El diputado López Ruiz (PT) impulsa reformas al Código Penal Federal
El Diputado José Antonio López Ruiz (PT) presentó reformas al Código Penal Federal para establecer sanciones de cinco a doce años de prisión y de quinientos a mil quinientos días multa, a quien, ejerciendo legalmente la patria potestad de una niña, niño o adolescente, permita o facilite su participación en actividades delictivas.
Mediante una iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, el legislador plantea adicionar un Capítulo Noveno, denominado “Del incumplimiento de los deberes de cuidado respecto de personas menores de edad” al Título Decimonoveno del Libro Segundo con los artículos 343 Quinquies a 343 Nonies, de dicho ordenamiento
De acuerdo con el proyecto, incurrirían en el delito de incumplimiento de deberes la madre, padre, ambos progenitores cuando ejerzan conjuntamente la patria potestad, el tutor, la tutora o cualquier persona que legalmente ejerza la patria potestad, tutela, guarda, custodia o tenga bajo su cuidado a una persona menor de 18 años, que teniendo el deber jurídico de protegerla, educarla, orientarla, vigilarla y procurar su desarrollo integral, permita, tolere o facilite dolosamente su participación en delitos.
También, entregue, proporcione o permita el acceso de la persona menor de edad a armas de fuego, municiones, explosivos, narcóticos, vehículos, recursos económicos u otro medio destinado a facilitar la comisión de un delito como homicidio, feminicidio, secuestro, extorsión, delincuencia organizada, y contra la salud.
Además, trata de personas, desaparición forzada o cometida por particulares, así como portación, acopio o tráfico de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, terrorismo o cualquier otro delito cuya pena máxima sea igual o superior a 15 años de prisión.
La pena podría incrementar hasta en una mitad cuando el responsable obtenga un beneficio económico derivado de la conducta realizada por la persona menor de edad y ésta sea incorporada o utilizada por una organización delictiva; haya intervenido previamente en la planeación, preparación o ejecución del delito; cuando existan dos o más personas menores de edad involucradas y la conducta se cometa de manera reiterada.
Precisa que no se actualizará el delito materia de este Capítulo si el ministerio público no acredita plenamente la existencia del deber jurídico de cuidado o conducta dolosa atribuible al imputado, y en ningún caso la responsabilidad penal podrá presumirse por el sólo vínculo de parentesco, por el ejercicio de la patria potestad o por la mera comisión de un delito por parte de la persona menor de edad.
Añade que cuando exista sentencia firme contra quien ejerza la patria potestad, tutela, guarda o custodia del menor involucrado, se dará vista a la autoridad en materia familiar y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para determinar la procedencia de medidas de protección y, en su caso, la suspensión, limitación o pérdida de esos derechos.
López Ruíz argumenta que en la actualidad no hay un tipo penal que sancione el incumplimiento grave de los deberes inherentes a la responsabilidad parental. “No hay consecuencias penales para casos en los que la conducta gravemente negligente o dolosa de quienes tienen el deber jurídico de cuidado constituya un factor determinante para la incorporación del menor a actividades criminales”.
Se busca, dijo, fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes, reafirmar la corresponsabilidad familiar y proporcionar herramientas para prevenir su reclutamiento por organizaciones criminales. No es responsabilizar penalmente a madres, padres o tutores del delito cometido por la persona menor de edad, sino sancionarles si faltan a sus obligaciones jurídicas de cuidado.
La Diputada López Carrillo (PT) propone reformas al Código Penal Federal
La Diputada Vanessa López Carrillo (PT) propuso reformar los artículos 383 y 385 del Código Penal Federal, para incluir entre los delitos considerados como abuso de confianza a quien disponga de fondos, dinero o tarjetas de pensiones y apoyos sociales sin permiso de la persona titular.
Establece que será abuso de confianza a quien, siendo depositario, custodio, auxiliar o encargado de la tarjeta bancaria, medio electrónico, credencial o cualquier instrumento de pago mediante el cual se perciban los ingresos de pensiones, apoyos económicos o beneficios de programas sociales del Estado, disponga para sí o para un tercero de los fondos o del dinero en efectivo sin consentimiento de su titular.
Las penas previstas para los delitos de abuso de confianza (que van de seis meses a seis años de prisión y multa hasta de cien veces el salario) se aumentarán hasta en una tercera parte cuando la conducta se cometa en perjuicio de una persona adulta mayor, de una persona con discapacidad, o cuando entre el sujeto activo y la víctima exista relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, cohabitación, custodia, subordinación, cuidado o notoria confianza.
En los artículos transitorios señala que las instituciones de procuración de justicia y el Banco del Bienestar implementarán protocolos accesibles de orientación, recepción y canalización de reportes o denuncias ciudadanas, relacionadas con la retención ilícita o despojo de tarjetas de los programas sociales.
En el documento que adiciona una fracción IV al Artículo 383 y un segundo párrafo al artículo 385 de dicho ordenamiento, turnado a la Comisión de Justicia, la legisladora considera imprescindible homologar a nivel federal la figura del abuso de confianza y robustecer los mecanismos de orientación y defensa de las víctimas en todo el país.
Menciona que se han identificado casos de despojo y disposición no autorizada de recursos distribuidos a través de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, y de las Personas con Discapacidad, por parte de sus familiares, cuidadores o terceras personas y “los mecanismos administrativos o civiles no han disuadido la expoliación patrimonial intrafamiliar de quien depende de un auxilio indispensable para disponer de su pensión”.
Refiere que, al enfrentar barreras de movilidad física, brecha digital, debilidad visual o condiciones propias de su salud, un alto porcentaje de beneficiarios de esos programas confía su tarjeta bancaria y contraseñas a otras personas para cobrar el recurso.
Lamentablemente, subraya, depositarios y gente de confianza retienen indebidamente los fondos o entregan montos incompletos para su propio beneficio económico o de terceros.
Hace notar que la Constitución Política plasma el derecho humano y universal a recibir una pensión no contributiva a través de esos programas, para fortalecer la protección social durante la vejez y reducir la vulnerabilidad económica de personas con discapacidad.
Agrega que las pensiones de personas adultas mayores y personas con discapacidad han reducido la pobreza 28 y 17 por ciento, respectivamente, y beneficiado a 13 millones 892 mil 904, y un millón 865 mil 433 personas, en cada uno de estos grupos sociales.
De ahí la importancia de visibilizar este fenómeno recurrente, lesivo y sistemático de despojo contra estos sectores de la población, enfatiza.
Para ello, la Diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) impulsa reforma a la Constitución Política
La Diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) propuso reformar el artículo 94 de la Constitución Política, con el objetivo de que el Poder Judicial de la Federación cuente con mecanismos institucionales de protección para las personas juzgadoras que conozcan de asuntos relacionados con delincuencia organizada u otros delitos de alto impacto.
Además, estipular que, en casos excepcionales y debidamente justificados, la legislación correspondiente pueda establecer medidas extraordinarias de seguridad, incluyendo la reserva temporal de la identidad pública de las personas juzgadoras durante el desarrollo del proceso, así como el uso de medios tecnológicos y protocolos institucionales orientados a garantizar su integridad, independencia y el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional.
El documento, turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, resalta que la delincuencia organizada constituye uno de los fenómenos criminales más complejos que enfrentan los Estados contemporáneos y se caracteriza por la existencia de estructuras jerárquicas o redes criminales con capacidad económica, armamentística y logística para realizar actividades ilícitas de manera sistemática y sostenida.
En el caso mexicano, añade, diversas evaluaciones institucionales señalan que los grupos criminales han desarrollado estrategias de presión, intimidación y violencia dirigidas contra operadores del sistema de justicia, incluyendo fiscales, policías de investigación, peritos y personas juzgadoras.
Dicha situación, afirma, genera riesgos significativos para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia penal, particularmente en aquellos casos en que las resoluciones judiciales pueden afectar directamente los intereses de organizaciones criminales con alto poder de intimidación.
