En relación con el pronunciamiento difundido el 5 de octubre por comunidades y organizaciones de la Cuenca del Alto Atoyac, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) precisa que las acciones en la región comprenden participación comunitaria, vigilancia industrial, obras de saneamiento y restauración ecológica. La atención a esta cuenca responde a una deuda histórica con sus comunidades y combina el control de las fuentes de contaminación con la recuperación del agua y los ecosistemas.
La inversión destinada al Alto Atoyac forma parte de una estrategia que comprende cuatro componentes: saneamiento de aguas residuales; restauración de ecosistemas ribereños; participación comunitaria; y monitoreo, evaluación y toma de decisiones. Se han realizado reuniones con comunidades locales para conocer sus propuestas e incorporar su participación en la restauración. En Tlaxco y Atlangatepec también se desarrollaron actividades para fortalecer capacidades en restauración ecológica y participación comunitaria, vinculadas con la conservación de las riberas y el cuidado del territorio. Estas acciones buscan fortalecer la participación de las comunidades en los procesos de restauración y en el seguimiento de las intervenciones que se desarrollan en sus territorios Este trabajo acompaña las obras y las medidas dirigidas a las fuentes contaminantes.
El control de la contaminación industrial incluye inspecciones, medidas correctivas y sanciones. Durante 2026, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) ha realizado 66 visitas de inspección en la región: 30 por descargas de aguas residuales, 29 por residuos peligrosos, seis por emisiones a la atmósfera y una por impacto ambiental. Como resultado, ha impuesto diez clausuras parciales temporales y tres totales temporales. Asimismo, en agosto de 2026 se resolvieron diez procedimientos derivados del seguimiento de las inspecciones de 2025, con multas por 19 millones 938 mil 496 pesos. Con estas medidas se exige el cumplimiento de las obligaciones ambientales a las actividades industriales que afectan la cuenca.
Las medidas correctivas comprenden acreditar permisos de descarga, evaluar las características de los residuos generados por las plantas de tratamiento y presentar análisis conforme a la normatividad ambiental. Adicionalmente, se capacitó a 78 empresas de alta incidencia ambiental para prevenir incumplimientos. Este acompañamiento complementa la vigilancia y las sanciones, manteniendo la responsabilidad de las empresas de cumplir sus obligaciones y atender las medidas impuestas por la autoridad ambiental.
Respecto al alcance de las plantas de tratamiento, el Programa de Saneamiento del Alto Atoyac incluye también infraestructura para captar y conducir las aguas residuales, promover su reúso y fortalecer la vigilancia. Se encuentran en proceso la reingeniería y construcción de cuatro plantas de tratamiento, 40 kilómetros de colectores, doce kilómetros de línea de reúso, un centro de vigilancia y protección de aguas nacionales y un humedal con parque integrado. La siguiente etapa contempla otras cuatro plantas de tratamiento, 84 kilómetros de colectores, 19 sistemas de tratamiento y 12 estaciones automáticas de calidad y cantidad del agua. Las obras se articulan con el control industrial y el seguimiento de las condiciones ambientales.
La recuperación se extiende a las partes altas de la cuenca y a sus riberas. En seis kilómetros del Zahuapan y sus afluentes se realizaron trabajos de estabilización de márgenes, saneamiento forestal de 400 árboles y plantación de 3,701 árboles, arbustos y plantas herbáceas nativas. Asimismo, se desarrollan 26 proyectos de restauración forestal en 1,154 hectáreas. Estas acciones forman parte de un enfoque de restauración ambiental orientado a recuperar la cobertura vegetal y las funciones ecosistémicas de las riberas y partes altas de la cuenca, controlar los procesos de erosión y favorecer la conectividad ecológica, de manera complementaria a las acciones de saneamiento y control de las fuentes de contaminación.
En relación con las jornadas de limpieza de ríos, la protección de la salud de las personas participantes y de las comunidades ribereñas es una prioridad para la SEMARNAT. El propósito de estas acciones es contribuir a la recuperación de los espacios naturales y al bienestar comunitario, con la protección de las personas y el cuidado de los ecosistemas como criterios centrales. La participación comunitaria se integra a una estrategia más amplia de prevención de la contaminación, monitoreo y restauración ambiental.
El monitoreo de la calidad del agua, permite conocer las condiciones de los cuerpos de agua (superficiales, subterráneos y costeros) en una cuenca hidrológica, a fin de contar con herramientas técnicas para evaluar y determinar las acciones de saneamiento, para ello, se establecieron 100 sitios para el monitoreo manual, y se han realizado campañas de muestreo en septiembre y noviembre de 2025, así como entre febrero y abril de 2026. Los resultados fortalecerán la evaluación ambiental y la planeación de las intervenciones. Desde sus atribuciones, la SEMARNAT contribuye a la protección de la salud, mediante el control de las fuentes contaminantes, la vigilancia ambiental y la recuperación de los ecosistemas.
En cuanto al Pago por Servicios Ambientales, los apoyos reconocen la conservación que realizan los propietarios y poseedores de los ecosistemas forestales, su finalidad es respaldar económicamente a quienes mantienen los bosques y otros ecosistemas forestales en pie. Las Reglas de Operación 2026 establecen que estos apoyos no alteran el régimen de propiedad de los recursos forestales ni promueven restricciones de acceso a los recursos naturales. A junio de 2026, el mecanismo alcanzó una cobertura nacional de 1.19 millones de hectáreas, con la participación de 1,003 ejidos, 279 comunidades y 126 pequeñas propiedades.
El derecho humano al agua orienta la aplicación del marco jurídico en materia hídrica. La Ley de Aguas Nacionales establece la preferencia del uso doméstico y público urbano sobre cualquier otro uso, mientras que la Ley General de Aguas incorpora un criterio que favorece ese derecho ante dudas o contradicciones. Estas disposiciones establecen la prioridad del abastecimiento de la población y deben observarse en la gestión de las concesiones.
En materia de protección territorial, se realizaron estudios técnicos de los cauces y del comportamiento del agua que permitieron delimitar la zona federal en 21.2 kilómetros del Zahuapan, 11.1 kilómetros del afluente Martinica y 1,129.7 hectáreas del vaso de la presa de Atlangatepec, así como 31.8 kilómetros delimitados en el río Atoyac. Esta información aporta bases para proteger los cuerpos de agua y orientar la planeación territorial. En el ámbito de sus atribuciones, la SEMARNAT evalúa los proyectos conforme a sus impactos y a la normatividad ambiental aplicable, con los mecanismos de participación previstos en la legislación.
El sector ambiental federal reafirma su compromiso con la recuperación integral del Alto Atoyac mediante acciones articuladas de prevención y control de la contaminación, saneamiento y restauración ambiental, fortaleciendo la participación de las comunidades en la recuperación y seguimiento de su territorio. La vigilancia industrial, las sanciones, las obras de saneamiento y la recuperación de los ecosistemas forman parte de una estrategia integral dirigida tanto a controlar las fuentes de contaminación como a recuperar las condiciones ambientales de la cuenca.
