Piden aumento de sueldo 5 ayuntamientos

”Es una falta de respeto a la gente...no es posible que a estas alturas sigan considerando que requieren subir su salario”, afirmó el funcionario legislativo. ADRIANA URIBE / Milenio

El contralor de la Legislatura del Estado de México, Victorino Barrios Dávalos, reconoció que al menos cinco administraciones están solicitando en sesiones de Cabildo se incrementen las percepciones de los alcaldes, síndicos y regidores, lo que calificó como inaceptable. "Es una falta de respeto a la gente...no es posible que a estas alturas sigan considerando que requieren subir su salario". El funcionario legislativo señaló que sí bien por medio de cursos, pláticas y capacitación se ha logrado hacer conciencia respecto de evitar los excesos y privilegiar los intereses de la ciudadanía, aún falta mucho por hacer. Ejemplo de ello, dijo, es que hoy en día suman poco más de mil 150 quejas presentadas en la Contraloría, de las cuales aún hay casos de nepotismo, "tenemos 45 denuncias todavía, pero hay mas también porque ya están viendo que sí actúa la autoridad, antes pensaban que no había ni dónde ni cómo presentar sus quejas". Aseguró que hay presidentes municipales que se están esforzando por hacer las cosas bien, aunque no es la mayoría, pues reconoció que hay algunos Cabildos que están ávidos de cambiar sus percepciones, "hoy parece que en algunas administraciones lo mas importante no son los problemas de la comunidad, sino como se aumentan salario". También denunció el contralor que se han recibido ciudadanos – que acuden a la Contraloría con carácter de proveedores- para quejarse de que las actuales administraciones no quieren cubrir los adeudos, motivo por el que les dan orientación respecto de que recurran no sólo por la vía de conciliación, sino que denuncien ante juzgados. Dio a conocer que si bien éste ha sido un problema constante en cada administración, nunca se habían registrado tantos casos y por lo tanto no era un problema con tanta intensidad. Afirmó que hay problema de inejecución de las sentencias, por lo que corresponde al poder judicial aplicar las medidas de apremio.