Por ello, asegura, la seguridad e integridad de las personas juzgadoras se convierte en un elemento indispensable para preservar la independencia judicial. El Estado tiene la obligación constitucional de adoptar medidas adecuadas para garantizar que quienes ejercen la función jurisdiccional y enfrentan riesgos graves para su vida o integridad física, puedan desempeñar sus funciones con plena libertad y sin temor a represalias.
El objetivo central de esta propuesta de reforma consiste en fortalecer la protección institucional de quienes ejercen funciones jurisdiccionales en contextos de criminalidad organizada, garantizando que puedan desempeñar su labor sin presiones indebidas y en condiciones adecuadas de seguridad, indica.
Aclara que la adopción de mecanismos de seguridad reforzada para personas juzgadoras no implica una limitación al debido proceso ni a los derechos de las partes, sino una medida orientada a garantizar que las decisiones judiciales puedan adoptarse con plena libertad y autonomía.
En reunión con la mandataria, también les solicitó hacer lo que les corresponde como legisladores, añade la presidenta del Senado.
La Presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que la Titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a senadores y diputados federales de MORENA, PT y PVEM continuar el trabajo con la gente y hacer lo que les corresponde como legisladores y como legisladoras “de cara al pueblo”.
Al término del encuentro entre legisladores y la Presidenta de la República, en Palacio Nacional, la senadora añadió que también se habló de seguir con la transformación del país y con esta labor de forma sólida y coordinada.
Agregó que Claudia Sheinbaum Pardo agradeció a senadores y diputados de esos Grupos Parlamentarios por el trabajo legislativo realizado para alcanzar reformas que han logrado un cambio de régimen, así como consolidar los cambios en favor de México, a favor del pueblo y a favor de la independencia económica y de la defensa de la soberanía nacional.
En este punto, la Senadora Castillo Juárez consideró que, de igual manera, han sido importante el reforzamiento de la seguridad nacional, lo cual, precisó, también es resultado de los cambios constitucionales para que exista una mejor coordinación de los elementos de seguridad.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “nos dio un agradecimiento por nuestro trabajo, por seguir construyendo la Cuarta Transformación, por las reformas constitucionales que se han hecho y por seguir trabajando a favor de la soberanía, la independencia, la libertad y el amor al pueblo”, reiteró ante los medios.
Asimismo, señaló Laura Itzel Castillo, la Presidenta de la República dialogó con las y los legisladores sobre las transformaciones que se han hecho en el país, sobre la historia de México y sobre los principios de democracia, justicia, libertad y soberanía; cuestiones que, subrayó, “no están sujetas a negociación”.
"Demuestra que el diálogo sí da resultados, y que la convocatoria de la Presidenta Claudia Sheinbaum encontró eco y voluntad en nuestra coalición", señala el coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA y Presidente de la JUCOPO
"Cuando se privilegia el interés nacional por encima de las diferencias, la unidad se convierte en la mayor fortaleza de un proyecto político progresista", añade
Palacio Legislativo de San Lázaro - El Diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA y Presidente de la Junta de Coordinación Política, señaló que "en política, lo verdaderamente importante son los principios y los resultados que benefician a la población".
En ese sentido, durante su intervención en la conferencia de prensa ofrecida por las dirigencias y las coordinaciones de los grupos parlamentarios de MORENA, PVEM y PT en el Congreso de la Unión, aseveró que "haber alcanzado un acuerdo en torno al 'Plan B' de la reforma electoral es un acierto político, que demuestra que el diálogo sí da resultados, y que la convocatoria de la Presidenta Claudia Sheinbaum encontró eco y voluntad en nuestra coalición".
Agregó que "este acuerdo ratifica la firme decisión de continuar con el proceso de transformación que vive México".
"También, confirma que cuando se privilegia el interés nacional por encima de las diferencias, la unidad se convierte en la mayor fortaleza de un proyecto político progresista".
Monreal Ávila aseguró que "hoy retomamos el camino de la unidad para fortalecer nuestra coalición y cerrar filas en torno a nuestra presidenta, quien todos los días enfrenta con responsabilidad y carácter los desafíos internos y las presiones del exterior".
"La transformación no se detiene, la voluntad del pueblo es clara y nuestro compromiso es firme, seguir construyendo un país más justo, más democrático y con mayores oportunidades para todas y para todos".
Anotó que "en los momentos decisivos de la historia, la política exige altura de miras, convicción y responsabilidad. Este es uno de los momentos y estamos a la altura del desafío".
"Una vez que llegue a las Cámaras este acuerdo suscrito por los partidos de la coalición, lo procesaremos y también daremos resultados en beneficio de la población"
Asimismo, agradeció a los dirigentes de los partidos políticos de MORENA, del Verde y del PT "nos hayan permitido ser testigos de este histórico acuerdo, en el que se plasman estos resultados que pronto se verán reflejados en derecho vigente".
• Su objetivo es establecer un piso mínimo a esta población para recibir atención oportuna, eficaz y gratuita
El Diputado Jaime Genaro López Vela (MORENA), presidente de la Comisión de Diversidad, dio a conocer iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea La Ley General de Acceso Integral a los Derechos de las Personas Trans, la cual, dijo, fue construida conjuntamente con colectivos de la sociedad civil.
En el marco de la presentación del libro “Transfeminicidio”, el legislador señaló que la propuesta tiene como finalidad establecer el piso mínimo a esta población para recibir una atención oportuna, eficaz y gratuita en temas como la no discriminación, la identidad de género auto percibida, derecho a la educación, a la cultura, al trabajo digno, a las garantías laborales, el derecho a la vivienda digna y decorosa, derecho a la salud y a la justicia.
Dijo que no sólo rescata las recomendaciones internacionales en función de estadísticas y registros cuantificables en la región, realizados por expertos independientes y organizaciones de cooperación internacional, sino también retoma el clamor de la lucha social histórica de más de 40 años en México de las poblaciones trans en voz de sus protagonistas.
Asimismo, fija una temporalidad para la entrega de reportes y estadísticas bianuales que demuestren el avance en la atención y garantía del acceso integral a los derechos de las personas trans en su calidad de ciudadanía de primer nivel, respetando los órdenes de gobierno y sus atribuciones coincidentes para la atención de este grupo poblacional históricamente vulnerado.
“Con la expedición de una Ley General de Acceso Integral a los Derechos de las Personas Trans nuestro país contará con una nueva legislación de vanguardia que actualice el marco jurídico en materia de acceso integral a los derechos de esta población”, aseguró.
El Diputado López Vela informó que la Ley está orientada a garantizar procedimientos administrativos accesibles para el reconocimiento de la identidad de género y atender las violaciones sistemáticas en materia de salud, educación, trabajo y justicia, como parte del cumplimiento de los compromisos constitucionales e internacionales del Estado mexicano.
En tanto, Ileana Hidalgo Rojas, titular de la Unidad de Transparencia de la Cámara de Diputados, comentó que existe un respaldo para la iniciativa que establece un catálogo integral de derechos para las personas trans, además de garantizar el reconocimiento a la identidad de género a través de procedimientos administrativos.
Por su parte, la Diputada María Damaris Silva Santiago (MORENA) dijo que se requiere dejar de ser indiferentes ante la discriminación estructural y sistemática, y comenzar a sumarse a la responsabilidad de garantizar el acceso real a la educación, salud, trabajo, justicia y a las identidades, donde la política es una herramienta para construir esperanza.
La Presidenta de la Comisión de Vivienda, Diputada Maribel Martínez Ruiz (PT), destacó la importancia de escuchar todas las voces, como en el caso de las personas trans donde su lucha histórica visibiliza el problema estructural de violencias. Consideró que el nuevo humanismo mexicano debe incrementar los derechos de las poblaciones de la diversidad sexual.
También del PT, el Diputado Luis Fernando Vilchis Contreras indicó que acompañarán de la mano y en todo momento estas iniciativas y ejercicios encaminados a generar mejores condiciones en beneficio de la población trans.
El Diputado local del Congreso de la Ciudad de México, Miguel Ángel Macedo Escartín (MORENA), expresó que legislar también es sanar, por lo que con esta reforma se estaría dando un paso firme hacia donde todas las identidades puedan vivir con libertad, dignidad y derechos plenos.
