implica un impacto en su operación, pues también limitaría el acceso a la justicia a ciento de miles de mexicanos, lo que retarda la solución de los asuntos, se traduce en una sobreexplotación de los recursos humanos y “se convierte en una esclavitud velada”. Solicitó garantizar una remuneración adecuada por el trabajo, pues si se quiere llevar a buen puerto la reforma, es primordial destrabar la contención salarial de secretarios y actuarios.

Hacer dignificante la labor

Carolina Villagrán, visitadora judicial “B” del Consejo de la Judicatura Federal, relató que son 19 visitadores a nivel nacional que revisan la actuación de más de mil 600 jueces y magistrados. “Tenemos gente profesional, excelente, estudiosa y valiosa. Los reconozco, los admiro y los respeto profundamente, pero también tenemos malos operadores jurídicos que han manchado a nuestra institución; no solo afectan nuestra imagen, sino también los derechos de los trabajadores; hay titulares enfermos de poder, de querer manipular y controlar”.

Llamó a fortalecer la Unidad especializada en combate de acoso laboral y sexual, ya que “es una realidad que viven y vivimos todas las funcionarias del Poder Judicial de la Federación. El acoso laboral, la intimidación, el exceso de poder, el nepotismo, nos equivocamos, y la consecuencia, es que el pueblo de México no confía en nosotros, por lo que se debe hacer dignificando nuestra labor; no es un tema de recursos sino de vocación, claro que se puede tener austeridad, siempre y cuando haya racionalidad”.

Hacer profunda reflexión sobre sistema de elección

Sergio Arturo López Servín, Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito del CJF, consideró que el contexto actual del país obliga a hacer una profunda reflexión sobre el sistema de elección de las y los juzgadores, tal como lo plantea la reforma, dando la importancia que merece, por lo que “así como no puede haber legisladores improvisados, tampoco debe haber impartidores de justicia improvisados, se debe precisar el perfil que se requiere”.

Hizo votos para que la propuesta de la reforma constitucional para la elección por voto popular como un nuevo sistema selectivo permita contar con más juzgadores de excelencia humana y profesional, como muchos de los que ya existen en las filas del Poder Judicial de la Federación, en beneficio de la protección de los gobernados, así como en respuesta a una sociedad que reclama justicia y exige de sus funcionarios el máximo apego a las leyes y la defensa de los derechos humanos.

Juzgadores no crean tribunales ni distribuyen cargas de trabajo

El Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, del Segundo Circuito, Ricardo Garduño Pasten, aclaró que, aunque existe un reclamo por la tardanza y falta de efectividad en la impartición de justicia, las y los juzgadores no crearon los tribunales ni distribuyen las cargas de trabajo; por ello, hacen lo que pueden junto con el personal que trabaja jornadas extenuantes, llegando a estar “ahogados de casos”. Sugirió una mayor inversión en órganos jurisdiccionales y no en órganos administrativos.

Lamentó que quienes integran la carrera judicial sean los de “talacha nos tocan las amenazas y atentados del crimen organizado, juzgadores han sido privados de la vida de forma violenta, de ahí la necesidad de salvaguardar los fideicomisos relacionados a los derechos laborales”. Agregó que crear un Tribunal Especializado de Disciplina no generará inquietud si es imparcial y objetivo.

Eliminación de fideicomisos promueve una mayor transparencia

Jesús George Zamora, Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de México, sostuvo que la eliminación de fideicomisos propuesta en la iniciativa promueve una mayor transparencia sobre el uso de los fondos públicos alineándose con los principios establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política, y la iniciativa incluye disposiciones transitorias para salvaguardar los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial.

Señaló que los ministros, magistrados y jueces federales deben actuar con verdadera prudencia judicial, tanto al emitir sus resoluciones como en el ejercicio de los recursos públicos. “No pueden darse el lujo de seguir remando a contracorriente de la sociedad; afortunadamente, los buenos jueces, aquellos que hacen uso de la verdadera prudencia judicial, son la mayoría, esos jueces y juezas son los que harán que el Poder Judicial en el país prospere”.

