La mañana del 24 de agosto de 2018 un grupo taxistas azuzados por sus líderes cerró algunas vialidades importantes en Ecatepec, el pretexto fue hacer petición a Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México sobre la problemática de ese gremio. Sin embargo los daños económicos y efectos negativos que causaron a miles de ciudadanos son evidentes en aspecto laboral, escolar e incluso de salud pues muchas personas que se dirigían a recibir atención médica recibieron sin culpa los perjuicios.
El pliego petitorio publicado en redes sociales por los dirigentes transportistas resulta totalmente incongruente, piden al ejecutivo estatal les “restituya el estado de derecho” y que sustituya a los funcionarios de la Secretaría de Movilidad por unos con los que si puedan concretar acuerdos en función desde luego de sus interés como concesionarios.
Párrafo por párrafo el boletín emitido firmado a nombre de los taxistas por un tal Martín Hermelindo Soto Rosales, está lleno de incoherencias, desde gramaticales hasta sociales, económicas y políticas. Veamos:
“Alto a la represión que ejerce el secretario de movilidad” en ese aspecto se refieren a los operativos donde servidores públicos les revisan las condiciones administrativas y físicas de sus vehículos, muchos carecen de la documentación que la ley establece para brindar el servicio de transporte público tanto las unidades como los conductores y, físicamente una gran cantidad de taxis en pésimas condiciones, imposible de precisar ya que sólo ellos saben a cuantos encubren a cambio de una cuota que se entrega a cada líder y se hace sin registro alguno. Lo que demuestra que su punto de petición es una aspiración a continuar con las complicidades de para que la ilegalidad prevalezca y ellos conservar sus beneficios personales. Los usuarios nada importan.
Punto 1: Piden subsidio de las concesiones vencidas y no pagar la transferencia de persona física a moral. Todos pagamos impuestos, ellos no han de hacerlo sobre todo porque se dedican a una actividad lucrativa.
Punto 2: Que las concesiones no tengan fecha de vencimiento. Las concesiones son permisos para prestar un servicio que debería ser proporcionado por el Estado, ante la imposibilidad de ello el gobierno extiende concesiones y debe tener vigencia cada autorización para explotar o hacer usufructo de algún bien material o intangible. En el mundo no hay contrato sin vencimiento, hasta los más lucrativos o beneficiosos tienen un máximo de 99 años. Criterio mezquino de quien se dice profesionista y signa el comunicado.
Punto 3: Estímulos económicos y o financiamiento para proyectos sustentables como gas natural o LP. Desde hace ya algunos años los gobiernos de todas las entidades de la república mexicana han anunciado estímulos fiscales y administrativos para aquellos empresarios que “inviertan” en tecnologías de beneficio al medioambiente, Pero es claro que sólo es un pretexto para no cumplir con las normas a las que todos los propietarios de vehículo automotor nos sujetamos. Poruqe ellos no han se hacerlo la palabra es “INVERTAN” la colocamos ahora con mayúsculas para que lo entiendan, aunque es claro que el mejorar medio ambiente no es una razón para la explotación de sus concesiones. Si ellos no pagan su inversión entonces seremos nosotros quienes lo hagamos puesto que el dinero de subsidios viene, se obtiene de las aportaciones de todos los que sí cumplen con su pagos fiscales.
Punto 4: Apoyos económicos y financiamiento para unidades hibridas. Los líderes transportistas son los más beneficiados con cada programa del gobierno, sus agremiados para recibirlos antes deben reportar dadivas a su dirigente. Además, es conocimiento de todos que las compañías automotrices ofrecen planes de financiamiento preferencial a las empresas, sobre todo cuando se trata de vender muchas unidades. Lo que deben hacer los cabecillas de los trasportistas es organizar con honestidad y transparencia, aunque dudo que las conozcan, la adquisición de unidades hibridas o eléctricas pero con su dinero, no debe pagar la sociedad a través del gobierno esos financiamiento que son particulares. Cabe resaltar que los vehículos que usan, en muchos casos ya rebasaron los diez años, tiempo que establece la ley para brindar el servicio. También es evidente que la unidad se paga sola en un tiempo que permite la recuperación de la inversión, la ganancia e incluso el ahorro para la renovación, pero nada hacen los concesionarios para prevenir y efectuar el reemplazo obligado de sus taxis.
Punto 5: Cancelación a empresas transnacionales que no pagan concesionamiento del servicio público del transporte pirata (UBER, CABY-FY y EASY TAXI). ¿Qué, qué me dijo? ¿Los líderes de los taxistas piden que cancelen empresas transnacionales porque ellos como dirigentes en el Estado de México sí pagan concesiones de servicio público de transporte pirata?
Punto 6: Apoyo económico para creación de empresas nacionales que operan con aplicaciones (APPS) solo para trasporte concesionado. Quieren que el gobierno les de dinero para formar una empresa nacional que preste el servicio a utilizando una App, tal vez les podría resultar más barato contratar un experto en sistemas o incluso que les asignen un prestador de servicio social de alguna carrera afín a la informática para que les deje creada su App. Absurdos viven en la prehistoria.
Los ciudadanos mexiquenses somos los que pagamos por la voracidad que caracteriza a los trasportistas de servicio público en todas las modalidades, ellos nunca piensan en los usuarios como personas, vendiéndose al mejor postor político cada tres años. Lejos estamos de tener un sistema de transporte moderno, ordenado y seguro.
¡BASTA YA! Que los obliguen a cumplir ellos primero con el estado de derecho al que hacen alusión, la población está harta de tanta impunidad, el gobierno debe sacarlos de la clandestinidad.
Ahora se desgarran las vestiduras, estos capos de la mafia trasportista, se erigen hoy como guerreros sociales, cuanto sufren, cuanta represión sobre de ellos, como decía el tío Nachito ¡CUANTA INFAMIA DIOS MIO!