Marisela Valor Ayllón, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración en la Secretaría de Gobernación (SEGOB), afirmó que existe el compromiso de seguir trabajando con la comunidad, pero dijo que es necesario que los colectivos se acerquen para ir más allá del simple cumplimiento de una recomendación en materia de derechos humanos.
Enrique Ventura Marcial, director general adjunto de Quejas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), dijo que apoya la iniciativa por la que se crea la Ley General de Acceso Integral a los Derechos de las Personas Trans, ya que constituye un avance decisivo hacia una sociedad inclusiva. Esta propuesta es un acto de justicia social que acerca a los principios de universalidad, interdependencia e invisibilidad de los derechos humanos.
La exdiputada María Clemente García Moreno exhortó a la comunidad LGBTTTIQ+ a apoyar esta iniciativa porque es política pública que va a otorgar facultades para demandar atención en cualquier rincón del país y a lograr mayores beneficios.
El Diputado Jaime Eduardo Cantón Rocha (MORENA), de Baja California, expuso que la característica fundamental de esta ley es mandar el mensaje de que cuando llegue un gobierno de izquierda nadie se quede atrás y que nunca más en la historia del país se viviría discriminación porque se continuará luchando.
César Guerra, representante del gobierno de Morelos, consideró necesario que esta iniciativa sea revisada por todas las poblaciones para que nadie quede excluido. Precisó que se requiere hacer trabajos transversales interseccionales, ya que a la diversidad sexual le ha faltado el compromiso de comprender la lucha feminista, porque si hay personas a quienes se les violente, discrimine, excluye y asesine, son a las mujeres.
De la Secretaría de las Mujeres, Laurel Miranda Huerta Hernández, mujer trans, aseguró que esta institución tiene las puertas abiertas para todas las mujeres, incluyendo transgénero, transexuales e integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, pues, aunque hay luchas diversas, eso no significa “ponerse el pie unas contra otras”, pero siempre buscado una mejor perspectiva de futuro.
Presentación del libro “Transfeminicidio”
Previamente, la Comisión de Diversidad organizó en el Palacio Legislativo de San Lázaro la presentación del libro “Transfeminicidio”, de los autores Joel Aguirre, Emma Landeros Martínez y Lola Dejavu.
El Diputado López Vela dijo que se trata de una obra que constituye una aportación periodística y documental que visibiliza una problemática estructural, al reunir testimonios, datos e investigaciones que evidencian la urgencia de fortalecer el marco jurídico y las políticas públicas en materia de derechos humanos, acceso a la justicia y no discriminación.
La Diputada Claudia Rivera Vivanco (MORENA) reconoció el compromiso de quienes impulsan este movimiento, destacando la importancia de generar estrategias de comunicación, seguridad y organización social, particularmente en el contexto del trabajo conjunto. Además de visibilizar las problemáticas, nombrarlas y atenderlas es un paso indispensable para fortalecer la conciencia colectiva y multiplicar esfuerzos en favor de la igualdad.
El Diputado Javier Sánchez Cervantes (MORENA) resaltó que los derechos consagrados en la Constitución deben garantizarse de manera amplia e integral para todas las personas, abarcando ámbitos fundamentales como la cultura, el deporte, la vivienda, el trabajo y la seguridad.
Del mismo grupo parlamentario, la Diputada Cynthia Gabriela Chumacero Rodríguez hizo un llamado a trabajar por una vida digna y libre de discriminación, particularmente para las juventudes y personas mayores, así como garantizar acceso efectivo a educación digna y oportunidades de desarrollo.
Joel Aguirre A. explicó que el libro surge desde el ámbito periodístico como una iniciativa para combatir la ignorancia y documentar, con rigor académico y humano, las experiencias de vida, los procesos de transición y las múltiples formas de discriminación que enfrentan desde la infancia. Comentó que la obra busca promover respeto, tolerancia y protección efectiva de los derechos humanos en todos los espacios sociales e institucionales.
Ema Landeros consideró que el feminicidio y la violencia sistemática deben abordarse con perspectiva de género y voluntad política real. Llamó a traducir el dolor social en normas jurídicas eficaces, con protocolos obligatorios, presupuestos etiquetados y capacitación institucional, reiterando que la dignidad y la vida no se negocian, se garantizan.
Lola Dejavu, activista trans, reconoció que los derechos conquistados han sido resultado de organización y resistencia, no de concesiones, y pidió no olvidar a quienes han sido violentadas o privadas de justicia. Admitió los logros en materia de identidad de género e indicó la necesidad de atender problemáticas persistentes como la desaparición de personas, la falta de acceso a servicios de salud y la discriminación institucional.
Ofrecen concierto del coro “The Friends Of Dorothy”
Por la tarde, se llevó a cabo el concierto del coro a capela “The friends of Doroty”, de Finlandia y el “Coro gay de la Ciudad de México”, bajo la dirección del maestro Enrique Dunn y el director musical Óscar Urtusástegui, en el auditorio Aurora Jiménez del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Al dar un mensaje, el embajador de Finlandia en México, Ari Maki, se dijo convencido de que cada persona merece las mismas oportunidades para vivir con dignidad, por eso la seguridad social está garantizada para todas, todos y todes.
Indicó que las piezas conjuntas que se escucharán, interpretadas por coros de dos países tan distintos y a la vez tan cercanos en espíritu, son un reflejo de una libre alianza y un puente artístico donde convergen nuestras historias, luchas y alegrías.
En este concierto estuvieron presentes la Diputada Alma Rosa de la Vega Vargas (MORENA), y los Diputados Francisco Amadeo Espinosa Ramos (PT), Presidente del Grupo de Amistad México República de Finlandia y Gabino Morales Mendoza (MORENA).
El Diputado Mejía Berdeja (PT) pide reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor
El Diputado Ricardo Mejía Berdeja (PT) impulsa una iniciativa a fin de que los proveedores de bienes y servicios en establecimientos absorban el costo de las bolsas de acarreo u otros medios de empaque que se entreguen al consumidor con motivo de la adquisición de productos o servicios, siempre que dichos materiales cumplan con la normatividad ambiental vigente.
La reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que en ningún caso podrán realizar cobros directos o indirectos por la entrega de dichas bolsas, ni condicionar la venta o prestación del servicio a su adquisición. El incumplimiento de esta disposición se considerará práctica abusiva y será sancionado conforme a esta legislación.
Refiere que, de acuerdo con estimaciones de la ONU, cada minuto se compran un millón de botellas de plástico y al año se usan 500 mil millones de bolsas. Casi una tercera parte de todos los envases de plásticos salen de los sistemas de alcantarillado y ocho millones de toneladas terminan en los océanos anualmente
Hace notar que esto ha provocado que diferentes países o ciudades prohíban el uso de bolsas de plástico. En México cada familia utiliza un promedio de 650 bolsas al año. Por ello, desde 2018 al menos 20 estados han iniciado con la prohibición de diferentes productos de plástico.
Sin embargo, posterior a implementar la disposición de eliminar bolsas plásticas de un solo uso, diversos establecimientos comerciales comenzaron a cobrar las bolsas sustitutas (biodegradables, comportables o de tela). De esta manera, una medida ecológica sustentable se convirtió en un mecanismo de lucro y de cobro adicional por un producto que ya se ha pagado.
El legislador puntualiza que, si bien esta medida responde a objetivos ambientales legítimos, en la práctica ha generado un nuevo costo impuesto al consumidor, contrario a los principios de equidad y buena fe contractual.
Asimismo, la entrega de una bolsa para transportar los bienes adquiridos forma parte del servicio de venta y no constituye un producto adicional. Los costos inherentes a la actividad comercial del proveedor (incluyendo gastos de empaque y exhibición) están conceptualmente incluidos en el precio final de venta de los productos (costo-beneficio).
Con todo lo anterior, la iniciativa fortalecerá la congruencia entre las políticas de protección al consumidor y las ambientales, asegurando que los costos de transición ecológica no recaigan en el usuario final, sino en quienes obtienen el beneficio económico de la actividad comercial, enfatiza.
El documento, turnado a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, plantea adicionar el artículo 7 Ter de la ley referida.
El Diputado José Francisco Vázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política, informó que las propuestas corresponden a los grupos parlamentarios
El Segundo Periodo Ordinario del Segundo año de Ejercicio Constitucional inicio desde el 31 de enero y no podrá prolongarse más allá del 15 de mayo.
Se abordarán temas en materia electoral, de transparencia, seguridad social e interrupción del embarazo.
La LXII Legislatura mexiquense arranco el Segundo Periodo Ordinario de su Segundo Año de Ejercicio Constitucional, con una agenda en la que se prevé retomar 140 iniciativas presentadas por los siete grupos parlamentarios (MORENA, PVEM, PT, PRI, PAN, MC y PRD), así como 11 propuestas de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, informó el Diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (MORENA), presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local.
Tras señalar que durante este periodo —el cual concluirá a más tardar el 15 de mayo— prevalecerán el respeto, el diálogo y la comunicación institucional con el Ejecutivo estatal, así como el consenso con todas las bancadas en beneficio de la población, el legislador indicó que se impulsará el análisis de diversas reformas, entre ellas las relacionadas con materia electoral, transparencia, seguridad social y la interrupción del embarazo.
En este sentido, detalló que se analizará el contenido de la legislación secundaria una vez que se extinga el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM), conforme al plazo de 90 días establecido en la reforma constitucional, cuyo decreto de aprobación de la minuta correspondiente fue publicado en la Gaceta del Gobierno el pasado 4 de noviembre.
Por otro lado, explicó que se revisarán las propuestas orientadas a garantizar la aplicación efectiva, segura y oportuna de la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, mediante la adecuada operatividad y suficiencia presupuestal del sistema de salud. En cuanto al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYN), señaló que ya se encuentran en análisis diversos aspectos técnicos.
El también coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA informó que su bancada se concentrará en la presentación de alrededor de 80 nuevas iniciativas en materia de salud, protección al medio ambiente y a los seres sintientes, así como de seguridad.
Finalmente, el parlamentario destacó que al interior del Congreso prevalece un clima de cordialidad y respeto, lo que ha permitido alcanzar consensos en reformas de gran relevancia, todas ellas orientadas al beneficio directo de la población; prueba de ello es que hasta el 93 por ciento de las iniciativas han sido aprobadas por unanimidad.
Participaron representantes de MORENA, PAN, PT, PRI y MC
Diputadas, diputados, senadoras y senadores integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, expresaron sus puntos de vista sobre la “Situación Política Internacional”.
La intervención extranjera nunca ha traído democracia ni estabilidad
El promovente del tema, Diputado Jesús Irugami Perea Cruz (MORENA), a nombre de su grupo parlamentario, respaldó el posicionamiento de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, con relación a los hechos ocurridos en Venezuela. “Desde la Cuarta Transformación rechazamos categóricamente cualquier forma de intervención en los asuntos internos de las naciones libres”.
Subrayó que la soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos no son principios retóricos, son pilares del derecho internacional y de la Constitución. “La experiencia histórica de América Latina demuestra que la intervención extranjera nunca ha traído democracia ni estabilidad ni bienestar a las naciones; por el contrario, ha dejado conflictos, violencia y heridas sociales. Ninguna nación tiene el derecho de imponer por la fuerza el destino de otra”.
Autodeterminación de los pueblos y soberanía nacional
Por MC, el Senador Luis Donaldo Colosio Riojas afirmó que dos cosas deben quedar claras y que pueden ser ciertas: el régimen de Nicolás Maduro es condenable y también lo es cualquier forma de intervención de Estados Unidos que vulnere el derecho internacional o sustituya la voluntad de los pueblos. “Reconocer ambas realidades no es una contradicción sino una responsabilidad ética y política”.
Ante ello --dijo-- “rechazamos los atajos discursivos que quieren simplificar una crisis compleja y solamente alimentan la polarización”. Desde MC se tiene claro que el régimen dictatorial de Venezuela ha cometido graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y se han documentado crímenes de lesa humanidad, pero eso no justifica la intervención ilegal de los Estados Unidos. “La autodeterminación de los pueblos, la soberanía nacional son líneas muy delicadas como para romperlas, México jamás aceptaría algo así en su propio territorio”.
Necesario, que Venezuela tenga democracia y libertad
Del PRI, el Senador Manuel Añorve Baños mencionó que la soberanía es que la gente pueda votar sin miedo, cambiar de gobierno sin represalias y alzar la voz sin terminar en la cárcel. Recordó que durante años hubo testimonios, informes y denuncias de violaciones a derechos humanos, presos políticos y elecciones manipuladas e inclusive se rompieron los equilibrios democráticos.
“Por supuesto que queremos democracia y libertad en Venezuela, pero dictadores nunca más. Estamos del lado de la gente que hoy por fin empieza a respirar con un poco de libertad. Abogamos por una Venezuela libre y demócrata. Las y los mexicanos tenemos derecho a decir de qué lado estamos, del lado de la gente, no del lado del tirano”, puntualizó.
Este asunto debe ser abordado y evaluar los hechos acontecidos
La Senadora Ana Karen Hernández Aceves (PT) comentó que es imprescindible que desde la más alta tribuna del país donde se representan los intereses de la República este asunto sea adecuadamente abordado, y desde la perspectiva mexicana se debe concentrar en las implicaciones y riesgos que representa para México una acción militar de esta naturaleza, evaluar los hechos y dichos recientes.
Agregó que no se le tiene que faltar el respeto al pueblo venezolano porque es este quien debe opinar sobre el gobierno que tuvo y tiene, sobre su presente y futuro. “No son los líderes del mundo, no somos las y los representantes populares de México quienes tengamos esa autoridad o conocimiento para dictar conclusiones certeras sobre la realidad de Venezuela”.
La intervención a Venezuela quebranta la soberanía de un país
Por su parte, el Diputado de MORENA, Emilio Ramón Ramírez Guzmán, aseguró que la intervención de Estados Unidos en Venezuela viola los principios fundamentales del derecho internacional, quebranta la soberanía de un país hermano de América Latina y pone en riesgo la estabilidad de esa nación.
Destacó que México se solidariza con el pueblo venezolano, con su derecho irrenunciable a decidir su destino sin amenazas ni imposiciones extranjeras, pues ninguna intervención del extranjero ha traído libertad a ningún pueblo de América Latina; al contrario, han traído despojos, violencia, dependencia y fractura social.
Respetar voluntad soberana del pueblo de Venezuela
A su vez, el senador Ricardo Anaya Cortés (PAN) señaló que claro que en el Partido Acción Nacional siempre han defendido y defenderán la soberanía de México, “que de eso no haya duda alguna. Lo que no vamos a defender, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, es al impresentable dictador espurio Nicolás Maduro”.
Dijo que lo realmente preocupante es el devenir del pueblo de Venezuela. “Lo que nosotros queremos y a lo que nosotros aspiramos, es a que se respete la voluntad soberana del pueblo de Venezuela. Lo que nosotros queremos es que a la brevedad haya elecciones libres y democráticas para que sea realmente la voluntad del pueblo venezolano la que se haga valer. Y que quien gane esas elecciones libres y democráticas en Venezuela gobierne Venezuela”.
Por la defensa de la democracia, los derechos humanos y la libertad
El Diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez (MC) afirmó que el debate sobre los hechos ocurridos en Venezuela ha estado marcado por la polarización y la ausencia de reflexión de los partidos tradicionales “que han optado por el reflector mediático en lugar de una discusión seria, sensata y con matices”.
Sostuvo que la clase política debe pensar con valores, congruencia y convicciones claras, más allá de las coyunturas. Reafirmó una postura “coherente y responsable” frente a esa crisis venezolana: ni con la dictadura de Maduro ni con la intervención de Trump, sino con la defensa de la democracia, los derechos humanos, la soberanía, la dignidad y la libertad.
La soberanía se consolida desde el interior
En tanto, el Diputado Víctor Samuel Palma César (PRI) sostuvo que la soberanía se construye y consolida desde el interior de cada país, a partir de la vigencia del Estado de derecho, respeto a las libertades y fortalecimiento de las instituciones. Se preguntó ¿dónde se origina la vulnerabilidad y la fractura de la soberanía venezolana? “Habrá de mencionarse que su deterioro se fraguó a partir del extravío de su régimen político y de su clara propensión a instaurar una dictadura”.
Advirtió que en México se invoca la defensa de la soberanía nacional sin atender debilidades internas que la socavan, como la falta de respuestas contundentes ante señalamientos de vínculos del poder con el crimen organizado, desprestigio de la clase política, erosión de la división de Poderes y reformas que ponen en riesgo la pluralidad, la representación y la equidad electoral, sin fortalecer la democracia ni la soberanía.
Es necesario generar unidad en torno a la nación
Para el Diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) la intervención del gobierno de Estados Unidos en Venezuela es un acto injustificable de violación al derecho internacional y de nulidad por parte de los órganos internacionales. “Es un secuestro y una acción que, por primera vez, el imperialismo es honesto al decir que va por el petróleo de Venezuela con toda claridad”.
Aseguró que, en estos momentos, es necesario generar unidad en torno a la nación, porque ya se generó inestabilidad, no sólo regional sino a nivel mundial. Mencionó que la intervención imperialista que realizó Estados Unidos deja en claro que no respeta el derecho internacional, lo que provoca una situación de regresar a “la ley del más fuerte”.
Acto unilateral; clara violación a la soberanía e integridad territorial
La Senadora Beatriz Mojica Morga (MORENA) aseguró que la intervención militar, que derivó en la extracción del presidente de Venezuela constituye un hecho condenable y alejado de los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. “Este acto unilateral, constituye una clara violación a la soberanía, integridad territorial y transgrede los principios establecidos en la Carta Magna”.
Agregó que más allá de las distintas opiniones respecto al régimen del gobierno de Venezuela, no se puede consentir el uso de la fuerza militar estadounidense para pretender cumplir una orden judicial en dicho territorio. Recordó que la historia moderna del continente americano muestra que la intervención a distintos países de la región no abona al desarrollo de la democracia ni a la estabilidad política y económica de los países intervenido
Condenamos el autoritarismo y la represión
El Diputado Fidel Daniel Chimal García (PAN) consideró preocupante la situación política que vive Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro; sin embargo, “es una llamada de advertencia de aquellos criminales que se esconden detrás del gobierno en un cargo público para cometer actos criminales de la mano del crimen organizado”.
Agregó que Acción Nacional ha sido claro en su postura: condenamos el autoritarismo, la represión sistemática y la cancelación de las libertades que un régimen como el de Maduro impuso por la fuerza de las armas durante años a la sociedad venezolana. “Defender la democracia y la libertad en América Latina es esencial pero no puede ni debe sustituir nuestro deber de atender con rigor y prioridad los problemas más graves que viven todos los mexicanos”.
Esa intromisión lesiona la soberanía
Por su parte, el Senador de MORENA, Juan Carlos Loera De La Rosa, argumentó que esta intromisión en los asuntos de una nación soberana por parte del gobierno de Estados Unidos representa una ocupación territorial y un control efectivo de espacios estratégicos que definen la soberanía de Venezuela. Pidió sumarse al exhorto de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que condena la intromisión, rechaza el uso de la fuerza y defiende una relación hemisférica.
Resaltóque esa intromisión tiene un uso de fuerza inaceptable que lesiona la soberanía y la integridad territorial de un Estado independiente y el reconocimiento público de que esta acción tiene una motivación económica que se mantendrá mientras el gobierno de Venezuela no satisfaga las expectativas de Estados Unidos.
Para referirse a hechos participaron la Diputada Olegaria Carrazco Macías (MORENA) y los Diputados Juan Ignacio Zavala Gutiérrez (MC) y Miguel Ángel Salim Alle (PAN), así como la Senadora Ana Karen Hernández Aceves (PT) y el Senador Ángel García Yáñez (PRI).
María del Carmen de la Rosa rindió su Primer Informe Legislativo y de Gestión como Diputada de la LXII Legislatura mexiquense, destacando 11 iniciativas y dos exhortos para impulsar acciones en beneficio de la población.
Ante la población de Nezahualcóyotl, la diputada compartió que su agenda se ha basado en ejes como igualdad de género, seguridad pública y fomento de la paz, salud, educación, bienestar, medio ambiente y cambio climático, entre otros.
El Diputado Francisco Vázquez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que la legisladora es una pieza fundamental en los logros alcanzados por el Congreso mexiquense.
Horacio Duarte, Secretario general de Gobierno, reconoció a Carmen de la Rosa como una Diputada cercana al territorio, que trabaja en la construcción de leyes en beneficio de la población.
Como parte de un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas como Diputada de la LXII Legislatura mexiquense, María del Carmen de la Rosa Mendoza (MORENA) presentó su Primer Informe Legislativo y de Gestión, resultado de su trabajo enfocado en 10 ejes: igualdad de género, seguridad pública y fomento de la paz, salud, agua, derecho a la ciudad, gobernanza y finanzas públicas, promoción y fomento al desarrollo económico, educación, bienestar, medio ambiente y cambio climático.
Ante habitantes de Nezahualcóyotl, y en presencia de la Diputada Martha Azucena Camacho Reynoso (MORENA), Presidenta de la Directiva; de Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno; y de Luz Ma. Hernández Bermúdez, dirigente estatal de morena, la Diputada María del Carmen de la Rosa informó que presentó 11 iniciativas y dos puntos de acuerdo para exhortar a las autoridades a implementar acciones en beneficio de la población.
Ejemplo de ello es la aprobación de su iniciativa para que el Estado y los municipios promuevan y fomenten, en todas las actividades físicas, recreativas y deportivas, actitudes solidarias, la cultura de paz y la no violencia en todas sus manifestaciones; así como la declaratoria del 11 de septiembre como el Día del Rock Estatal.
En un mensaje vía remota, el Diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (MORENA), Presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que la legisladora es parte fundamental de los logros alcanzados por el Congreso mexiquense y reconoció la unidad al interior de la bancada en beneficio del pueblo. Además, expresó el respaldo de la coalición legislativa de MORENA, PVEM y PT a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Horacio Duarte calificó a Carmen de la Rosa como una Diputada de territorio que construye leyes en beneficio de la población, y señaló que su informe refleja lo que significa ser una verdadera representante popular: llevar la voz del pueblo al Congreso local y regresar a las comunidades.
Acompañada por congresistas locales y federales, y por Adolfo Cerqueda Rebollo, Alcalde de Nezahualcóyotl, la legisladora explicó que entre sus propuestas legislativas están la clasificación funcional de los programas en materia de igualdad entre mujeres y hombres; la licencia menstrual y la dignificación de los estados fisiológicos de las mujeres; la capacitación de los cuerpos policiales; y la creación de la Ley de Regulación e Impulso de Mercados Públicos y Centros de Abasto.
También iniciativas para que las personas aspirantes a cargos de elección popular cumplan con el requisito de 3 de 3, con el fin de fortalecer la transparencia en el servicio público; para otorgar al Congreso local un mayor plazo para analizar y evaluar el paquete fiscal anual; para crear institutos municipales encargados de prevenir y eliminar la discriminación; para garantizar que hijas e hijos de familias homoparentales y lesbomaternales tengan pleno acceso a la filiación y a la identidad, asegurando el ejercicio de sus derechos humanos; y para reforzar la protección de cualquier animal y ser sintiente frente a actos de crueldad.
Carmen de la Rosa indicó que, en materia de exhortos, presentó propuestas para que los municipios y autoridades federales y estatales realicen campañas en materia de salud y educación sexual con la finalidad de prevenir, informar y concientizar sobre el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH/SIDA); y para que los municipios informen las acciones, políticas públicas o convenios para el mejoramiento, modernización y dignificación de los mercados públicos.
Respecto a las acciones legislativas con enfoque social que impulsó, y que contribuyen al fortalecimiento del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan de Desarrollo del Estado de México, expuso la firma del compromiso por la cultura de la paz y la práctica del deporte con autoridades de Nezahualcóyotl; la conmemoración del primer Día Estatal del Rock; la realización de la Feria Cultural de Nezahualcóyotl; el programa Verano Legislativo Juvenil 2025; además del encuentro con personas adultas mayores “Diálogos sobre la nueva Ley de las Personas Adultas Mayores del Estado de México”.
Puntualizó que, en materia de labor social, sus gestiones, actividades, apoyos y acciones han beneficiado a población de municipios como Ixtapaluca, Naucalpan, Metepec, Tequixquiac, Tejupilco, Tianguistenco y Toluca.
En el caso específico de Nezahualcóyotl, enfatizó que brindó apoyo con material para el evento del Día Internacional de la Mujer y con la donación de lámparas con gabinete al Centro de Salud Benito Juárez. Asimismo, destacó la puesta en marcha de los programas Jornadas de Limpieza y Recuperación de Espacios Públicos, AguaHogar y EcoHogar, estos dos últimos orientados a facilitar la adquisición de tinacos y calentadores solares a bajo costo, respectivamente.
También implementó jornadas de salud con servicios de optometría, nutrición, densitometría y esterilización de seres sintientes, atención psicológica, odontología, consultas en general, certificados gratuitos y de bajo costo, entrega de medicamentos, apoyo con tanque de oxígeno, donación de material quirúrgico para pacientes con discapacidad, auxiliares auditivos y traslados para diagnóstico de cataratas.
Igualmente destacó la facilitación de asesorías jurídicas; regularización de propiedades; talleres artes y oficios; pintura, cemento e impermeabilizante a escuelas; mochilas a estudiantes y apoyos alimentarios.
Mencionó que sus acciones contribuyen a la construcción del segundo piso de la transformación en el Estado de México, en coordinación con los tres niveles de gobierno y en sintonía con los proyectos que encabezan la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
“México es un país libre. Toda persona tiene derecho a expresarse, a manifestarse. Nuestro único llamado es que las movilizaciones se realicen de manera pacífica”, señala el Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA y Presidente de la JUCOPO
Palacio Legislativo de San Lázaro, noviembre-2025.– El Diputado Ricardo Monreal Ávila, Coordinador del Grupo Parlamentario de MORNEA, y Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), aseguró que los grupos parlamentarios de MORENA, PVEM y PT en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República manifiestan “con convicción y firmeza todo nuestro respaldo, el cierre de filas en favor de la Presidenta Claudia Sheinbaum”.
En conferencia de prensa conjunta en el Senado de la República, Monreal Ávila indicó que “es necesario hacer hincapié en que en el país, el movimiento que conforman el Partido Verde, el PT y MORENA, vamos a caminar muy acompañados para establecer con toda precisión que la Presidenta Claudia Sheinbaum legítimamente, legalmente representa a la mayoría del pueblo de México, y que ahora que está sometida a una embestida, a esta serie de ataques de denuestos, calumnias en contra de ella, nosotros las rechazamos”.
Agregó que la Presidenta “no estará sola, no está sola y vamos todos los que somos parte de este movimiento a respaldarla y a respaldar sus actividades públicas, su agenda pública, sus políticas públicas que está implementando y que darán resultados”.
“Señalamos con toda seriedad que no pasarán aquellas expresiones del Poder Conservador o de quienes se oponen a un régimen legítimo, no creo que sea la alternativa de este país".
“La única posibilidad que nosotros vemos es las elecciones, profundizar la vida democrática del país, generar las condiciones para que se siga el proceso de transformación, la transición política que vivimos”.
Monreal Ávila dijo que “las transiciones políticas en el mundo siempre son complejas, incluso tensas".
“En muchas latitudes del planeta dura décadas la transición política y en algunas partes lamentablemente causa desapariciones, muertes, personas que pierden la vida".
“En México, por fortuna no, la transición política que se observó en el 2018 ha sido un ejemplo de transición pacífica electoral parlamentaria, y eso es lo que queremos, cuidar ese proceso de transición política, continuar con las reformas por la vía legislativa y respaldar las políticas públicas de la presidenta Claudia Sheinbaum como jefa de Estado, como jefa de gobierno”.
Aseguró que “es importante mantener la unidad frente a los embates del exterior, del interior".
“La Presidenta Claudia Sheinbaum ha vivido una etapa complicada desde que inició su gobierno, con la hostilidad de un gobierno extranjero, pero que ha sorteado con habilidad y con inteligencia, y la presencia interna de una oposición que no acepta el que la transición política implica establecer políticas públicas por las cuales luchamos y llevamos a las urnas”.
Monreal Ávila enfatizó que “México es un país libre. Toda persona tiene derecho a expresarse, a manifestarse. Nuestro único llamado es que las movilizaciones se realicen de manera pacífica".
“La libertad de expresión, de opinión, de reunión, de imprenta, están garantizadas por la Constitución, no hay ningún problema. Y si se quieren expresar mañana el 20, el 30, está bien, es su derecho, no tenemos ningún inconveniente”.
Destacó que “en lo personal y en lo colectivo, sí reconocemos que, claro que hay inconformidad, sería demasiado iluso y fantasioso decir que no hay inconformidad".
“Sí, reconocemos incluso que los jóvenes tienen demandas reales y legítimas, temas como la vivienda, el empleo digno, la reducción de la jornada laboral, los espacios laborales, están en nuestra agenda y se están atendiendo. Siempre vamos a escuchar a la juventud, sus causas nos importan y son la prioridad para nuestro movimiento. Siempre hay que establecer la posibilidad del encuentro y de la racionalidad, no la confrontación permanente, yo no creo en eso".
“Por eso es que rechazamos nosotros esta campaña de ataques, de calumnias en contra de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que provienen, como aquí ya se ha expresado, de la derecha internacional, de la nacional, del poder conservador, que no acepta la política social implementada por el gobierno progresista y legítimamente electo que tiene México desde hace siete años”.
Añadió que “hay inconformidad” de quienes “no aceptan la separación entre el poder político y el poder económico que iniciamos hace siete años, de aquellos que no aceptan que el Poder Judicial ya no sirva a los intereses de una oligarquía económica; de aquellos que no aceptan la redistribución de la riqueza nacional”.
También “de aquellos que no aceptan el modelo económico ni las políticas públicas que hemos decidido impulsar, de aquellos que no aceptan el humanismo en el ejercicio de gobierno y de aquellos que no aceptan que una mujer nos gobierne con capacidad y talento, con firmeza".
“Y nosotros les decimos, organícense y por la vía electoral conquisten el voto popular y puedan estar en los órganos institucionales. Lo que no estamos de acuerdo es con la violencia. No puede ser la violencia la que sustituya la razón y el diálogo. Estamos dispuestos al diálogo, pero no a la violencia. Esa nunca será solución para nosotros, para el movimiento que nosotros integramos”.
Monreal Ávila aseveró que la manifestación del pasado sábado “yo no creo que se trate en este momento de un intento golpista. Primero, porque no tienen las condiciones, tenemos una presidenta con un alto nivel de aceptación, un movimiento social que no hay posibilidades".
“Lo que sí hubo son, desde mi punto de vista, expresiones de inconformidad que fueron aprovechando los provocadores que incitaron y generaron violencia. Sí hubo violencia, simplemente no desoír y no minimizar que hubo intentos de una violencia con fines mediáticos y digitales".
“Yo tengo tranquilidad en el sentido de que todo tipo de expresión pacífica debe tolerarse y debe… nosotros lo hicimos como opositores, yo marché 100 veces como opositor".
“Por eso yo lo que recomiendo es que intentemos caminar por las vías institucionales de participación política, está la vía electoral, está la vía parlamentaria, está la vía pacífica, que es a donde nosotros apostamos".
“Cada tres años hay renovación de poderes, Legislativo y algunos ejecutivos, desde hace seis años del federal y nosotros conminamos a que se deseche, se erradique la violencia, eso es lo único que deseamos. Todo lo demás se puede hacer, tienen el derecho todos los mexicanos y mexicanas para expresarse y manifestarse”.
