Mencionó que el derecho a la educación es fundamental para el desarrollo de las personas, ya que a través de él se puede tener acceso a otros, por ello está garantizado en instrumentos internacionales y en la Constitución federal en su artículo tercero que señala que todos deben tener educación laica, gratuita, obligatoria, de calidad y de respeto a los derechos humanos, por lo que las autoridades están obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar esa prerrogativa.
Explicó que las violaciones a ese derecho pueden ser a través de acciones u omisiones de servidores públicos, por ejemplo cuando las autoridades educativas obligan a los padres o madres de familia a pagar una contraprestación a cambio del servicio educativo o solicitan cuotas "voluntarias" que se vuelven forzosas para inscribir a los alumnos, para presentar exámenes y entregar documentos oficiales o se exhiben los nombres de quienes no han hecho las aportaciones.
Indicó que ese derecho también es afectado cuando las o los maestros no asisten a impartir clases de manera sistemática, acuden pero no enseñan, no es de calidad la educación, cuando existe un trato preferente hacia algunos alumnos o distinción en las aulas, y al no ponderar el principio superior del menor.
Recalcó Terán Aguilar que, el profesorado debe dar un trato igualitario a las y los alumnos y se deben crear políticas públicas que atiendan necesidades estudiantiles, así como concientizar a educandos, docentes y padres de familia; para generar una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos.
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