- El Diputado Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario de MORENA, propuso suprimir del sistema local el fuero penal y permitir que todas las personas servidoras públicas puedan ser investigadas y procesadas directamente ante los tribunales.
- La propuesta busca garantizar justicia sin privilegios, manteniendo que las personas legisladoras no podrán ser reconvenidas ni enjuiciadas por las opiniones, expresiones, votos y actuaciones legislativas.
El Diputado Octavio Martínez Vargas (MORENA) planteó eliminar el fuero penal para que todas las personas servidoras públicas puedan ser investigadas, imputadas y procesadas directamente ante los tribunales competentes, sin necesidad de declaración de procedencia.
Al exponer su iniciativa de reforma constitucional, el legislador señaló que se busca fortalecer la rendición de cuentas, garantizar la igualdad ante la ley y restablecer la confianza ciudadana en las instituciones, al eliminar privilegios procesales que generan percepciones de impunidad.
“Compañeras y compañeros, discutamos de manera apremiante en la Comisión de Puntos Constitucionales la iniciativa para que nunca ningún titular de un órgano autónomo, ni el fiscal, ni ningún secretario o secretaria de Estado se proteja en fuero para no ser sujeto a un proceso de naturaleza judicial”, expreso el legislador en tribuna.
Añadió que, aun cuando la carta magna estatal no menciona expresamente el “fuero”, sí configura una inmunidad procesal para algunas personas servidoras públicas, entendida como una protección especial que impide que sean juzgados penalmente mientras estén en funciones, salvo que la Legislatura declare que hay lugar a proceder penalmente en su contra.
La propuesta mantiene que, en el caso del Congreso mexiquense, las personas legisladoras no podrán ser reconvenidas ni enjuiciadas por las opiniones, expresiones, votos y actuaciones legislativas que emitan en el ejercicio de su cargo, pero que la inviolabilidad legislativa se limitará a dicha actividad, por lo que cualquier conducta que constituya delito fuera del ámbito de sus funciones parlamentarias les someterá a las leyes penales aplicables, sin necesidad de declaración de procedencia.
Asimismo, la presidencia de la Directiva y de la Diputación Permanente velará por la protección del recinto legislativo y por el respeto a la libertad de expresión y voto de sus integrantes.
La propuesta también eliminaría cualquier tipo de inmunidad o fuero procesal para todas las personas servidoras públicas, incluidas las de los poderes Judicial y Ejecutivo y organismos autónomos.
Además, se establece que todas las personas servidoras públicas serán penalmente responsables sin distinción alguna y podrán ser procesadas ante los tribunales competentes sin trámite previo de desafuero.
De igual forma, las y los legisladores mantienen inmunidad únicamente por sus actividades parlamentarias, pero pueden ser juzgados penalmente si cometen delitos ajenos a su labor legislativa.
En los artículos transitorios se precisa que la Legislatura mexiquense contará con un plazo máximo de 90 días para adecuar las leyes locales y eliminar toda referencia al fuero o a la declaración de procedencia, armonizándolas con la reforma constitucional.
Asimismo, los procesos de desafuero en curso se cancelarán y sus investigaciones serán remitidas al Ministerio Público para continuar conforme al procedimiento penal ordinario.
El parlamentario refirió que otras entidades federativas —como Nuevo León, Jalisco, Querétaro y Baja California— ya han eliminado el fuero penal sin que ello haya afectado la gobernabilidad ni la independencia de los poderes.
Por ello, consideró que el Estado de México, con una población superior a 17 millones de habitantes (según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2020), requiere mecanismos jurídicos que garanticen la igualdad de todas las personas ante la ley y fortalezcan la confianza pública en los poderes del Estado.