Interrogado sobre los pendientes en la Cámara de Diputados, Monreal Ávila, dijo que hay en “materia de salud, lo que es vapeadores. En materia de tarifas arancelarias o la ley arancelaria. Tenemos una ley que vamos a presentar, una iniciativa sobre economía circular esta semana. Y tenemos otra, la Ley de Aguas, que se encuentra en discusión ahora”.
Sobre esta última, señaló que hoy iniciaron audiencias públicas, las cuales terminarán el próximo viernes. “La idea es terminarla. Hay un calendario, los primeros días de diciembre estarla dictaminando, si mal no recuerdo, dos, tres, entre cuatro y seis, es dictaminarla; aprobarla en el caso de que así proceda, y luego mandarla al Senado como cámara revisora. Lo que casi le aseguro es que sí vamos a modificarla, la iniciativa, casi le aseguro”.
También, anotó, “estamos a la espera, que seguramente lo hará, en su calidad de revisora, a la espera de la minuta de extorsión, que se va a modificar y que nosotros nos vamos a allanar”.
Por otra parte, cuestionado sobre las declaraciones de Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de que existe descontento con México, Monreal Ávila anotó que “respetamos su expresión".
“Nosotros no estamos contentos con las intenciones injerencistas, con la política persecutoria contra mexicanos y mexicanas en aquel país, con el exterminio de personas que viajan en lanchas y que sin averiguación los exterminan, los liquidan, con el despojo que sufrió nuestro país de su territorio, con muchas cosas, pero respetamos la vecindad y el derecho internacional público, y la convivencia es indispensable y es necesaria”.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió desechar diversos recursos que Grupo Elektra y TV Azteca habían interpuesto, con la finalidad de evitar que se ejecutaran las sentencias dictadas por tribunales federales competentes, mediante las cuales se les determinan créditos fiscales que hasta el momento ascienden a más de 33 mil millones de pesos.
Los orígenes de estas deudas de las empresas de Grupo Salinas se remontan incluso al año 2008.
La acción de la Suprema Corte confirma todas las resoluciones que estas empresas del Grupo Salinas habían conocido desde hace varios años en diversos tribunales federales, mismas que les ordenaban el pago de las deudas fiscales, pero que, por medio de distintos litigios y recursos, pudieron aplazar. Con este fallo se confirma la obligación de los contribuyentes de pagar oportunamente sus impuestos.
La mayoría calificada en la Cámara de Diputados, integrada por los grupos parlamentarios de MORENA, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, respaldamos firmemente las decisiones que, con apego a la Constitución, tomó sobre estos asuntos el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La iniciativa, presentada por el Diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de MORENA, modifica la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
Fue enviada al Senado para sus efectos constitucionales
La Cámara de Diputados aprobó, con la unanimidad de 467 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en materia de cancelación y emisión de tarjetas de crédito y débito emitidas por entidades financieras y comerciales, cuya iniciativa fue presentada por el Diputado Ricardo Monreal Ávila (MORENA).
Al presentar su propuesta, a la que se le dispensaron los trámites, se consideró de urgente resolución y se sometió a discusión y votación de inmediato, Ricardo Monreal señaló que es una modificación a varias disposiciones normativas contenidas en esta ley, pues la cantidad de personas que tienen una tarjeta de crédito o de débito, son cerca de los 40 millones.
El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de MORENA, mencionó que muchas instituciones financieras de crédito, a través de campañas o de mecanismos propios de la institución, envían tarjetas a los domicilios de las personas sin que las hayan solicitado.
Subrayó que “en el trayecto del año les cobran anualidades e incluso intereses moratorios por no pagar esa anualidad y, al final, muchos de estos usuarios terminan en el buró de crédito negativo para poder adquirir un crédito o algún derecho de inclusión financiera”.
De eso –abundó Monreal Ávila--se trata esta iniciativa; por ello, se adiciona una fracción cuarta del artículo 4 Bis de la citada ley, para estipular que las entidades financieras y las entidades comerciales no pueden cobrar comisiones por el otorgamiento de servicios financieros, seguros, membresías o beneficios adicionales no autorizados previamente en el contrato de adhesión o sin consentimiento expreso del usuario.
Además, se reforma la fracción primera del artículo 18 Bis para establecer que, en los formularios utilizados para la contratación, además de constar que fue hecho del conocimiento del cliente el contenido del respectivo clausulado, mientras no se acredite el consentimiento expreso, no podrán generarse ningún cargo o comisión.
Se adiciona el artículo 18 Bis 9, para indicar que las entidades emisoras de medios de disposición consistentes en tarjetas de crédito o débito deberán garantizar con toda información relativa a costos, cargos y comisiones asociados al producto y que este sea claro, veraz y suficiente, de conformidad con los principios de transparencia, buena fe y protección al usuario.
Además, un artículo 18 bis 10, con el objetivo de que las entidades emisoras de medios de disposición consistentes en tarjetas de crédito o débito garanticen al usuario el derecho de cancelarlas, para lo cual se deben ofrecer mecanismos presenciales, telefónicos y digitales. En el caso de esos últimos, deberán ser incluidos en las aplicaciones móviles, banca en línea y portales web oficiales mediante un botón visible y de acceso directo disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.
También incorpora un artículo 18 bis 11 a la misma ley, estableciendo que la cancelación de tarjetas de crédito o débito deberán llevarse a cabo en un plazo máximo de cinco días a partir de la solicitud del usuario sin costo alguno para el usuario, prohibiéndose cualquier cargo, comisión o penalización asociada a la cancelación, lo cual quedará debidamente formalizado mediante prueba digital o física que certifique la terminación del contrato en un plazo no mayor de cinco días hábiles.
Ricardo Monreal agregó que se contempla un artículo 18 bis 12, en el que se establece como nula de pleno derecho la emisión de un medio de disposición consistente en tarjeta de crédito o débito sin el consentimiento expreso de la persona usuaria, por lo que no será necesaria su cancelación por parte de la persona usuaria.
Por ello –añadió-- las entidades financieras quedarán obligadas a no emitir estos medios de disposición sin perjuicio de las sanciones que corresponden conforme a la presente ley y demás disposiciones aplicables, precisando que la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros tienen que actuar en el ámbito de sus competencias y velar la observancia de estas disposiciones, formulando las recomendaciones pertinentes al Ejecutivo para su debido cumplimiento.
Además, dicho artículo dispone que no podrán generarse cargos por anualidad, comisiones u otro concepto asociado a estas tarjetas de crédito o débito, además de que el historial crediticio o comportamiento de pago o su falta de uso no podrán tener efectos ni ser reportados a sociedades de información crediticia, concretamente al seguro de crédito, por lo cual las entidades financieras están obligadas a reembolsar los cargos indebidos derivados de dichas tarjetas de crédito o débito en un plazo de cinco días, enfatizó.
El diputado resaltó que son siete las disposiciones a modificar. “Es de avanzada. Estas nuevas normas son indispensables para proteger a las personas usuarias, ya que es muy común que se reciban tarjetas sin solicitarlas y que se reciba publicidad sin solicitarla, y de esto se trata esta reforma”.
Sostuvo que se trata de proteger a los usuarios extendiendo sus derechos. Esta legislación se aplica en muchas partes del mundo. En Estados Unidos basta una llamada telefónica para que se considere cancelada una tarjeta de crédito; “en el caso de México, primero tienes que hacerlo presencialmente en la mayoría de los casos y te aplican tardanzas a propósito para que te canses y ya no insistas en la cancelación”.
Abundó que busca que, por la vía digital, el uso del internet, “puedas avisar a la sucursal que te envió o a la institución que te envió la tarjeta, decir: no la solicité, no la acepto y, por tanto, no se pueden aplicar ni anualidades, ni penalidades, ni comisiones que el usuario pague indebidamente y menos que te ubiquen en el buró de crédito”
Aseguró que es muy importante esta ley que refuerza el derecho de los usuarios de crédito y de instituciones de crédito y bancarias. Se sumaron a su iniciativa los grupos parlamentario del PVEM, PT y MC.
