• La diputada Andrea Chávez (MORENA) propone que el diagnóstico de la CNDH considere políticas públicas y promueva denuncias
A fin de que el Diagnóstico
Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) que elabora la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH) sea útil a las dependencias federales y locales
para garantizar el respeto a los derechos humanos de los internos, la diputada
Andrea Chávez Treviño (MORENA) impulsa una iniciativa.
El documento que reforma y
adiciona el artículo 6 de la Ley de la CNDH, enviado a la Comisión de Derechos
Humanos, propone que el análisis que hace la institución también considere las
políticas públicas aplicadas sobre el respeto a los derechos fundamentales en
el sistema penitenciario, así como llevar a cabo las denuncias de los actos u
omisiones que adviertan faltas administrativas o violaciones a derechos
humanos.
En la exposición de motivos
establece que este planteamiento abre la “oportunidad a que el diagnóstico y su
contenido, sean útiles tanto para alimentar el contenido de políticas públicas,
como para ser el origen de denuncias o vistas, planteadas para que los hechos
irregulares sean investigados a la brevedad”.
Argumenta que uno de los
mecanismos previstos para proteger los derechos humanos de las personas
privadas de la libertad en México, es precisamente el que faculta a la CNDH
para llevar a cabo supervisiones en los centros de reinserción social del país,
mediante el DNSP.
Por ello, considera fundamental
que dicho diagnóstico se convierta en un instrumento valioso para prevenir
violaciones a los derechos humanos y acotar los márgenes de los servidores
públicos corruptos, que, bajo el halo protector de los gobiernos estatales, se
sienten protegidos por la falta de supervisión o la imposibilidad de
intromisión de autoridades del orden federal.
La diputada Chávez Treviño afirma
que con esta iniciativa se busca garantizar los derechos humanos de los
reclusos y de sus familias, ya que el registrado en el Centro de Reinserción
Social (CERESO) número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, no es aislado.
Menciona que de los datos del
diagnóstico de la CNDH se desprende que, en 2021, de los 233 centros
penitenciarios supervisados, en 44 de ellos las personas privadas de la
libertad realizaban o participaban en actividades propias de la autoridad y
compartían problemáticas similares.
Chávez Treviño indica que la ley
de la CNDH prevé expresamente la facultad para llevar a cabo estos diagnósticos
del sistema penitenciario a nivel nacional y que los resultados de este
ejercicio deben ser considerados para la elaboración de políticas públicas que
atiendan las violaciones a derechos humanos.
Sin embargo, nada se señala
respecto a que esa misma información recabada por la CNDH deba ser informada a
las autoridades investigadoras competentes, en materia de violaciones a
derechos humanos y faltas administrativas a nivel local.
Agrega que esta adición permitirá
que se cumpla con el espíritu de la ley de la CNDH que promueve que las
denuncias por violaciones a derechos humanos sean formuladas por cualquier
persona y alienta la cooperación de los servidores públicos en el desempeño de
las funciones de este organismo.
