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viernes, 24 de octubre de 2025

Proponen en el Congreso mexiquense hasta 20 años de cárcel por comercializar maíz transgénico

El Diputado Gerardo Pliego (MORENA) planteó penalizar con hasta 8 años de cárcel la siembra de especies genéticamente modificadas y con hasta 20 años por su comercialización, transportación, distribución, almacenamiento o procesamiento.

El legislador informó que esta iniciativa es resultado de un foro realizado en el Congreso mexiquense, en el que participaron activistas, personas campesinas y especialistas, así como de las aportaciones del Movimiento por la Defensa del Maíz del Estado de México.

A fin de proteger la producción del maíz nativo, el Diputado Gerardo Pliego Santana (MORENA) propuso penalizar con hasta 8 años de cárcel la siembra de especies genéticamente modificadas y con hasta 20 años por su comercialización, transportación, distribución, almacenamiento o procesamiento.

Con la reforma al Código Penal estatal, se establecería que, a quien, sin autorización legal, realice, auxilie, coopere, comercie, suministre, compre, reciba, resguarde, consienta o participe en las mencionadas actividades, se le aplicarán de 10 a 20 años de prisión y de mil a mil 500 días multa, mientras que la siembra ameritaría de 2 a 8 años de cárcel, y de 30 a 150 días multa.

El objetivo es fortalecer la capacidad del Estado para proteger el patrimonio biológico, cultural y alimentario, en cumplimiento del mandato constitucional de garantizar los derechos a un medio ambiente sano, a la salud y a la alimentación, así como de las obligaciones internacionales asumidas por México en materia de biodiversidad y derechos de los pueblos indígenas.

Lo anterior, en virtud de que el maíz y otros cultivos tradicionales son símbolo de identidad, cultura y vida para los pueblos originarios, al tratarse de la base de su alimentación, economía y cosmovisión. La iniciativa advierte que, una vez alterada la estructura genética de una variedad tradicional, se pierde la riqueza adaptativa, nutricional y cultural que la distingue. A una escala mayor, ello puede provocar la erosión de la diversidad agrícola del país, afectando directamente la base de la soberanía alimentaria.

El legislador informó que esta iniciativa es resultado directo de un foro realizado el pasado 17 de julio en la sede del Congreso mexiquense con activistas, personas campesinas, científicas y especialistas, así como de las aportaciones del Movimiento por la Defensa del Maíz del Estado de México, cuyos integrantes asistieron a la sesión.

El documento añade que los cultivos transgénicos tienen un impacto en la salud humana, pues la evidencia científica señala alteraciones del sistema inmunológico, disfunciones hepáticas y renales en modelos animales, reacciones alérgicas y la creciente preocupación por el uso de herbicidas como el glifosato, clasificado como “probablemente cancerígeno para los seres humanos” por la Organización Mundial de la Salud.

Por otro lado, refiere que este modelo de agricultura industrial promueve el uso intensivo de agroquímicos, deteriorando los suelos, contaminando mantos acuíferos y afectando gravemente a insectos polinizadores, además de que fomenta la concentración del control del sistema agroalimentario en manos de unas cuantas corporaciones, generando dependencia tecnológica, pérdida de autonomía de los pequeños productores y restricciones al intercambio libre de semillas.

El diputado reiteró la relevancia de la reforma constitucional propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que entró en vigor el pasado 18 de marzo, con la que se declaró al maíz como un elemento de identidad nacional y que el Estado garantice su cultivo libre de transgénicos.

miércoles, 17 de septiembre de 2025

Hasta 60 años de cárcel por reclutar menores para delinquir: GPMC

A nombre del Grupo Parlamentario de MC (GPMC), la Diputada Ruth Salinas presentó la iniciativa para tipificar este delito e imponer una multa de hasta 905 mil 120 pesos. 

El delito aplica a quien reclute forzadamente algún niño, niña o adolescente con el objeto de formar parte de una pandilla; fabricar, portar, usar o traficar armas prohibidas con fines ilícitos; o realizar vigilancia, mensajería, transporte, entrega o custodia de objetos relacionados con actividades ilícitas.


La bancada de MC propuso imponer hasta 60 años de prisión y multa de ocho mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 905 mil 120 pesos al valor actual, a quien reclute forzadamente algún niño, niña o adolescente, con el objeto de formar parte de una pandilla; fabricar, portar, usar o traficar armas prohibidas con fines ilícitos; o realizar vigilancia, mensajería, transporte, entrega o custodia de objetos relacionados con actividades ilícitas.

De acuerdo con la iniciativa de reforma al Código Penal Estatal, a la que dio lectura la Diputada Ruth Salinas Reyes, también comete este delito de reclutamiento forzado quien obligue a menores de edad a participar directa o indirectamente en la comisión de cualquier conducta ilícita prevista en ese código.

El documento precisa que la pena máxima de 60 años se aplicaría cuando el reclutamiento sea cometido por el padre, madre, tutor, ascendiente o cualquier persona que, por su posición de autoridad o confianza, tenga a la víctima bajo su custodia, guarda o educación y se ejerza violencia física o psicológica contra la víctima.

Además, cuando la víctima se encuentre en condición de orfandad, situación de calle, abandono familiar, discapacidad o migración; cuando sea cometido por una persona servidora pública —en ejercicio de su cargo o con abuso de sus funciones—; y cuando la finalidad de la asociación delictuosa o la pandilla sea cometer delitos graves. 

Cabe señalar que, cuando no se configuren estas agravantes, las sanciones serán de 30 años de cárcel y cuatro mil veces el valor diario de la UMA (452 mil 560 pesos al valor presente). 

La iniciativa expone que este delito no se encuentra debidamente tipificado en la entidad, pues sólo algunas de las conductas que configuran el reclutamiento forzado se consideran en el Código Penal, en su apartado denominado “De las personas menores de edad y quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho”, con penas no mayores a 10 años de prisión. Debido a ello, se plantea incorporar al código el capítulo específico “Delito de Reclutamiento Forzado de Niñas, Niños y Adolescentes”.

Explica también que, en 2022, datos de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal registraron 20 mil 327 niñas, niños y adolescentes que fueron reportadas en esta situación en la entidad, de las cuales una de cada cinco (equivalente a 3 mil 951) se encontraba en calidad de desaparecida o no localizada.

Por otra parte, la Red por los Derechos de la Infancia en México menciona que alrededor de 200 mil menores de edad están en riesgo de ser captados por grupos delictivos que operan en México, y que este delito cuenta con mayor incidencia en entidades como Baja California, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos y el Estado de México.