Piden en la Cámara de Diputados integrar a un representante de la Secretaría de Salud al Consejo del INALI

• La Diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo (PVEM) plantea reformar la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

La Diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo (PVEM) propuso una iniciativa que reforma el artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para incorporar a una persona representante de la Secretaría de Salud al Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). 

En su exposición de motivos, el documento, turnado a la Comisión de Salud, señala que la reforma permitirá que la secretaría se coordine con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para contar con el personal intérprete y traductor que garantice a las personas indígenas la adecuada comunicación en todas las instituciones de salud del sector público.

Es decir, unidades, clínicas o centros de salud que corresponden al primer nivel de atención, así como hospitales y centros médicos que son de segundo y tercer nivel de atención.

Estima importante que los usuarios originarios de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas obtengan la información necesaria en materia de salud, en su lengua.

Añade que es conveniente establecer la responsabilidad de la Secretaría de Salud de contar con personas traductoras o intérpretes, a fin de garantizar la adecuada comunicación en todas las instituciones de salud del sector público, priorizando aquellas que se encuentran en regiones próximas o que están asentadas en las comunidades indígenas.

Pone como ejemplo que cuando las personas pacientes no logran comunicar los síntomas de las enfermedades que padecen, se vuele un proceso complicado para el personal médico expedir una receta y, en caso de proporcionarla, existe una probabilidad que no sea el tratamiento o diagnóstico adecuado.

En la mayoría de los casos los pacientes y familiares de quienes presentan alguna enfermedad no logran entender lo que significa su padecimiento, por lo que no lo dimensionan, ya que el lenguaje médico es especializado y con tecnicismos, que incluso una persona hablante del castellano podría tener dificultades para comprender. 

Por esta razón, la Diputada Trujillo Trujillo subraya la importancia de contar con personal de interpretación y traducción, que tenga conciencia plena de que su función será transmitir el significado de lo que el personal médico quiere comunicar al paciente y sus familiares. 

Refiere que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México hay 25.7 millones de personas catalogadas como indígenas, lo que representa el 21.5 por ciento de la población nacional; además, existen 64 mil 172 localidades con población indígena y de ellas 7.4 millones son hablantes de alguna lengua.

En este contexto, menciona que la presencia de personas intérpretes y traductoras en lenguas maternas en los centros de salud contribuirá a la lucha en contra de la discriminación hacia los pueblos originarios, ya que hasta la fecha existe personal médico que carece de empatía con pacientes indígenas.

El objetivo de la iniciativa es reconocer la urgencia de eliminar las barreras de discriminación hacia las personas de comunidades indígenas, así como establecer en el marco jurídico las disposiciones constitucionales y legales que garanticen sus derechos humanos.

Plantean que el cinco por ciento de la plantilla laboral de empresas sea para personas indígenas o afrodescendientes

• La Diputada Domínguez Zopiyactle (PVEM) propone reformar el artículo 7º de la Ley Federal del Trabajo

La Diputada Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle (PVEM) impulsa una iniciativa para reformar el artículo 7º de la Ley Federal del Trabajo, para establecer que todas las empresa o establecimientos cuenten en su plantilla laboral con el cinco por ciento de personas de algún pueblo originario o afrodescendiente.

La propuesta, enviada a las comisiones de Trabajo y Previsión Social para su dictamen, y a la de Pueblos Indígenas y Afromexicanos para su opinión, busca garantizar el principio de inclusión y el respeto a los derechos humanos de las trabajadoras y trabajadores indígenas y afrodescendientes, a contar con un empleo digno, bien remunerado y con seguridad social.

Refiere que en México habitan 23.2 millones de personas que se declaran indígenas o afrodescendientes, de las cuales el 85 por ciento tienen un empleo en la informalidad, mientras que el resto se desempeña en la construcción, manufactura, minería y suministro de electricidad, gas y agua, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La Diputada Domínguez Zopiyactle resalta que las personas pertenecientes a estos grupos perciben bajos ingresos y la mitad no cuenta con seguridad social o alguna otra prestación, debido a que trabajan en pequeñas unidades económicas, en condiciones precarias, sin posibilidades de aumentar su productividad o tener capacidad para negociar mejores prestaciones, debido al marco jurídico y las políticas económicas existentes.

Además, se enfrentan a la discriminación y las condiciones de trabajo deficientes, por lo que tienen casi tres veces más probabilidades de encontrarse en situación de extrema pobreza que sus pares no indígenas.