La reforma es acertada

El Encargado de Despacho de la Subconsejería Jurídica y de Derechos Ciudadanos del Gobierno del Estado de México, José Carmen Castillo Ambriz, indicó que estos diálogos buscan conocer la expresión de los sectores de la sociedad sobre esta reforma y que, desde su punto de vista, es acertada, principalmente sobre la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, pues este consejo tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial.

La reforma, afirmó, es acertada porque ahora la función de administración se le otorgaría a un órgano administrativo judicial, y las otras de vigilancia y disciplina a un tribunal de disciplina judicial que se va a encargar de la revisión y disciplina del Poder Judicial, pero estos dos organismos “ya van a regular, desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta el puesto más pequeño del Poder Judicial; esa es la importancia y lo acertado de esta reforma”.

Oportunidad para construir un nuevo México

El Doctor en Derecho Jaime Miguel Moreno Garavilla, manifestó que no se debe ver a esta reforma como una guerra fratricida, sino como la oportunidad de construir juntos al nuevo México y la nueva infraestructura social, institucional, jurídica y política que haya de servir a las nuevas generaciones.

“Nuestros padres y abuelos no nos dejaron este país como estaba en 2018, ellos querían la felicidad para nosotros, entonces vayamos a participar y a aportar”. Llamó a no temer lo que ha pasado en otros países, porque hay “las luces suficientes y necesarias para construir nuestras propias instituciones”.

La austeridad es un criterio indispensable

José Reyes Doria, Politólogo, Asesor Parlamentario, Consultor y Columnista, comentó que la reforma al Poder Judicial en curso, plantea una transformación significativa del modelo de integración, organización y funcionamiento de uno de los tres poderes de la Federación al establecer la elección popular para elegir a los integrantes del Poder Judicial, y si el principio de austeridad republicana se instaura adecuadamente, se tendrán beneficios significativos para la vida pública nacional.

Señaló que la austeridad es un criterio imprescindible para orientar la estructuración y el funcionamiento del servicio público, ya que es indispensable porque “nuestro país presenta profundas desigualdades sociales”.

Comisión de la Cámara de Diputados llevará a cabo foro en materia de vivienda, en el marco de los Diálogos Nacionales

En reunión ordinaria, en modalidad semipresencial, la Comisión de Vivienda, que preside la Diputada Lilia Aguilar Gil (PT), anunció la realización de un foro en materia de vivienda, el próximo 8 de abril, como parte de los Diálogos Nacionales.

La Legisladora precisó que de acuerdo al programa de Parlamento Abierto, aprobado por la Junta de Coordinación Política, denominado Diálogos Nacionales, se llevaron a cabo los primeros foros nacionales seguidos de foros regionales y estatales, relacionados con las 20 iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal en diferentes temas.
Explicó que entre estas iniciativas se encuentra una reforma para determinar que la vivienda es un derecho para todas las personas, sin importar su condición civil, específicamente soltera, ni una característica adicional más que ser ciudadana o ciudadano.

Agregó que la Jucopo acordó que la Comisión de Vivienda encabece los foros en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde participarán todos los sectores y actores relacionados con esa materia.

“Se enviaron alrededor de 60 invitaciones a diversos actores económicos y políticos, así como a quienes tienen que ver con la naturaleza del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)”, puntualizó Aguilar Gil.

Añadió que se convocó a los Titulares de las Cámaras relacionadas al INFONAVIT, a su titular, sindicatos, actores nacionales y locales, académicos y especialistas en el ramo.

Destacó que el objetivo del foro será escuchar a la sociedad civil. El formato de participación será de tres oradores a favor y tres en contra, seguido por un espacio de preguntas realizadas por legisladores federales y locales, regidores e integrantes de organizaciones sociales.