Plantean en Senado castigo e inhabilitación para funcionarios que incumplan sentencias de SCJN

Las comisiones Justicia y Estudios Legislativos del Senado analizan una reforma para castigar hasta con 9 años de cárcel e inhabilitación a cualquier servidor público, incluidos legisladores federales y estatales, que incumplan sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La iniciativa presentada por el vicepresidente del Senado, Arturo Zamora, considera que aquellos funcionarios que comentan este delito se les debe sancionar incluso penalmente al incurrir en "abuso de autoridad". Zamora plantea que a quien incurra en abuso de autoridad por esta situación se le impondrán de dos a nueve años de prisión, de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. “Particularmente al momento en que una autoridad omite o se rehúsa a cumplimentar un mandato judicial, en tiempo y forma, atentando contra el Estado de Derecho y las instituciones”, explicó Y es que el senador jalisciense señala que en materia de responsabilidades de los servidores públicos, existe un vacío que deriva en excesos ocasionales que impiden la materialización de la justicia, cuando funciones de todos niveles se niegan acatar fallos de tribunales federales. Detalla que dicho cumplimiento por parte de legisladores y funcionarios federales, estatales y municipales que incumplan sentencias en materia de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, no fueron determinadas en la Constitución o en la legislación secundaria. Asimismo quien desacate o incumpla en tiempo y forma las resoluciones emitidas en el ámbito de las salas del TEPJF, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Por ello, la reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, plantea dichas sanciones cuando una autoridad responsable, incumplan u omitan cumplir a cabalidad con una sentencia diversa a la del Juicio de Amparo, emitida por tribunales federales. La reforma obliga a todos los servidores públicos a cumplir en tiempo y forma las resoluciones de los tribunales federales, conforme lo establecen los artículos 99, 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias.