- Se busca fortalecer el combate de delitos ambientales como la tala y la cacería ilegal, el tráfico de especies y la degradación de ecosistemas.
El Senado de la República aprobó un proyecto que busca facultar a la Guardia Nacional para que participe, en coordinación con las autoridades ambientales competentes, en la protección de los recursos naturales y la vigilancia en las áreas naturales protegidas terrestres de competencia de la Federación.
Al presentar el dictamen, la Senadora Juanita Guerra Mena, Presidenta de la Comisión de la Guardia Nacional, destacó que México es uno de los países con mayor biodiversidad del planeta, con ecosistemas como bosques, selvas y desiertos, que enfrentan amenazas como la tala ilegal, la cacería furtiva y el tráfico de especies.
Por ello, explicó que la reforma al artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional tiene el propósito de ampliar las atribuciones de esta institución de seguridad pública y sustituir el concepto de parques nacionales por un concepto más amplio: “áreas naturales protegidas terrestres de competencia federal”.
Agregó que se establece que la Guardia Nacional participará en la protección de los recursos naturales, la vigilancia de las áreas, la prevención, investigación y combate de delitos ambientales como la tala, la cacería ilegal, el tráfico de especies y la degradación de ecosistemas, todo ello bajo los principios de derechos humanos y colaboración interinstitucional.
Recordó que actualmente, México cuenta con 192 áreas naturales protegidas terrestres, que resguardan ecosistemas fundamentales para el equilibrio ambiental de la biodiversidad.
Maki Esther Ortiz Domínguez, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, refirió que miles de especies de flora y fauna en nuestro país enfrentan algún tipo de amenaza y habitan en áreas naturales protegidas, que deberían ser refugios seguros para la vida silvestre.
En ese sentido, señaló que la propuesta plantea cerrar espacios a la impunidad de quienes lucran con la destrucción de nuestros ecosistemas, porque combatir la cacería ilegal es un asunto ambiental, una tarea de seguridad y un acto de responsabilidad con las futuras generaciones.
Del PVEM, Karen Castrejón Trujillo, dijo que la Guardia Nacional trabaja de forma estrecha con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y colaboró en la clausura de cuatro bancos de materiales pétreos que extraían de manera ilícita recursos naturales en Oaxaca; en la clausura de seis desarrollos inmobiliarios, en el Parque Nacional Cabo Pulmo, en Baja California Sur; y en el aseguramiento de madera, en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, en Michoacán.
Por ello, comentó que las reformas buscan ir más allá de lo que se ha logrado, y se faculta a esta institución en dos aspectos fundamentales de la gestión ambiental: la protección de áreas naturales protegidas terrestres, que abarcan 12 por ciento del territorio nacional; y en la prevención e investigación, con toda a la fuerza del Estado, de la cacería ilegal de las especies de fauna que están en riesgo.
El proyecto, que reforma el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional, fue aprobado por unanimidad, con 105 votos, y se remitió a la Cámara de Diputados.