Apuntó que impulsar acciones a favor del empleo contribuye a que en caso de las mujeres indígenas y afromexicanas puedan alejarse de la discriminación de género que suelen sufrir al buscar el acceso y el control de la tierra y la propiedad en el ámbito rural, y con ello lograr una mayor autonomía económica.

Considera que la reforma es fundamental, toda vez que más del 80 por ciento de la población ocupada en las zonas indígenas trabaja en lugares precarios, como la parcela, el hogar o la calle, y sólo un 10 por ciento labora en establecimientos formales.

Subraya que, de aprobarse la modificación a la ley, se lograría combatir la desigualdad social y se brindarían mejores oportunidades laborales a este sector de la población.

Hasta 27 años de prisión a quien explote a personas indígenas

* La pena máxima aplicará cuando el delito sea cometido por personas servidoras públicas.
* El delito se castigará como una modalidad de trata de personas.

El Congreso del Estado de México aprobó reformas para sancionar con 18 años de prisión la explotación forzada de personas indígenas o que se encuentren en situación de marginalidad o de vulnerabilidad social, las cuales podrían ser de hasta 27 años de cárcel cuando sea cometido por personas servidoras públicas.

Conforme a las reformas a la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas y al Código Penal, ambas del Estado de México, impulsadas por la diputada Juana Bonilla Jaime y el diputado Martín Zepeda Hernández, integrante y coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, este delito se tipificará como una modalidad de trata de personas.

De acuerdo con las reformas, expuestas por la diputada Juana Bonilla, quien agradeció las aportaciones de los grupos parlamentarios, las sanciones por este delito serán de seis a 12 años de prisión o de nueve a 18 si es cometido por una persona servidora pública y que estas penas podrían incrementarse hasta en una mitad cuando el delito sea cometido en contra de una persona indígena o que se encuentre en condiciones de marginalidad o vulnerabilidad social.

Indican que se considerará mendicidad forzada o mendicidad ajena la explotación para obtener un beneficio, cuando se obligue a una persona a pedir limosna o caridad contra su voluntad a través de amenazas de daño grave, uso de la fuerza y otras formas de coacción o engaño, valiéndose de una situación de vulnerabilidad o indefensión.

Las reformas también estipulan que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la entidad (DIFEM) deberá implementar campañas de prevención y denuncia de estos hechos bajo una perspectiva interseccional de género y con enfoque en derechos humanos.

Castigarán con prisión a quien explote a personas indígenas

* Comisiones legislativas aprobaron incorporar a la legislación local el delito de mendicidad ajena.
* Penalmente será castigado como una modalidad de trata de personas.

A fin de contribuir a erradicar la mendicidad forzada, entendida como la explotación de personas indígenas o que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, Comisiones Unidas del Congreso mexiquense aprobaron incorporar este delito a la legislación local y sancionarlo con penas de prisión como una modalidad de trata de personas.

De acuerdo con la propuesta de la diputada Juana Bonilla Jaime y el legislador Martín Zepeda Hernández, integrante y coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, se entenderá como mendicidad ajena la explotación para obtener un beneficio, cuando se obligue a una persona a pedir limosna o caridad contra su voluntad a través de amenazas de daño grave, uso de la fuerza y otras formas de coacción o engaño, valiéndose de una situación de vulnerabilidad o indefensión.

De acuerdo con el dictamen, expuesto por la diputada Karina Labastida Sotelo, la mendicidad ajena lesiona la dignidad y se agrava por la delincuencia organizada que ha hecho del tráfico de personas una fuente de ingresos, además de que en los últimos tiempos se ha incrementado la migración de personas de comunidades originarias a la entidad, quienes se vuelven víctimas potenciales de la delincuencia.

Las reformas al Código Penal del Estado de México equiparan la mendicidad ajena con el delito de trata de personas que se sanciona con penas de seis a doce años de prisión, o de nueve a 18 años cuando es cometido por una persona servidora pública.

Estas penas se incrementarán al doble cuando el delito se ejecute en contra de una persona perteneciente a un grupo indígena o que se encuentre en condiciones de marginalidad o vulnerabilidad social, establece el dictamen.

Además, las modificaciones a la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas en el Estado de México integran el concepto de mendicidad ajena y estipulan que corresponderá al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la entidad (DIFEM) implementar campañas de prevención y denuncia bajo una perspectiva interseccional de género y con enfoque en derechos humanos.

Las reformas avaladas por unanimidad de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, presididas por el diputado Gerardo Ulloa Pérez (Morena) serán remitidas a la Asamblea plenaria para su votación definitiva.