Entrevistan aspirantes al Consejo Ciudadano en materia de desaparición

La Legislatura renovará seis espacios conforme a la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares.
En la sociedad civil hay voluntad de participar en la búsqueda de personas desparecidas, afirmó Karina Labastida.

La Comisión para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición del Congreso local, presidida por la diputada Karina Labastida Sotelo (MORENA), entrevistó a 13 aspirantes a ocupar seis espacios en el Consejo Estatal Ciudadano previsto en la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares, conforme a la convocatoria expedida el pasado 22 de septiembre.

Con la participación de las legisladoras Isabel Sánchez Holguín (PRI), secretaria de la Comisión, María de los Ángeles Dávila Vargas (PAN), prosecretaria; Ingrid Krasopani Schemelensky Castro (PAN), Lourdes Jezabel Delgado Flores, Yesica Yanet Rojas Hernández, Mónica Angélica Álvarez Nemer, todas de MORENA, Paola Jiménez Hernández y Gretel González Aguirre, del PRI; Silvia Barberena Maldonado (PT), Viridiana Fuentes Cruz (PRD), Claudia Desiree Morales Robledo (PVEM), Juana Bonilla Jaime (MC) y Mónica Miriam Granillo Velazco, fueron entrevistadas ocho mujeres familiares de personas desaparecidas, dos especialistas en el tema y tres representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos.

La reunión se desarrolló de manera mixta, con la presencia de aspirantes vía digital, quienes expusieron hasta por quince minutos motivos e intereses en formar parte del Consejo y respondieran las preguntas de las legisladoras.

De este grupo se renovarán tres cargos para representantes de familiares de personas desaparecidas, dos para especialistas y uno de una organización de la sociedad civil.

Al término de la jornada la legisladora Karina Labastida informó que en los próximos días se anunciará el resultado de este ejercicio y a las elegidas o elegidos para ocupar las seis consejerías honoríficas.

Destacó el interés de quienes se inscribieron al proceso, una muestra de que en la sociedad civil hay voluntad de participar en la búsqueda de personas desparecidas.

Fueron entrevistadas y entrevistado Itzel Denisse Arizmendi Mondragón, Leticia Gutiérrez Calso, María Belem Espejel Guevara, Gicela Ochoa de León, María Guadalupe Fernández Ruíz, Myrna Ivette Arteaga Ceron, Graciela Ramírez Arce y Graciela Villagómez Rodríguez, Yuritzi Castañeda Ulloa y Areli Asenet Monroy Montes, Elizabeth Machuca Campos, Maryvel Cruz Olguín y José Luis Reyes Romero.

Coinciden legisladoras en mejorar mecanismo de Alerta de Género

Edomex será la primera entidad en garantizar el cumplimiento y evaluación de las AVGM: Karina Labastida.
Isabel Sánchez Holguín y Gretel González destacan acciones del GEM en la materia y los beneficios de sumar esfuerzos contra la violencia de género.

Otorgar a la Secretaría de las Mujeres la atribución de emitir las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y establecer plazos e indicadores para el seguimiento y evaluación representarán un gran paso en el Estado de México en la lucha para combatir y erradicar los feminicidios y desapariciones de mujeres, coincidieron las diputadas Karina Labastida Sotelo (MORENA), Isabel Sánchez Holguín y Gretel González Aguirre, del PRI.

Con esta iniciativa, explicó la legisladora Karina Labastida, autora de la iniciativa, el Estado de México sería la primera entidad en armonizar su legislación con lo aprobado en la materia por el Congreso de la Unión para fortalecer las AVGM, precisar las obligaciones de los gobiernos estatal y municipales y garantizar su presupuesto y cumplimiento, por lo que invitó a quienes integran las comisiones legislativas a enviar sus observaciones a la propuesta a más tardar el 26 de octubre para dictaminar la iniciativa.

Detalló que los lineamientos de las AVGM datan de hace más de 15 años, por lo que actualmente no se establecen los momentos en los que se levantan las alertas, indicadores ni mediciones, y enfatizó en la relevancia de que se proponga que la Secretaría de las Mujeres pueda emitir las declaratorias, permitirá al gobierno estatal dirigir acciones y presupuesto en municipios que actualmente no están considerados en ninguna de las dos alertas y que cuentan con una incidencia alta en feminicidios, como Nicolás Romero, Lerma, Chicoloapan y Atizapán.

Al respecto, la diputada Isabel Sánchez reconoció la visión de la propuesta para establecer la temporalidad de las alertas, así como la posibilidad de medirlas para bajarlas o emitirlas en otros municipios que lo necesiten y subrayó que el Estado de México es la única entidad que ha destinado presupuesto específico para la atención de las alertas y que los esfuerzos del gobierno estatal, como las policías de género y unidades de análisis y contexto, han sido replicados en otros estados.

En concordancia, la legisladora Gretel González añadió que se deben sumar esfuerzos desde diferentes sectores de la sociedad para erradicar la violencia de género contra las mujeres, por lo que la atribución de la Secretaría de las Mujeres para emitir las AVGM permitirá enfocar los trabajos en los municipios que no han sido considerados pero que cuentan con un incremento de desapariciones o feminicidios.

Nayeli Sánchez Macías Coordinadora de la Iniciativa Spotlight en ONU Mujeres, y Karla Michelle Salas Ramírez, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia A.C., reconocieron el trabajo desde el Congreso local para erradicar la violencia de género contra las mujeres, particularmente en materia de desapariciones y feminicidios.

