El PRD exige se esclarezca la acusación que hace Estados Unidos contra nuestros connacionales

“De existir alguna responsabilidad se tiene que sancionar a los involucrados, trátese de quién se trate”: señaló el Secretario Electoral del CEN del PRD, Octavio Martínez Vargas. Después de que el Gobierno de Estados Unidos acusó al futbolista Rafael Márquez Álvarez y al cantante Julión Álvarez de ser prestanombres del narcotraficante Raúl Flores Hernández operador de redes de lavado de dinero, el Secretario Electoral del Comité Nacional del PRD, Octavio Martínez Vargas, exigió a la PGR y a la PGJ coadyuven con el Gobierno estadounidense para que se esclarezca el caso y de existir alguna evidencia que acredite su responsabilidad, se les sancione con apego a la legalidad. El integrante del Secretariado Nacional del Partido de la Revolución Democrática, Martínez Vargas, demandó a la Procuraduría General de la República colaborar con la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC por sus siglas en ingles), para investigar la red de vínculos con el crimen organizado y de encontrar algunas otras personalidades más involucradas en este ilícito, se les sancione como lo establece la ley “trátese de quién se trate, sin desviar ni quebrantar el Derecho”. Resaltó que la OFAC notificó la acusación contra 22 personas más, entre los que destaca el nombre de Carlos Lomelí Bolaños, diputado federal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) por ser uno de los socios del futbolista Rafael Márquez, además de que el gobierno de EU lo tiene fichado desde 2008 como presunto operador de la organización Amezcua Contreras en una red para la producción y distribución de metanfetaminas. De igual manera, el Secretario Electoral del CEN del PRD, Octavio Martínez  requirió a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) que participe en las investigaciones y que no se proteja a ningún personaje “por muy figura pública que éste sea”. Por último expresó que de encontrar responsabilidad en otros funcionarios públicos que probablemente les hayan brindado protección, y si se demuestra su culpabilidad, se les sancione también con apego a la legalidad.