CNDH emite recomendación al GDF por daños a la estatua de “El Caballito”

PROCESO La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió recomendación al jefe de Gobierno del Distrito Federal Miguel Ángel Mancera por los daños causados hace dos años a la estatua ecuestre de Carlos IV, conocida popularmente como “El Caballito”. El organismo a cargo de Luis Raúl González Pérez, informó en un comunicado que se acreditaron violaciones a los derechos al patrimonio cultural de la Nación y a la información en agravio de la sociedad en su conjunto, pues el gobierno capitalino “faltó a la veracidad e imparcialidad sobre la actuación de las autoridades involucradas”. La CNDH acreditó que la Autoridad del Centro Histórico y el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México aprobaron la contratación de Arturo Javier Marina Othón, un proveedor de servicios, representante de una empresa, para que efectuara los trabajos de restauración y rehabilitación de la estatua. Ello sin solicitar previamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) el permiso previsto en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Ese dato, explicó el organismo, lo corroboró personal del INAH que acudió al lugar de los hechos y ordenó la suspensión de esas actividades. Especialistas de ese Instituto concluyeron que la intervención realizada fue inadecuada y ocasionó “daños en la escultura”. Al respecto, la CNDH estimó que la Autoridad y el Fideicomiso del Centro Histórico “faltaron al deber de protección al monumento, vulnerando el derecho al patrimonio cultural en agravio de la sociedad”. Además, comprobó que el procedimiento administrativo de adjudicación del contrato en favor del proveedor no se ajustó al marco jurídico en materia de adquisiciones y contrataciones aplicable para el Distrito Federal. En este caso, señaló, “se omitió justificar la necesidad de su contratación vía adjudicación directa, para la realización los trabajos, además de omitir verificar que éste reuniera los criterios de capacidad técnica y financiera necesarias”. Por si fuera poco, la CNDH evidenció que la información contenida en el comunicado de prensa de 24 de septiembre de 2013, emitido conjunto de la Autoridad y el Fideicomiso Centro Histórico “faltó a la veracidad e imparcialidad sobre la actuación de las autoridades involucradas”. Con ello, abundó, “se mermó el principio de transparencia que debe regir en todos los asuntos de interés público y se violentó el ejercicio efectivo del derecho a la información en el ámbito cultural”. Por todo lo anterior, la CNDH pidió al jefe del gobierno capitalino, instruir a quien corresponda, dar seguimiento “puntual y continuo”, hasta su conclusión, al “Proyecto de investigación científica para la conservación y restauración de la escultura ecuestre de Carlos IV y su pedestal”, mismo que deberá desarrollarse en los términos autorizados por el INAH, bajo supervisión del mismo. También le pidió elaborar una campaña de difusión acerca del valor cultural, histórico y artístico de la escultura y de su autor, Manuel Tolsá, durante el tiempo que permanezca cubierta y fuera de la vista del público. Asimismo, diseñar un programa de educación, formación y capacitación, dirigido al personal de la Autoridad del Centro Histórico, del Fideicomiso y de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal. Dicho programa deberá versar sobre la protección, conservación y salvaguarda del patrimonio cultural, y deberá incluir materias de sensibilización sobre la importancia del respeto a los derechos culturales. Del cumplimiento de este programa las autoridades capitalinas deberán enviar pruebas a la CNDH. Finalmente, el GDF deberá publicar un nuevo boletín en el que rectifique lo publicado en su comunicado del 24 de septiembre de 2013 y dé información “cierta, suficiente y clara” sobre los hechos que dieron origen a la recomendación. El GDF también deberá colaborar con la CNDH en el trámite de la queja que promueva ante la Contraloría General del Distrito Federal por las acciones y omisiones advertidas respecto de los servidores públicos que no fueron investigados.