Intervenciones de representantes de MORENA, PAN, MC , PT y MC
Tarjetas de crédito podrán cancelarse por plataformas digitales
El Diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas (MORENA) refirió que entre 2021 y 2024, la banca en línea creció de un 52 a un 59 por ciento y, con ello, se puede notar que la asistencia presencial a las sucursales bancarias ha disminuido y ha sido desplazada por estos mecanismos digitales.
Por ello, externó, la reforma plantea que se pueda considerar que las tarjetas de crédito puedan cancelarse a través de plataformas digitales y no como actualmente sucede que es de manera presencial.
También, aborda el tema de las tarjetas no solicitadas y las comisiones que las entidades bancarias tienen relacionadas con las tarjetas de crédito. En ocasiones –dijo-- las y los mexicanos reciben tarjetas no solicitadas y hay quienes nunca llegan a activarlas, pero las instituciones bancarias cobran comisiones como la anualidad; con este cambio a la norma legal este tipo de esquemas ya no formará parte de las estrategias en el sector financiero.
La propuesta es benéfica para la población
Del PAN, el Diputado Miguel Ángel Salim Alle consideró que la propuesta es benéfica para la población y su grupo parlamentario se suma. “En el PAN coincidimos, pero estamos convencidos que se requiere fortalecer para beneficio de los mexicanos. Es necesario reformar las leyes en materia financiera para proteger a los consumidores y frenar algunos abusos de los integrantes del sistema financiero”.
Hoy –precisó-- México requiere de transparencia en las instituciones financieras, “nosotros les decimos a los tarjetahabientes que Acción Nacional va a empujar para que los intereses no sean absurdos, ni se abuse de ellos”. Hizo mención que su grupo parlamentario presentó dos iniciativas relacionadas con este tema y pidió el apoyo para aprobarlas.
Proteger a consumidores financieros de cualquier tipo de abuso
Del PVEM, el Diputado Ricardo Astudillo Suárez aseguró que la finalidad de la reforma es poder proteger a los usuarios y los consumidores financieros de cualquier tipo de abuso que se presente durante este tipo de acciones, ya que más de 27 millones de personas en México, desde los 18 hasta los 70 años tienen un crédito con consentimiento o sin él.
Mencionó que cuando llega una tarjeta que no se ha solicitado y se hace un uso no responsable por no conocer los términos, es ahí donde se empiezan a originar el verdadero problema para los consumidores, porque al no tener la capacidad para solventar, no solamente el gasto del consumo, también las comisiones, esto genera una situación de adversidad para cualquier familia o consumidor.
Proteger los derechos de los usuarios frente a prácticas abusivas
Por el PT, el Diputado Reginaldo Sandoval Flores hizo notar que el propósito es establecer reglas claras, justas y transparentes en los procedimientos de cancelación y emisión de tarjetas de crédito y débito, emitidas por entidades financieras y comerciales, buscando proteger los derechos de los usuarios frente a prácticas abusivas del sistema financiero y dificultades excesivas para cancelar tarjetas y proceso poco regulados en la emisión de nuevos plásticos.
Explicó que se busca proteger al consumidor financiero, fortalecer la confianza del sistema bancario y armonizar la legislación en las políticas de inclusión y responsabilidad financiera impulsada por el Estado mexicano; incorpora un procedimiento simplificado y digital para la cancelación inmediata de las tarjetas sin necesidad de acudir inmediatamente, prohíbe la emisión no solicitada de tarjetas, obliga a las entidades emisoras a informar por escrito y de forma clara sobre las condiciones, comisiones y consecuencias de cancelación y se establecen sanciones.
Esta iniciativa tiene importantes virtudes
Gibrán Ramírez Reyes, Diputado de MC, felicitó al Presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila por legislar, y a la Cámara de Diputados en general, “hoy discutimos este tema tan importante que tiene varias virtudes; la primera de ellas es que habla de los problemas que afectan a la gente”.
Al hacer uso de la palabra para hechos, el Diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja se sumó a la iniciativa del diputado Monreal Ávila, “que ya firmaron los diputados del PT, encabezados por su coordinador, diputado Reginaldo Sandoval Flores”.
Al iniciar el análisis en comisiones de la iniciativa del Grupo parlamentario de MC, las Legisladoras Ruth Salinas (MC) y Yurixi Leyva Piñón (PT) concordaron en que el Estado de México debe legislar para castigar el reclutamiento forzado de menores.
Dado que en 2022 se estimaba que en México había al menos 3 mil 951 menores que podrían ser víctimas de reclutamiento forzado, las legisladoras respaldaron que esta conducta se castigue hasta con 60 años de prisión.
Según la Red por los Derechos de la Infancia en México, hay alrededor de 200 mil menores en riesgo de ser captados por grupos delictivos que operan en México.
En el país, solo Hidalgo, San Luis Potosí, Jalisco y Michoacán han legislado al respecto, señalaron.
Dado que, según la Secretaría de Gobernación, en 2022, había al menos 3 mil 951 menores que podrían ser víctimas de reclutamiento forzado en México, las Legisladoras Ruth Salinas Reyes (MC) y Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) concordaron en que el Estado de México se debe legislar para en la materia, como lo han hecho las entidades de Hidalgo, San Luis Potosí, Jalisco y Michoacán.
En reunión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura mexiquense, en la que se inició el análisis de la iniciativa de la bancada de MC para establecer penas de hasta 60 años de prisión por estas acciones, la Parlamentaria Ruth Salinas compartió que, según esta dependencia federal, en ese año se tenía registro de 20 mil 327 niñas y niños y adolescentes, que fueron reportados como desaparecidos. De estos, 3 mil 951 podrían ser víctimas de reclutamiento forzado.
Además, refirió que, según la Red por los Derechos de la Infancia en México, hay alrededor de 200 mil menores en riesgo de ser captados por grupos delictivos que operan en México.
Por lo anterior, añadió, en 2021, el Gobierno Federal elaboró el Mecanismo Estratégico de Reclutamiento y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes por Grupos Delictivos, en donde se identificaron 18 entidades con presencia de crimen organizado, propensas a reclutar a estos sectores.
De estos estados, se ubicaron 50 municipios con alta incidencia de reclutamiento. Además, el Estado de México tiene cinco municipios que se encuentran en esta situación, debido a su colindancia con otras entidades como Guerrero, Morelos, Hidalgo, Ciudad de México y Michoacán.
Expuestas estas circunstancias, enfatizó en la relevancia de legislar en la materia, tal como establece la iniciativa, que sancionaría hasta con 60 años de prisión a quien reclute forzadamente algún menor, con el objeto de formar parte de una pandilla; fabricar, portar, usar o traficar armas prohibidas con fines ilícitos; o realizar vigilancia, mensajería, transporte, entrega o custodia de objetos relacionados con actividades ilícitas.
En este sentido, la Legisladora Ana Yurixi Leyva lamentó que en el sur de la entidad se reclute a menores para que hagan labores de vigilancia de los grupos criminales, por lo que señaló que es importante establecer estas conductas delictivas y castigar a quienes participan en el reclutamiento.
Indicó que esta situación ocurre desde hace más de 15 años y que se han empleado estrategias al respecto, pero que sólo se han modificado cuatro marcos jurídicos estatales, por lo que exhortó a que el Estado de México pueda ser la quinta. Además, solicitó ajustar la iniciativa para no dañar a quienes trabajan en paquetería y entreguen productosprohibidos, pero que desconozcan la situación.
Cabe señalar que la propuesta para reformar el Código Penal estatal establece que también comete este delito de reclutamiento forzado quien obligue a menores de edad a participar directa o indirectamente en la comisión de cualquier conducta ilícita prevista en ese código.
El documento precisa que la pena máxima de 60 años se aplicaría cuando el reclutamiento sea cometido por el padre, madre, tutor, ascendiente o cualquier persona que, por su posición de autoridad o confianza, tenga a la víctima bajo su custodia, guarda o educación y se ejerza violencia física o psicológica contra la víctima.
