• Necesario, contar con herramientas para enfrentar ese fenómeno: Fanny Sleman Valdés
En el segundo y último día de trabajos del curso “México en
transición: Retos sociales y el envejecimiento poblacional”, organizado por el
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de
Diputados, se plantearon diversos enfoques sociales de atención que inciden en
la legislación y programas para las personas adultas mayores.
La investigadora del CESOP, Fanny Sleman Valdés, señaló que
México está envejeciendo como muchos países. Se trata de un fenómeno inédito
ante el cual es necesario crear y fortalecer herramientas y estrategias para
enfrentarlo.
Indicó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación
y Empleo del INEGI, en 2022 había en México 17 millones 958 mil 707 personas
mayores, 14.1 por ciento de la población, con lo que “hemos iniciado nuestro
proceso avanzado de envejecimiento poblacional” y destacó la importancia de
crear y fortalecer normas a favor de la protección de la población adulta
mayor.
Actualmente, existe la Ley de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores y 31 entidades federativas cuentan con ordenamientos jurídicos
en la materia; además, se ratificó la Convención Interamericana sobre la
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
La legislación, mencionó, aborda diversos temas en materia
de salud, trabajo, educación e igual reconocimiento ante la ley, pero hay otras
áreas en las que se debe invertir porque están desatendidas o subdesarrolladas,
como la de cuidados, atención, prevención de la discriminación y violencia
(física, financiera, psicológica) y apenas se empiezan a tratar.
Consideró relevante armonizar y homogeneizar las legislaciones
nacionales para que otorguen los mismos derechos de la Convención
Interamericana.
Indicó que en la actual Legislatura se presentaron tres
iniciativas que reforman los artículos 4° y 73 de la Constitución Política para
señalar expresamente los derechos humanos de las personas adultas mayores y
facultar al Congreso a expedir una ley general en la materia que establezca un
piso mínimo de garantías y derechos para este sector.
Explicó que hay diferentes paradigmas de atención, como el
de asistencia, derechos humanos, utilitarista, familia y el del Estado.
Refirió que en las políticas públicas y la legislación debe
prevalecer el enfoque de derechos y evitar tensiones con otros aspectos, como
el de igualdad de género o el respeto a la autonomía, por lo que se debe buscar
un punto medio. “Se trata de llevar a cabo otras medidas que permitan lograr
las interacciones sin conflicto y compaginarlas para no llegar a extremos”.
Señaló que, en el tema de cuidados, el papel de la familia
es fundamental; sin embargo, hay un menor grado de natalidad y posiblemente no
haya un familiar que pueda apoyar, por lo que se deben adoptar otras
estrategias. Afirmó que, si no va a haber hijos, familia, ni personas cercanas,
es necesaria la intervención estatal, porque no pueden quedar en la
indiferencia y sin atención”.
Dijo que el Estado debe intervenir en estas cuestiones,
aunque los recursos son escasos, pero por más pequeños que sean es necesario
desarrollar varias estrategias para integrar y resolver la problemática que
enfrentan las personas adultas mayores.
Añadió que en el enfoque asistencialista se toman decisiones
para personas que requieren atención y no se les pregunta si quieren o no
recibir ciertos bienes o servicios. La ley busca beneficios, pero se debe
consultar a las y los involucrados para incluir sus inquietudes y necesidades,
por lo que resaltó la conveniencia de llevar a cabo foros de consulta antes de
elaborar legislaciones.
