Lo que estamos viviendo en México en materia de corrupción no es un secreto, es en verdad un grave problema público que urge combatir. Sin duda, es un mal generalizado, lacerante y diversificado, razón por la cuál tiene manifestaciones o modalidades distintas. Una modalidad común consiste en la malversación de fondos públicos, es decir, el desvío de recursos públicos a los cuáles se les da un fin distinto para lo que fueron autorizados. Por otro lado, se identifica también otra modalidad de la corrupción la cual se presenta regularmente al otorgar permisos o concesiones para uso de suelo o permisos en establecimientos mercantiles. Situación que sucede con mayor frecuencia en los gobiernos municipales; simplemente recordemos lo que sucedió en la zona arqueológica de Teotihuacan, cuando se dio a conocer que la cadena Walmart, sobornó con un pago de 52 mil dólares para que se modificara el uso de suelo de la zona y así entonces se permitiera la apertura de la tienda. Otra modalidad de la corrupción se da con los pequeños sobornos o también conocida como “mordidas”, hechos que a pesar de no representar grandes transacciones económicas, ocurren con mayor frecuencia dentro de nuestro tejido social. De la misma manera, resalta otra modalidad del síndrome de la corrupción, y que los últimos meses hemos sido testigos de casos que se derivan de ésta. Se trata de la corrupción en los procedimientos de contratación en las obras públicas, quizá el tipo de corrupción menos visible pero de mayores transacciones económicas y los ejemplos desgraciadamente nos sobran, lo cuál demuestra que la transparencia dentro de estos procesos de contratación es muy vulnerable. Escándalos de corrupción y de conflicto de interés en los que se involucran a contratistas de obra pública y funcionarios del gobierno se han dado a conocer en el escenario público. Casos como el de la Casa Blanca y el Grupo Higa, el fallido proyecto del Tren México-Querétaro y no olvidemos el caso de la “Estela de Luz”, la cuál tuvo un costo tres veces mayor al previsto originalmente, misma que tuvo retraso de un año y que solo cumplió con el 23% del programa original. Sin ir más lejos, en el Estado de México, la construcción del Circuito Exterior Mexiquense aumentó el costo en más del 450% que el señalado originalmente. A principios de este año se hicieron públicas diversas grabaciones de funcionarios del Gobierno del Estado de México y miembros de la empresa OHL, lo cual reveló el fraude carretero en donde se identificó el incremento del gasto púbico en contratos irregulares justo meses antes de los comicios electorales de julio de 2012 y a unas semanas de las recientes elecciones del 7 de junio de este año. La evidencia indica actos de corrupción que deben investigarse a fondo y sancionarse. La misma trayectoria se identificó con el sobrecosto de la obra “Viaducto Bicentenario” en el Estado de México, lo que corresponde a casi el 0.4% del PIB de nuestra entidad. Es evidente que la corrupción es un problema que ha crecido exponencialmente en el país y que ha ocasionado la indignación en la opinión pública. Lo que tenemos a la vista en México, es que la corrupción es un mal de Estado y urge, combatirlo.