Entre otros aspectos, la iniciativa busca precisar las obligaciones del gobierno estatal y de los municipios para la alerta y para asignar el presupuesto necesario para su implementación; que colectivos o grupos de familiares de víctimas pueden ser peticionarias de las alertas; que el Estado cumpla su deber en materia de prevención y eliminación de la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres, incluye la definición de violencia feminicida como producto del ejercicio abusivo del poder; incorpora, como parte de la violencia feminicida, el suicidio y las muertes evitables, así como otro tipo de conductas que no impliquen la pérdida de la vida, pero sí otras violaciones a los derechos de las mujeres.

Por lo anterior, subrayaron la importancia de que las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición del Congreso local avalen las reformas a las leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y el Reglamento del Poder Legislativo, elaborada con ONU Mujeres a través de la Iniciativa Spotlight.

Continúa integración del Consejo estatal Ciudadano de Desaparición

El viernes 28 de octubre entrevistarán a 13 personas que acreditaron los requisitos.
Se integrarán como representantes de familiares de personas desaparecidas, especialistas y organizaciones de la sociedad civil.

La Comisión para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición del Congreso local, presidida por la diputada Karina Labastida Sotelo (MORENA), aprobó por unanimidad entrevistar el 28 de octubre a las 13 personas que cumplieron con los requisitos para elegir a seis integrantes del Consejo Estatal Ciudadano, previsto en la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares.

En reunión de trabajo, la legisladora Karina Labastida invitó a quienes integran la comisión a revisar los expedientes de las y los aspirantes quienes acreditaron la documentación solicitada en la convocatoria pública emitida el pasado 22 de septiembre de 2022.

Cada persona postulante será entrevistada en una sesión privada, y con carácter de reservada, durante 15 minutos en modalidad mixta en la que un diputado de cada grupo parlamentario, y en su caso, sin partido le realizarán una pregunta.

La convocatoria, que busca renovar seis cargos: tres para representantes de familiares de personas desaparecidas, dos para especialistas y uno de una organización de la sociedad civil, fue dirigida a familiares de personas desaparecidas, organizaciones de familiares de víctimas de desaparición, grupos organizados de víctimas, organizaciones defensoras de los derechos humanos y a la sociedad en general.

Las personas aspirantes a integrar el Sector de Familiares de Personas Desaparecidas son: Itzel Denisse Arizmendi Mondragón, Leticia Gutiérrez Calso, María Belem Espejel Guevara, Gicela Ochoa de León, María Guadalupe Fernández Ruíz, Myrna Ivette Arteaga Ceron, Graciela Ramírez Arce y Graciela Villagómez Rodríguez.

Quienes se registraron para el Sector Especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos o en materia forense son: Yuritzi Castañeda Ulloa y Areli Asenet Monroy Montes; y las personas registradas para el Tercer Sector, Representantes de organización y organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos son: Elizabeth Machuca Campos, José Luis Reyes Romero y Maryvel Cruz Olguín.

Durante la reunión, la diputada Gretel González Aguirre (PRI) reconoció que en el proceso se cuide a detalle la selección de personas aspirantes a integrar el Consejo porque requiere de mucha sensibilización y es un tema que se debe sentir como propio para brindar ayuda y ser la voz de los familiares de las víctimas.

Avanza análisis de reformas legales impulsadas con ONU-Mujeres

Respaldaron que, en casos urgentes, autoridades de seguridad acompañen a las víctimas y se garantice su seguridad, alimentación y vivienda.
Se busca aprobarlas en el actual periodo de sesiones: Karina Labastida.

La diputada Karina Labastida Sotelo (MORENA) reconoció avances significativos en el análisis del paquete de iniciativas para la erradicación de la violencia de género contra las mujeres y el feminicidio mediante la reforma de 13 leyes y cuatro códigos estatales, que indicó, podrían aprobarse antes de que concluya el actual periodo de sesiones.

Al encabezar la mesa técnica de las comisiones de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, que preside, y las de Procuración y Administración de Justicia y para la Igualdad de Género del Congreso local, la legisladora explicó que las y los diputados han acordado plazos para concluir el análisis y perfilar la aprobación del paquete de iniciativas que trabajan el Congreso local y ONU Mujeres en el marco de la iniciativa Spotlight.

Durante la reunión en la que participaron Nayeli Sánchez Macías y Carlos Guillermo León, de la Iniciativa Spotlight; y Karla Micheel Salas Ramírez y David Peña Rodríguez, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, continuó el análisis del quinto grupo de reformas en el que se aprobaron modificaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la entidad.

Las y los representantes del Congreso, organismos y dependencias estatales acordaron que para la emisión de las órdenes de protección, las autoridades administrativas, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional competente tomará en consideración los hechos relatados por la mujer adolescente o la niña en situación de violencia, considerando desarrollo evolutivo y cognoscitivo o por quien lo haga del conocimiento a la autoridad, así como las peticiones explícitas de la víctima considerando su desarrollo evolutivo y cognoscitivo o de quien informe sobre el hecho.

Asimismo, que la custodia personal y/o domiciliaria a las víctimas este a cargo de las instituciones de seguridad pública estatales; que en casos de urgencia se proporcionen los recursos económicos para garantizar su seguridad personal, transporte, alimentos, comunicación, mudanza, vivienda y los trámites oficiales que requiera; y que las instituciones de seguridad pública estatales acompañen a la víctima para acceder al domicilio, lugar de trabajo u otro para recuperar sus pertenencias personales y la de sus hijas e hijos y una persona de confianza.

También respaldaron el uso de herramientas tecnológicas que permitan brindar seguridad a las mujeres, adolescentes o niñas en situación de violencia, así como a las víctimas indirectas y testigos, entre las que pueden encontrarse proporcionar un dispositivo móvil con el contacto directo para brindar auxilio policial; y que el Ministerio Público pueda solicitar a la autoridad judicial competente que acuerde la suspensión temporal a la persona agresora del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes.