Mancera, aclaró el cobro a plusvalía de inmuebles

Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, solicitó a la Asamblea Constituyente eliminar la redacción previa del artículo 21, inciso C, numeral 7 del proyecto de Constitución, a efecto de evitar confusiones y malas interpretaciones respecto a los incrementos en el valor de los inmuebles. El artículo en cuestión afirmaba que “los incrementos en el valor del suelo derivados del proceso de urbanización se considerarán parte de la riqueza de la Ciudad y la ley regulará su aprovechamiento para restaurar los ecosistemas y las zonas degradadas.” Después de que se desatara la polémica por un supuesto impuesto que se cobraría al aumentar la plusvalía de un inmueble derivado de un proceso de urbanización, el mandatario pidió “considerar la posibilidad” de incluir, en vez de lo que decía el proyecto inicial, lo dispuesto en el Artículo 122 apartado A fracción V de la Constitución Federal y el Artículo 10 fracciones XII y XXI de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Dichos artículos hablan sobre el derecho de las administraciones locales, en este caso la CDMX, para establecer las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria y contribuir al financiamiento e instrumentación del ordenamiento territorial, entre otros. Al respecto, el presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas, explicó que la solicitud para eliminar el artículo la hace Mancera en su carácter de promovente del proyecto de Constitución. Una vez que la solicitud sea entregada a la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente, ésta la turnará la Comisión de Desarrollo Sostenible. “Va a quedar estrictamente como está en la norma constitucional y ya no es materia de la Constitución (local), esto prácticamente queda saldado”, dijo. Señaló que la propuesta inicial estaba basada en conceptos que ya se aplican en distintos países, sobre cómo se puede establecer algún gravamen al valor de los inmuebles que fueron beneficiados con inversión pública. Finalmente, Encinas aceptó que hubo una mala redacción en el proyecto de la Carta Magna, por lo que se debe asumir que no se supo argumentar bien.